jueves, 13 de octubre de 2011

Si el paraíso fiscal es Europa

Varios artículos del debate sobre El rumbo de Europa (1) ponen de relieve el “pecado original” de una Unión Europea fundada en una moneda única y un mercado único sin un gobierno democrático y representativo ni una integración normativa, política y fiscal real. Ante la crisis de las cuentas públicas y los ataques especulativos que han hecho peligrar la estabilidad de ciertos países e incluso de la propia UE, la ausencia de una política fiscal compartida a nivel europeo es de importancia crucial. 

Admitamos por un momento que el punto clave de la crisis actual sea la situación real de las cuentas públicas de algunos países y no las maniobras especulativas basadas en los seguros de impago de deuda y las ventas al descubierto, que juegan con los títulos de Estado como si fueran fichas de casino. Olvidemos también que los desequilibrios actuales se deben a la necesidad de salvar el sistema financiero que había provocado la crisis, y también al hecho de que se haya descargado el exceso de deuda del sistema financiero sobre los Estados, y estos, a su vez, sobre los ciudadanos.

Dejando de lado estos “detalles” y dando por sentado que es necesario poner orden en las cuentas públicas, se puede afirmar grosso modo que para reducir el déficit y la deuda se pueden tomar dos caminos: disminuir los gastos o aumentar los ingresos. El empuje neoliberista que aún hoy anima las instituciones internacionales (a partir del FMI) y gran parte de las instituciones europeas ha llevado a considerar principalmente la vertiente del gasto. La solución a la crisis son, pues, los planes de austeridad, los recortes del gasto público y demás. Se ha escrito mucho sobre los efectos depresivos que tienen semejantes decisiones. Si se quisiera perseguir la idea de reducir los gastos, hay campañas como las de Sbilanciamoci! que demuestran que hay otras decisiones que se podrían tomar en el caso de Italia. Sin sacrificar servicios sociales ni pensiones, sin pedir una vez más a los de siempre que paguen por una crisis de la que no son responsables en absoluto. Nuestro gobierno mantiene en pie uno de los programas militares más costosos de la historia: 15.000 millones de euros para adquirir 131 cazabombarderos (www.disarmo.org). Más o menos la misma cifra costará la Alta Velocidad en Val di Susa, un proyecto con impacto devastador contra el que se opone toda una comunidad.

Si hay decisiones distintas que se pueden tomar por el lado del gasto, se podría hacer mucho más por el lado de los ingresos. El sistema fiscal actual, en Italia así como en gran parte de los países europeos, es inicuo y está inclinado a favor de las clases más ricas. Basta con pensar en los impuestos bajos o nulos de las rentas financieras respecto a los que se aplican al trabajo o los consumos. En este sentido, resulta emblemática la reciente decisión del gobierno italiano de aumentar el IVA mientras Europa se mueve hacia un impuesto de las transacciones financieras (www.zerozerocinque.it), o también el prejuicio ideológico que paraliza, antes de nacer, el debate sobre los impuestos patrimoniales. Estas medidas conducen a un empeoramiento de la distribución de la renta y empujan los capitales hacia una mayor financiarización, ya que fiscalmente resulta más conveniente lanzarse a actividades puramente especulativas que a inversiones en economía real.

No se trata únicamente de justicia fiscal o social. El progresivo desplazamiento de la riqueza de los salarios a las rentas financieras y el consiguiente empobrecimiento de los trabajadores ha traído consigo el exceso del endeudamiento y, en último término, representa uno de los factores clave del estallido de la crisis. Así pues, una política fiscal distinta destinada a la redistribución de la renta debería ser el primer escalón para construir una respuesta duradera a la crisis.

En cuanto a los ingresos, tanto a nivel de los países como a nivel europeo, hay una cuestión fundamental relacionada con la evasión gigantesca y la elusión fiscal. Si los problemas de Grecia son numerosos y complejos, empezando por las operaciones en derivados empleadas para maquillar las cuentas públicas y esconder la trayectoria real de la deuda, la crisis en el país helénico está relacionada en parte con la fuga de capitales de empresas y las personas más ricas.

En Italia la evasión fiscal se estima en 159.000 millones de euros anuales. Sumando a esta cifra la “facturación” de la corrupción, la economía sumergida y las mafias, se calcula que, en conjunto, una suma de unos 500.000 millones de euros anuales se escapa del fisco italiano. Con una imposición acorde con los tributos que se pagan por los beneficios y el trabajo, es decir, del 30%, teóricamente se saldaría la deuda pública italiana en una docena de años.

Cabe afirmar que la situación es más paradójica aún si se mira a la Europa del mercado y la moneda únicos, donde cada país salvaguarda su autonomía fiscal. Esta situación ha conducido a una competencia a la baja entre Estados en cuestión de impuestos con el fin de atraer empresas y capitales. El caso de Irlanda es paradigmático: ese país ha apostado por una desregulación salvaje de los mercados financieros y por una imposición sobre las rentas de las empresas de un 12,5%, la más baja de la OCDE.

Entre 2000 y 2006 los capitales que arribaron al centro financiero de Dublín -los antiguos muelles del puerto, hoy pomposamente transformados en el International Financial Services Centre- se multiplicaron por cuatro y alcanzaron los 1,6 billones de euros. Irlanda, país miembro de la UE es un candidato ideal para el transfer pricing de las multinacionales, que desplazan los beneficios a los balances de sus filiales irlandesas para pagar así el 12,5% en lugar del 30% o más que se paga en Alemania, Italia o Francia. En muchos casos, la riqueza brilla por su ausencia. Asientos contables hacen que crezcan los balances y el PIB, pero no aportan ninguna riqueza real al país. A la primera señal de dificultad, esa misma falta de reglas y controles permitió que esos capitales salieran del país dejándolo al borde del abismo.

Muchísimas multinacionales y algunas de las mayores empresas italianas abrieron sus propias compañías de seguros en Dublín. De ese modo, la sociedad matriz en Italia podía estipular pólizas en la compañía irlandesa. Como no había peticiones de reembolso, al acabar el año la filial en Italia tenía más costos en los balances, mientras que la filial en Dublín contaba con ingresos equivalentes al importe de las pólizas estipuladas, lo cual significaba menos beneficios, y, por tanto, una menor carga fiscal para la casa matriz gracias al desplazamiento de los impuestos (muy inferiores) a tierra irlandesa.

Pero Irlanda no es un caso aislado. Según un estudio reciente (Financieele Dagblad, 12 septiembre de 2011), el 80% de las 100 mayores multinacionales cuenta con al menos una filial o un trust “de confianza" en Holanda para disfrutar de las ventajas fiscales que garantiza este país. Las mayores empresas italianas no se quedan atrás. Basta con hojear los balances consolidados de las mayores empresas italianas que cotizan en Bolsa para encontrar una lista interminable de filiales y empresas controladas en Irlanda, Holanda y otros lugares. En la gran mayoría de los casos el únicos motivo para establecer en estos países grupos financieros o empresas controladas es disminuir la carga fiscal o disfrutar de las legislaciones locales para realizar operaciones que no serían posibles en Italia. Un territorio que consiente eludir o evadir una ley del país de origen representa la definición de paraíso fiscal en su acepción más amplia.

Las islas de Jersey y Guernsey, territorios británicos situados cerca de la costa francesa, ofrecen condiciones fiscales muy favorables para bancos, empresas y capitales. Hace algunos años se vino a saber que Jersey figuraba como uno de los mayores exportadores de bananas a la UE (http://www.guardian.co.uk/business/2007/nov/06/12). Está claro que ninguna fruta proviene de la minúscula isla del Canal, pero las grandes multinacionales del agrobusiness pueden hacer que transiten, sólo en papel y en los balances, su comercio a través de Jersey para beneficiarse de una imposición bajísima o nula. Se aprovechan de territorios bajo control de la corona británica que permiten evitar el pago de impuestos de los distintos países europeos en los que operan.

La misma “carrera a la baja” tiene que ver con la reglamentación y los controles en materia financiera. Según un artículo del Financial Times (7 de abril de 2008), las autoridades irlandesas prometían a cualquier fondo de inversiones que presentara su estatuto antes de las tres de la tarde a autorización para operar el día siguiente. Como los reglamentos suelen estar compuestos por cientos de páginas de información técnica, esa medida equivalía a indicar a los mercados que el control sería, como mínimo, claramente superficial.

Si esta es la situación en Europa, imaginémonos qué nivel de competición hay entre jurisdicciones a escala internacional, después de treinta años de dogma económico que afirma la necesidad de dejar libres a los mercados y los capitales y de disminuir las reglas y los controles. Si bien en muchos ámbitos Europa intenta apoyar políticas ambientales, sociales y del bienestar, en cuestión de paraísos fiscales la situación europea está especialmente retrasada.

La red internacional Tax Justice Network propuso el Financial Secrecy Index, un índice que permite confeccionar una lista de las jurisdicciones menos transparentes del mundo. Encabeza tan deshonrosa clasificación el Estado de Delaware en EEUU, seguido de Luxemburgo y Suiza. En las primeras diez posiciones, las únicas islas tropicales son las Cayman y las Bermudas. Nótese que ambas forman parte de los Territorios Británicos de Ultramar, vinculados estrechamente con Reino Unido.

La “virtuosa” Europa, siempre en primera línea para denunciar esas clásicas islitas tropicales, que constituyen los paraísos fiscales ideales en el imaginario colectivo, resulta muy reticente a la idea de empezar a mirar el panorama que tiene en casa.

Los paraísos fiscales son un problema de las potencias económicas. Un problema europeo en concreto. Como primer paso, hay que empezar a poner orden en nuestra propia casa. ¿Cuántas empresas nuestras tienen filiales en algún paraíso fiscal? ¿Por qué los órganos de control no prohíben a nuestras sociedades realizar operaciones en tales territorios? ¿Por qué los gobiernos y los bancos centrales no impiden a nuestros bancos abrir filiales en paraísos fiscales?

Los paraísos fiscales son enteramente funcionales a un consolidado sistema de poder político, económico y financiero concentrado en las naciones más ricas. Por aquí es por donde hay que empezar para combatirlos de modo eficaz. Pero hasta hoy ni el G20 ni la UE han podido o han querido seguir ese camino. Hasta que la comunidad internacional -y la opinión pública- siga identificando los paraísos fiscales con islitas tropicales llenas de palmeras, el fracaso estará asegurado. Los paraísos fiscales responden a demandas precisas de un gigantesco “mercado” que comprende, sin solución de continuidad, desde la elusión fiscal al crimen organizado. Para combatirlos seriamente hay que atacar al corazón del problema. ¿Quién se aprovecha de su existencia? ¿Cuáles son los mayores centros financieros y económicos del planeta? ¿Cuáles son las naciones que fijan las reglas y los controles a escala internacional? 
 
Este es el camino que debería seguir Europa, si de verdad quisiera salir de la crisis, no complaciendo, sino controlando a los mercados financieros. No sacrificando en el altar de las finanzas el modelo social construido gracias a décadas de lucha, sino al contrario, relanzándolo y basando en una distribución distinta de la renta y en nuevas políticas fiscales menos inicuas la única respuesta posible para salir de la actual crisis financiera, económica y social.

Traducido para Rebelión por Gorka Larrabeiti

Andrea Baranes trabaja en la Campaña para la Reforma del Banco Mundial como responsable para las campañas sobre bancos privados y finanzas. Colabora con la Fundación Cultural de Banca Ética y el sitio de información “Osservatorio sulla Finanza”.