martes, 3 de abril de 2012

Presupuesto de 2012: un cuento para no dormir

I
No podía esperarse otra cosa de este gobierno y en este contexto. El presupuesto de 2012 constituye un plan de ajuste en toda regla: reduce drásticamente el gasto público y contiene un claro sesgo reaccionario en la composición del mismo. El efecto final será más grave por cuanto al recorte del presupuesto estatal hay que sumar el que aplicarán las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales. Dado que éstas concentran una parte importante de los gastos sociales —sanidad, educación, servicios sociales—, cabe esperar que el impacto social final sea mucho más radical.
A la hora de juzgar esta política conviene diferenciar dos planos: el macroeconómico —su impacto sobre el conjunto de la actividad económica— y el de su composición —sus efectos particulares sobre grupos sociales, actividades, etc.—.

En el primer plano, el macro, el diagnóstico parece sencillo. A corto plazo, los recortes presupuestarios van a deprimir aún más la vida económica y el empleo. De hecho, puede ya constatarse que en los últimos trimestres los recortes de las actividades públicas han afectado al empleo en sectores relacionados con el sector público y que su efecto multiplicador se extiende al conjunto de la economía. Es incluso dudoso que el presupuesto pueda conseguir lo que se presenta como su única justificación —la reducción del déficit público—, puesto que la caída de la actividad genera dudas sobre la capacidad recaudatoria real en los próximos meses. Además, puede agravar los problemas de endeudamiento privado.

Esto lo saben los promotores de la política actual, pero su dogmatismo y su confianza ciega les lleva a pensar que la disminución de los salarios, la reducción de la actividad pública y la orientación pro empresarial del gobierno generarán por sí solas tal dinamismo privado que “a largo plazo” la economía retomará su irrefrenable tendencia a la expansión. Basta que seamos dóciles, obedientes y austeros, y el capital nos recompensará con un futuro brillante de creación de empleo y prosperidad. Más o menos una versión sofisticada del cuento de la lechera que elude explicar cómo soportaremos el tránsito, cómo podremos aguantar con cifras insoportables de paro, con ausencia de verdaderas políticas de reorientación productiva, de apoyo de rentas básicas. Los presupuestos los elaboran contables que siguen las órdenes de generales que hace tiempo que han perdido la hoja de ruta, y a quienes no les tiembla el pulso a la hora de exigir sacrificios a los demás porque ellos no los padecen (por ejemplo, los directivos de las empresas que cotizan en el Ibex, que, pese a ver reducidas ostensiblemente sus ganancias, del orden del 30%, han visto recompensados sus esfuerzos con un modesto aumento del 1,5% de sus ingresos), sin poder explicar las características, la duración y los efectos de dichos sacrificios. De tanto decirnos que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, están trabajando para que estemos mucho peor de lo que nos merecemos.

II
Si el impacto global es más que discutible, el análisis pormenorizado induce al terror. Los únicos ministerios que afrontan recortes moderados son los que tienen que ver con la actividad represiva del Estado —Interior, Justicia y Defensa—, prefigurando quizá que una sociedad con más desigualdades e injusticias sólo se sostiene con medidas autoritarias.

Los recortes muestran una clara orientación antisocial: desaparecen por completo las partidas de dependencia y el fondo de integración de inmigrantes, y experimentan recortes significativos las ayudas al acceso a la vivienda (lo cual contrasta con la reintroducción de la desgravación por compra en el IRPF), los gastos en cultura, los de cooperación al desarrollo, las subvenciones a la televisión pública... Y es difícil encontrar políticas orientadas a promover un cambio de modelo económico, puesto que también padecen recortes más que significativos las políticas activas de empleo, la promoción de la investigación, Renfe (quizás el preludio de otra privatización), etc.

Lo que parece tener claro la derecha es su enfoque social. No es extraño que, al calor de los recortes, las políticas sociales se hinchen a promover el papel del voluntariado y de la familia como alternativas. Es la vuelta al rancio modelo de la caridad cristiana y del “sálvese quien pueda”. En cambio, no hay ningún atisbo de idea acerca de cómo va a reorganizarse la economía de este país, de qué sectores hay que promover, de qué cambios en las pautas de consumo hay que incentivar, de cómo reorientar las habilidades laborales de la gente, de cómo impulsar un desarrollo inclusivo. Es un simple retroceso a las políticas de toda la vida, las que descargan sobre las familias las tareas de reproducción social, las que confían en la porra para mantener el orden público, las que sueñan con que el mercado (un ente tan insustancial como “Dios” o la “historia”) resolverá los problemas que no es posible resolver de forma colectiva. 

III
Completa el paquete el ajuste fiscal, pues al ya anunciado aumento del IRPF se suma ahora, como medida principal, la revisión del Impuesto de Sociedades. Una necesidad ineludible en un impuesto que teóricamente grava el 30% de los beneficios empresariales y que, en la práctica, sólo recaudaba poco más del 10%. Y que el año pasado registró un descenso de la recaudación que duplicó la disminución de beneficios declarada por las empresas. La situación era tan escandalosa, y las probabilidades de obtener buenos resultados tan claras, que no han tenido más remedio que introducir cambios, aunque por su complejidad es posible que la reforma incluya más de una trampa en términos de equidad.

Sin embargo, este componente aparentemente progresista de los ingresos viene acompañado de otros anuncios claramente escandalosos. Por una parte, el nuevo esquema de tasas judiciales. En España la justicia nunca ha sido gratuita ni igualitaria. Los pobres saben que ir a los juzgados es cosa de ricos. Ahora la barrera es más alta y está diseñada para evitar que aquel que se sienta maltratado en primera instancia se atreva a recurrir. Puede argumentarse que ello desalienta las prácticas obstruccionistas de empresarios y poderosos, pero, en vista de la cuantía y el diseño de las tasas, la barrera afecta especialmente a los litigantes de bajos recursos. Especialmente significativa es la introducción de tasas en los juzgados sociales, quizá porque la reforma laboral prefigura una mayor judicialización de las relaciones laborales y lo que se pretende es desalentar a la gente a que use esta posibilidad de último recurso. Y es que ya lo explicó Dickens hace más de 150 años en Casa desolada: el sistema judicial no es recomendable para la gente común.

Y, como colofón, la nueva amnistía fiscal a los poderosos poseedores de dinero negro. Una medida que siempre se presenta como una operación de limpieza a fondo y que, en la práctica, suele ser una mera actuación cosmética que deja intactas las raíces del fraude fiscal. Máxime en un país que acaba de desmantelar la cúpula de la inspección tributaria, que ha puesto en su dirección a una persona, Pilar Valiente, que resultó más que quemada en el affaire Gescartera, y donde tampoco se plantea una mejora sustancial de la inspección fiscal. No deja de ser sospechoso que la reforma se plantee justo en el momento en que la inspección tributaria había puesto de manifiesto las irregularidades fiscales de poderosas familias como los Botín, los Carulla o los Cuatrecasas. Ninguna amnistía fiscal anterior ha servido para rebajar significativamente el fraude fiscal, pero sí que ha permitido a algunos poderosos lavar responsabilidades hasta nuevo aviso.

IV
Si este cuento acaba mal —y hay bastantes probabilidades de que así sea—, Rajoy y su “troupe” no van a ser los únicos en quedar en evidencia. Al fin y al cabo, ellos podrán esgrimir que han sido fieles seguidores de las consignas que les han dado los zares europeos, los políticos y tecnócratas que rigen con mano de hierro y con falta de sentido común y sensibilidad social los destinos de Europa. Aunque seguramente, si las cosas se complican, estos líderes imperiales se laven las manos. La complejidad del mundo real siempre permite salidas en falso, como culpar de los problemas a una mala aplicación de la política, a la resistencia de las víctimas locales o a cualquier perturbación externa imprevista. La preocupación por la situación española que empieza a manifestar alguno de estos prohombres europeos no es más que una expresión de cinismo con la que tratan de ocultar su propia responsabilidad.

Hay algo más preocupante aún, y es que, además de no cejar en su empeño por aplicar políticas que nos acercan al precipicio y que dejan intactas las causas básicas de los problemas actuales (la excesiva y criminal financiarización, los desequilibrios productivos, territoriales y sociales generados por la globalización, las políticas neoliberales, los problemas que va generando la crisis ecológica, etc.), exigen cada vez más aplicar medidas de emergencia para llevarlas a cabo, eliminar las trabas democráticas para imponerse a corto plazo. Y ello aunque después tengan la desfachatez de reconocer que reformas estructurales como la laboral sólo generan resultados a largo plazo (y, por tanto, que su implementación podría haber esperado a un sosegado debate social, pues sus posibles efectos no servían para cubrir ninguna emergencia). Se trata de medidas de emergencia que significan recortes en la participación democrática, como la de imponer gobiernos tecnocráticos, o la de aprobar reformas de la Constitución sin debate, o la de llevar a cabo grandes reformas por la vía del decreto ley. O, como es previsible, aplicar nuevos recortes a las libertades para impedir y coartar la protesta social. También en esto, un análisis de lo que el nuevo presupuesto recorta y no recorta resulta premonitorio de que nos enfrentamos a algo más que una simple apretadura de cinturón. Nos jugamos los derechos fundamentales.

Autopista de servidumbre
En 1944 Friedrich Hayek publicaba Camino de servidumbre, un libro fundamental para el pensamiento antisocialista. Su argumento básico era que la planificación y la propiedad pública eliminaban las bases de la libertad humana y tendían a convertir a las personas en meros siervos de algún tipo de Estado totalitario. Éste ha sido desde siempre uno de los iconos intelectuales del pensamiento neoconsevador y neoliberal. En gran parte, la contrarrevolución neoliberal tuvo bastante éxito en explotar una idea reduccionista de libertad humana como base para obtener legitimidad y hegemonía cultural.

No voy a entrar aquí a discutir todo el razonamiento de Hayek, pero la reflexión sobre la actual reforma laboral, y el conocimiento de lo que también está ocurriendo en muchos países con políticas neoliberales, me han llevado a repensar el tema. Un análisis de las formas de dominación humana en las economías precapitalistas permite reconocer una elevada gama de situaciones en las que un grupo de individuos ha coaccionado al resto, les ha impuesto sus intereses, los ha obligado a una actividad laboral excesiva, les ha coartado sus acciones, les ha vulnerado su dignidad. Alguna de estas formas de dominación han tomado la forma de una relación entre individuos y Estado, como el trabajo forzado en los imperios orientales o en las colonias del siglo XIX. En otros, sin embargo, esta relación se ha basado fundamentalmente en una relación personal, aunque claramente predeterminada por un marco institucional externo, como es el caso de la esclavitud (una relación amo-criado), la servidumbre feudal (una especie de “contrato” entre un señor y un vasallo) o gran parte de las relaciones patriarcales, siempre mediadas por relaciones familiares (en algunos casos incluso camufladas por algo que tiene tan buena prensa como el amor). Los liberales antisocialistas tienden a confundir la servidumbre sólo con las variantes del primer tipo, pero suelen ser insensibles a las que existen en las relaciones privadas. Posiblemente porque ello les conduciría a reconocer que también en las relaciones laborales capitalistas se da una nueva forma de servidumbre, camuflada bajo un contrato de trabajo estrictamente privado.

El grado de servidumbre en las economías capitalistas reales ha variado con el tiempo en función de la lucha de clases, de las regulaciones públicas, de las oportunidades de escapar a una relación indeseable (el pleno empleo es siempre una oportunidad para relajar la dependencia). Por ello las peores condiciones laborales, las dependencias más personales, se producen en aquellos contextos locales en los que un patrono controla todos los resortes del poder local (basta leer a un novelista conservador como Torrente Ballester para aprenderlo).

En los últimos años, las contrarreformas laborales aprobadas en muchos países —especialmente en los anglosajones pero también en otros— bajo el camuflaje de la flexibilidad, la globalización y la competitividad, han tendido a reforzar la dependencia personal de muchas personas (en el argot económico, algunos autores hablan de la aparición de mercados “monopsónicos” u “oligopsónicos”), con sindicatos debilitados o inexistentes, con leyes que dan mucha manga ancha a las decisiones empresariales, con empleados sometidos a un temor permanente al despido, con el uso de técnicas de chantaje emocional.

Vista desde esta perspectiva, la contrarreforma laboral en marcha constituye una clara autopista a la servidumbre, pues, más allá de medidas concretas, lo que realiza es una donación masiva de poder a los empresarios. Un poder que reduce los derechos individuales, fracciona la acción colectiva, acalla mecanismos de voz e impide la actuación de árbitros externos. Al final, reduce la relación laboral a una dependencia personal en la que únicamente prima la voluntad del empresario, su mayor o menor condescendencia y buena fe (siempre ha habido amos mejores y peores). Y ya sabemos por experiencia que son las personas sometidas a relaciones más personalizadas las que tienen peores condiciones de trabajo y son más reacias a defender sus derechos. La nueva ley laboral es una auténtica autopista de servidumbre. Y, como tal, la debemos reconocer. Porque están en juego varios de los elementos básicos del viejo programa emancipador: la igualdad, la libertad y la fraternidad.

El plan de emprendedores
La Generalitat de Catalunya nos regala todos los meses una buena muestra de imaginación. Si el mes pasado era el descubrimiento de que el futuro de la economía catalana pasaba por atraer el modelo de Las Vegas, este mes nos han obsequiado con un plan de emprendedores que, entre otras cosas, prevé incluir su promoción en los programas docentes de la educación obligatoria.

Como no tienen ideas claras sobre cómo salir de la crisis, ya sólo les queda la baza de esperar a que, por generación espontánea, surjan unos líderes económicos que creen empleo y actividad de no se sabe dónde. El tema de la “emprendeduría” y el liderazgo forma parte desde hace treinta años del discurso ideológico neoliberal, pensado para reforzar la hegemonía de la clase empresarial y minusvalorar la aportación del resto de la sociedad al bienestar general. Y ahora, con la excusa de la crisis, se ha vuelto a poner en circulación. Y hasta ha servido como coartada para diseñar una de las modalidades más execrables de contratación laboral, combinando subvenciones impúdicas con derogación de derechos (el período de prueba de un año no es otra cosa).

Los que nos venden la idea de que toda la solución pasa por los emprendedores, olvidan que han sido ellos los que nos han llevado a donde estamos. ¿O es que no eran emprendedores los cientos de especuladores inmobiliarios que asolaron el territorio y alimentaron la burbuja inmobiliaria? ¿O es que no lo son los miles de personas que todos los años abren negocios de escasa viabilidad? Ignoran también que en el mercado real los nuevos proyectos casi nunca salen por generación espontánea. Personas ambiciosas las hay en todas las sociedades, pero la maduración de proyectos requiere a menudo de fundamentos más sólidos. Como la existencia de políticas públicas que generen oportunidades de actividad (está bien estudiado que el impulso básico a la revolución informática, incluida internet, provino del impulso de las políticas militares estadounidenses). O que muchos innovadores han salido de empresas maduras y se han limitado a desarrollar nuevas aplicaciones o soluciones a viejos problemas conocidos. Ahora parece que lo que cuenta es que descienda el Espíritu Santo e ilumine a una nueva generación de individuos que desarrollarán alguna actividad ignota.

Hace pocos días tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de uno de estos “gurús” del nuevo liderazgo (un conocido profesor de la prestigiosa escuela de negocios Esade, aunque algo “tocada” por las andanzas de su real alumno). Su argumento era que el nuevo liderazgo ya no pasa por tener una visión sobre qué hacer, sino por promover la reflexión entre los seguidores del líder. O sea que, traducido al mundo económico, uno se pregunta cómo van a desarrollarse nuevas actividades si el que las dirige no tiene una mínima idea de cuáles son. Visto así, parece claro que promover emprendedores es sólo un subterfugio para seguir subrayando la importancia social de los empresarios, para seguir diciéndole al resto de la sociedad que debe plegarse a sus intereses y sus caprichos, que ceda su confianza personal a cambio de nada.

Es indudable que para salir de la situación actual faltan iniciativas. Y que éstas siempre son sostenidas por personas. Y que cualquier sociedad alternativa debe seguir promoviendo la creatividad, la reflexión, la dinamización social. Pero es seguro que el modelo de individuo autista, egotista y socialmente miope que caracteriza a la figura del empresario capitalista-tipo no sirve para resolver los problemas de un mundo que requiere sensibilidad ecológica, igualitarismo social, trabajar con la complejidad de los procesos y cooperación colectiva. Y que estos individuos difícilmente se desarrollarán sujetos a unas reglas del juego que potencian la competitividad individual y el narcisismo de los triunfadores, ni van a aparecer con la mera aplicación de conjuros como es el de “desarrollar el espíritu emprendedor”.

Los individuos son ciertamente importantes. Pero el reto está en generar un marco social donde todo el mundo tenga la capacidad de desarrollar sus capacidades, donde todo el mundo sea respetado y reconocido por sus aportaciones, donde la cooperación, el diálogo igualitario y la participación permitan encontrar soluciones que vayan más allá de los proyectos que permiten enriquecer a unos pocos. Es tiempo para que los movimientos sociales y las experiencias de economía social permitan desarrollar otro modelo de iniciativas y participación, un modelo más pleno de libertad y desarrollo colectivo.

Albert Recio Andreu
Mientras Tanto