domingo, 13 de febrero de 2011

Hambre de Democracia Económica

Túnez y Egipto son los embriones de la expansión de la revolución que despierta al mundo árabe y que envía un mensaje contundente a gobernantes de cualquier país del mundo. La población está harta de la opresión, de ver cercenados sus derechos y libertades, de la precariedad social y económica, de la hipocresía que alimenta y sostiene a los ‘grandes poderes’ y corruptelas con la ‘connivencia’ de Occidente con las dictaduras árabes.

Hay hombres y mujeres en Túnez o Egipto que no esperan ni una democracia de fachada ni mucho menos una política económica dictada por la Unión Europea y las instituciones financieras internacionales. Tienen claro que la orientación neoliberal de Europa conducirá a más paro y miseria. Las mujeres revolucionarias, además, confían en que este proceso emancipatorio consiga la igualdad de derechos de la mano de un nuevo estado, laico y democrático. ¿Será esta la revolución de los derechos de las mujeres?

Hay hambre de democracia, también económica. Europa debería tomar nota. Los gérmenes revolucionarios se expanden como la pólvora en este mundo globalizado e interconectado, a pesar de los burdos intentos de cierre y control de las comunicaciones. La insatisfacción ciudadana crece a medida que aumenta la precariedad y los gobernantes rinden pleitesía a las exigencias de las políticas neoliberales, del mercado financiero, antes que a dar respuesta a las necesidades de su población.

La OIT en su informe Global Employment Trends 2011 sostiene que la presunta reactivación económica global carece de impacto en el empleo. El informe pone de manifiesto “la existencia de alrededor de 40 millones más de personas trabajadoras pobres en el extremo nivel de 1,25 dólares norteamericanos en 2009, de los que se habría esperado en ausencia de la crisis económica mundial”. Y las pespectivas de futuro son devastadoras, ya que para los países ‘avanzandos’ todo indica que continuará la tendencia iniciada en 2007 de reducción de horas semanales remuneradas y la proliferación de empleos de bajos salarios, en los que la participación de las mujeres es mayoritaria (un 65,1% en España).

El tijeretazo social como respuesta a la crisis económica está provocando la aniquilación de gran parte de las sociedades de bienestar. El nivel ‘acomodaticio’ en europa se resquebraja y expulsa a gran parte de la población: mujeres, jóvenes e inmigrantes, fundamentalmente, son la carnaza del cambio de rumbo político en España que se acaba de consolidar con el acuerdo por la reforma de las pensiones.

El 27E asistimos a una escenificación digna del mejor teatro del mundo: representantes de los dos sindicatos mayoritarios daban el visto bueno a un acuerdo para reformar el sistema de pensiones, que, por mucho que lo disfracen, se traducirá en una reducción del importe de las pensiones y en un alargamiento de la vida laboral hasta los 67 años. ¿Podrían haberse planteado otra reforma? Por supuesto que sí. Se me ocurren algunas premisas de partida diferentes a las utilizadas en esta burda manipulación sobre la inviabilidad futura de las pensiones por el proceso de envejecimiento de la población.

La primera a tener en cuenta es que se podría cambiar el sistema de financiación con el que se pagan las pensiones públicas; esto significaría abandonar el funcionamiento de la actual caja única de la seguridad social (los ingresos por cotizaciones sociales de quienes están trabajando sirven para pagar las pensiones de quienes ya están en su jubilación) y apostar por la financiación de las pensiones públicas a través de los impuestos que recauda el estado (no sólo a través de las cotizaciones sociales), como se hace en otros países y como se hace en éste para otros conceptos de gastos públicos.

La segunda premisa que se olvidan mencionar es que el desarrollo de la sociedad del conocimiento puede impulsar incluso que menos personas puedan producir más riqueza; es decir, mantener el sistema público de pensiones se trata realmente de un problema de redistribución de la riqueza y de los criterios políticos que la sustentan. ¡Ahí está realmente el meollo del asunto! Las cuentas de las pensiones deberían hacerse desde otros criterios diferentes a los que se han utilizado.

La tercera es que compensar a las mujeres por el sesgo de género del sistema público de pensiones que las aboca a la situación de precariedad económica actual, no es lo mismo que avanzar en igualdad real; para ello, la neutralidad de género debería haber sido exigible al documento que saliera del acuerdo. Sin embargo, tras la palabrería por una “integración laboral acorde con las aspiraciones de las mujeres” incluida en el Pacto de Toledo, lo cierto es que, como se denuncia el manifiesto por la igualdad de género en el sistema de pensiones “la configuración de derechos de pensión propios, no derivados del marido, frente a varias discriminaciones constatadas, no apunta a la igualdad en el empleo y la protección social, sino a algunas medidas específicas aparentemente proteccionistas, pero perpetuadoras del reparto desigual del empleo y el cuidado, como los incentivos fiscales y de protección social a la no incorporación de mujeres casadas al mercado de trabajo”.

Así no vamos bien. Estos parcheos indican que la socialdemocracia española, al igual que en otros países europeos, está huérfana de propuestas coherentes para orientar su desarrollo a la sostenibilidad humana, social, económica y medioambiental, y se ha rendido una vez más a las políticas neolibelares. ¿Será que se han olvidado de leer y escuchar? Hay quien argumenta que en el contexto actual no les quedaba otra alternativa. Claro que SÍ, había otras posibilidades.
En Europa, experiencias revolucionarias como la de Islandia son un referente de que es posible salir de la crisis fortaleciendo la democracia. ¿En qué ha consistido esta revolución silenciada?: “dimisión de todo un gobierno en bloque, nacionalización de la banca, referéndum para que el pueblo decida sobre las decisiones económicas trascendentales, encarcelación de responsables de la crisis, reescritura de la constitución por la ciudadanía y un proyecto de blindaje de la libertad de información y de expresión”. Una muestra palpable de que es posible reorientar las políticas públicas sin traicionar la sostenibilidad de las sociedades de bienestar y lo que es más importante, que esto es posible hacerlo desde la toma del poder de la ciudadanía.

En España comienzan a surgir iniciativas ciudadanas al margen de las instituciones y los aparatos de partidos y grandes organizaciones sindicales. Si la reforma laboral fue el detonante de la huelga generla del 29 de septiembre, la reforma de pensiones acordada el 27 de enero puede ser la espita que encienda la mecha de una nueva revolución social. Así pues, bienvenida sea la iniciativa ciudadana Mesas de convergencia y su intento de “denunciar las amenazas que se ciernen no solo sobre la economía, sino sobre la democracia (porque cada vez cuenta menos la opinión del puereblo), sobre la justicia (porque los financieros nunca pagan el daño que provocan), sobre el medio ambiente (porque con la excusa de la crisis dejan de aplicarse las pocas normas que lo protegen y se favorece a las industrias que más lo destrozan) y sobre el bienestar de la mayoría de la población (porque se está haciendo que la paguen quienes no tienen culpa de ella y disponen de menos recursos)”. Porque, no se engañen, es la democracia y el conjunto de derechos y libertades ciudadanas lo que realmente está en juego con las políticas de reformas que se están aprobando.

Carmen Castro. Directora de http://singenerodedudas.com
Revista.Trasversales