viernes, 30 de diciembre de 2011

Gasto, deuda y déficit públicos.1

Con las entradas anteriores he tratado de argumentar las razones por las que podemos decir que tenemos un buen sistema sanitario; es tiempo de preguntarnos si mantenerlo nos cuesta demasiado o, dicho en otros términos, ¿lo podemos pagar?
Para responder a ello, creo necesario iniciar el razonamiento con algunos datos relacionados con la situación global del gasto público en España. Empleo las estadísticas publicadas por Eurostat 2011 (referida a las finanzas públicas de los países de la UE en 2010):
1. Gasto Público Total
De los 5 niveles de gasto en que Eurostat agrupa a los países según su gasto público en función del porcentaje sobre su PIB, España (45,6%) junto a Letonia (44,4), Polonia (45,4) y la República Checa (44,1) conforman el segundo grupo de países de menor gasto público. Si exceptuamos a Estonia, Lituania, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria y (sorprendentemente) Suiza, todos los demás países de la UE tienen mucho mayor gasto público, como pasa en Alemania (47,9), Francia (56,6), Italia (50,3),  Reino Unido (50,4), Dinamarca (58,2), Suecia (52,7), Holanda (51,2) e incluso Grecia (50,2). Así que podemos afirmar que España tiene un gasto público muy moderado y más propio de países que hasta hace 3 décadas pertenecían a la esfera soviética.

¿Y esto qué significa? Pongamos como ejemplo Alemania. Por dar algunos datos, a un ciudadano alemán le cuesta la matrícula universitaria 70 € al semestre (en España entre 1.000 y 1.500 € por matrícula anual); todas las familias alemanas reciben de la república más de 150 € mensuales por cada hijo que tienen hasta que cumple los 18 o hasta los 25 años si continua estudiando (en España hubo un cheque bebé único de 2.500 € que desapareció nada más comenzar la crisis[1]). Por último, un ejemplo más, un piso de alquiler en el centro de Berlín se puede encontrar por 400 €[2] (¿y en España?). Ahora que nos están vendiendo lo bien que lo hace Alemania, no estaría de más que nos informaran no solo de sus recortes, sino también de lo que no recortan. El salario medio anual de los trabajadores a tiempo completo (2009) en Alemania llega a 41.100 € brutos mientras que en España apenas llega a 26.316 que es incluso inferior al de los griegos (29.160) o franceses (34.132), por no hablar de irlandeses, daneses, noruegos o luxemburgueses que lo duplican[3] Un último comentario, los famosos minijobs. En realidad son sobresueldos a los que pueden acogerse desde estudiantes a trabajadores incluso en activo para mejorar su situación personal o familiar y están perfectamente regulados, tienen una máximo de 50 horas mensuales que se paga a 8 € (tope en 400€/mes) y no establecen más compromiso que regular la situación de un trabajador que trabaja por horas sueltas a una empresa (ejemplo, un estudiante que trabaja de camarero 2 horas al día en un restaurante o un contable que le lleva las cuentas fuera de su jornada laboral a una pequeña empresa); por lo tanto NO son un contrato de trabajo tal cual quieren vendérnoslo.




2. Deuda pública.
Manteniendo la misma fuente, España no es un país en donde su deuda pública amenace gravemente a su solvencia.
Es evidente que la deuda pública  (medida en porcentaje sobre su PIB) de Grecia (144,9) o Italia (118,4) pudiera ser motivo de preocupación, pero España la tiene en 61%, que es  20,2 puntos  inferior a la media de la zona Euro (85,3) e incluso de la UE-27 (80,1). Para dar más datos, Alemania la tiene en 83,2, Francia en 82,3 y, por ejemplo, Bélgica en 96,2.
Entonces esta “crisis de confianza” de los mercados financieros internacionales no está basada ni en el excesivo gasto público ni en nuestra deuda pública. La razón por la que Alemania consigue financiar su deuda a poco más del 1% de interés y a España no le presten dinero a menos del 4% hemos de explicarla por el concepto “prima de riesgo o diferencial de la deuda”[4] que es la rentabilidad que exigen los inversores a un país para comprar su deuda y que la dictaminan las agencias de calificación de riesgos o de rating[5] entre las que destaca Goldman Sachs[6] (deberíais enlazar con la página de Wikipedia para conocer a quienes nos manejan).
3. Déficit público o presupuestario
Describe la situación en la cual los gastos realizados por todas las administraciones públicas de un país en un determinado período, normalmente un año, superan a sus ingresos. Cuando se habla de un servicio, por ejemplo Servicio Murciano de Salud, indica que se ha presupuestado a principio de periodo menos de lo que ha gastado al final del mismo, pero cuando se habla de déficit global del estado, no solo se refiere al gasto en los servicios públicos, sino que expresa el conjunto global del gastos, incluidas también las subvenciones (por ejemplo, corridas de toros, federaciones deportivas, campeonatos de fórmula 1, banca, eventos específicos como las Jornadas Mundiales de la Juventud, Iglesia Católica, etc.)
El déficit público es el dato más desfavorable de nuestro país comparado con el del resto de países de nuestro entorno, aunque España no es ni mucho menos el estado que más déficit produce: 
España está encuadrada entre los países que sufren más déficit público. Aunque hay grandes diferencias entre ellos; mientras que en Irlanda  asciende al -31,3%, en Grecia al -10,6, en el Reino Unido al -10,3, en Islandia al -10,1 y en Portugal al -9,8, España lo tiene en el -9,3 (2010). Otros países importantes también lo tienen alto, como por ejemplo Francia -7,3 o Polonia con el -7,8% y todos ellos muy lejos del -4.3 (Alemania), del -2,5 de Finlandia o de aquellos que incluso tienen superávit con Suecia (+0,2) y, sobre todo, Noruega (+10,6).
Con este galimatías de datos, voy a intentar aclarar la situación mediante cuatro supuestos que ayuden a explicar por qué España está tan “desprestigiada” ante los mercados financieros:
a)     El problema es el Gasto Público”.  FALSO, el Gasto Público no puede ser la causa ya que España tiene menor porcentaje sobre su PIB (45,6% en 2010) que la media de la UE-27 (50,6), que la media de los países de la Zona Euro (17 países: 50,9) e incluso que Alemania (47,9), Francia (56,6), Dinamarca (58,2) o, por poner otro ejemplo, Reino Unido (50,4).Ninguno de ellos tiene una “prima de riesgo” tan elevada como la española.
b)     “El problema es la Deuda Pública”. FALSO, la deuda pública española, en porcentaje sobre su PIB en 2010, es inferior a la de la UE-27 (80,1), a la de la Zona Euro (17 países: 85,3)  incluso que a la de Alemania (83,2), Francia (82,3), Bélgica (96,2) o, por poner otro ejemplo, Reino Unido (79,9). Y tampoco estos países tienen la “prima de riesgo” tan elevada como la española.
c)      “El problema es el Déficit Público”. FALSO, el déficit español, en porcentaje sobre su PIB, es inferior al del Reino Unido (-10,3). Además, en sentido inverso, Italia que tiene un déficit (-4,6) muy parecido al de Alemania (-4,3) ha sufrido un golpe de estado financiero y tiene un presidente de gobierno tecnócrata y que representa a los intereses de Goldman Sachs[7].
d)     “El problema son los datos más recientes”. FALSO, las tensiones sobre nuestra deuda empezaron a ser un problema desde 2007[8] y los datos contrastados de todos los años hasta 2010 mantienen las mismas tendencias, por lo que las presiones de nuestra deuda se han mantenido incluso conociendo las tres falsedades anteriores.
En definitiva, que estamos sojuzgados por una gran MENTIRA con la que nos amargan todas las mañanas los medios de comunicación  (os habéis fijado que desde las elecciones la prima de riesgo ha dejado de ser la noticia principal) y en la que están involucrados los grandes grupos de especulación mundiales y muchos políticos (por intereses electoralistas y/o presionados por los mismos grupos) generando en nuestras conciencias la “crisis del miedo”[9] como estrategia para aplicar esos intereses por encima de la ciudadanía y de las leyes democráticas que rigen nuestra convivencia.
Si los problemas fueran alguno de los cuatro expuestos, el Reino Unido sería quien tuviera la prima de riesgo más alta y España debería situarse por debajo o a la altura de la alemana. Pero claro, el Reino Unido tiene un Banco de Inglaterra que ejerce como tal en interés del país[10], mientras que la UE se ha dotado de un Banco Central Europeo que no quiere o no le dejan aplicar las funciones para las que debería estar. ¿Quiénes? Pues mirad a sus dirigentes y comprobad quienes están detrás[11].


El “banco malo” y los recortes sociales

Hay que nacionalizar las cajas e intervenir los bancos que reciban ayudas públicas para garantizar que sus recursos se usen en beneficio social, empezando por las viviendas vacías, y poner fin a la política de recortes

El nuevo Gobierno de Mariano Rajoy se apresta a la tarea de profundizar en la política de recortes del gasto social y a inyectar una nueva dosis de dinero público al sistema bancario. Por tanto va a detraer más dinero público en beneficio de las empresas privadas, sobre todo para los bancos, y en detrimento del necesario para educación, sanidad, empleo, dependencia. Esta política nos aboca a una espiral desastrosa para las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la sociedad y, en particular, para las familias trabajadoras.

A la par que se prepara un recorte de al menos 40.000 millones de euros en gasto público, que repercutirá directamente en el gasto social y el empleo, se prepara una nueva inyección de miles de millones de euros para los bancos y cajas. Una de las fórmulas que se está planteando es la creación de un Banco “malo”, que consiste en vender al Estado todos sus activos de dudoso cobro (1).

Sólo la venta de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al Banco Sabadell ya supone poner a disposición del Sabadell 37.000 millones de euros de dinero público para garantizarle la cobertura de las pérdidas (2). ¿Qué costará “sanear” el conjunto del sistema financiero? Hay unos 180.000 millones de euros en créditos problemáticos según datos del propio Banco de España, la mayoría inmobiliarios y a empresas de la construcción. Bankia, BBVA y Novagalicia ya han ido agrupando sus activos inmobiliarios preparándose para una salida en esa dirección.

Sea cual sea la fórmula que finalmente se emplee, sólo será continuar con lo que se viene haciendo desde que empezó la crisis, que es salvar a los bancos con dinero público, más de 140.000 millones de euros en ayudas de todo tipo (3), mientras miles de trabajadores de la educación, la sanidad o la dependencia se quedan en la calle, y se deterioran los servicios públicos.

Si queremos detener este saqueo del erario público es necesario plantear una alternativa clara que se sume a nuestras reivindicaciones más básicas, y que abra la puerta a una política que ponga los recursos de la sociedad al servicio del pleno empleo y de unos servicios públicos dignos. La Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorros lanzamos las siguientes propuestas al conjunto de organizaciones sociales para que las debatan y se movilicen por ellas:

Hay que rechazar la creación de un “Banco malo”, o cualquier otra fórmula, que signifique seguir pagando con dinero público las deudas de los bancos y cajas, mientras los beneficios siguen en manos privadas, las mismas que se beneficiaron de la especulación, amasando enormes fortunas, y promovieron el actual desastre financiero.

Dado que el erario público está obligado a intervenir para evitar la quiebra de un servicio esencial como es el sector financiero, debe exigirse que esa intervención no se limite a “socializar las pérdidas”, sino que los beneficios del sector financiero y, en general, los ahorros depositados en las cajas y bancos se empleen de la forma más sensata y racional para atender las necesidades sociales, los servicios públicos y la erradicación del desempleo.

Para ello proponemos la nacionalización del conjunto del sistema financiero conformado por las Cajas de Ahorros cuya gestión pasará a estar vinculada a las políticas sociales y económicas públicas, y será controlada democráticamente con una rendición de cuentas pública y regular. Además, todas las ayudas públicas de cualquier índole que reciban el resto de las entidades financieras deben comportar, lógicamente, la entrada en sus consejos de administración de representantes públicos con plenos derechos políticos en la gestión de los bancos. Dichos representantes rendirán cuentas públicamente ante sus respectivos parlamentos, central y autonómicos.

Realización de una auditoría por personal cualificado de la administración pública, sin vínculo alguno con las entidades financieras, que garantice una información pública veraz y exhaustiva de todo el sistema financiero español para saber la situación real de dichas entidades.

 Las cajas y los bancos que reciban ayudas públicas de cualquier índole someterán su gestión al interés general. En primer lugar, prestarán dinero al sector público al mismo tipo de interés con el que ellos reciben el dinero del Banco Central Europeo (el 1,5%), a fin de acabar con la escalada de la deuda y la sangría de recursos públicos, y poder dar prioridad al desarrollo de unos servicios públicos y a la creación de empleo. Hemos de tener en cuenta que la deuda pública todavía es pequeña, que el problema real está en la deuda de las grandes empresas, sobre todo los bancos, y que si no hacemos nada, lo que sucederá es que éstos nos transferirán toda su deuda a nosotros (1).

Además, por la gravedad que reviste el problema de la vivienda, todo el parque de vivienda en propiedad de los bancos y antiguas cajas pasará a formar parte de un Parque Público de Viviendas para que se proceda a su alquiler a precios asequibles. Igualmente, los suelos en propiedad de dichas entidades engrosarán el patrimonio público de suelo a fin de que se utilice para la posible construcción de vivienda protegida que se estime necesaria. Las deudas de familias desahuciadas que carezcan de recursos serán condonadas y a las familias abocadas al desahucio que demuestren carecer de recursos se les permitirá seguir ocupando su vivienda a cambio de un alquiler asequible, en función de sus ingresos.

Toda entidad financiera pública o con participación pública, se abstendrá de tomar parte en actividades especulativas, en la promoción de la sanidad o educación privadas; cerrará todas sus sucursales en paraísos fiscales y revisará la política de todas las empresas de las que sea accionista para garantizar el respeto a los derechos laborales, sociales y ecológicos. Los salarios de sus directivos no superarán nunca el máximo de los salarios de los trabajadores del sector público, basta de “milloneuristas”.

La banca pública o con participación pública garantizará unas condiciones crediticias asequibles a las familias trabajadoras y a las pequeñas empresas.

Llamamos a los partidos de izquierda a llevar estas propuestas al Parlamento estatal y a los autonómicos, así como a aprobar mociones a favor de las mismas en los ayuntamientos. Exigimos a los representantes de la izquierda política y sindical en los órganos de las antiguas Cajas de Ahorros a que defiendan estas propuestas y actúen de forma consecuente con ellas, así como que faciliten toda la información que esté a su alcance para saber cuál es la situación real de dichas entidades.

Llamamos a todas las organizaciones de la izquierda sindical y política a incorporar estas propuestas a su programa, a difundirlas y a movilizarse por su aplicación.

Notas:

1.    BANKIA ORDENA SU ACTIVO INMOBILIARIO EN ESPERA DE LA CREACIÓN DE UN ‘BANCO MALO’ La banca comienza a ordenar sus activos inmobiliarios ante la previsible creación de un banco malo. Bankia, la firma con más inmuebles y suelo del sector, dio el lunes el primer paso al fusionar las sociedades inmobiliarias de las siete cajas que la componen: http://www.cincodias.com/articulo/mercados/bankia-ordena-activo-inmobiliario-espera-creacion-banco-malo/20111214cdscdimer_8/”>Leer más

2.    La adjudicación de la CAM o cómo robar al pueblo: http://nacionalizacioncajamadrid.wordpress.com/2011/12/13/una-operacion-vergonzosa/

3.    El apoyo público a los bancos llega a los 141.000 millones de euros: http://nacionalizacioncajamadrid.wordpress.com/2011/12/15/el-apoyo-publico-a-los-bancos-llega-a-los-141-000-millones/

4.    A partir de datos del McKinsey Global Institute se estima que la deuda española total ascendería a 4,25 billones de euros, de las que la pública supone un 16% (menos de 700.000 millones) y la privada un 84% (3,57 billones). Y de esta última, 1,6 billones corresponde a las empresas, 1,35 billones a los bancos y menos de un billón a las familias. En otras palabras, son los bancos y las grandes empresas los principales responsables del endeudamiento del Estado y, si no se detiene la actual política, acabarán transfiriendo estas deudas al erario público, es decir, a todos nosotros (publicado en “Ecologista” nº 71, 2011, artículo “La deuda en España equivale a 4 veces el PIB, pero sólo la sexta parte es pública. Deudocracia: hipotecando el futuro”).
 
Plataforma para la Nacionalización de Cajas de Ahorro 

martes, 27 de diciembre de 2011

Economistas Frente a la Crisis. Segundo Manifiesto

El Estado del Bienestar es la propuesta de la Unión Europea para el mundo.

El Estado del Bienestar es la propuesta de la Unión Europea para el mundo. Sin esa propuesta la democracia perdería profundidad y, seguramente, también la Unión perdería parte de su sentido. Y para poder mantener esa propuesta los economistas tenemos que impulsar las reformas que sean necesarias para mantener el pulso de nuestra economía. Continuamente oímos que nuestra economía necesita más mercado y reformas estructurales. Y sí, sin duda lo necesita. Pero tenemos también la obligación de impedir que nuestro lenguaje sea tergiversado con palabras y conceptos que manipulan el pensamiento económico que nuestros maestros nos han trasmitido, que nuestra experiencia como profesionales de la economía nos ha enseñado.

Por esta razón, los economistas debemos rescatar del lodo en el que están siendo ahogados, desde las instancias más conservadoras, los conceptos,  entre otros muchos, de mercado y de reforma estructural. Con toda energía debemos afirmar que reestructurar no es desregular y que las reformas estructurales no pueden ser las reformas laborales que se anuncian, conducentes a diluir los derechos de los trabajadores. Los economistas –fundamentalmente nuestros jóvenes economistas- deben saber que reformar y desregular no son sinónimos y que no pocas reformas estructurales son necesarias antes que las que sólo pretenden la flexibilización del mercado laboral a través de la desregulación y la precarización. Combatir la torre de babel en la que nos sumen poderosos intereses empieza a ser para los economistas tarea imprescindible si no queremos que nos arranquen las palabras, que nos dejen mudos.

Y por eso los economistas debemos declarar que no son los mercados los responsables de la crisis. Los responsables son los No mercados, en los que las barreras de entrada y de salida son infranqueables, en los que la información es privilegio de pocos, en los que la concentración oligopolística adquiere mayor poder que el gobierno de los ciudadanos. Y en esta situación son los gobiernos los que deben intervenir para impedir que los No mercados gobiernen por encima de los intereses generales. Se trata, al fin, de que los mercados funcionen aunque para ello necesiten las muletas del Estado, de la regulación o, simplemente, de la pura intervención pública para evitar las ineficiencias asociadas a las imperfecciones.

Mercados y regulación no son incompatibles sino expresión de una misma cosa. Liberalización y regulación son conceptos complementarios, inseparables, porque los requisitos que los economistas hemos formulado para que los mercados aporten eficiencia al progreso y al bienestar sólo están presentes, cuando lo están, de manera imperfecta, y en ocasiones en sectores económicos de alcance sistémico con resultados letales para el bienestar. O en el progreso y en la riqueza estamos todos, o ni el progreso existirá ni la riqueza interesará a nadie más que a sus poseedores. Tampoco interesarían las instituciones ni el Estado. La sociedad devendría una sociedad dual. Esta no es la propuesta de la Unión Europea ni a sus ciudadanos ni al mundo. 

Economistas Frente a la Crisis señaló, en su primer manifiesto, que el primer objetivo de toda política económica es perseguir la máxima utilización de los recursos productivos disponibles y, entre ellos y en primer lugar, del empleo. Hoy ya se solicitan desde instancias relevantes funciones para el BCE más cercanas a las que detenta el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal. No sólo la estabilidad de precios, también el empleo y el crecimiento debiera ser una responsabilidad compartida por todas las instituciones de la Unión, con el BCE a la cabeza.  Pero el “nuevo pacto presupuestario” y las “herramientas de estabilización” acordados el 9 de diciembre de 2011 por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Zona Euro, agudizarán la crisis. No estamos ante un problema de inflación sino de estancamiento originado por la imposición de rápidas reducciones del déficit público. Pero estos acuerdos no son el resultado de un mal diagnóstico –los gobiernos, las instituciones y Alemania disponen, sin duda, de competentes economistas- sino de la nueva concepción de Europa que el gobierno alemán, conservador y nacionalista, está logrando imponer: Deutschland über alles, über alles in der Welt. Siempre hemos insistido en la necesidad de avanzar hacia una gobernanza europea común de la Unión frente al sesgo insolidario de esa gobernanza.

Economistas Frente a la Crisis calificó de artera la utilización de la austeridad y de la estabilidad presupuestaria como argumento para debilitar la prestación de servicios básicos como la educación y la sanidad y señaló el sin sentido de políticas procíclicas y contractivas en un contexto en el que los problemas se centran en torno al paro y al estancamiento y no a la inflación. Austeridad siempre. Derroche o despilfarro nunca. Pero austeridad no es déficit cero. Es eficiencia en la inversión y en el gasto. Para ello se deberán establecer  metodologías públicas para una declaración del impacto económico de las decisiones correspondientes y condicionarlas al retorno económico y social que las justifique. Así la austeridad quedaría justificada en la eficiencia de la gestión pública del gasto y de la inversión y no caería bajo la manipulación de lo que no es más que una campaña ideológica subliminal.

Ahora, sin complejos –como tampoco los tuvimos antes- debemos decir que las reformas estructurales son necesarias para restaurar la operatividad de los mercados, aumentar la productividad del trabajo y la competitividad de la economía. Pero no son las que desde las instituciones europeas nos llegan. Desde este manifiesto, ponemos algunas propuestas sobre la mesa del debate:
1- De las reformas laborales y la Gobernanza Corporativa. La productividad del trabajo no sólo depende de las reformas laborales que deberán ser abordadas desde el consenso entre los agentes sociales, sino también, y de manera determinante, de la organización del trabajo, de la capacidad de innovación, del stock de capital de las empresas y de los aciertos de la gestión empresarial que se desenvuelve, irremediablemente, en el contexto de la globalización. Los sindicatos no pueden ser ajenos a estas cuestiones –y no deberán serlo: es clara la relación directa entre mayor productividad y mayores derechos de negociación- pero implican, en primer lugar, a los empresarios y a quienes ejercen esa función. La mayor parte de responsabilidad sobre la velocidad de crecimiento de la productividad corresponde a los que pueden tomar las decisiones sobre el cambio tecnológico y la inversión en la empresa. Las reformas laborales que puedan ser acometidas no pueden ignorar esta cuestión crucial, casi siempre ignorada.

Considerar el factor trabajo y los salarios sólo como un coste variable que pueda ajustarse, sin más, a la marcha de los negocios, según convenga a los márgenes pre asignados a los capitales invertidos y a las altas remuneraciones de los administradores, es el mayor incentivo que una reforma puede conceder a la ineficiencia y a la irresponsabilidad o impericia de los empresarios en relación con la organización del trabajo, la innovación y la gestión industrial, comercial y financiera. El salario es la base de la demanda agregada de la economía y el único ingreso de la mayoría de los trabajadores para atender a sus necesidades vitales. Poner el acento de las reformas laborales exclusivamente en la contención salarial y en la austeridad no contribuirá a la recuperación de las economías europeas. Sólo a la agudización y prolongación de la crisis.

Toda reforma laboral que pretenda el calificativo de estructural, debiera centrar sus preocupaciones en la regulación de la gobernanza corporativa y en la organización del trabajo en las empresas. El control de las retribuciones de los ejecutivos, el destino de los beneficios empresariales y la creación de servicios y auditorías laborales conducentes al aumento de la productividad de los factores, deben constituir ejes de las reformas laborales y corporativas. Como primer y tímido paso en la buena dirección: la conversión en contratos indefinidos de los contratos temporales encadenados que mantienen las administraciones en la enseñanza y en la sanidad.

Las propuestas que se están poniendo sobre la mesa, tendentes a desmembrar las negociaciones de los convenios laborales, no buscan tanto la eficiencia del mercado de trabajo y la recuperación del empleo, sino el debilitamiento de la fuerza sindical de los trabajadores, seguramente el último reducto que queda para contener el deterioro del estado del bienestar. Thatcher en la memoria: reducir primero el poder sindical para encoger después el Estado del Bienestar.

2- Del Sistema Financiero. La dación de los activos inmobiliarios de particulares y promotores en pago de las deudas que garantizan, provocaría elevadas pérdidas a la banca española. Esta es la demostración de que detrás de la burbuja inmobiliaria están los pulmones de la banca que han hinchado el globo por encima de valores prudentes. El diferencial de costes entre los recursos pasivos y activos de la banca, unido a sistemas de incentivos que premian los beneficios sin relación con el riesgo, está en los fundamentos de la especulación sobre el valor del suelo y de la  cultura del ladrillo que ahora nos amenaza a todos con el abismo de las restricciones del crédito e, incluso, de las quiebras bancarias.

El interés general exige el rescate de la banca. ¿Pero qué rescate? ¿Banco bueno o banco malo? El crédito debe volver a fluir y sólo el desapalancamiento de la banca, con la restauración de sus ratios de solvencia, podrá restablecer su función en la economía, imprescindible porque es sistémica. Al Estado le corresponde lograr urgentemente y de manera imperativa ese restablecimiento. ¿Sacamos de los bancos sus activos contablemente inflados o tóxicos para ubicarlos en bancos malos en los que las aportaciones públicas cubran los agujeros y el relajamiento de las normas contables lamine en el tiempo su impacto? Si hiciéramos tal cosa estaríamos amnistiando la irresponsabilidad que ha incentivado prácticas financieras no ajenas a la generación de esta crisis.

La contabilidad debe recuperar su prestigio y lo que vale menos debe tener su reflejo en los balances de los bancos. Eso es información y transparencia, ambas imprescindibles para la recuperación de la confianza en las instituciones. Dar visibilidad a los agujeros allá donde se hallen permitirá a los accionistas y a las administraciones exigir las responsabilidades que correspondan a los gestores y a los reguladores. Y permitirá que las pérdidas, si existieran, sean asumidas por un accionariado indiferente al cortoplacismo y complaciente con sus gestores. El Estado se sentaría en los Consejos de Administración para garantizar la recuperación de aquellos fondos preferentes que, en defensa del interés de los ciudadanos, hayan tenido que ser aportados desde los fondos fiscales. El Estado deberá garantizar, por todos los medios, el desapalancamiento de la banca para restaurar los flujos del crédito. Pero bancos malos no. Sólo son la solución de los malos banqueros. No olvidemos que el banco malo es una forma de socialización de pérdidas privadas con su conversión en deuda pública.

Esta es la reforma estructural que necesita la banca para que el crédito fluya. Inspección, regulación y recapitalización. La desregulación hasta aquí nos ha traído. Su trayecto ha llegado ya al final.

3- Del sistema fiscal. Los adjetivos que apellidan los grandes conceptos de la construcción europea son casi siempre sospechosos: “nuestro objetivo es un estado del bienestar sostenible”. Sostenible. Otra palabra manipulada que esconde una propuesta de estado de bienestar de menor calidad, con menor coste. Con menor coste para no tener que acometer la reforma fiscal que necesita España para acercar su presión fiscal a la media de los países de la Unión que encabezan las prestaciones sociales, la calidad de su educación y sanidad, la protección a los dependientes, la defensa del medioambiente, los equilibrios territoriales, el bienestar de sus jubilados, el mayor crecimiento económico, la mayor renta de sus ciudadanos.

Revisar el Impuesto de Sociedades para acercar su tipo real a su tipo nominal, el primero entre los más bajos de la Unión, el segundo entre los más altos; reforzar los recursos de la Inspección de Hacienda sobre las grandes compañías y ciertas actividades profesionales, responsables de la mayor parte del fraude; incentivar fiscalmente la creación de nuevas empresas y la contratación de los primeros empleos; restaurar la progresividad del impuesto sobre la renta e igualar la presión sobre las rentas del capital a la que soportan las rentas del trabajo, implantar un impuesto sobre las grandes fortunas, constituyen, todo ello, algunos de los ejes sobre los que debiera pivotar una reforma estructural de nuestro sistema fiscal.

Los déficits fiscales continuos, con un comportamiento autista respecto al ciclo económico, son letales para la sostenibilidad de la deuda pública y conducen a la catástrofe. Pero es completamente ilusorio y carece de fundamento científico solvente basar la eficiencia fiscal en la reducción de la presión fiscal. El dinero no siempre está mejor en manos de los individuos si el estado del bienestar es la propuesta de Europa para el mundo y el soporte de la convivencia social en un Estado democrático. Una gestión contracíclica del saldo presupuestario necesita una capacidad recaudatoria que pueda responder a las crisis con un aumento del gasto para limitar el aumento del déficit y el deterioro de la deuda a cotas insostenibles. De otra manera reduciríamos el Estado a mero administrador de sus ingresos y gastos corrientes; transferiríamos al sector privado un inmenso negocio sobre las pensiones, la sanidad, la educación, las infraestructuras… Tal vez sea esta  la explicación que nos falta para comprender la trastienda de una política económica que nos dejaría de parecer contraria al sentido común para parecernos contraria al interés general.

4- De la Gobernanza Europea. La crisis de deuda soberana que sufre Europa, se ha agravado en los últimos meses  debido a la política contractiva impuesta desde la mayoría conservadora que gobierna las instituciones de la Unión Europea, el Partido Popular Europeo, bajo el desvirtuado eslogan de la austeridad. El planteamiento de la necesaria consolidación fiscal en plazos muy restrictivos y sin discriminar entre las dispares estructuras de la deuda total que presentan los Estados miembros, ha acentuado la situación de estancamiento de la eurozona, particularmente de España, comprometiendo la recuperación de los ingresos fiscales que serían necesarios para no deteriorar la solvencia del Estado. 

Las posiciones mantenidas por Alemania no están contribuyendo, de ningún modo, a la mayor gobernanza económica de la zona euro. Muy al contrario, Alemania mantiene posiciones contrarias a la integración fiscal de la zona en tres aspectos clave: (1) la ampliación del mandato del BCE para que asuma un papel activo en relación con el crecimiento y el empleo, ahora limitado a la estabilidad de precios; (2) la consolidación del mecanismo europeo de rescate ante crisis financieras, y (3) la mutualización del riesgo a través de los eurobonos. Estas cuestiones, constituyen, en el momento actual, las que de manera urgente debieran ser abordadas en el camino hacia “una mayor gobernanza económica de la zona euro”. En cualquier caso ya es dramáticamente urgente que el BCE se convierta en un cortafuegos creíble frente al deterioro de las deudas soberanas.

El problema de la deuda española reside en el elevado endeudamiento privado, no en el volumen de la deuda pública que presenta sobre el PIB uno de los mejores ratios de la eurozona. Y es, precisamente, la rápida consolidación fiscal la que no contribuye como debiera, desde el gasto público, a los estímulos expansivos que necesitan los deudores privados para hacer frente, en menor tiempo y con menores dificultades, a sus compromisos financieros. Por consiguiente, de la mal llamada austeridad no sólo sufren los ingresos del Estado y los servicios esenciales que configuran el estado del bienestar. Sufre la economía en su conjunto, las empresas y el empleo.

La reciente constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria que dará cobertura a la gestión del saldo presupuestario mediante una regla automática, carece de argumentos económicos consistentes y su explicación sólo puede buscarse en motivos de naturaleza política relacionados con un gran chantaje: a cambio de controlar la “hemorragia” de nuestra deuda, la gibarización de nuestro Estado. Es la imposición vicaria de un BCE cada vez más ajeno a las necesidades de los Estados. Los intereses generales no pueden dejarse abandonados a “reglas de oro”, recetas ya inservibles que la realidad de la crisis refuta, y que esconden, con el recurso a automatismos supuestamente técnicos, desconfianza en la propia democracia.

Una reforma estructural de la Gobernanza Europea, que confiera al Parlamento Europeo la capacidad de elegir el gobierno de las instituciones europeas, es el único principio que podría legitimar las decisiones que emanen de la Unión Europea.

5- De la energía. La energía y su suministro, como el dinero y los servicios financieros, es un bien y un servicio que impregna todas las actividades de los individuos y de las empresas. Incluso en algunos sectores productivos su coste es superior al coste del trabajo. Su regulación es, por consiguiente, esencial para que el impacto de su coste y de su calidad contribuya a la competitividad de la economía.

En España estamos muy lejos de esa contribución. Una profunda reforma estructural debe conducir los precios que pagan los consumidores a los costes reales y justificados de su producción, de su abastecimiento y de su suministro. Esto es especialmente cierto para la electricidad cuyo mercado solo alcanza a revelar los costes de la producción de mayor coste que cubre la última unidad de electricidad consumida generando beneficios injustificados (incompatibles con el interés general) en segmentos que escapan a los mercados y a la competencia, tales son las grandes concesiones hidroeléctricas y las centrales nucleares. Y es especialmente cierto también, porque la electricidad es el principal vector energético que puede permitir el aprovechamiento masivo de recursos autóctonos renovables, cuestión no sólo clave para la gestión de la mayor amenaza que gravita sobre nuestro Planeta –el Cambio Climático- sino también para alcanzar, en el medio plazo, la mayor contribución a la competitividad de nuestra economía que pueda imaginarse: independencia energética, innovación, creación de empleo, mejora de nuestra balanza de pagos, contención de la contaminación medioambiental inherente al crecimiento económico, y disminución de costes para las familias y las empresas. Para ello, tan profunda tendrá que ser la reforma estructural necesaria que la regulación de la energía deberá partir desde cero. Naturalmente todo ello sin menoscabo de la seguridad jurídica y de la confianza legítima que debe presidir toda reforma en defensa de los ciudadanos, las empresas, las instituciones y el Estado de Derecho.
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Las reformas que se acometan deben poner las bases para garantizar la corrección de la creciente desigualdad que se está imponiendo en los Estados de la Unión Europea. Europa es su Estado del Bienestar. Su retroceso, pondría en cuestión el propio proyecto de la integración europea.

Los abajo firmantes, porque consideramos que los economistas tenemos la obligación de devolver a la sociedad los conocimientos que la sociedad nos ha permitido adquirir, hacemos un llamamiento a los economistas para que contribuyan, desde el debate, a una salida progresista a la crisis. Necesitamos más mercado y más reformas estructurales, pero no las que están imponiendose. Esas son las de siempre, las que nos trajeron hasta esta crisis. Por ello, Economistas Frente a la Crisis, abierto a todos los economistas y ciudadanos que compartan nuestra preocupación, seguirá estando presente aportando sus análisis y  sus propuestas. En juego está el Estado del Bienestar, es decir, la Europa del progreso.
16 de diciembre de 2011
  
Economistas Frente a la Crisis

Primeros firmantes:
Jorge Fabra Utray Economista y Doctor en Derecho
Juan I. Bartolomé Gironella Economista
Concha Toquero Economista y Tec. de la Admón Civil
Mariano Nava Calvo Economista
Francisco Fernandez Montes Economista
Carlos San Juan Mesonada Economista. Catedrático J. Monet UCIIIM
Julio Rodriguéz Lopéz Economista. Doct. en Economía. Estadist. INE
Jorge Fabra Portela Economista.  Economista del Estado
Jose Luis Jimenez Economista
Juan I. Palacio  Morena Economista. Catedrat. Economia Aplicada UCLM
Lola Grandal Economista. Prof. Titular Economía UCM
Eduardo Moreno Economista
Mauro Lozano Economista
José Moisés Martin Economista
Francisco Linde Castro Economista
Antonio Gutierrez Vegara Economista
Juan José Azcona Economista
Alfonso Prieto Economista
Ricardo Lovelace Economista
Alejandro Inurrieta Economista
Mercedes Puelles Economista
Natalia Fabra Economista. Prof. Titular Economía UCIIIM
Gerardo Novales Ingeniero Industrial y Economista
Bruno Estrada Economista
Eduardo Gutierrez Benito Economista
Alfonso Alarcón Economista
Isabel Figuerola-Ferreti Economista. Prof. Titular Economía UCIIIM
Antonio González González Economista
Enrique Benedicto Economista  

GLOSARIO DE TÉRMINOS ECONÓMICOS. Retórica básica para gestionar una crisis

La tormenta financiera ha puesto en boga fórmulas como “los mercados” y conceptos como el de deuda pública. Examinamos a qué se refieren esas palabras.

Como dice Wikipedia, el lenguaje no sólo nos permite hablar “sobre” las cosas: hace que ellas sucedan. Bajo esa premisa, les proponemos un recorrido por cuatro de los conceptos económicos más populares de la crisis de la deuda.

EL DINERO con Mayúsculas

Aparte de su loca defensa del amor romántico, la clásica Pretty Woman recreaba otro cuento de hadas en sus tramas secundarias. Por amor, el protagonista, ejecutivo de un fondo de inversión, se impone al final de la película la tarea de “fabricar cosas”.

Pero, en la vida real, fabricar cosas da menos dinero que especular con su valor. Apunta el Observatorio Metropolitano en su Crisis y revolución en Europa que el llamado Producto Interior Bruto Mundial, baremo que asigna un valor monetario estimado al intercambio de bienes y servicios, se sitúa cerca de los 60 billones de dólares mientras que en los mercados financieros hay una cantidad entre cuatro y siete veces mayor de capital creado.

Esto ha tenido como consecuencia que “el capitalismo financiero, en la medida en que se independiza cada vez más de la producción real de riqueza, se vuelve parasitario de las formas reales de producción”.

LOS MERCADOS. Caballo ganador

Y si hay que hablar del mundo de las finanzas, se debe reconocer que el hechizo del término “los mercados” es demasiado sugestivo para que pueda ser sustituido por fórmulas como la francesa “capitalismo zinzin”, concepto que proviene de la pronunciación francesa de “inversores institucionales”.

Este grupo de inversores organizados está formado principalmente por bancos, fondos de pensiones, sociedades de inversores y compañías de seguros. Éric Toussaint, el presidente del Comité para la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo de Bélgica (CATDM), explica que los mercados tienen sus propios nombres: “Son los principales dirigentes de las 200 transnacionales más grandes que dominan la economía mundial” calcula este profesor belga.

El ímpetu del pequeño inversor, una especie de eslabón perdido entre las rentas salariales y las rentas del capital, se convierte a través del fino arte del birlibirloque mediático en la justificación de que sólo una veintena de grupos financieros “entre los que se encuentran nombres tan conocidos como Black Rock, JP Morgan, Allianz, HSBC, Citigroup, ING, BNP Paribas, Santander, etc.” gestionen una masa monetaria que es superior al PIB de EE UU, como detalla el Observatorio Metropolitano en su libro.

DEUDA PÚBLICA. Carne para la picadora

Tienen nombre y domicilio, pero por encima de eso, los mercados tienen apetito. En una fase inicial de la crisis, entre 2007 y 2009, los gobiernos de EEUU y de la Unión Europea “hicieron todo lo posible para que no se evocara el peligro del crecimiento masivo de la deuda pública”, dice Toussaint. Alertar del peligro “habría llamado la atención sobre sus causas: el coste exorbitante del rescate a los bancos”.

Toussaint también explica que las primeras medidas estuvieron centradas en mantener el crecimiento (en España mediante el Plan E) mientras se rescataba a los inversores institucionales en peligro. Desde finales de 2009 ya no estamos en esa fase.

“En sánscrito, hebreo y arameo, ‘deuda’, ‘culpa’ y ‘pecado’ son la misma palabra”, contaba en una entrevista reciente el antropólogo económico David Graeber.

Destapar el uso de la deuda como instrumento de dominación es el objetivo de La deuda o la vida, un libro editado por Toussaint y por Damien Millet, portavoz del CATDM, del que están tomadas las citas del primero. Poco importa que el Estado español cumpliera hasta finales de 2010 los criterios marcados en el Tratado de Maastrich (que no fuera superior al 60% del PIB) y que haya aumentado debido a la absorción por parte del Estado de deuda privada, el yugo de “la deuda” es la justificación para las políticas de ajuste “sangre, sudor y lágrimas” –así las han llamado–.

DÉFICIT PÚBLICO o la cultura del esfuerzo

Impacta ver a una ministra llorando mientras anuncia que las administraciones y los servicios públicos del país van a sufrir los recortes más importantes desde la II Guerra Mundial. El que se haya producido esta escena tan neorrealista en pleno siglo XXI se debe tanto a la deuda como al déficit público de Italia, esto es, la diferencia entre lo que el Estado ingresa (la mayor parte por vía impositiva) y lo que gasta.

El trasatlántico ha desviado su rumbo un par de milímetros y en algún momento chocará con el iceberg. O, dicho en palabras de la ministra, de nombre Elsa Fornero, el alto déficit público “es culpa de los italianos que en el pasado no han dado importancia al futuro de los niños del país”.

La voluntariosa Fornero omite que Italia deja de ingresar 238.700 millones por fraude fiscal, lejos de los 30.000 millones que costará el plan de ajuste de MarioMonti, que incluye un aumento de la edad de jubilación, una reforma laboral y una reforma tributaria que promete ayudar a las empresas.

LO QUE NO SE VE Parole, parole, parole

Habrán echado en falta un buen número de palabras en la relación anterior, como las más concretas con capacidad de aterrorizar (‘prima de riesgo’, ‘default’ o ‘bono alemán’); las destinadas a generar buen ambiente (‘crecimiento’ o ‘productividad’); o las que hacen más floridos los discursos (‘estabilidad’ ‘excelencia’ o ‘confianza’ ).

Pero los verdaderos términos perdidos de la crisis son otros como ‘reparto’, ‘renta básica’, o ‘justicia fiscal’. No esperen encontrar este tipo de palabras ya que están acompañadas de propuestas para salir de la crisis por otra vía, y ya saben que no se trata de eso.

Pablo Elorduy.
Diagonal (Redacción)

lunes, 26 de diciembre de 2011

¿Qué son los fondos buitres?

Los fondos rapaces o fondos buitres son especuladores que compran por centavos deuda de países pobres en problemas con el propósito ilícito de entablar procedimientos judiciales a su respecto para obtener sumas considerablemente mayores, de hasta el 400% de lo que pagaron por ellas.
 
Qué deudas compran: deuda de países en situación de incumplimiento o cerca de estarlo, o que se encuentran ya en procesos de reestructuración de deudas o de rescate que comprenden cierta quita, o bien viejas deudas sin ningún valor de mercado próximas a vencer o a ser canceladas en el marco de programas de alivio de la deuda.
Cómo se hacen de esas deudas: cuando un país tiene problemas económicos y se presume que éstos pueden empeorar, sus bonos pierden valor en el mercado secundario y muchos bonistas se asustan y corren a venderlos al precio que sea, y es allí donde los fondos rapaces compran en masa. Si el país ya ha anunciado una reestructuración salen a la búsqueda de bonistas con problemas de liquidez, y recurren también a otros métodos u oportunidades, incluso ilícitos, como más abajo se menciona.
Hay algunos grupos internacionales que hacen campaña contra ellos, como Jubilee Debt Campaign, y medios de prensa internacionales (BBC, The Guardian) que les siguen la pista, advirtiendo sobre sus prácticas deshonestas y contando quiénes son y cómo operan. La siguiente selección de algunos de sus artículos ilustra con ejemplos concretos qué son los fondos buitres:
BBC Newsnight [i] - FG Hemisphere: Este fondo procura cobrar US$100 millones a Zaire (actualmente Congo) por una deuda comprada por US$3 millones.
Cuando Newsnight le preguntó a Grossman sobre esta operación de su fondo buitre, éste respondió: “No estoy mortificando al Congo. Busco cobrar una deuda legítima”.
No obstante, una investigación conjunta de la BBC Newsnight y The Guardian ha establecido que la deuda en cuestión, que fue originalmente un préstamo otorgado por Yugoslavia al Zaire 30 años atrás, fue ilegalmente vendida al fondo de Grossman, FG Hemisphere.
La policía bosnia mostró al equipo de Newsnight/Guardian un documento que revela que FG Hemisphere pagó US$3,3 millones por el instrumento de deuda, de los cuales más de medio millón fue aportado por otro operador “buitre” que ayudó a armar el trato, Michael Sheehan, un americano que se llama a sí mismo “Goldfinger”, como el villano de las películas de James Bond.
Preguntado por el reportero Greg Palast si le parecía justo embolsarse US$100 millones del Congo por una deuda que le costó US$3 millones, contestó: “Sí, claro que sí”, pero negó haber pagado sólo US$3 millones.
BBC Newsnight [ii] - Donegal International: Fondo que trató de cobrar a Zambia US$55 millones por una deuda comprada por US$3 millones.
Michael Sheehan (Donegal International) [el mismo mencionado en el caso anterior] sacó provecho de los acuerdos de cancelación de la deuda del tercer mundo. Compró por US$3 millones deuda de Zambia de la década de los setenta, justo antes de que fuera cancelada y luego amenazó con impedir toda  actividad económica de Zambia presentando demandas contra todo aquel que tuviera negocios con el país, a menos que éstos le pagaran US55 millones – el equivalente del presupuesto de educación de Zambia. Luego demandó a Zambia ante tribunales británicos y ganó US$15 millones.
BBC Newsnight: El Reino Unido impide que los ‘fondos buitres’ depreden a los países pobres [iii] (2010).
El Parlamento británico votó la prohibición de los llamados “fondos buitres” que sacan provecho de la deuda de países del tercer mundo.
La ley entrará en vigor este año (2010) y una de sus primeras consecuencias será impedir que un fondo cobre a Liberia £12 millones por una deuda que data de 1978.
La ley se inspiró en una investigación de BBC Newsnight sobre los fondos buitres.
The Guardian[iv] (2011): Fondos buitres que persiguen cobrar £1.000 millones amenazan programas de alivio de la deuda.
El Fondo Monetario Internacional advirtió este fin de semana que demandas por alrededor de £1.000 millones planteadas por “fondos buitres” contra los países más pobres del mundo amenazan los programas de cancelación de deudas puestos en marcha por el Grupo de los Ocho en Gleneagles en 2005. 
Quienes hacen campaña contra los fondos buitres dicen que una mera declaración del Fondo no basta: Sarah Williams, de Jubilee Debt Campaign, sostuvo que “los países necesitan con urgencia asistencia y asesoramiento jurídicos accesible” y que “es preciso cambiar la legislación, a nivel nacional e internacional, para acabar con las operaciones de estos fondos”.
Según un informe del personal del FMI sobre los fondos buitres 11 de 24 países pobres considerados en el estudio manifestaron estar sometidos a demandas por un total de US$1.800 millones (£900 millones) planteadas por 46 acreedores. Sarah Williams dijo que “el problema es que esas cifras seguirán aumentando, a menos que se adopten medidas urgentes”.
The Guardian [v] (2011) – Fondos buitres: ¿Cómo trabajan?
El Banco Mundial estima que más un tercio de los países que han cumplido los requisitos de sus respectivos programas de alivio de la deuda han sido blanco de al menos 26 fondos buitres, que han recibido hasta ahora pagos por un total de US$1.000 millones.
Muchos países están prohibiendo que los fondos buitres puedan demandar ante sus cortes el cobro de esas deudas. Pero quedan todavía algunas jurisdicciones, como la Isla de Jersey y las Islas Vírgenes Británicas, que todavía no les han cerrado el paso. Un fondo buitre espera obtener el mes próximo US $100 millones por medio de una demanda planteada ante una corte de Jersey.
Otro caso que describe la estrategia de estos fondos es Elliot Associates Inc. versus Perú, fondo que logró cobrar US$56 millones por deuda peruana comprada cuando Perú terminaba su acuerdo de reestructuración Brady (informe del FMI y sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Juez Robert W. Sweet, 6 de agosto de 1998):
En un caso reciente, por ejemplo, un ‘fondo rapaz’ chantajeó de hecho a Perú al convencer a los tribunales de EE UU y Europa de que le impidieran pagar deudas a otros acreedores[vi]. (Anne Krueger, FMI)
Alrededor de 18 meses después que Perú anunció el plan Brady [en 1996], un grupo de acreedores rapaces denominado Elliot Associated compró US$20,7 millones de préstamos comerciales que habían sido garantizados por Perú. A diferencia de la mayoría de los acreedores, Elliott no aceptó bonos Brady a cambio de sus tenencias de deuda peruana, y en lugar de participar en la reestructuración presentó una demanda en su propio nombre en tribunales de Nueva York reclamando el cobro del valor nominal de los préstamos más los intereses[vii]. (Informe del FMI)
Elliott compró deuda peruana con la intención y el propósito de entablar un juicio. Tal intención y propósito pueden inferirse de la estrategia de inversión utilizada por Elliott, los antecedentes profesionales de las personas que se juntaron para materializar el proyecto de la deuda peruana, la dilación, por parte de Elliot, del cierre de las operaciones de adquisición de la deuda peruana hasta que el Segundo Circuito esclareciera los riesgos post-litigio en el caso Pravin Banker, la carencia de credibilidad de las alternativas propuestas por Elliot y la conducta del antedicho con posterioridad a las compras[viii]. (Sentencia del tribunal de Nueva York)
Tal como surge de lo que antecede, tras comprar deuda soberana de países pobres, estos fondos aplican una estrategia legal que casi no deja margen para la defensa, como en el caso de Perú (y el de Zambia), en que extorsionaron al país en el momento en que vencían los intereses de sus bonos Brady, con lo cual si Perú no pagaba esos intereses incurría en cesación de pagos y se vio obligado a transar el litigio con Elliot.
Este caso fue sometido a tribunales de Nueva York, jurisdicción en que está prohibido comprar deuda con la finalidad de litigar contra ella (N.Y. JUD. LAW § 489 : NY Code – Section 489).
El juez de primera instancia falló a favor de Perú, demostrando que este fondo compró deuda peruana con la única finalidad de litigar y exponiendo la estrategia jurídica aplicada intencionalmente por Elliot para acorralar a Perú. La sentencia de segunda instancia revocó esa decisión sosteniendo que la primera finalidad de Elliot era cobrar, y si no cobraba, recién litigar, por tanto el juez entendió que litigar contra la deuda no era la “finalidad primaria” de Elliot. El caso finalmente se resolvió por acuerdo, como ya se mencionó, de modo que no hubo interpretación definitiva de las disposiciones en juego.
Discrepamos con la sentencia de segunda instancia; naturalmente que el que compra un bono quiere cobrarlo, y en caso de no cobrarlo reclamar ante los tribunales apropiados. Pero la sección 489 no aborda esos casos, sino que tipifica la conducta del que “compra con la finalidad de litigar”. Conforme  a esta sentencia cualquiera que aduzca “quiero cobrar  y si no cobro plantearé un juicio” queda fuera del alcance de la disposición, con lo cual ésta pierde todo sentido jurídico.
Elliot compró la  deuda peruana 18 meses después que Perú anunciara la reestructuración Brady con una quita sobre sus bonos soberanos. Lo mismo había hecho en Panamá, donde compró cuando el país finalizaba un acuerdo similar, y en ambos casos se rehusó a participar en la reestructuración de deudas y demandó en tribunales estadounidenses y europeos, y posteriormente hizo lo mismo con Argentina.
Las prácticas de estos fondos rapaces no sólo son deshonestas, perversas y criminales, sino además ilegales, sin embargo en algunos países no hay leyes específicas al respecto y esto permite a los consejeros y abogados de estos fondos “armar” un caso desde el inicio con el fin de manipular el litigio en su favor.
En la sentencia del caso Elliot se relata en detalle como la empresa conformó un equipo de inversión para la compra de deuda en mercados emergentes, formado principalmente por operadores de negocios y consejeros que ya habían asesorado a otro fondo buitre en la compra de deudas soberanas de Polonia, Ecuador, Cote d’Ivôire, Panamá y el Congo, experimentados en litigar contra Estados soberanos en tribunales estadounidenses[ix].
La reiteración de estas conductas y las campañas en su contra han llevado a que muchos países están prohibiendo que estos especuladores puedan demandar ante sus cortes el cobro de esas deudas, sin embargo, esto no es suficiente: es preciso contar con una acción concertada a nivel mundial.
Acciones para cercarlos y detenerlos 
Es posible pararlos; para ello hay que tipificar estas prácticas como delito a nivel global, por un lado, y prohibir la ejecución de sentencias dictadas en jurisdicciones que no penalicen tal conducta, por el otro. Esto último porque siempre queda algún rincón del mundo que no adopta determinada norma y es allí donde litigarán estos especuladores y luego tratarán de cobrarse en activos soberanos ubicados en cualquier lugar del mundo.
Puede parecer complicado, sin embargo no se trata de la primera conducta ilícita que se persigue y reprime a nivel global. El mundo ya ha logrado celebrar acuerdos o coordinar acciones comunes para reprimir la evasión fiscal y el lavado de dinero, por ejemplo, y aun delitos más graves como el narcotráfico y la trata de personas.
Entre tanto no existan tales disposiciones los países podrían emitir sus bonos con cláusulas de acción colectiva; mecanismo que permite al soberano y a una mayoría especial de acreedores llegar a un acuerdo (previo o posterior) al default, que luego es vinculante para todos los acreedores sujetos a la reestructuración, o bien disposiciones de aplicación preceptiva, que permiten que una mayoría calificada limite la capacidad de una minoría de hacer valer sus derechos tras el default.
También podrían eliminar la cláusula pari passu o disponer que ésta no se aplica a los bonos negociados en el mercado secundario e introducir disposiciones que impidan reclamar judicialmente el cobro de deudas adquiridas del modo que fuere a determinado valor inferior al valor nominal luego del default, el anuncio de una reestructuración o de un plan de rescate con quita.
Finalmente los gobiernos podrían impulsar y/o apoyar campañas en contra de estos fondos rapaces, iniciativas de divulgación de información sobre los mismos, sus directivos y asesores, sus prácticas y operaciones previas y actuales, y sus litigios, y crear mecanismos de intercambio de información que adviertan a otros del peligro de negociar con ellos, y eviten que puedan aprovecharse de países con problemas de deuda soberana, en particular de los países más pobres de la Tierra.

Notas:
 

Raúl de Sagastizábal
ALAI. Agencia Latina de Información
http://alainet.org/active/51710