jueves, 16 de febrero de 2012

¿Laboral? Esto es una reforma empresarial

“Cuanto peor, mejor” se ha convertido en la máxima del nuevo gobierno. Parece que los ministros han leído atentamente el libro de Naomi Klein La doctrina del shock. Insistir en lo mal que están las cosas permite tomar medidas extraordinarias. Esta maniobra es clara en el caso de la reforma laboral. El PP ha venido repitiendo que el paro irá en aumento lo que obliga a hacer una reforma de gran calado y acabar dando todo el poder a las empresas. La nueva reforma coloca a las empresas como juez, siendo parte interesada, de las condiciones laborales. Decidirán en cada momento el salario, la duración de la jornada y las funciones de sus trabajadores, pasando por encima de los convenios colectivos, aun sin entrar en pérdidas.

Reducir el salario de los trabajadores sin duda aumentará los beneficios empresariales, considerados como lo más importante para el crecimiento, pero no se establecen los mecanismos para que dichos beneficios se inviertan en generar empleo. ¿Quién asegura que los beneficios no se repartirán entre pocos accionistas o acabarán en la Bolsa? Mientras las apuestas bursátiles supongan más beneficios que la inversión productiva, las empresas e inversores preferirán el mercado financiero. No hay ninguna iniciativa seria por parte del gobierno ni de la Comisión Europea para regular y gravar el mercado financiero, lo cual es un factor esencial para desarrollar la economía productiva. Por otro lado, una reforma que favorece la desprotección, la alta rotación entre paro y empleo, y la pérdida de capacidad de negociación no tardará en tener como resultado una caída de los salarios, que las empresas celebrarán, pero que hará caer aún más la demanda, la actividad económica y, de nuevo, el empleo.

El poder dado a las empresas obvia, además, la relación causal entre su poca transparencia y la crisis. La adaptación de los salarios a los beneficios de las empresas pasa por alto la llamada ingeniería contable: si no hay un control sobre la desviación de fondos y un tope salarial para dueños y altos directivos, es en extremo sencillo presentar unas cuentas que demuestren reducción de beneficios. Basta con subirse el sueldo o las dietas, crear divisiones empresariales internas o falsear directamente las cuentas. El antiguo presidente de la patronal, ahora en proceso judicial, bien lo sabe. El yerno del rey también lo sabe. Y lo saben las grandes empresas, culpables de más del 71 % de la evasión fiscal que se comete en el país. Si de verdad se tratara de reconciliar los intereses de las empresas y los trabajadores también se podrían ligar los salarios a los beneficios de las empresas cuando crezcan; pero esta fórmula, curiosamente, no se les ha ocurrido.

La reforma se excusa en que el principal problema de las PYMEs, que crean el 80 % del empleo, es la rigidez laboral. Sin embargo, lo que afecta a las PYMEs es la reducción de demanda y la ausencia de crédito. Respecto al crédito, los bancos están recibiendo dinero público a espuertas que destinan a pagar sus propias deudas u obtener beneficios en la compra de deuda pública; por lo tanto, lo que las pequeñas y medianas empresas necesitarían es una red de cooperativas de crédito éticas que aseguren liquidez. Respecto a la reducción de la demanda, a las PYMEs les perjudican los salarios bajos y la contracción de gasto público, porque reduce el consumo, y el hecho de que a partir de ahora sea más barato despedir no soluciona el actual problema de que no hay demanda: necesitan que la población acceda a renta. Enfrentar a pequeños empresarios y trabajadores es una estrategia para dividir a los de abajo, a los que están sufriendo la crisis, mientras el 1% se dedica a recomponer sus balances contables.

En realidad la excusa de la supuesta rigidez laboral, que nadie ha podido justificar ni empíricamente ni comparándola con otros regímenes de protección europeos, es la ocasión perfecta para acabar con una de las bestias negras de los empresarios españoles: el convenio sectorial. En la misma línea del resto de los argumentos de la reforma, la negociación de los convenios colectivos a escala de sector se presentaba, precisamente, como un lastre para las pequeñas empresas. Desde otro punto de vista, ésta era precisamente una de las pocas formas que tenían los trabajadores de las pequeñas empresas para gozar de mecanismos de protección fijados por los trabajadores de las empresas más grandes, con mayor peso sindical y con mayor capacidad de negociación. Dado el peso de las pequeñas empresas en la estructura de empleo actual, los convenios a escalas más pequeñas, en una situación de elevadas tasas de paro, que dificultan la recuperación de la fuerza de negociación, equivale a sentar las bases de una desprotección laboral generalizada en la próxima década.

Más allá del golpe contra la fuerza de negociación de los trabajadores y al aumento de la precariedad, la reforma laboral es una medida con un fuerte sentido político. Recordemos que el pequeño empresario es, en la mayor parte de los casos, un trabajador subordinado a las grandes empresas mediante la subcontratación, que además asume sus propios costes de protección social y recibe directamente las presiones mercantiles de la competencia a través del mercado de crédito. Dicho de otra forma, puede que los autónomos y pequeños empresarios “no tengan jefes” pero dependen de las decisiones de sus clientes y, sobre todo, de los bancos. Por supuesto, la extensión de estas figuras laborales tiene que ver con un manto ideológico en el que el emprendedor aparece como una especie de héroe del capitalismo avanzado que contrasta agudamente con su precaria posición ante los vaivenes de la economía financiera. El movimiento de fulminación de los convenios sectoriales consiste, desde este punto de vista, en intentar contrarrestar la fuerte inseguridad que produce el emprendimiento mediante la puesta a disposición de los pequeños empresarios de trabajadores baratos y sin capacidad de negociación. El sentido político es doble, de forma inmediata se intenta ganar el apoyo de los autónomos y pequeños empresarios a las políticas del PP y, a nivel general, se abre una brecha de diferenciación social entre los autónomos y pequeños empresarios, que no son sino precarios con capacidad de contratar, y sus, cada vez más indefensos trabajadores, por lo demás, también precarios.

El otro gran argumento de peso para legitimar la reforma laboral es que el abaratamiento del despido acabará con el mercado dual de trabajo. Es cierto que vivimos en un mercado laboral bipolar: por un lado, aquellos trabajadores con contrato indefinido y derechos adquiridos y, por el otro, los trabajadores con contratos temporales, cuya concatenación legal hace que los demás derechos se vean muy debilitados. Para las empresas, los contratos temporales siempre serán mejores que los indefinidos, sea cual sea el coste de despido, porque los temporales no tienen coste de despido: se acaba la obra y servicio y el trabajador se va a la calle. Disminuir el costo del despido del contrato indefinido sólo reduce los derechos de los que lo consiguen, pero no incentiva que las empresas aumenten ese tipo de contratación. Y menos dando más competencias a las ETTs. Basta con “no renovar” para castigar quejas, embarazos, rechazo a horas extras, seguimiento de huelgas, etc. Si las líneas productivas tienen picos y valles en la necesidad de trabajadores, habría que crear nuevos derechos para los intermitentes, no intentar combatir la temporalidad con medidas ineficaces. La subida del paro en 2009, que pasó del 12% al 20% en pocos meses se produjo a partir de un descenso similar en la tasa de temporalidad, es decir, una buena parte de los trabajadores temporales se fue de manera automática, sin mediar despido, al paro.

Las estrategias de reabsorción del desempleo apuestan claramente por la multiplicación de las formas degradadas de trabajo. Los contratos de formación se alargan hasta los treinta años, los part-time pueden hacer horas extraordinarias y se imponen trabajos “comunitarios” para los desempleados. Esta política se orienta en la dirección de una sociedad de plena actividad, sin que se pueda hablar de pleno empleo. La mentira de que sólo es posible una integración social por medio de un salario (cada vez más difícil de conseguir) sólo retrasa lo obvio: una nueva vinculación entre ciudadanía, derechos y renta, que permita la movilidad y la producción. ¿Acaso no realizamos ya labores sin retribución salarial que son indispensables? ¿Serían posibles los beneficios empresariales sin una gran cantidad de trabajo no pagado? Estas preguntas remiten a la cuestión de cómo se genera la riqueza en el momento actual.

El problema estructural de la economía española no es su mercado laboral, sino su especialización, animada por la Unión Europea, en la construcción y el turismo. El problema estructural de la economía mundial es la hegemonía de las finanzas, su lucro especulativo y su amnistía fiscal. El poder adquisitivo de los salarios lleva años en descenso, pero el crédito asociado a la burbuja inmobiliaria escondió los problemas. Mientras no se enfrenten estos problemas sino que se intente aumentar la competitividad a través de la devaluación de salarios, del empobrecimiento de la población, sólo nos queda igualarnos “por abajo” a los países de bajos costes laborales y competir por las migajas de una riqueza concentrada en pocas manos. Recordemos que en España unas 1.400 personas controlan los recursos equivalentes al 80,5% del PIB.

Que la gente pueda acceder a renta para estimular la demanda depende de mejores salarios y de una fiscalidad que asegure el reparto de la abundante riqueza. Que el crédito circule depende de una banca pública y ética que sea capaz de dar seguridad a las pequeñas empresas y autónomos. Pero si no queremos que las burbujas se repitan, si queremos construir un modelo económico justo y sostenible, ambas cuestiones deberán ir acompañadas de un debate para qué y cómo se debe producir.

Madrilonia.org