domingo, 20 de julio de 2008

LLAMAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL AL GOBIERNO ESPAÑOL PARA FRENAR LA RONDA DE DOHA DE LA OMC

Al Ministro de Industria, Turismo y Comercio

Don Miguel Sebastián Gascón

secretaria.ministro@mityc.es

A la Secretaria de Estado de Comercio

D.ª Silvia Iranzo Gutiérrez

siranzo@mcx.es

A la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

D.ª Elena Espinosa

secretaria.ministra@mapa.es

A la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional

D.ª Soraya Rodríguez

soraya.rodriguez@mae.es


Asunto: Llamado de la sociedad civil al Gobierno español para frenar la

Ronda de Doha de la OMC

Madrid-Barcelona, 18 de julio de 2008


Estimados ministros y Secretarias de Estado:

El director general de la OMC Pascal Lamy convocó a una conferencia mini- Ministerial selectiva, prevista para el 21 de julio en Ginebra para tratar de concluir la Ronda de Doha de la OMC. Tras varios años de negociaciones, cumbres ministeriales fallidas y repetidos re-inicios, esta es su “última oportunidad” antes de que el actual Presidente de EEUU, George Bush, deje su cargo. Aunque una amplia mayoría de la población en los países participantes de la reunión en Ginebra, tales como Brasil, India, Indonesia, Filipinas, Sudáfrica, Kenia y Egipto, sufre la liberalización comercial y vive en la pobreza, se están desplegando grandes presiones sobre sus gobiernos para concluir la Ronda de Doha.


La OMC quiere concluir esta ronda titubeante, dejando de lado otras prioridades mundiales claves como la crisis alimentaria, los precios de los combustibles, el calentamiento global, la pobreza en el mundo y la deuda externa.

La pregunta es si el Gobierno español está dispuesto a cambiar las reglas internacionales de comercio, o, en cambio, apoya las políticas y reglas de la OMC que entren en contradicción, entre otras, con el Plan Director de Cooperación española, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL), la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS), el Protocolo de Kyoto, la Ley de Calidad del Aire, el Programa de Acción Nacional Contra la Desertificación, la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 y el Primer Programa de Desarrollo Rural.


Si se concluye la Ronda de Doha de la OMC, la expansión de las políticas de liberalización comercial beneficiará a las grandes empresas transnacionales, pero afectará muy negativamente a los trabajadores, agricultores, mujeres, consumidores y el medioambiente.


Equívocamente caracterizada como un “Programa para el Desarrollo”, sus verdaderas consecuencias serán:

• Pérdida de empleos (tanto en España como en el Sur Global) y la violación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la mayor parte de la población en los países en desarrollo. Los países ricos están exigiendo que los países en desarrollo brinden “más acceso al mercado”, lo que significa eliminar las protecciones y aranceles de importación para los productos manufacturados y los recursos naturales.


• El sustento de los agricultores, la soberanía alimentaria y el desarrollo rural se verán cada vez más amenazados. Estados Unidos y la UE siguen subsidiando a sus empresas agroexportadoras, al mismo tiempo que se oponen a que se proteja a millones de agricultores con políticas y medidas claves. Esta medida se vuelve escandalosa, en vista de la actual crisis alimentaria mundial.


• Privatización y desregulación creciente de los servicios, incluso en sectores como las finanzas y la energía. La finanza desregulada destruye la sociedad. Lo hace silenciosamente y a diario, cuando los accionistas exprimen las empresas, es decir, a los asalariados, para extraer de ellos más y más rentabilidad, tanto en el Norte como en el Sur. Lo hace a bombo y platillo y rompiendo moldes, con las crisis agudas en las que brutalmente se revelan los inverosímiles excesos de la codicia especulativa y su impacto en la actividad y el empleo. Aumento de los precios de alimentos, paro, precarización, acentuación de las desigualdades: los asalariados y la gente más pobre tienen que cargar con el coste de la especulación, o con el perjuicio del crack consiguiente. Ante la creciente crisis financiera, alimentaria y energética, se debe restringir los movimientos al capital financiero y también la “libertad de establecimiento”, así como garantizar el control, la regulación e intervención públicos de las instituciones y mercados financieros.


• Los esfuerzos internacionales para hacerle frente al cambio climático se ven comprometidos por las políticas de “libre” comercio y una nueva expansión de la OMC. Si la destrucción de bosques supone una quinta parte de todas las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero, frenar inmediatamente todo proceso de deforestación sería la manera más rápida y eficaz para reducir estas emisiones. Pero ello implicaría, por ejemplo que se deje de importar a la UE productos cultivados en áreas deforestadas, como el aceite de palma de Asia o la soja de Suramérica.


Impedir la deforestación supondría evitar anualmente 2 G/t de CO2. Parar los incendios y la moratoria para cualquier nueva conversión de las turberas sólo de Indonesia ahorrarían 1,3 G/t de CO2 por año. Y rehabilitar las turberas degradadas nos evita 0,5 G/t de CO2.


• Los países más empobrecidos serán los principales perdedores. Las proyecciones económicas de un potencial acuerdo de Doha efectuadas por varios centros de análisis estratégico e incluso el Banco Mundial, indican que los costos acumulados por la pérdida de empleos, la limitación del espacio político y los ingresos aduaneros no percibidos superan con creces los supuestos “beneficios” de la mal llamada Ronda de “Desarrollo”.


Como ustedes saben ha habido negociaciones constantes en torno a las importantes áreas de Agricultura y Acceso al Mercado No Agrícola (AMNA, o NAMA por sus siglas en inglés); además, forman también parte de la Ronda otras áreas de importancia tales como los Servicios, las “Reglas” de la OMC y los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio).


Queremos señalar sólo algunas de nuestras preocupaciones y opiniones al respecto:


Agricultura:


• Un grupo de países en desarrollo (conocido como G33) ha venido abogando a favor de nuevas herramientas políticas que les permitirían a los países en desarrollo proteger su seguridad alimentaria, el sustento de sus agricultores y su desarrollo rural. La UE y EEUU se han opuesto enérgicamente a esas políticas esenciales y francamente razonables, que constituirían un paso importante a favor de la Soberanía Alimentaria. Los países en desarrollo deberían respaldar con fuerza esas políticas, conocidas en la jerga de la OMC como ‘Productos Especiales’ y ‘Medidas de Salvaguardia Especiales’.


La Ronda de Doha aumentará la volatilidad de los precios de los alimentos, incrementando la dependencia de los países en desarrollo en los productos alimenticios importados, y reforzando aún más la concentración del poder de las empresas transnacionales de agronegocios en los mercados agrícolas y de alimentos. Los países en desarrollo corren el riesgo de perder aún más espacio para aplicar políticas y medidas necesarias para sus sectores agropecuarios, lo que a su vez limitaría su capacidad para enfrentar la crisis actual y fortalecer los medios de sustento de sus pequeños productores.


Acceso al Mercado No Agrícola (AMNA):


• Estados Unidos y la UE le han exigido a los países en desarrollo que recorten sus aranceles de importación significativamente para los productos manufacturados, lo cual conduciría a cuantiosas pérdidas de empleos en múltiples sectores en todos los países en desarrollo afectados; reduciría significativamente los ingresos aduaneros que muchos países utilizan para cubrir sus presupuestos de salud y educación; y limitaría el espacio político futuro del que dispondrían los gobiernos para fomentar el surgimiento y crecimiento de industrias estratégicas necesarias para su desarrollo industrial. La mayoría de los países en desarrollo dependen de los aranceles aduaneros que equivalen a más de una cuarta parte de sus ingresos impositivos.


• Los textos de negociación más recientes reflejan muchas de las demandas

de los grupos de interés empresariales de EEUU y Europa, y no conserva el

espacio político ni las flexibilidades reclamadas por un grupo de países en

desarrollo (conocido como NAMA 11).


• En sus declaraciones, una coalición internacional de sindicatos preocupados que le dan seguimiento a las negociaciones le han reclamado al NAMA 11 que se mantenga firme en su postura actual de establecer una diferencia de 25 puntos entre el coeficiente para los países desarrollados y el coeficiente para los países en desarrollo; a favor de un incremento en los porcentajes para las flexibilidades, sin aceptar un coeficiente más bajo; reivindicar la posibilidad de seleccionar además de las líneas tarifarias que quedarían excluidas de los recortes arancelarios, otras que quedarían sujetas a la mitad de los recortes de la fórmula; y defender que las flexibilidades puedan modificarse después de un tiempo.


• Muchos países, entre ellos las Economías Pequeñas y Vulnerables (EPV) y los Países Menos Adelantados (PMA) no tendrán que aplicar el mismo nivel de recortes arancelarios, pero si tendrían no obstante que aplicar algunos recortes que conducirán a pérdidas de empleo y a una limitación de su espacio político futuro para políticas de desarrollo.

Servicios:

• Estados Unidos y la UE, respaldados por Japón, Canadá, Australia y otros países industrializados, han venido insistiendo que los países en desarrollo tienen que dar mayores concesiones en materia de acceso al mercado de servicios, a cambio de mayor acceso a sus mercados agrícolas y de productos industriales (AMNA), para que la Ronda de Doha pueda concluirse. Hay sectores clave de las economías de los países en desarrollo que están en la mira para que se abra el acceso a sus mercados


y se les apliquen las reglas de trato nacional, entre ellos los servicios financieros, los servicios de energía, los servicios de telecomunicaciones, los servicios de educación, los servicios ambientales y los servicios turísticos.


• El nuevo texto presentado por el Presidente de las negociaciones sobre Servicios sigue respaldando las iniciativas de los países desarrollados tendientes a ampliar significativamente el grado de liberalización que se está exigiendo. Las demandas de los países desarrollados son contrarias a las reglas del AGCS que les dan a los países Miembros el derecho de elegir libremente (cuáles sectores) liberalizar, e implicarían que la liberalización y privatización actual de los servicios, incluso de los servicios públicos, sería sumamente difícil de revertir. Los países deberían rechazar las demandas de liberalización de los servicios en la OMC y negarse a ofrecer concesiones en servicios como moneda de cambio para las negociaciones sobre agricultura y el AMNA. Deberían negarse a someter sus reglamentaciones internas para los servicios a las disciplinas de la OMC, y garantizar que este importante sector de la economía que agrega valor pueda ser regulado de modo tal que favorezca los intereses de la población, en lugar que en beneficio de los intereses empresariales.


Desarrollo:


• Dada la proliferación de declaraciones altisonantes acerca del Programa de Doha y la reducción de la pobreza, muchos tienen la impresión de que la ronda actual de negociaciones está íntimamente ligada a la mitigación de la pobreza y el fomento del desarrollo. El Banco Mundial realizó proyecciones de las ganancias derivadas de un “probable” acuerdo de Doha. En ese escenario (que implica más liberalización que las propuestas que hoy están sobre la mesa), las ganancias mundiales estimadas hasta el 2015 ascenderían tan sólo a US$ 96.000 millones, de los cuales sólo US$ 16.000 millones corresponderían a los países en desarrollo. Aunque parezca una cifra importante, ella equivale solamente al 0,2% del ingreso nacional del mundo en desarrollo, o a menos de 10 centavos de dólar al día para cada persona de los países en desarrollo.


• Los costos, sin embargo, superan las pequeñas “ganancias” proyectadas. Las pérdidas por concepto de aranceles aduaneros no percibidos como consecuencia del “acceso al mercado no agrícola”, es decir, el aspecto de las negociaciones relacionado con los productos manufacturados, podrían ascender a US$ 63.000 millones, o sea casi cuatro veces más que las supuestas ganancias. Esa cifra tampoco incluye las pérdidas derivadas de los millones de empleos que probablemente desaparecerán en la agricultura y la industria como consecuencia de los recortes arancelarios.


• De las ganancias proyectadas para los países en desarrollo, sólo una minoría de ellos se quedarán con la mayor parte. Según el Banco Mundial, se estima que la mitad de las ganancias que percibirían los países en desarrollo irían a parar en manos de sólo ocho países: Argentina, Brasil (que se quedaría con el 23% de las ganancias del mundo en desarrollo), China, India, México, Tailandia, Turquía y Vietnam. Oriente Medio y el

África serían los que saldrían mas mal parados de ese probable acuerdo.


Las grandes empresas transnacionales hicieron recientemente un enérgico llamado a favor de la finalización de la Ronda de Doha, al tiempo que reclamaban nuevas oportunidades más ambiciosas de acceso al mercado para sus empresas, incluso a pesar del hecho que sus demandas son contrarias a lo que reclaman los países en desarrollo. Dado que la mayor parte del comercio mundial es entre e intra-empresas transnacionales, es evidente quiénes se beneficiarán.


Ahora es el momento de empezar con un nuevo enfoque del sistema multilateral de comercio. La Ronda de Doha debe ser sepultada, y el primer paso debe ser restarle apoyo y cuestionar la legitimidad de la reunión mini-Ministerial de julio, abriéndole paso a nuevas reglas cuyo foco sean políticas que promuevan los derechos humanos y un desarrollo ecológicamente sustentable centrado en la gente.


Creemos que el Derecho a la Alimentación está por encima de los acuerdos comerciales y otras políticas internacionales. En la emergencia alimentaria actual, las negociaciones mercantiles relacionadas con la alimentación y la agricultura deben detenerse. Insistimos que se articule el derecho de los gobiernos de intervenir y regular para alcanzar la soberanía alimentaria. Los gobiernos nacionales deben tomar su responsabilidad, controlar y hacer retroceder la especulación con las materias primas y priorizar la producción de alimentación para el consumo doméstico. Los países deben aumentar su nivel de autosuficiencia en alimentos y para alcanzarlo deben tomarse las siguientes medidas:


• Respetar, proteger y cumplir con el derecho a la alimentación adecuada, entre otros derechos;

• Aumentar el presupuesto de ayuda a la producción alimentaria basado en los/las campesinos/as;

• Aplicar una genuina reforma agraria para dar acceso a la tierra y a otros recursos productivos a los/as campesinos/as sin tierra y otros grupos vulnerables;

• Eliminar todas las barreras que impiden guardar o intercambiar semillas a los/las campesinos/as y pequeños agricultores entre comunidades, países y continentes;

• Reforzar la investigación liderada por campesinos/as y apoyar la capacidad de construcción autónoma;

• Desarrollar estrategias con los/as campesinos/as y otras organizaciones apropiadas para gestionar peligros o emergencias específicos;

Demandamos que NO den su visto bueno a la conclusión de la Ronda de Doha.

Pedimos, además, una reunión con el Ministro de Industria, Turismo y Comercio y la Secretaría de Estado de Comercio, la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, así como con la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional para expresarles nuestra postura opuesta a la Ronda de Doha.


Reivindicamos también la creación de una mesa de diálogo entre los ministerios competentes en la materia de comercio, el Congreso de los Diputados y la Sociedad Civil, para repensar el modelo y el proceso de las negociaciones mundiales en materia de comercio.


Es hora de regresar a casa e iniciar un proceso de reflexión y consulta con su población, que pueda allanar el camino para un nuevo modelo distinto de comercio. La única opción creíble ahora es estimular la discusión pública y el debate entre los gobiernos y los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil, en torno a la construcción de regímenes alternativos de comercio centrados en la gente, el desarrollo y el medioambiente.


Atentamente,

ATTAC

Campaña "No te Comas el Mundo"

Campaña ¿Quién debe a quién?

Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)

Ecologistas en Acción

Enginyeria Sense Fronteres – Catalunya

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte

Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)

Plataforma por la Defensa de los Servicios Públicos de Madrid

Plataforma Rural

SETEM

Sindicato Labrego Galego

Seattle-to-Brussels Network (Parte de la red ‘Nuestro Mundo no está en Venta’)

Verdegaia

Veterinarios Sin Fronteras

Xarxa de Consum Solidari

Xarxa de l'Observatori del deute en la Globalització