viernes, 16 de septiembre de 2011

Remiendos fiscales

Una vez más el gobierno se dispone a improvisar en materia fiscal y a tomar medidas que ni van a ser decisivas para afrontar la crisis y ni siquiera parece que le vayan a proporcionar el rédito electoral que se busca.

Aunque aún no se sabe en qué condiciones, a propuesta del candidato Alfredo Pérez Rubalcaba se va a recuperar el impuesto sobre el patrimonio con la idea, bastante alejada de la realidad como enseguida explicaré, de que así se va a conseguir que también “paguen los ricos”.

Casi todo el mundo acepta ya que fue un error dejar en suspenso el impuesto del patrimonio, aunque solo fuese un impuesto “chivato” que sirve más para destapar otras fuentes de renta que para proporcionar una potente fuente de recursos, 2.000 millones de euros en su último ejercicio. Un error seguramente consecuencia de la desubicación con que el ejecutivo afrontó el inicio de la crisis.

Recuperarlo está bien en todo caso pero eso es una cosa y otra que de esa manera se vayan a conseguir avances sustanciales en la justicia fiscal y en la progresividad de nuestro sistema impositivo.

Esto último se consigue actuando sobre el conjunto de los impuestos y no solo sobre uno en particular y, sobre todo, evitando que haya personas o fuentes de ingreso o riqueza que puedan eludirlos con la facilidad con que ahora lo hacen.

El impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es el más progresivo, deja prácticamente de serlo precisamente cuando se trata de las rentas más altas. Estas ahorran mucho más y como los tipos sobre el ahorro son mucho más bajos que los del trabajo, resulta que así se ven extraordinariamente favorecidas. Según las memorias del impuesto, un 60% aproximadamente de las rentas mayores a 600.000 euros proceden de ganancias patrimoniales y del capital mobiliario que tributan entre el 19 y el 21% y solo un 28% del trabajo, que a ese nivel tributarían al 45%. Eso quiere decir que el tipo efectivo que soportan las rentas mayores a 600.000 euros es, de media, tres o cuatro puntos inferior al que soportan rentas, por ejemplo, de entre 100.000 y 120.000 euros.

A eso hay que añadir que las rentas más altas, las de “los ricos” a los que ahora se les quiere hacer pagar solo aumentando el impuesto del patrimonio, son las que principalmente se benefician de desgravaciones como las de la vivienda o de inversión en pensiones privadas, que supusieron un gasto fiscal de 4.400 millones de euros y 1.450 millones, respectivamente, en 2010. Es decir, casi tres veces más que lo que se recaudaba por el impuesto de patrimonio.

Semejante falta de progresividad se da en el impuesto sobre sociedades que privilegia a las grandes empresas en perjuicio de las pequeñas y medianas que son las que crean la inmensa mayor parte del empleo en España.

Así, unas estimaciones señalan que las que tienen una cifra de negocios inferior a los 10.000 euros soportaban un tipo efectivo del 25% en 2008, mientras que el de las que superan los 1.000 millones era del 17% gracias a las múltiples deducciones y vías de escape que disponen para rebajarlo. Otras muestran que en realidad el beneficio empresarial no paga más  del 10% a la hacienda pública.

Que un gobierno que sistemáticamente se ha negado a revisar al fiscalidad (si es que se le puede llamar así) de las SICAV o que no ha tomado medidas efectivas para evitar que los grandes patrimonios y los bancos sigan operando en paraísos fiscales intente vender ahora la idea de que va a hacer que los ricos paguen gracias a un impuesto sobre el patrimonio jibarizado es realmente poco creíble.

Si de verdad se quiere avanzar hacia una mayor justicia fiscal lo que hace falta es menos demagogia sobre el pago de los ricos en un impuesto prácticamente irrelevante y evitar las vías de injusticia y regresión distributiva que hacen que las rentas más altas disfruten de tantas posibilidades para evitar el pago de impuestos en las mismas condiciones que el resto de la sociedad.

Para ello hay que avanzar en la elevación de los tipos sobre las ganancias del capital y sobre el ahorro para igualarlos, al menos, a los del trabajo y eliminar todo el enjambre de deducciones y gastos fiscales sumamente regresivos que están haciendo que el efecto de los impuestos sobre la desigualdad en España sea mucho más bajo que en los países de nuestro entorno europeo. En lugar de haber mantenido un discurso reaccionario sobre la bondad de bajar impuestos en la línea del pensamiento neoconservador lo oportuno hubiera sido abrir un frente efectivo de lucha contra el fraude y contra la economía sumergida que hubiera permitido aflorar e ingresar quizá quince o veinte veces más dinero que el que proporciona el impuesto sobre el patrimonio, por muy necesario que éste sea. Además, no basta con un impuesto sobre el patrimonio casi simbólico. Son necesarios otros potentes sobre las grandes fortunas, sobre los beneficios extraordinarios y sobre las transacciones financieras.

Y sobre todo, hay que tener en cuenta que los impuestos solo son al fin y al cabo una vía que puede paliar las injusticias e ineficiencias que terminan provocando grandes males económicos pero que no pueden eliminarlas por completo. Nadie se puede creer que se está luchando contra la injusticia que supone el que los beneficiarios de rentas altas no paguen cuando con la mano pequeña se les quita y con la grande se les da.

Me refiero a que se calcula que la banca pagará algo menos de la mitad (1.100 millones) de lo que se podría recaudar con el nuevo impuesto sobre el patrimonio (unos 2.500 millones). Pero al mismo tiempo que aprueba eso, el gobierno se dispone a elaborar deprisa y corriendo una norma que legitima la inclusión de los fraudulentos 'swaps' y cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios que proporcionan las entidades financieras. Cláusulas que según la Asociación de Usuarios de Banca, Cajas y Seguros les proporciona beneficios extraordinarios (y moralmente muy condenables) por valor de entre 3.500 y 7.000 millones. O que no hace nada para prohibir las comisiones abusivas. No sirve de mucho hacer pagar un poco más a los ricos en algún impuesto si luego se le conceden privilegios que les permiten recuperar sobradamente sus contribuciones fiscales.

Juan Torres López
Ganas de escribir