miércoles, 27 de abril de 2011

8.000.000.000.000 (8 billones) de euros no pagan impuestos (como mínimo)

La cifra marea, pero se ha estimado por el Banco Mundial que más de ocho billones de euros están a buen recaudo en los paraísos fiscales sin que sus propietarios paguen ni un sólo céntimo al erario público de sus respectivos países. Son los escondrijos de una cuarta parte de la riqueza privada mundial, según datos del Fondo Monetario Internacional.

Para muestra un sólo botón, en las Islas Caimán, con 52.000 habitantes y un territorio de unos 260 Km cuadrados, están instalados 600 bancos, operan 2.200 fondos especulativos y de pensiones, se estima que manejan más de medio billón de euros y hay domiciliadas y en activo unas 44.000 empresas. Los etéreos “mercados” tienen nombre y apellido aunque permanezcan en el anonimato.

Constructores sin escrúpulos, narcotraficantes, grupos terroristas, políticos corruptos o dictadores de países tercermundistas comparten sus botines con las grandes empresas multinacionales que, a través de complejas operaciones de ingeniería financiera de dudosa legalidad, desvían gran parte de sus excedentes a estas cuevas financieras.

Para situar esta cifra de 8 billones de euros en una dimensión entendible, hagamos un sencillo cálculo para el que vamos a considerar -por la dificultad de depurar el dato- que todo el dinero que se refugia en estos paraísos fiscales fuese de procedencia presuntamente legal, es decir que no proceda de actuaciones claramente delictivas como el cohecho, el tráfico ilegal o el saqueo sistemático de las arcas públicas, y que, por tanto, la única irregularidad de esta riqueza fuese el de no tributar en los países en los que se ha generado. Apliquemos para ello el tipo general del Impuesto de Sociedades vigente en nuestro país -el 30%- sobre el total de recursos escamoteados a los respectivos erarios públicos y obtendremos un montante de 2,4 billones de euros.

Una vez realizado este cálculo, para entender mejor la cifra resultante, que sigue siendo inabarcable, pongámosla en relación con el total de recursos que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional van a tener que destinar a los planes de recate de los países europeos que lo han precisado y que asciende a 270 mil millones de euros (110 Grecia, 85 Irlanda y 75 Portugal). Pues bien, esta comparación pone de relieve que con los impuestos que dejan de pagar los recursos existentes en los paraísos fiscales se podrían rescatar hasta nueve veces a los tres países europeos. Dicho de otra forma, con toda seguridad ningún ciudadano de un país del mundo occidental se hubiese visto obligado -como lo está siendo- a ver reducido su sueldo, congelada su pensión o renunciado a importantes beneficios del Estado del bienestar por la razón de que existan desequilibrios entre los ingresos y gastos públicos.

En el año 2007, antes por tanto de la crisis económica, el Fondo Monetario Internacional ya había estimado que de pagar impuestos estos fondos se cubrirían de sobra los Objetivos del Milenio, es decir, se erradicaría la pobreza y se conseguiría un desarrollo humano sostenible antes del año 2015.

Este panorama induce a pensar que la eliminación de los paraísos fiscales debería ser la actuación prioritaria de los políticos del mundo y que, sólo después de que éstos desaparecieran, podría exigirse sacrificios a los que más sufren las consecuencias de una crisis en cuya gestación no han tenido ninguna responsabilidad.

En tanto que estas cuevas financieras persistan con el beneplácito de las autoridades mundiales, que no nos hablen de ajustes presupuestarios que han de soportar nuestras menguadas economías por las exigencias de unos “mercados” que, además de no tributar, pretenden seguir enriqueciéndose a costa de nuestras privaciones. Mientras que así sea, se está incubando una revolución social cuyas consecuencias no me atrevo a pronosticar. ¡Ojalá! me equivoque.

Gerardo Rivas Rico es licenciado en Ciencias Económicas

El Plural


martes, 26 de abril de 2011

El capital extranjero toma el poder en el Banco de Santander. El Banco americano de Santander

Durante la última década la entrada de capital estadounidense en el Banco Santander ha sido constante y creciente. Actualmente, siete grupos financieros de origen norteamericano poseen cerca del 50% de las acciones. Emilio Botín continúa al frente del Consejo de Administración del banco, pero ahora es más bien un testaferro de los intereses de estas grandes corporaciones.

En el momento actual, siete grupos financieros de origen estadounidense controlan el 45,3% de los títulos del banco: Chase Nominees Ltd. (12,51%) [1], State Street Bank (9,60) [2], EC Nominees (6,91%) [3], The Bank of New York Mellon (5,57%) [4], Capital Research and Management Company (4,87%) [5], Blackrock Investment (4,78%) [6] y Fidelity Internacional (1,06%) [7]. También hay grupos europeos con participaciones significativas, como BNP Paribas (3,18%) y Credit Suisse (2,87). El resto de los accionistas está muy disperso para tomarlos en consideración y el sindicado de acciones de la familia Botín apenas llega a un exiguo 1,7% del total de los valores del banco.

Estos grupos han ido aumentando su participación de forma gradual desde principios de siglo. Sin embargo, en los últimos meses de 2010 se produjeron una serie de movimientos dignos de resaltar. Salvo EC Nominees, que reducía su participación en un 3% del total de las acciones del banco, el resto de los grupos estadounidenses aumentaban sus activos de forma significativa hasta alcanzar un volumen de concentración accionarial nunca conocido en el banco. Por ejemplo, Chase Nominees crecía un 7% en términos globales y State Street Bank incrementaba en un 4,6% su volumen de títulos sobre el total de valores del banco.

Bancos custodios

Chase Nominees, EC Nominees y State Street Bank son bancos custodios o depositarios, es decir, instituciones financieras que se ocupan de proteger y custodiar los activos de un grupo de accionistas o inversores. Estos activos pueden ser acciones, bonos, metales preciosos o divisas. En el caso de las acciones y participaciones, las gestoras que administran las acciones depositadas en estas entidades pueden tener mandatos de sus inversores para acometer determinadas operaciones de gran alcance. Al manejar grandes capitales, pueden provocar alteraciones significativas en el precio de las acciones de forma directa.

Estas entidades financieras, por tanto, no son las propietarias de las acciones sino sólo las depositarias –aunque también suelen ocuparse de su gestión mediante las gestoras de estos activos– [8]. Normalmente, ninguna de estas entidades se sienta en el Consejo de Administración del Banco Santander ni suele acudir a las Juntas de Accionistas –aunque suelen ser habituales las delegaciones de voto–. Pero esto no quiere decir que no tengan influencia en la política del banco, más bien todo lo contrario. La única diferencia con otros fondos de inversión es que, en este caso, se guarda totalmente el anonimato.

Los clientes de los bancos depositarios son grandes fondos de inversión de origen estadounidense. Las denominaciones de estos fondos y las identidades de los clientes se encuentran ocultas debido a la permisiva normativa española. El Real Decreto 377/1991 sobre Comunicación de Participaciones significativas en Sociedades Cotizadas establece que cada inversor o cliente individual sólo debe comunicar su identidad cuando posee de forma directa o indirecta el 5% o más de una sociedad cotizada. Como la mayoría de los grupos financieros o bancos custodios funcionan en bloque –más allá del uso de las participaciones cruzadas o circulares–, resulta muy difícil o imposible conocer qué inversores forman parte de estas entidades.

En el caso de Chase Nominees, su subcustodio en España –el propio Banco Santander y su presidente, Emilio Botín– es el responsable de comunicar las alteraciones significativas en el accionariado del banco custodio.

‘Los jefes de todo esto’

La mayoría de estos grupos tienen también grandes inversiones en la mayor parte de las grandes empresas y bancos españoles. Por ejemplo, Chase Nominees –filial de JP Morgan– posee acciones en 14 empresas del Ibex 35 (Índice bursátil español). Concretamente participa como uno de los principales accionistas en BBVA, Endesa, Telefónica, Iberdrola, Indra, Repsol, Gas Natural o Inditex. La diferencia entre, por ejemplo, los Amancio Ortega (Inditex), Florentino Pérez (ACS) o Isaac Andic (Mango) y los inversores de Chase Nominees, Fidelity, EC Nominees o State Street Bank, es que de estos últimos no conocemos casi nada. Estos grupos, por otro lado, manejan capitales que se acercan o sobrepasan el PIB español –1,1 billones de euros –, lo que da idea del poder y la influencia que pueden tener, independientemente de sus participaciones en empresas españolas.

Todo ello podría servir de base para explicar en parte los motivos del ataque a los salarios, al empleo y al consumo por parte de las instituciones políticas y, sobre todo, de las grandes corporaciones. Es lógico pensar que grupos como JP Morgan o Capital Group analicen la crisis en un contexto global, no local, y sus intereses y los beneficios que persiguen no dependan, por ejemplo, de una mejora en el empleo y consumo, sino del pago de la deuda y de los rescates bancarios.

Los “PIGS” y JP Morgan

El acrónimo “PIGS” ha sido utilizado por analistas financieros para designar a los países europeos (Portugal, Irlanda, Grecia y España) que más han sufrido los efectos de la crisis económica. Casualmente, la mega corporación JP Morgan & Chase tiene grandes intereses financieros en los cuatro “pigs”.

En febrero de 2010, el periódico The New York Times publicaba las prácticas llevadas a cabo durante cerca de una década por Goldman Sachs y JP Morgan en Grecia para ocultar su déficit fiscal. Estos dos grupos financieros ganaron miles de millones de euros mediante operaciones con derivados financieros vinculados a los valores de deuda y déficit público del Estado griego. Por ello, no es de extrañar que, en esas mismas fechas, estallara una bomba en una de las oficinas de la JP Morgan en Atenas. A pesar de todo ello, el rescate a Grecia de 2010 tuvo como principal defensor al jefe económico para Europa de JP Morgan, David Mackie.

JP Morgan Chase Bank, una de las filiales del grupo, opera desde sus oficinas de Atenas, Dublín o Lisboa para imponer en Europa las políticas que más benefician a sus intereses. De hecho, los informes de sus técnicos o las intervenciones públicas de su presidente, Jamie Dimon, son seguidos a pies juntillas por la mayoría de los Gobiernos europeos y por la propia UE. JP Morgan hace política de forma directa, apoyando medidas extremas para reducir el déficit público y para incrementar las ayudas a la banca o propiciar los rescates a las entidades financieras y las reestructuraciones bancarias que sirven a sus propósitos de concentración capitalista. En Grecia, Irlanda y Portugal lo ha hecho de forma notoria, en España es más sutil y deja que sus aliados españoles (BBVA, Banco Santander, PP y PSOE) se ocupen del trabajo sucio. Pero lo realmente paradójico es que, a pesar de la situación de estos países, la JP Morgan haya aumentado considerablemente su inversión en dichos Estados. O, quizás, lo ha hecho precisamente por ello. Por ejemplo, en enero de 2011 la revista Bloomberg publicaba que iba a extender su red de bancos custodios y subcustodios por Irlanda, país intervenido recientemente por la UE y el FMI.

En noviembre de 2010, Robert Michele, responsable de JP Morgan Asset Management, dijo: “El problema no es ni Irlanda ni Portugal, sino España. Si para Irlanda se consideraban ayudas en torno a los 100.000 millones, España necesitaría un billón de euros. Al final sería necesario algún esfuerzo coordinado a nivel global que incluiría a la UE, el FMI, Estados Unidos y China para poner el dinero necesario”.

[1]

JP MORGAN & CHASE

CHASE NOMINEES (12,51%)

El valor de sus acciones es aproximadamente de 9.700 millones de euros.

Desde noviembre de 2010 es el máximo accionista del banco. Chase Nominees Limited es una filial dedicada a los fondos de inversión –bajo la forma de un banco custodio– del gigante norteamericano JP Morgan & Chase.

JP Morgan & Chase es la enorme corporación bancaria resultante de la fusión de los bancos fundados por John Pierpont Morgan y la familia Rockefeller (Chase Manhattan Bank). A pesar de su enorme poder, no ha podido evitar que el pasado mes de febrero fuera acusada por la Corte estadounidense por presunta complicidad en el fraude de Bernard Madoff.

La corporación JP Morgan & Chase recibió a finales de esta década cerca de 40.000 millones de dólares en el rescate bancario llevado a cabo por el Tesoro de los EE.UU.

Este grupo de inversores aparece como uno de los principales accionistas de algunas de las empresas más relevantes del Ibex-35 (índice de referencia de la bolsa española) como Indra, Inditex, Gamesa, Iberdrola, Repsol, Telefónica o BBVA.

[2]

STATE STREET BANK (9,60%)

El valor de sus acciones es aproximadamente de 7.400 millones de euros.

State Street Bank and Trust Company es otro banco custodio de capital estadounidense. Y es uno de los más importantes accionistas de Indra, Telefónica, BBVA y Banco Sabadell.

En 2008 ingresó dos mil millones de dólares en la operación de rescate bancario del Tesoro estadounidense.

En febrero de 2010, la Securities and Exchange Commission (la CNMV de EE.UU.) presentó una demanda civil contra este banco por engañar a los inversores en el caso de las hipotecas subprime.

[3]

JP MORGAN & CHASE

EC NOMINEES LTD (6,91%)

El valor de sus acciones es aproximadamente de 5.400 millones de euros.

EC Nominees Limited es otro banco custodio, domiciliado en Reino Unido y perteneciente a Euroclear, que es un grupo financiero de capital europeo y norteamericano que opera principalmente en Europa Occidental. Euroclear fue creado por JP Morgan en 1968 en Bruselas, del cual se desvinculó formalmente en 2000, pero la megacorporación estadounidense sigue siendo uno de sus más importantes accionistas.

En la última década, este grupo financiero asumió la responsabilidad de la liquidación de los bonos irlandeses –el Gobierno y el Banco Central delegaron esta función en Euroclear–.

[4]

THE BANK OF NEW YORK MELLON (5,57%)

El valor de sus acciones es aproximadamente de 4.300 millones de euros.

The Bank of New York Mellon es un banco y un grupo de servicios financieros norteamericano. En octubre de 2008, recibió tres mil millones de dólares de las Reservas Federales de los EE.UU. para evitar su bancarrota.

[5]

CAPITAL GROUP

CAPITAL RESEARCH (4,87%)

El valor de sus acciones es aproximadamente de 3.800 millones de euros.

Hasta hace unos pocos meses, este grupo financiero estadounidense era el principal accionista del Banco Santander. Forma parte del holding Capital Group Companies.

Capital Research posee participaciones en Inditex, Telefónica, BBVA o Eon. La corporación matriz, Capital Group, maneja alrededor de un billón de euros en participaciones cotizadas por todo el mundo. Entre ellas figura Fidelity, otro de los accionistas del Banco Santander.

[6]

BLACKROCK (4,78%)

El valor de sus acciones es aproximadamente de 3.700 millones de euros.

Firma de inversores internacionales ubicada en Nueva York. Posee cerca del 20% de Barclays Bank y también es accionista de BBVA y Telefónica. En 2008 obtuvo dos mil millones de dólares en ayudas de las Reservas de EE.UU.

[7]

CAPITAL GROUP

FIDELITY (1,06%)

El valor de sus acciones es aproximadamente de 818 millones de euros.

Fidelity es otro grupo de servicios financieros estadounidense, su matriz se ubica en Boston, pero tiene intereses en todo el mundo. En España su actividad ha girado en torno a las telecomunicaciones –Telefónica, Antena 3 o Telecinco–.

[8]

ACCIONISTAS, IIC, GESTORAS Y DEPOSITARIOS

En este entramado financiero existen cuatro actores principales:
- La persona accionista (física o jurídica).
- Las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) son instrumentos financieros que agrupan a un grupo de inversores o accionistas. En la normativa española y en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) existen las siguientes IIC: los fondos de inversión (mobiliaria o inmobiliaria), las sociedades de inversión de capital variable (Sicav), las sociedades de inversión inmobiliaria, las IIC de inversión libre y las IIC de IIC de inversión libre.
- Las entidades gestoras (SGIIC) son las encargadas de la administración y gestión de las IIC. Estas entidades, al gestionar estos fondos, ejercen una gran influencia sobre los accionistas.
- Las entidades depositarias se ocupan de la custodia de los activos de las sociedades o fondos y desempeñan funciones de control sobre la entidad gestora. En los bancos custodios del Grupo Santander, la opacidad es casi absoluta en el caso de los accionistas, las IIC o los fondos y las entidades gestoras (normalmente del mismo grupo corporativo de los bancos custodios o depositarios).

El RD 1309/2005 establece claramente la separación entre gestoras y depositarios de las sociedades de inversión. Sin embargo, dicha norma se incumple de forma sistemática y en la mayoría de los casos las gestoras y los depositarios pertenecen a la misma entidad financiera –la separación es formal pero no real –.


ENTRAMADO FINANCIERO Y NORMATIVA

RED FINANCIERA
El funcionamiento del sistema capitalista y la permisividad legal provocan situaciones grotescas, al margen de sus implicaciones éticas. Santander Asset Management, Banif Banca Privada, Banif Inmobiliaria, Banco Banif, Banif Gestión, Banesto, Banesto Banca Privada, Santander Investment, Cantabria de Inversiones, Santander Real State … y así una inmensa lista de cientos de sociedades instrumentales y filiales constituyen la enorme red financiera del Banco Santander. Al analizar someramente algunas de estas sociedades se puede vislumbrar algo extraño en los porcentajes de los accionistas mayoritarios. Por ejemplo, hay entidades –la mayoría de las nombradas– cuyo mayor accionista es una empresa que tiene de inversor principal a otra sociedad cuyo mayor accionista es otra empresa en donde tiene participaciones importantes la primera. ¿Cómo es posible?: los caminos de la banca son inescrutables. Pero, ¿es todo esto legal?

PARTICIPACIONES RECÍPROCAS
El mecanismo de participaciones recíprocas puede ser tan sofisticado y complejo que blinda a las empresas ante cualquier tipo de investigación contable. Este sistema propicia, por tanto, los trasvases de capital, y permite falsear la verdadera situación patrimonial de una corporación con el objetivo de cuadrar los balances.

En teoría, el sistema de participaciones recíprocas está prohibido por ley desde el límite del 10% del capital de las sociedades participadas. Desde septiembre de 2010, la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010) regula este tipo de cuestiones –hasta esa fecha venía contenida en la derogada Ley de Sociedades Anónimas–.

En dicha normativa, la prohibición se establece tanto para las participaciones que se producen de forma directa (participaciones cruzadas), como en relación con las que se realizan mediante sociedades filiales (participaciones circulares). Sin embargo, el artículo 154 excluye del régimen de la prohibición a las participaciones recíprocas establecidas entre una sociedad filial y su sociedad dominante. Es decir, la mayoría de los casos.

AUTOCARTERA
La normativa permite también la auto compra de las acciones por parte de una empresa, ya sea de forma directa o indirecta –a través de sus filiales –. Aunque la autocartera nunca puede superar el 10% del capital suscrito de la sociedad cotizada (5% hasta 2009), el uso de filiales –que pueden encontrarse domiciliadas en otros Estados e incluso en paraísos fiscales– garantiza la opacidad de este tipo de operaciones. Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco Santander tenía en marzo de 2011 una autocartera del 0,324% de las acciones (sobre los 250 millones de euros).

Roberto Mazorra.
Diagonal-Cantabria
Redacción
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lunes, 25 de abril de 2011

¡Inadmisibles Insolidaridades!

1) La de quienes evaden sus responsabilidades fiscales -para compartir democráticamente y hacer que todos tengan acceso a un sistema de Seguridad Social y de salud, a una educación gratuita, a servicios básicos de calidad….- depositando su dinero en “paraísos” que guardan celosamente la identidad de los depositarios. Es una vergüenza colectiva. Europa está “perlada” de países cuya mayor fuente de ingresos son los fondos procedentes de insolidarios evasores.

Cuando el “gran rescate” de instituciones financieras en zozobra, en noviembre de 2008, los plutócratas del G-20 aseguraron a los honrados contribuyentes que, ahora sí, se regularía el sistema bancario a escala internacional y se acabaría de una vez con los paraísos fiscales… pero incumplieron, una vez más, sus promesas.

Esta lamentable situación deben castigarla los Estados, por el daño social que implica, y regularla mediante unas Naciones Unidas reforzadas y avaladas por el conjunto de los pueblos.

Hace poco, algunas noticias ponían de relieve los miles de españoles que tienen depositadas cuentas en Suiza. Pués que se sepa… porque si es “normal” tiene que poder ser transparente… y, si se oculta, es porque no es trigo limpio.

2) Los que promueven o consienten una economía sumergida… que, a menudo, son los que más airean el número de desempleados, cuyo balance “oficial” incluye a un alto porcentaje de trabajadores “sin IVA”. Otra forma de insolidaridad patronal que debe terminarse urgentemente.

3) Los que deslocalizan en exceso la producción por codicia -igual que se utilizó España cuando éramos “país en desarrollo”-. Ha tenido lugar una inmensa deslocalización productiva hacia países donde la mano de obra es mucho más barata (y en muchos casos trabajan en condiciones laborales y humanas intolerables).

4) Los que declaran menos de lo que corresponde, utilizando argucias (legales incluidas…)

Estamos siendo acosados por una crisis sistémica, y los irreductibles beneficiarios de la globalización no cesan de tratar de permanecer y enquistarse.

Es necesaria una rapidísima reacción ciudadana para que se acabe de una vez con los paraísos fiscales, para que aflore la economía sumergida, para que se re-localice la producción que no se justifica, incluso en términos medioambientales, en lugares tan distantes del consumidor.

Todos solidarios, los problemas se solucionarán. De otro modo, seguirán los gobernantes acorralados por un mercado opaco y protegido, y los políticos harán promesas vanas pensando en los comicios electorales, sabiendo que después, si alcanzan el poder, tendrán que hacer lo que les mande el sistema… o el ridículo, como estos líderes que se desplazan en vuelos de bajo coste pero luego aplican reducciones drásticas en las subvenciones educativas y aumentan los impuestos…

Insolidaridades, no. Los pueblos ya no las aceptarán.

Federico Mayor Zaragoza

La Fuerza de la Palabra.

domingo, 24 de abril de 2011

Nadie va a la cárcel

Un amigo me advierte: la segunda parte de Inside Job (el documental que relata la Gran Recesión) se encuentra en el número de abril de la edición española de la revista Rolling Stone. En efecto, tras la portada que recuerda el aniversario de la muerte de Jim Morrison aparece un largo artículo titulado A la cárcel con los de Wall Street, con un sumario que reza: "Los delincuentes financieros derribaron la economía mundial, pero el sistema está haciendo más para protegerlos que para procesarlos".

Las tesis de la película y del artículo de Rolling Stone coinciden: nadie ha pagado por sus desmanes con la cárcel, y se ha salvado, con el dinero de los ciudadanos, tanto a los bancos como a los banqueros. El autor del texto es Matt Taibbi, familiar para los que han seguido los avatares de la crisis, porque en 2009 publicó otro largo artículo sobre Goldman Sachs en la misma revista, que causó conmoción. En él describía al banco de negocios como "un gran calamar vampiro", cuyo protagonismo ha sido muy activo en todas las crisis financieras de las últimas décadas. Con una peculiaridad: sus hombres, siempre en los más altos puestos del Gobierno de EE UU tanto con demócratas como con republicanos, han manipulado desde el interior del mismo las regulaciones financieras y los mercados de valores.

Taibbi atrae inmediatamente la atención del lector con el arranque del artículo: "Nadie va a la cárcel. Ese es el mantra de la era de la crisis financiera, la que ha visto a casi todos los grandes bancos y compañías financieras de Wall Street enredados en escándalos que han empobrecido a millones de personas y han destruido billones de dólares de la riqueza mundial, y nadie ha ido a la cárcel. Nadie salvo Bernie Madoff, un célebre y extravagante artista del timo cuyas víctimas resultaron ser otras personas ricas y famosas". Para Taibbi, los fraudes cometidos son crímenes que implican una elección intelectual, cometidos por personas que ya son ricas y que tienen todas las ventajas sociales que se pueden poseer y que actúan siguiendo un cálculo muy cínico: vamos a robar lo que podamos y luego a ver si las víctimas son capaces de reclamar su dinero a través de una burocracia cautiva. Estos mafiosos atacan la misma definición de la propiedad, que depende en parte de un sistema legal que ha de defender por igual todas las demandas sobre este asunto.

El periodista defiende en su artículo que se sustituya el sistema de multas con las que teóricamente se penaliza a los que defraudan (ya que las personas que cometieron los abusos nunca son los que las pagan: los bancos que han defraudado a sus accionistas suelen usar el dinero de estos para pagar las cuentas con la justicia) por penas de cárcel. Y pone un ejemplo con una de sus bestias negras: "Metes a Lloyd Blankfein [presidente ejecutivo de Goldman Sachs] seis meses en la cárcel y toda esta mierda se acaba".

Joaquín Estefanía
El País
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martes, 19 de abril de 2011

Creadores de sombras

A medida que la crisis económica avanza en el tiempo, nos olvidamos de sus comienzos y de sus causas mientras intentamos buscar salidas que cada vez se ven más lejanas. Al comienzo de la crisis, algunos gobiernos se plantearon la posibilidad de corregir los problemas e injusticias más evidentes de nuestro sistema económico. El caso más paradigmático es el de los paraísos fiscales, que llegaron a ser señalados como los causantes de la crisis financiera. Ahora es como si, de repente, nada de esto existiese.

Esta cuestión parece haber quedado en el olvido ante las dos prioridades de casi todos los gobiernos: reducir el déficit público y reestructurar el sistema financiero. Es obvio que los estados no pueden gastar por encima de lo que ingresan de forma indefinida y que los sistemas financieros son imprescindibles para el funcionamiento adecuado de la economía. No obstante, estos objetivos necesarios no son incompatibles con la lucha contra los abusos de los paraísos fiscales.

Empecemos por señalar lo obvio: los paraísos fiscales tienen muy pocos impuestos y compiten por captar capitales del exterior. El uso de paraísos fiscales y de otros territorios de fiscalidad privilegiada perjudica a las haciendas públicas y obliga a aumentar los impuestos de los que no tenemos acceso a estos territorios. En estos momentos, no sólo es un problema de justicia, de que algunos privilegiados e insolidarios de gran poder económico no paguen por los servicios públicos que utilizan, sino también es un problema grave de suficiencia recaudatoria.
Aun así, el problema fundamental de los paraísos fiscales es que son creadores de sombras: su sistema financiero funciona con una opacidad casi absoluta, resultado de la combinación de un secreto bancario blindado y una
cooperación con otros estados prácticamente nula. Como no se le escapa al lector, esta oscuridad facilita el fraude fiscal, agravando el problema de la competencia fiscal desleal que los paraísos realizan con sus bajos impuestos.

La oscuridad no sólo es evitar al fisco, también ha sido y es impunidad. Muchos delitos, la inmensa mayoría, se cometen por dinero. La forma más efectiva de perseguirlos es seguir el rastro del dinero. De hecho, el avance más importante en la lucha contra los delitos económicos es el establecimiento del delito de blanqueo de capitales, que consiste en utilizar el sistema financiero para reintroducir fondos que proceden del delito, haciéndolos pasar por dinero obtenido legalmente. Todo este esquema se viene abajo en cuanto aparece un paraíso fiscal y no se puede seguir el rastro de ese dinero, que no siempre tiene una procedencia lícita. La cuestión es importante, ya que la ONU y el Banco Mundial estiman que el intercambio transfronterizo de fondos ligados a la corrupción, el crimen organizado y el fraude fiscal asciende a una cifra entre 1 y 1,6 billones de dólares. La mayor parte se realiza a través de paraísos fiscales.

No es ninguna casualidad que los dictadores del Tercer Mundo, los mafiosos de toda condición, los traficantes de armas y también los grandes beneficiarios de los casos de corrupción más importantes tengan su dinero a buen recaudo en paraísos fiscales. En consecuencia, la lucha contra los paraísos fiscales no sólo es la lucha contra el fraude fiscal y la injusticia más radical en el reparto de las cargas públicas, sino fundamentalmente es la lucha contra todo tipo de delitos económicos, para evitar así que sus autores se lucren con el beneficio de sus delitos.

Que la lucha contra la utilización de los paraísos fiscales es un elemento clave en la lucha contra el fraude fiscal y, por tanto, ayuda a la recaudación fiscal y a la lucha contra el déficit, no necesita mayor explicación. Otra cuestión que quizás no sea tan evidente es que para reformar el sistema financiero es necesario que una parte de él no funcione sin reglas y en la opacidad más absoluta. En consecuencia, para la salida de la crisis resulta muy conveniente limitar el papel que han jugado los creadores de sombras en el sistema financiero y fiscal internacional.

Como el problema de los paraísos fiscales es común a toda la comunidad internacional, la mejor respuesta siempre es la coordinación internacional. Sin embargo, tras unos inicios prometedores, la respuesta internacional sólo está obligando a estos territorios a firmar acuerdos de intercambio de información, muy a menudo con otros paraísos fiscales. De momento, y por decirlo de forma suave, no se ven resultados claros.

Uno de los problemas es la falta de impulso político. El liderazgo de esta iniciativa debía corresponder a Estados Unidos. Si la primera potencia presionara a estos territorios, sería mucho más fácil para los demás estados seguir su estela. Curiosamente, el actual presidente, Barack Obama era uno de los tres promotores de la propuesta legislativa más ambiciosa contra los paraísos fiscales: Levin-Coleman-Obama Stop Tax Haven Abuse Act (Ley de Alto al Abuso de los Paraísos Fiscales). Aun así, esta propuesta sigue languideciendo en el Congreso de Estados Unidos. No parece probable que el Tea Party vaya a tomar el relevo… Paradójicamente, a día de hoy, a los banqueros de estos territorios les preocupan más los jueces y sobre todo la fuga de información y Wikileaks que la presión política.

Aun así, desde España se podría hacer algo más: establecer tasas a las operaciones con paraísos fiscales, negar personalidad jurídica a las sociedades radicadas en los mismos u obligar a nuestros bancos a no operar desde paraísos fiscales; o al menos dar la misma información a las autoridades administrativas y judiciales que los bancos españoles. Es un mandato muy antiguo, desde el Génesis a Platón, contra los creadores de sombras. Fiat lux: Hágase la luz.

Francisco de la Torre Díaz es portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda

Fuente: Público

lunes, 18 de abril de 2011

DINERO Y CONCIENCIA. ¿A QUIEN SIRVE MI DINERO?


Charla ofrecida por Joan Antoni Melé, subdirector de Triodos Bank en Murcia, el 7 Abril 2011. Dinero y conciencia ¿A quién sirve mi dinero?.

Joan Antoni Melé habla sobre los fundamentos para crear una nueva economía y la necesidad de una toma de conciencia. Melé es autor del libro "Dinero y conciencia. ¿A quién sirve mi dinero?", publicado por Plataforma Editorial. El libro recoge por escrito el discurso desarrollado por Melé en las más de 400 conferencias que ha ofrecido por toda España.




Joan Antoní Melé. Subdirector Triodos Bank. Murcia. Parte 1. from attac murcia on Vimeo.



# Joan Antoní Melé. Subdirector Triodos Bank. Murcia. Parte 2 from attac murcia on Vimeo.



Joan Antoní Melé. Subdirector Triodos Bank. Murcia. Parte 3. from attac murcia on Vimeo.

sábado, 16 de abril de 2011

Robin de los bosques o la justicia fiscal

Ante el próximo G20, se está haciendo una movilización muy importante tratando de que, a efectos de ordenar el sistema financiero, controlarlo y además obtener fondos para mantener los sistemas sociales y poder luchar contra la pobreza y el cambio climático etc., se impongan unos impuestos sobre las transacciones especulativas financieras de dinero, que ni tributan, ni aportan nada a la sociedad, salvo beneficios a bancos y especuladores. Hablando muy claro, los ricos del mundo y los grandes fondos de inversión, no pagan impuestos.

Estamos pues ante un acto de injusticia y de insolidaridad, que hay que remediar y ponerle coto. Pero también proponemos una solución alternativa, real y posible a la crisis económica mundial. Los bancos y los financieros son los que han provocado esta crisis, que tanto paro, quiebras y ruina está produciendo sobre todo en Occidente y en el mundo empobrecido. Los ITF, basados en la filosofía y la propuesta de Tasa Tobin, pretenden regular y controlar los flujos de capital, además de recaudar. Por eso tienen tantos enemigos, en especial entre todos los poderosos.

Dicho esto, y teniendo en cuenta que esta campaña es muy amplia y plural, hay que aclarar que, en opinión de ATTAC y la mía propia, aplicar un impuesto a los capitales transnacionales y no suprimir a la vez los Paraísos Fiscales, es como meter agua en un cesto. No podemos poner un impuesto en marcha y además dejar una espita para que bancos y fondos de inversión burlen la fiscalidad a través de los citados territorios fuera de control.

Los Paraísos Fiscales son el verdadero cáncer del sistema-mundo económico, y de hecho la mayoría de los bancos privados tienen en ellos sucursales o segundas marcas. Así pues ITF y la no supresión de estos territorios piratas son incompatibles. Entiendo que esto hay que dejarlo claro, o bien se perderán muchos posibles ingresos.

ATTAC, que lleva ya años en esto -de hecho, comenzó esta lucha- lo debe decir alto y claro y, al menos personalmente, deseo clarificar que esta campaña no tiene como objetivo robar a los ricos para dárselo a los pobres cual Robin Hood: es impedir que los ricos sigan robando a los pobres, a las clases populares y a la sociedad en su conjunto al no pagar impuestos, y por tanto no contribuir a mantener los estados sociales y/o del bienestar, a la lucha contra el hambre y la pobreza, al desarrollo sustentable y posible, y a la defensa de la madre tierra.

Las finanzas son el corazón del sistema y por tanto hay que controlarlas por el bien común y para lograr otro mundo. Las finanzas además deben estar al servicio de la economía productiva, y no ser un fin en sí mismas. Por todo eso, ATTAC reclama la socialización o democratización de la banca y su control público. Por eso ATTAC exige la justicia fiscal global y también acabar con la pobreza, pero con toda la pobreza, esté donde esté.

Carlos Martínez – Presidente de ATTAC España.

jueves, 14 de abril de 2011

Attac TV: Querella contra las Agencias de Calificación en España


Attac TV:
Querella contra las Agencias de Calificación en España

http://www.attac.tv/altermedia/2011/04/1751


El 28/03/11 se dió a conocer la querella criminal que se ha presentado en nuestro país contra las Agencias de Calificación Crediticia MOODY´S ESPAÑA, FITCH RATINGS ESPAÑA Y STANDARD AND POOR´S ESPAÑA; siendo impulsada ésta por ATTAC, Unión por las Libertades Civiles, Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, IU, ICV y ERC.

lunes, 4 de abril de 2011

Las agencias de «rating» desatan la ira europea

Metieron la pata hasta el fondo. Fueron incapaces de prever la caída de imperios como Enron, Lehman Brothers o AIG, por citar solo tres de una larga lista de ejemplos. Es más, hasta el mismo momento en el que mordieron el polvo, esos gigantes con pies de barro exhibían sus mejores recomendaciones. Y, pese a errores tan garrafales, nadie las ha oído entonar ni siquiera algo parecido a un mea culpa. Ahora se pasean por Europa sacudiendo los cimientos del Estado del bienestar con cada nueva rebaja. Y eso porque los clamorosos fallos cometidos en el pasado no han erosionado ni un ápice su poder.

Hablamos de las agencias de calificación de riesgos. Esas que se dedican a recortar sin piedad las calificaciones de la deuda de algunos países europeos (España, entre ellos) en el peor momento, causando con ello un gran daño a sus ya vapuleadas finanzas públicas. Porque, no hay que olvidarlo, la consecuencia más inmediata de un rebaja de rating es el encarecimiento de la refinanciación de una deuda a la que, con esa losa a la espalda, no le queda otra que multiplicarse de manera exponencial.

Esas mismas que hicieron leña de Grecia y acaban de colocar a Portugal solo un peldaño por encima de los bonos basura. Pero también aquellas cuyas calificaciones enarbolaban con orgullo no hace mucho los mismos Gobiernos que ahora las demonizan.

¿Quiénes son?

Hay muchas, unas 170 en todo el mundo. Pero son solo tres las que de verdad se reparten el pastel de las calificaciones: Moody?s, Standard & Poor?s y Fitch. El tridente controla más del 90% del mercado. Las dos primeras son las más potentes, con casi el 80%.

¿Qué significan sus calificaciones?

Sus notas van desde la codiciada triple A, que viene a significar que es más fácil que las ranas críen pelo que quien la exhibe deje de pagar su deuda. Hasta la D, que viene a decir todo lo contrario, algo así como «olvídate de tu dinero porque no lo volverás a ver». En el medio están los bonos basura, nivel a partir del cual la inversión se considera altamente especulativa porque las probabilidades de no recuperar lo invertido son muy elevadas. Grecia ya está en esa situación y Portugal, a un paso.

¿Quién les paga?

Cuando nacieron, a comienzos del siglo XX, tras el llamado pánico bancario que hundió Wall Street en octubre de 1907, los que pagaban sus servicios eran los inversores. Pero eso generaba conflictos de información privilegiada. Y, con el paso del tiempo, cuando los análisis se hicieron más profundos y los costes más elevados, la factura acabó en manos de los calificados: Gobiernos, empresas, bancos y cajas, entre ellos. Un modelo de negocio muy criticado, en tanto que se puede pensar que no es muy conveniente contrariar al cliente.

¿Cuánto le cuestan a España sus notas?

No hay cifras oficiales, pero las oficiosas hablan de que la factura que abona cada año el Gobierno a las tres agencias se mueve en una horquilla que va desde los 360.000 hasta los 530.000 euros.

¿Por qué son necesarias estas calificaciones?

Nos guste o no, lo cierto es que los inversores no se fían de una emisión de deuda que no esté bajo el paraguas de, al menos, una de las tres grandes. Se puede apelar al mercado sin rating, pero seguro que el que compre los títulos va a exigir una rentabilidad mucho mayor para confiar su dinero al emisor.

¿A quién pertenecen?

En el caso de Moody?s, su principal accionista es el multimillonario inversor estadounidense Warren Buffet, que, a través de su compañía, Berkshire Hathaway, controla el 12,3%. Entre sus propietarios figura también la mayor gestora mundial de fondos de inversión, Blackrock. Standard & Poor?s es una filial de la editorial estadounidense McGraw-Hill. El mayor accionista de Fitch es la firma francesa de servicios de inversión Fimalac, presidida por Marc Ladreit, una de las mayores fortunas de Francia.

España paga cada año entre 360.000 y 530.000 euros por las calificaciones

Los mismos que hoy las demonizan exhibían sus notas con orgullo no hace tanto.

Mercedes Mora
La Voz de Galicia


El precio del paraíso

Los paraísos existen y su listado es extenso, pero disfrutar de sus parabienes solo está al alcance de las personas o empresas que gozan de mayor nivel de riqueza. Los paraísos fiscales, jurisdicciones especiales ubicadas ya en territorio continental ya en islas lejanas y exóticas, ofrecen a las mayores fortunas del mundo condiciones favorables para atraer su capital. Ventajas como el secreto bancario, un tipo impositivo muy bajo o inexistente para los no residentes, la ausencia de cooperación con las autoridades de otras jurisdicciones y una desregulación general que posibilita que el dinero fluya con rapidez y escape al 'engorroso' control de las haciendas públicas de los estados tradicionales.

La evasión fiscal y la fuga ilícita de capitales son un problema que pasa factura a la economía global, como quedó patente en el inicio de esta crisis y en las sucesivas cumbres del G-20, que han debatido fórmulas para atajarlas. Es muy difícil calcular la cantidad de dinero que mueven las jurisdicciones no cooperativas, las preferidas por algunas multinacionales, bancos e incluso redes criminales y grupos terroristas para amasar o blanquear sus ganancias.

Tax Justice Network, una coalición de ONG dedicada a promover la transparencia fiscal, sostiene que un tercio de los activos globales y más de la mitad del comercio mundial pasa por paraísos fiscales. Estima que el importe total de los fondos depositados en jurisdicciones secretas es de 11,5 billones de dólares, lo que provoca a los estados una pérdida de ingresos fiscales sobre la renta de dichos activos de unos 250.000 millones de dólares.

Eso es cinco veces más de lo que el Banco Mundial estimó en 2002 que necesita la ONU para implementar los Objetivos del Milenio y reducir a la mitad la pobreza del planeta. Ese capital también bastaría para sufragar el coste de transformar las infraestructuras energéticas del mundo para hacer frente al cambio climático.

El número de paraísos fiscales se ha triplicado en las últimas décadas y ha pasado de 25 en los años setenta a unos 72 en la actualidad, según explica el investigador José Luis Escario, coordinador del área Unión Europea de la Fundación Alternativas, en su estudio 'La lucha contra los paraísos fiscales y la evasión. Avances desde la cumbre del G-20 de Londres y próximos desafíos'. El trabajo, un informe pormenorizado sobre este fenómeno que verá la luz en forma de libro el próximo 19 de mayo, detalla cómo la mayoría de estos territorios están interrelacionados con los principales centros financieros mundiales, lo que ha ayudado a agrandar la crisis y a debilitar a algunos estados.

«La intencionadamente laxa regulación en los paraísos fiscales ha facilitado la expansión mundial de productos financieros de alto riesgo y ha vuelto muy difícil calcular la salud de las instituciones financieras con actividades y activos en estos territorios», resalta Escario.

Competencia dañina
El estudio también subraya que los esquemas fiscales de muchos de esos territorios, ansiosos por atraer capital, acentúan la «competencia fiscal dañina» y desleal entre estados. Un buen ejemplo es la hoy maltrecha Irlanda, que durante los años de bonanza atrajo gran número de inversiones de multinacionales gracias a su bajísimo impuesto de sociedades (12,5% de los beneficios, frente al 30% de media en el resto de Europa).

Pero eso no es todo. La fuga de capitales empeora, además, el déficit de los países y les obliga a recurrir a préstamos del exterior, y a la larga a subir los impuestos a sus ciudadanos y a recortar gasto social. En el caso de Europa, la espiral ha llegado a poner en cuestión la viabilidad de su modelo de bienestar. En los países en desarrollo el impacto es aún más fuerte, pues sus finanzas dependen en mayor medida de los impuestos de las multinacionales. Esos recursos provenientes del pago de tributos no pueden reemplazarse por otras fuentes de financiación como la ayuda oficial al desarrollo o la deuda, dependientes ambas de factores externos y, por tanto, más volátiles.

Global Financial Integrity calculó en otro informe reciente que los flujos ilícitos que salieron de países en desarrollo aumentaron desde 1,06 billones de dólares en 2006 a 1,26 billones en 2008. Las implicaciones de esas 'fugas' sobre la economía son profundas: el importe es diez veces superior al de la ayuda oficial al desarrollo destinada a países necesitados. Eso significa que por cada dólar de ayuda que llega a esos países, diez dólares se escapan a través de los canales ilegales. Pobreza, atraso y falta de acceso a recursos básicos como sanidad y educación son su consecuencia más dramática.

La lucha contra las prácticas nocivas de los paraísos fiscales cobró gran relevancia durante la última recesión, en particular en la cumbre del G-20 de Londres (abril de 2009). Sin embargo, José Luis Escario detecta que desde entonces se ha producido «un paulatino desvanecimiento» del impulso inicial.

Entre las soluciones que propone este experto para luchar contra los territorios no colaboradores está la confección de listas 'negras', la mejora de la cooperación y el intercambio de información entre los estados y la implantación de un sistema de sanciones colectivo, más disuasorio que el actual sistema, que deja en manos de cada gobierno la iniciativa de proponer, de forma particular, 'castigos' a las jurisdicciones no cooperativas.

César Calvar.
El Diario Montañés

domingo, 3 de abril de 2011

El ladrillo y la política ahogan a la CAM

En septiembre de 2006 se pinchó la burbuja inmobiliaria. El incremento del crédito hipotecario tocó la locura con una tasa del 25,7% y empezó a bajar en picado. Unos meses antes del escalofriante acontecimiento, había alguien que no lo esperaba. Era el gestor de la cuarta caja de España, con casi 50.000 millones en créditos entonces, 1.000 oficinas y 7.000 empleados: Roberto López Abad (Alcoy, 1955). Fue director general de la Caja del Mediterráneo (CAM) hasta hace unos meses, puesto en el que ha estado 10 años, tras cumplir 39 en la entidad procedente de la Caja del Sureste. López Abad afirmó en marzo de 2006: "Vemos un horizonte positivo en el mercado inmobiliario. Es el momento de hacer apuestas para crecer. Nos queda una capacidad de recorrido inmensa. El potencial es enorme cuando dispones de una organización entrenada y una cultura de éxito. Podemos llegar a ser la tercera caja" (es decir, superar a Bancaja, una de las grandes obsesiones de los alicantinos que tantos disgustos les ha provocado).

Es fácil criticar a toro pasado, pero estas declaraciones dejan pocas dudas sobre el problema de la maltrecha a la CAM: el ladrillo y su peor deriva, el suelo. Si a esta droga se añade la enorme injerencia política de Francisco Camps y de su antecesor en la presidencia de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que se valieron de gestores dóciles, el naufragio de la caja estaba servido. La CAM, al igual que Bancaja, financió la faraónica Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la Ciudad de la Luz, de Alicante, que iba a ser un plató cinematográfico más grande que los de la Paramount, y el ruinoso parque temático de Terra Mítica. Además, prestó 780 millones a la Generalitat y está en los charcos de Polaris Word de Murcia, Martinsa y es uno de los principales financiadores de viviendas vacías de la ciudad fantasma de El Pocero en el erial de Seseña (Toledo).

Pero lo peor es que está entre los que más crédito promotor acumulan: admitió tener 11.000 millones, pero algunos estiman que estará cerca de los 16.000 millones, casi el 30% del total del crédito. Además, participa en 66 sociedades con promotores y constructores que son una caja de sorpresas porque pueden tener suelo a un precio imposible de recuperar. Estas sociedades, creadas por muchas más cajas y bancos, son uno de los agujeros negros del sector. En 2010 la CAM renegoció 2.100 millones en ladrillo para evitar que entraran en morosidad, cuya ratio oficial es del 8,7%. Las apuestas en el mercado son que se doblará en pocos meses.

En resumen, la entidad creció sin seguir el manual del buen gestor financiero: en poco más de tres años, entre 2003 y 2005, en lo mejor de la burbuja, duplicó el balance. En el caso de su eterno rival, Bancaja, tardó cuatro años. Como récord, no está mal.

Estas losas pesaron mucho en la frustrada formación del Banco Base, la alianza en la que estaba la CAM, Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura hasta el miércoles pasado. Los problemas de solvencia de los alicantinos, según sus exsocios, y su falta de agilidad para aceptar una salida pactada, propiciaron el fracaso. Tras perder el escudo del grupo, las vergüenzas de la CAM han quedado al descubierto cuando se ha visto obligada a pedir 2.800 millones al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para alcanzar el 10% de capital mínimo exigido por el Gobierno.

Los expertos creen que esta enorme inyección de dinero provocará que el Estado controle la caja al hacerse con la mayoría (entre el 55% y el 75% de las acciones) del banco al que la CAM trasladará su negocio financiero. "La clave es saber en cuánto valoran los competidores a la entidad. Eso determinará su posible colocación", señala Joaquín Maudos, catedrático del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). El sector no se cree que se pueda adjudicar sin que el FROB (es decir, todos los españoles) entregue un cheque a fondo perdido por más de 2.500 millones. El Santander es el mejor colocado, pero el BBVA y La Caixa también lo estudiarán.

Llegan momentos difíciles para López Abad, economista y máster por el IESE, que alcanzó su puesto después de que Zaplana fulminara a su antecesor, Juan Antonio Gisbert, considerado cercano a los socialistas, por oponerse a la fusión de Bancaja con la CAM. También son tiempos amargos para el presidente Modesto Crespo (Elche, 1943), empresario que inició su carrera con un concesionario de coches y llegó al puesto en 2009, bajo la tutela de Camps. Su antecesor, Vicente Sala, dejó el sillón tras cumplir 70 años. Previsiblemente en próximas semanas, el fondo de rescate sustituirá a los gestores por otros directivos bancarios prejubilados.

Ejecutivos de otras cajas, que piden el anonimato, explican que "todo esto no ha ocurrido por mala suerte. El problema de jugar a la política y a las finanzas es que cuando explota la entidad resulta muy cara de reconstruir y los pagamos entre todos".

Tampoco es casualidad que las tres entidades financieras valencianas atraviesen momentos difíciles. Además de los problemas de la CAM, calificada como bono basura por la agencia Fitch, Bancaja, incorporada a Bankia, fue la que reconoció tener más inmuebles adjudicados. Ahora Bankia, capitaneado por Caja Madrid, ha admitido ser el dueño de más suelo de toda España, incluidas las inmobiliarias. Por último, el Banco de Valencia, filial de Bancaja, ha sido considerado bono basura por Moody?s.

Pese a este panorama, la CAM rompió con los asturianos. Desde el Banco Base afirman que se frustró porque a última hora presentó unas cuentas que triplicaban el agujero, que llegaba a los 5.000 millones. Esa ruptura no fue una novedad para los alicantinos. Ya lo hicieron antes con Bancaja, Caja Murcia, BBK, y Caja Madrid. Los competidores comentan que la CAM es consciente de su dura realidad cuando negocia. La mejor prueba es que el miércoles pasado, poco antes de pedir ayudas públicas, aprobó dar dividendos a sus cuotas participativas, que no se han hundido en Bolsa porque las sostiene su gestora "El acuerdo más completo era el de la BBK. Aportaba capital y equipo de gestión, mejor que el que tiene Cajastur. Quién sabe si ahora no lo volverá a intentar con las cajas vascas... Aquel acuerdo lo rompió Camps porque no quiso ceder la sede en Alicante ni bajar del 50% el capital del banco", dice un ejecutivo conocedor de la operación. El sarcasmo mayor lo protagonizó el presidente Camps, el miércoles pasado cuando declaró que "toda la culpa de lo que le ha ocurrido a la CAM la tiene el Banco de España". El supervisor se pasó un año avisando, pero sin forzar un acuerdo, por lo que será criticado en esta crisis. Pero sin duda Camps podrá ayudar al supervisor a detectar los agujeros de la entidad alicantina.

Íñigo de Barrón.
El País


sábado, 2 de abril de 2011

Navegaciones. Compendio mínimo de sabiduría neoliberal

La religión ha muerto. La cultura ha muerto. El deporte ha muerto. El amor ha muerto. La política ha muerto. La información ha muerto. La única relación social que sobrevive es el comercio, y eso demuestra la validez del postulado sobre la supervivencia del más apto.

De la física

Premisa (A): Todo lo cuantificable es intercambiable.

Premisa (B): Cualquier fenómeno natural es susceptible de expresarse en números, dólares, euros o libras esterlinas.

Conclusión (C): Cuanto existe en el cosmos es intercambiable en el mercado.

Si Newton volviera a nacer, agregaría a sus leyes la de la expansión infinita de las corporaciones y eliminaría, de esa forma, el molesto horizonte de la entropía.

De la moral

El fin arruina los medios.

La ética es la madre de todas las derrotas.

La muerte del adversario es un derecho natural.

El bienestar ajeno es inaceptable, a menos que genere utilidades.

La dignidad es el lastre de la eficiencia.

La nuestra es una cruzada de los valores accionarios contra los valores morales.

La frase la vida humana no tiene precio es un sinsentido. Lo sabe perfectamente cualquier vendedor o agente de seguros que se gana la vida cotizando vidas ajenas.

Todos los medios son lícitos para acabar con tu enemigo, incluso la fusión con él.

Si no puedes contra el enemigo, únete a él y dota a tu división, empresa, institución o región del mundo, de un Código de Ética.

No te avergüences de nada más que de sentir vergüenza.

De la sociedad

La única organización Sin Fronteras realmente exitosa es el capital.

Debemos esforzarnos por propiciar la devastación social, porque es en los escenarios sociales más devastados donde se encuentran las mayores oportunidades de rentabilidad.

No menciones la identidad; lo correcto es imagen corporativa. No digas país, sino mercado. No hables de ciudadanos, sino de consumidores. Prefiere televidentes a feligreses. Di socios, no amigos.

De la política

Los países y las soberanías son inventos de adultos demagógicos para asustar a niños inversionistas que no quieren dormir.

Círculo virtuoso: acumular para adquirir poder, adquirir poder para acumular.

Antes un Estado padrote que un Estado paternalista.

Las fronteras deben ser benévolas con todas las cosas (especialmente si se trata de billetes, armas y drogas), e inexpugnables para los seres humanos que intentan cruzarlas, salvo cuando tengan por destino el mercado de esclavos o sean accionistas de éste.

Sólo hay dos clases legítimas de guerra: la preventiva y la humanitaria.

Para ingresar su clave de acceso a Forbes: exprésese contra los monopolios mientras conforma el suyo. Si no tiene éxito por la vía del mercado, inténtelo por medio de la legislación y las regulaciones gubernamentales amigables hacia su empresa.

El verbo gobernar es obsoleto. Utilícese, en cambio, concesionar.

De los afectos

Compra la simpatía, arrienda el amor, transfiere la envidia a una cuenta de terceros y endosa a otro nombre la factura del odio.

Si tu madre te dice que te quiere, exígele un fiador con bienes raíces que garantice la autenticidad de su aserto.

¿Para qué prodigarnos, si podemos vendernos?

La compasión es objeto de ahorro. Ostenta la tuya hacia quienes no la requieren y no la desperdicies en quienes necesitan de ella.

De Dios & Co.

Si el dinero confía en Dios, Dios tiene que confiar en el dinero.

En la época contemporánea, la Santísima Trinidad está compuesta por: Misión, Visión y Valores.

Espacio lúdico

Antepongan a las frases anteriores enunciados tales como postulado de Friedman, aforismo de Calderón, fórmula de Gurría, corolario de Bush, paradoja de Salinas, teorema de Ortiz, axioma de Zedillo, rebuzno de Fox, corolario de Menem, dilema de Sarkozy, “conclusión de Hayek, principio de Azcárraga, premisa de Gil Díaz, ley de Obama, etcétera.

Pedro Miguel
La Jornada.

Ambiciones truncadas

Hay quien opina que no existen las casualidades. Y más cuando éstas configuran una macedonia de relaciones políticas y empresariales. Que el Partido Popular de Alicante ha tenido en la CAM uno de sus principales aliados económicos no es un secreto. Tampoco que la caja ha sacado de apuros financieros a la Generalitat o que ha financiado muchos de los caprichos faraónicos de sus máximos responsables. La situación en la que hoy se encuentra la CAM es producto de una miscelánea de hipotecas políticas (de la Administración autonómica depende la elección del grueso del consejo) y una gestión excesivamente ambiciosa de su equipo directivo. El exdirector general, ahora en el frustrado Banco Base, Roberto López Abad, llevó la entidad al olimpo. Pero la CAM sufre ahora mal de altura. 2011 marcará un hito en la historia de la caja. Pero los excesos vienen de lejos.

De Zaplana a "El Pocero"
Un crédito "ventajoso". El mismo expresidente de la Generalitat, ex ministro de Trabajo y hoy ejecutivo de Telefónica, Eduardo Zaplana, recurrió a la entidad para obtener la financiación necesaria para comprarse su vivienda de 532 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana de Madrid cuando en 2002 dio el salto a la política capitalina.Las condiciones del crédito ya fueron consideradas como "ventajosas" por varios expertos en esa época. Hoy serían la envidia de cualquiera que quiere comprarse un piso y se patea las oficinas bancarias en busca de hipoteca. Un préstamo de 1,62 millones de euros, con tres años de carencia de principal y un interés de Euríbor más 0,40%.

Mucho riesgo en Seseña. En 2004, con Zaplana ya en el ministerio, el promotor y constructor Francisco Hernando "El Pocero" recibió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Detrás de El Pocero también estaba la CAM, uno de sus principales suministradores de crédito en la construcción de la polémica superurbanización en Seseña, ahora casi una ciudad fantasma con centenares de pisos sin vender.

Hay todo un baile de cifras sobre la exposición de la caja con Francisco Hernando. El Pocero llegó a tener líneas de créditos con la entidad alicantina de 276 millones de euros. Cuando estalló la burbuja, el constructor negoció intercambiar su deuda por pisos en Seseña. Hoy, la CAM trata de ponerlos en el mercado con rebajas del 30% con estrambóticos anuncios en los que invita al cliente a "colonizar" la ciudad fantasma de Francisco Hernando con el reclamo de que está a 30 minutos de Madrid.

De Terra Mítica a Enrique Ortiz
Ladrillo arriesgado. Hay otros casos similares. Se estima que Caja Mediterráneo tiene riesgos contraídos por 450 millones con el empresario alicantino Enrique Ortiz, todo un prócer local, implicado en el caso Gürtel (que salpica a Francisco Camps y su cúpula política) y el caso Brugal (en el está implicado José Joaquín Ripoll, líder del PP de las comarcas del sur). Ortiz ha sido impulsor del paralizado Plan Rabassa de Alicante y, casualidades de la vida, fue el comprador de los terrenos anexos para futuras expansiones que Terra Mítica subastó para poder superar el concurso de acreedores. En el parque temático de Benidorm, la CAM ha enterrado también muchas decenas de miles de euros. Junto a Bancaja ha tenido que provisionar más de 150 millones ante la imposibilidad del recinto de ocio impulsado por Zaplana de devolver los préstamos. La caja también da por perdida su inversión de capital en el parque temático, en el que todavía posee algo más del 20%. Los dueños del parque confían ahora en que Aqualandia termine por ejercer su opción de compra, por un precio muy inferior a los 360 millones que costó construir el complejo, para al menos dejar de asumir las pérdidas.

Inmersos en la burbuja
El agujero inmobiliario. La caja presidida por Modesto Crespo ha protagonizado otras aventuras. Es socia con el 24% de la inmobiliaria Hansa Urbana, propiedad de la familia Gadea y a la que la CAM ha financiado de forma generosa en su estrategia de internacionalización. Se estima que la exposición supera los 700 millones de euros. Hansa Urbana tiene paralizado su proyecto estrella de construcción de un complejo hotelero de lujo en el Estado mexicano de Baja California.

¿Financiera o promotora? La filial de la CAM Tenedora de Inversiones y Participaciones está enredada en más de un centenar de proyectos urbanísticos. En el primer semestre de 2010 los créditos ligados al sector inmobiliario alcanzaban los 10.000 millones de euros y los activos (viviendas y solares) adjudicados están valorados en 3.200 millones de euros. La caja, como muchas otras entidades, trata ahora de desprenderse de sus existencia, pero lo hace por goteo, para no propiciar un desplome en los precios y deteriorar sus balances. A este ritmo tardará varios años en deshacerse de su cartera inmobiliaria. Más problemático es el suelo acumulado, tanto urbano como rústico. Su precio ha caído en picado y ha obligado a la entidad a realizar fuertes provisiones.

Préstamos irrecuperables.
La CAM se ha visto afectada también por algunos de los grandes concursos de empresas ligadas ladrillo, como el de Martinsa, Llanera, Sacresa o Polaris World. Muchos de los préstamos jamás se recuperarán.


Demasiada ambición exterior
De Crédito Inmobiliario en México a Banque Marrocaine. Ha habido otras operaciones cuanto menos extrañas. Ya con la crisis azotando el sistema financiero, la CAM es embarcó en la compra en 2009 de la empresa mexicana Crédito Inmobiliario, especializada en hipotecas. Tras desembolsar 144 millones de euros en la adquisición previa autorización del Banco de España, ha tenido que inyectar otros 150 millones para enjugar sus pérdidas. También tuvo que destinar parte de sus reservas a sanear el Banque Marrocaine du Commerce Extérieur, que compró en 2007 previo desembolso de 132 millones.

Oxígeno al Consell de Camps
El riesgo público se multiplica. La CAM tampoco ha escapado a la influencia política de Camps. Tras una dura batalla con sus enemigos zaplanistas, que se partieron el brazo para no poder del control de la entidad financiero y llegaron a negociar con los socialistas el reparto del consejo de administración, el jefe del Consell logró imponer la presidencia de Modesto Crespo. Desde entonces, la Generalitat ha tenido en la caja alicantina el oxígeno necesario para relajar sus tensiones de tesorería cuando los mercados internacionales han dado la espalda a las emisiones de deuda autonómica.

La CAM compró 500 millones de euros a la Generalitat al 4,75% a 18 meses (la misma cifra que Bancaja) en otoño del año pasado. También medió en la colocación de los bonos "patrióticos" por valor de 1.500 millones, aunque en este caso a cambio de jugosas provisiones. El riesgo de la caja con la Administración autonómica se ha multiplicado por cinco el año pasado y aunque obtiene buenas rentabilidades presta dinero cuando otras entidades evitan hacerlo.

Victor Romero.
Diario Levante