Declaración del III Plenario de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorros
En la última cumbre europea, al Presidente Rajoy se le escapó que ahora viene “lo más duro”. Y eso que el número de desempleados ha llegado a casi 5,3 millones. Las medidas que está tomando su Gobierno y una nueva recesión son una seria amenaza para la mayoría de la sociedad. Sin embargo, la crisis no está afectando a todos por igual, y de muestra vale un botón: la venta de automóviles de lujo casi se duplicó el año pasado. A una minoría le fue muy bien antes de la crisis y ahora, evidenciando que sus intereses chocan con los de la mayoría de la sociedad. El enorme sufrimiento que afecta a millones de familias, sobre todo trabajadoras, no es inevitable ni el producto de la falta de recursos, si no de quién los controla y en beneficio de quién. El Gobierno del Partido Popular está profundizando más en los recortes que inició el anterior Ejecutivo y pretende aprobar medidas que aumentarán más la explotación de los trabajadores. Ante ello, la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro manifiesta que:
1.- Los recortes del gasto público son básicamente reducciones del gasto social y del número y los salarios de los empleados públicos, y sus consecuencias las pagan particularmente los trabajadores que son los usuarios de dichos servicios (Sanidad, Educación, Dependencia y el resto de servicios públicos).
2.- A la vez, se transfieren miles de millones de euros a los bancos y cajas. El anterior gobierno puso a su disposición 141.000 millones de euros, mediante inyecciones de dinero, préstamos y avales. Nada garantiza que el erario público lo recupere ni que esos avales no se ejecuten. Dichos recursos hubieran podido evitar que ningún parado carezca subsidio, el desahucio de miles de familias o los recortes.
3.- El Banco Central Europeo presta dinero a los bancos al 1%, que su vez se lo prestan a los gobiernos al 4% de interés o más. El negocio es redondo. Los bancos españoles tienen más de 220.000 millones de euros en bonos del Estado español, una importante fuente de ingresos.
4.- El sistema financiero actual es adicto al apoyo del dinero público, pero es totalmente contrario a uso del dineros público para el bienestar de los ciudadanos. La Unión Europea les ha transferido 1,6 billones de euros pero el problema es que tiene un grado de “apalancamiento” (deuda financiada) insostenible. La media de la UE es de 27 a 1, lo que implica que frente a todos sus activos, fundamentalmente créditos, tienen un patrimonio neto que no llega al 4%. Apenas si pueden responder ante cualquier aumento serio de la morosidad y por eso necesitan ayudas públicas. El apalancamiento medio de la banca española es del 24 a 1. Sus créditos con dificultades, sólo en relación con las empresas inmobiliarias y constructoras, ascienden a 181.000 millones de euros. Además, la extrema debilidad de otros sectores económicos y el aumento del número de parados incrementará sensiblemente la morosidad en préstamos, actualmente en una buena situación. Por eso habrá más transferencias de recursos al sector financiero.
5.- Además, la banca española prepara un nuevo recorte de plantilla que supondrá la destrucción de entre 40.000 y 50.000 empleos, así como unas peores condiciones de trabajo para los que se queden y peor servicio para la mayoría de los clientes, con sucursales masificadas.
6.- En contra de lo que nos dicen, la mayoría de la deuda española es de empresas y bancos, no pública. Sólo los bancos españoles deben más de 3 billones de euros frente a los 700.000 de la deuda pública. ¡Estamos pagando sus deudas con dinero de todos! ¿Dónde están las ganancias que tuvieron estos años pasados? Buena parte en los paraísos fiscales. Es infamante que los gestores de estas entidades estén recibiendo ayudas públicas mientras ganan sueldos millonarios. En realidad, no están salvando al sistema financiero sino el control de una minoría riquísima sobre el mismo, lo que les permite utilizar los ahorros de toda la sociedad en beneficio suyo. Los defensores del “libre mercado” están financiando con dinero público un oligopolio financiero cada vez mayor, con la concentración del mismo en entidades privadas cada vez mayores y más poderosas, y creando las condiciones para crisis más devastadoras en el futuro.
7.- Financiar con dinero dinero público el expolio de la mitad del sistema financiero, como está haciéndose con las cajas, es un robo de Estado. Y, en última instancia, sanear con dinero público el sistema financiero y dejarlo en manos privadas es garantizar que el problema de fondo nunca se va a solucionar y que seguiremos pagando las consecuencias de una gestión destinada a lograr el máximo beneficio privado, pues las empresas privadas están sometidas por la competencia a la ley del máximo beneficio y no a la atención de las necesidades de la mayoría de los ciudadanos que vemos cómo el dinero de nuestros impuestos acaba beneficiando a quienes más tienen.
Ante esta situación, la Plataforma reclama:
1. Dado que el sistema financiero es un servicio esencial y está exigiendo enormes ayudas públicas que pagamos todos, exigimos que la gestión de los ahorros de la sociedad depositados en las cajas y bancos esté dirigida a la atención de las necesidades sociales, el desarrollo de unos servicios públicos de calidad y suficientes, y la erradicación del desempleo. Una banca pública fuerte permitiría impulsar otra política económica centrada en la creación de una estructura económica sostenible a medio plazo, con ramas empresariales e industriales tradicionales y nuevas, que permita erradicar el paro estructural y los desequilibrios territoriales, junto con la dependencia del monocultivo del turismo y la construcción.
2. Para ello proponemos la nacionalización del conjunto de las cajas de ahorros, que gestionan la mayoría de los depósitos bancarios, para constituir un Sistema Público de Cajas de Ahorros. Su gestión pasará a estar vinculada al desarrollo de las políticas sociales y económicas públicas, a facilitar el acceso al crédito de la pequeña y mediana empresa, y será controlada democráticamente con una rendición de cuentas pública y regular. El sistema público financiero deberá armonizar las diferentes necesidades financieras de las diversas Comunidades con criterios de reforzamiento de las relaciones interterritoriales, con planes no sólo a corto plazo.
3. Además, todas las ayudas públicas de cualquier índole que reciban el resto de las entidades financieras supondrá la entrada en sus consejos de administración de representantes públicos con plenos derechos políticos en su gestión. Dichos representantes rendirán cuentas públicamente ante sus respectivos parlamentos, central y autonómicos.
4. Realización de auditorías a todas las entidades por personal cualificado de la administración pública, sin vínculo alguno con las entidades financieras, que garantice una información veraz y exhaustiva de todo el sistema financiero español para saber la situación real de dichas entidades. Esa información deberá ser pública y asequible a toda la ciudadanía. Con ella será posible saber la situación real de dichas entidades, determinar las responsabilidades de los gestores y decidir qué deuda es pagable y cuál debe ser declarada deuda ilegítima, que no debería pagarse, y exigir responsabilidades a quienes se haya beneficiado con ella.
5. Las cajas y los bancos que reciban ayudas públicas de cualquier índole someterán su gestión al interés general. Mientras el BCE no preste directamente a los Estados, como debería, estas entidades prestarán dinero al sector público al mismo tipo de interés con el que ellos reciben el dinero del BC (el 1%), a fin de acabar con la escalada de la deuda y la sangría de recursos públicos.
6. Por la gravedad que reviste el problema de la vivienda, aquellas que son propiedad de los bancos y cajas pasará a formar parte de un Parque Público de Viviendas para que se proceda a su alquiler a precios asequibles. Igualmente, los suelos en propiedad de dichas entidades engrosarán el patrimonio público de suelo a fin de que se utilice para la posible construcción de vivienda protegida y dotaciones públicas que se sean necesarias. Las deudas de familias desahuciadas que carezcan de recursos serán condonadas, puesto que ya han entregado su piso, y a las familias que demuestren carecer de recursos para hacer frente al pago de sus hipotecas podrán seguir ocupando su vivienda a cambio de un alquiler asequible, en función de sus ingresos.
7. Ninguna entidad financiera pública o con participación pública participará en actividades especulativas, en la promoción de la sanidad o la educación privadas; cerrará todas sus sucursales en paraísos fiscales y revisará la política de todas las empresas de las que sea accionista para garantizar el respeto a los derechos laborales, sociales y ecológicos. Los salarios de sus directivos no superarán nunca el máximo de los salarios de los trabajadores del sector público, suprimiendo los salarios “milloneuristas”. A la vez que se acabará con los privilegios de los altos ejecutivos, se detendrá la destrucción de empleo y se establecerán las plantillas necesarias, en condiciones dignas, para una atención adecuada a los depositarios.
8. La banca pública o con participación pública garantizará unas condiciones crediticias asequibles a las familias trabajadoras y a las pequeñas empresas, y, en especial, un trato preferente a las cuentas nómina y, en general, a las rentas más humildes. También se deberán resolver y poner fin a los abusos a que están sometidos decenas de miles de pequeños ahorradores de la CAM , Bankia , Santander etc... con las titulaciones preferentes, cuotas participativas, acciones de recompra minusvaloradas, quitas escandalosas etc.
Estas reivindicaciones son imprescindibles. Para acabar con el desempleo crónico es necesario un desarrollo del sector público, bajo control democrático de la ciudadanía, en todos los terrenos —desde los servicios sociales, sanidad, educación al terreno productivo— puede garantizar un desarrollo acorde con las necesidades sociales y que haga realidad el derecho constitucional a un empleo digno. El primer requisito es controlar los recursos financieros, para lo que debe crearse una banca pública sobre la base de las cajas de ahorros, incluyendo también el ICO y las Cajas Rurales.
Siendo el PSOE y sus diputados responsables junto con los del PP de aprobar la Ley del 2011 de Privatización de las Cajas, la magnitud de la crisis ha hecho surgir en el primero una corriente de opinión en las bases a favor de una Banca Pública, aunque poco precisa en su composición, que ha llegado al Parlamento a través de uno de los candidatos a la secretaría del PSOE, y que parece que podría llegar a su Congreso de Sevilla. Lástima que no tomaran medidas a favor de esas medidas cuando gobernaban, en lugar de privatizar las cajas. Pero si realmente han llegado a esa conclusión tienen que pasar a los hechos.
Izquierda Unida ha presentado una Proposición No de Ley en el Parlamento para la creación de una Banca Pública mediante la nacionalización de las Cajas de Ahorros y sus bancos participados. Las fuerzas parlamentarias que se han pronunciado claramente por una Banca Pública: IU, ICV, BNG, etcétera deberían en nuestra opinión ser capaces de articular una coordinación sobre este punto y con carácter urgente, ya que daría una extraordinaria cobertura a toda la campaña, siempre que no se aborde en plan cosmético sino con una propuesta seria que ponga a esa banca pública al servicio de la mayoría de la sociedad, del empleo y los derechos sociales. La propuesta de IU debería poder conseguirlo. Necesitamos una Banca Pública, controlada socialmente, potente, de modo tal que ningún gobierno pueda actuar sólo como notario de las decisiones de los denominados "mercados" e "inversores" nacionales y extranjeros, ya sean de España, de la UE o del resto del mundo.
Llamamos a coordinarse en pro de estos objetivos a las fuerzas políticas, sindicales, vecinales, al 15M y a todas las Plataformas a favor de una banca pública en todas las Comunidades.
Plataforma por la nacionalización de las Cajas de Ahorros
Madrid, a 4 de febrero de 2012
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