domingo, 29 de enero de 2012

Algunas empresas transnacionales cuentan con ingresos superiores al PIB de muchos países del Sur

El avance del capitalismo global ha hecho que, en el último siglo, las empresas transnacionales hayan venido adquiriendo cada vez más capacidad de influencia y poder. 

Actualmente, las 500 mayores corporaciones controlan una cuarta parte de la producción y la mitad del comercio mundial, y su capacidad económica supera a la de muchos países: Wal-Mart, por ejemplo, maneja un volumen de ventas que supera el Producto Interior Bruto (PIB) de Noruega, mientras que los ingresos de ExxonMobil son mayores que la suma del PIB de Venezuela y Chile. Del mismo modo, si nos fijamos en las multinacionales que tienen su sede central en el Estado español, podemos comprobar que los ingresos anuales de Repsol y del BBVA son mayores que el PIB de Ecuador y de Guatemala, respectivamente.

Después de todo, las compañías multinacionales han resultado ser las principales beneficiarias del proceso de globalización neoliberal y, por ello, en el actual modelo socioeconómico, los derechos sociales de la mayoría de hombres y mujeres del planeta se encuentran sometidos a la lógica de un mercado dominado por las corporaciones transnacionales. Por eso, puede afirmarse que, como dijo Salvador Allende hace cuatro décadas en una reflexión que hoy tiene plena vigencia, «estamos ante un conflicto frontal entre las grandes corporaciones transnacionales y los Estados. Éstos aparecen interferidos en sus decisiones políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que no están fiscalizadas por ningún parlamento».

En este contexto, resulta oportuno desvelar la existencia de los conflictos que están siendo causados por la expansión de las empresas multinacionales: daños medioambientales, desplazamientos de comunidades, alzas de tarifas y deficiencias de los servicios públicos privatizados, deterioro de los derechos laborales, expolio de los recursos naturales, persecuciones a las organizaciones sociales y sindicales y, en general, una sucesión de situaciones de abuso y de violación de los derechos humanos. Y, junto a ello, se hace patente la profunda asimetría que existe entre los derechos de las corporaciones transnacionales, que se protegen mediante los múltiples acuerdos que forman la nueva lex mercatoria -ésta se concreta en toda una serie de normas y acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales promovidos desde instancias como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional-, y sus obligaciones a nivel ambiental, laboral y social, que en buena medida se dejan en manos de los códigos de conducta voluntarios y la Responsabilidad Social Corporativa.


OMAL/Ahotsa

viernes, 27 de enero de 2012

Soberbio informe de la OIT: el mundo necesita 600 millones de puestos de trabajo nuevos

La oficina Internacional del Trabajo (OIT) acaba de publicar un soberbio informe sobre la galopante crisis  en curso en el mundo de los mercados de trabajo. Comenzamos el año 2011 con 1100 millones de personas –una de cada tres en la fuerza de trabajo global— o desempleadas o entre los trabajadores pobres que ganan menos de 2 dólares al día. A la masa de los 200 millones de desempleados existentes, los mercados de trabajo globales verán añadirse cada año, de promedio, 40 millones de nuevos solicitantes de empleo. Eso significa que se necesitará crear 400 millones de puestos de trabajo a lo largo de la próxima década, a fin de evitar un ulterior crecimiento del desempleo. Para dar empleo a todos los que quieren trabajar, el mundo necesita 600 millones de puestos de trabajo nuevos.

Preocupa, empero, la desaceleración del crecimiento global, lo que significa que a los mercados de trabajo les resultará difícil seguir el paso del crecimiento de la fuerza de trabajo, por no hablar de recuperar terreno perdido. En 2011, el crecimiento global se desaceleró desde el 5,1% hasta el 4%, y el FMI avisa ya de una ulterior desaceleración en 2012. El informe de la OIT alerta de que, incluso una modesta ralentización en 2012, digamos de 0,2 puntos porcentuales, significaría 1,7 millón de parados más en 2’13. El informe arroja también luz sobre el impacto que las políticas de implacable austeridad fiscal han tenido en el crecimiento y el empleo, comenzando por los programas de austeridad destructora de puestos de trabajo que se han vuelto tan comunes en la Eurozona. En otras partes, en naciones con amplio margen para sus políticas, los gobiernos han perdido su apetito por el estímulo fiscal aún a pesar de que la acrecida inseguridad y a deprimida confianza de los consumidores mantienen en situación de debilidad a la demanda del sector privado.

Analíticamente, el informe comienza de forma excelente: con un análisis que utiliza el enfoque de balance sectorial, tan esencial para la Teoría Monetaria Moderna (TMM). El informe pone de relieve las (negativas) implicaciones que tienen para el ahorro neto privado las restricciones puestas al déficit público. Desgraciadamente, los autores del informe no dominan lo suficiente la perspectiva analítica de la TMM como para desarrollar un análisis coherente y completo, singularmente cuando se trata de distinguir entre los emisores de moneda y los usuarios de moneda. Resultado de eso: el informe termina con un vagaroso llamado político a enfrentarse “al urgente desafío de crear 600 millones de puestos de trabajo productivos en la próxima década”.

Reproduzco a continuación unos cuantos extractos (las cursivas son mías) que ejemplifican las principales conclusiones del estudio:
“Aun cuando sólo unos cuantos países se enfrentan a desafíos económicos y fiscales serios a largo plazo, lo cierto es que la economía global se ha debilitado rápidamente a medida que la incertidumbre se difundía más allá de las economías avanzadas. A consecuencia de lo cual, la economía mundial ha seguido las tendencias apuntadas en la época anterior a la crisis, y en el momento actual, la perspectiva de una doble zambullida en la crisis es una posibilidad real.”

“Hay cada vez más pruebas de un vínculo de retroalimentación negativa entre el mercado de trabajo y la macroeconomía, señaladamente en las economías desarrolladas: los altos niveles de desempleo y el aumento del trabajo pagado con bajos salarios están reduciendo la demanda de bienes y servicios, lo que deteriora la confianza empresarial y aumenta las dudas de las empresas en lo que hace a invertir y contratar trabajadores. Romper ese vínculo negativo es esencial para que eche raíces una recuperación sostenible. En buena parte del mundo en vías de desarrollo, esos aumentos sostenibles de productividad precisarán de una transformación estructural acelerada: desplazándose hacia actividades de mayor valor añadido, al tiempo que se abandona la agricultura de subsistencia como fuente principal de empleo y se reduce la dependencia respecto de los volátiles mercados de materias primas para los ingresos de exportación.”

“Más beneficios procedentes del desarrollo de la educación y la pericia profesional, esquemas adecuados de protección social que aseguren unos niveles básicos de vida para los más vulnerables, así como un robustecimiento de los procesos de diálogo entre los trabajadores, los empresarios y los gobiernos: todo eso se necesita para garantizar un desarrollo de amplio espectro construido sobre una distribución equitativa y justa de los beneficios económicos.”  

Las burbujas inmobiliarias y de otros activos antes de la crisis crearon desalineamientos sectoriales substanciales que precisan reestructuración y que requieren largos y costosos desplazamientos de puestos de trabajo tanto dentro de las economías nacionales como entre países.”

“Para lidiar con la prolongada recesión del mercado de trabajo y situar a la economía mundial en una senda más sostenible de recuperación, son necesarios muchos cambios de políticas.”

Primero, las políticas globales han de ser coordinadas de manera más firme. El gasto financiado con deuda pública y la flexibilización monetaria cuantitativa simultáneamente puestas por obra en muchos países avanzados y en economías emergentes al comienzo de la crisis ya no son opciones abiertas. En efecto, el gran aumento de la deuda pública y la consiguiente preocupación por la sostenibilidad de las finanzas públicas en algunos países forzaron a los más expuestos al aumento de las primas de riesgo de la deuda soberana a apretarse drásticamente el cinturón. Sin embargo, las externalidades positivas entre países del gasto fiscal y de la creación de liquidez pueden ser substanciales y –si se hacen de manera coordinada— podrían permitir a los países que aún tienen margen de maniobra venir en apoyo tanto de sus propias economías como de la economía global. Lo que se precisa ahora es precisamente ese tipo de medidas de finanzas públicas coordinadas para venir en apoyo de la demanda agregada global y estimular la creación de empleo.

En segundo lugar, la reparación y una regulación más substancial del sistema financiero restauraría la credibilidad y la confianza…”

En tercer lugar, lo que ahora más se necesita es apuntar a la economía real para venir en apoyo del crecimiento de los puestos de trabajo. A la OIT le preocupa de manera muy particular el que, a pesar de los grandes paquetes de estímulos, esas medidas no han conseguido eliminar el incremento de 27 millones de desempleados registrados desde el impacto inicial de la crisis. Evidentemente, las medidas políticas no han apuntado bien a su objetivo y precisan de reformulación y corrección conforme a su eficacia…. Políticas que han probado plenamente su eficacia en la estimulación de la creación de puestos de trabajo son, entre otras: los programas de extensión de las coberturas de desempleo y de trabajo compartido, la reevaluación de los salarios mínimos y de salarios subsidiados, así como el robustecimiento de los servicios de empleo público, los programas de obra pública y los incentivos a las empresas (que tienen impacto observable en el empleo y en los ingresos).”

En cuarto lugar, las solas medidas de apoyo público no bastarán para lanzar una recuperación sostenible del empleo. Quienes toman las decisiones políticas tienen que actuar con determinación y de manera coordinada para reducir el miedo y la incertidumbre que se atraviesan en el camino de la inversión privada, a fin de que el sector privado pueda volver a poner en marcha la máquina principal de la creación global de empleo. Los incentivos a las empresas para invertir en planta y equipo y expandir sus nóminas será esencial para estimular una recuperación robusta y sostenible en el empleo.”

En quinto lugar, para ser efectivos, los paquetes adicionales de estímulos no pueden poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas incrementando más la deuda pública. A este respecto, un gasto público plenamente respaldado por aumentos en la recaudación puede todavía proporcionar un estímulo a la economía real merced al multiplicador del presupuesto equilibrado. En tiempos de demanda caída, expandir el papel del estado en la demanda agregada ayuda a estabilizar la economía y adelanta un estímulo nuevo, aun si el incremento del gasto está plenamente respaldado por aumentos simultáneos en los ingresos fiscales. Como se sostiene en el presente informe, los multiplicadores del presupuesto equilibrado pueden ser amplios, especialmente en el actual ambiente de capacidades masivamente subutilizadas y altas tasas de desempleo. Al propio tiempo, el gasto equilibrado con ingresos fiscales más altos asegura que el riesgo presupuestario se mantiene lo suficientemente bajo como para satisfacer a los mercados de capitales.”

El informe concluye con esta afirmación:
“Al propio tiempo, el gasto equilibrado con ingresos fiscales más altos asegura que el riesgo presupuestario se mantiene lo suficientemente bajo como para satisfacer a los mercados de capitales. Por eso las tasas de interés no se verán afectadas por esta elección de políticas y permitirán que el estímulo desarrolle plenamente sus efectos en la economía.”

Y ese es mi mayor problema con el informe: no hace el menor intento por distinguir entre países obligados a satisfacer a los mercados de capitales y países que no lo necesitan. Como la TMM deja claro, los Estados emisores de “moneda moderna” (dinero fiduciario no convertible) pueden contribuir a restaurar el crecimiento permitiendo que sus déficits se expandan hasta que el sector privado esté satisfecho con su posición de ahorro neto. Sólo los estados que operan con tasas de cambio fijas u otras encarnaciones del patrón oro están obligados a arrodillarse ante los mercados de capitales. Si las gentes entendieran cabalmente la importancia de la soberanía monetaria., podría llevarse a cabo un programa harto más audaz de creación de empleo.  

Stephanie Kelton  es una economista norteamericana que escribe regukarmente en New Economic Perspectuves, la revista postkeynesiana que reúne a muchos partidarios de la Nueva Teoría Monetaria.
Sin Permiso
Traducción para www.sinpermiso.info: Miguel de Puñoenrostro.

Alemania impone "reparaciones de guerra" al resto de Europa

Al acabar la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles de 1919 hizo responsable a Alemania de "todos los daños y pérdidas" causados como consecuencia del conflicto y en su virtud le obligó a hacer frente a "reparaciones" millonarias que, después de diversos aplazamientos y anulaciones, terminó de pagar en octubre de 2010. 

Muchos economistas y políticos de la época, y entre ellos el más famoso de entonces, John Maynard Keynes, mostraron que era imposible que Alemania pudiera pagar esas reparaciones sin empobrecerse trágicamente y sin que así se ocasionasen problemas peores que los que se trataba de resolver. E hicieron ver que incluso sería mucho más útil para los propios aliados promover el desarrollo de la industria y el comercio en Alemania que obligarle a hacer frente a unas cantidades que estaban completamente fuera de su mermada capacidad de pago. Con dramática lucidez, el economista inglés advirtió en su libro Las consecuencias económicas de la paz, que "si nosotros aspiramos deliberadamente al empobrecimiento de la Europa central, la venganza, no dudo en predecirlo, no tardará”. Así fue. 

Años más tarde, las cosas han cambiado mucho. La puesta en marcha del euro a pesar de que se sabía que la unión monetaria estaba mal diseñada, que no contaba con suficientes mecanismos e instituciones de compensación y reequilibrio y que las perturbaciones y los shocks asimétricos iban a ser constantes, inició una especie de guerra económica que esta vez ha ganado Alemania pero, al final, a costa de sufrir también las consecuencias negativas de todo tipo que siempre están asociados a los conflictos que provocan las estrategias de ocupación. 

Desde que se creó, Alemania ha impuesto su norma como potencia de economía abierta al resto de los países y especialmente a los del sur europeo. A cambio de ayudas generosas que se venden a su población como si no tuviese contrapartidas, Alemania ha venido colonizando las economías periféricas, bien por la vía directa de la adquisición de activos, convirtiéndolas en importadoras masivas de sus productos, o mediante la financiación del endeudamiento continuado que los déficits en los que necesariamente incurrían lógicamente provocaban. 

Antes de la creación del euro, los países menos competitivos, como España, se defendían periódicamente de la agresión comercial de los más fuertes, o de su propia debilidad estructural, devaluando sus monedas y tomándose así un respiro que les permitía mantener mal que bien su tejido productivo y el equilibro exterior. Con la moneda única, y al carecer de esta estrategia defensiva, la potencia exportadora alemana ya no ha tenido barreras (al contrario que le ha ocurrido a los productos de la periferia en centroeuropa) lo que debilitó poco a poco la industria y, en general, la producción nacional en la periferia. Así se iba gestando un gran superávit en Alemania paralelo al déficit de los países periféricos. 

De 2002 a 2010 este proceso generó un excedente de 1,62 billones de euros en Alemania, de los cuales solo 554.000 se aplicaron en su propio mercado interno para mejorar su dotación de capital o las condiciones de vida de su población. El resto, 1,07 billones se colocó fuera de Alemania, y de esta parte 356.000 en forma de préstamos y créditos para financiar un modelo productivo en la periferia que, lógicamente, no fuera el que pudiera competir con el alemán. La teoría y la historia económicas nos han enseñado que no podía ser de otra manera: la existencia de una potencia exportadora como la alemana de estos años solo es posible si al mismo tiempo que exporta financia. Tiene que ser así porque, en el marco ya cerrado de una economía como la europea (o del planeta si nos referimos al conjunto de la economía mundial) para que unos tengan superávit otros han de tener déficits y éstos han de financiarlos, evidentemente, quienes disponen de excedentes a su costa. 

Este estado de cosas, esta "guerra", ha ido siendo claramente exitosa para las grandes corporaciones centroeuropeas que se han hecho con los mercados que antes les estaban vedados, para los exportadores alemanes, y para los bancos que han obtenido grandes beneficios financiando la deuda creciente de una periferia con cada vez menos capacidad de generar recursos endógenos, puesto que la potencia exportadora en realidad ha de fagocitarlos para poder seguir manteniendo su privilegio exportador. 

A pesar de que este estado de cosas era muy claramente perjudicial para los intereses nacionales de países como España, Italia, Irlanda, Grecia... o incluso me atrevería a decir que de Francia, las élites respectivas lo aceptaron como punto de partida y lo han apoyado puesto que los grandes beneficios de las multinacionales que los estaban colonizando y de los bancos que nadaban en dinero gracias a la deuda gigantesca que se generaba producía un efecto "derrame" suficientemente cuantioso como para financiar generosamente a los partidos y a las oligarquías económicas locales y que gracias a ello se han ido así armando con un poder político cada vez más decisivo. 

El problema que conlleva un equilibrio de esta naturaleza, tan asimétrico, es que antes o después termina cayendo porque se acaba la capacidad de endeudarse, porque el empobrecimiento efectivo y continuado es insostenible o porque se produzcan impactos externos que agudicen las asimetrías sin que haya, como ocurre en la Unión Europea, suficientes resortes de reequilibrio. 

Así, lo que ahora tenemos sobre la mesa en Europa es un problema irresoluble sin cirugía mayor. Alemania ha financiado, en lugar de su propio desarrollo interno y el bienestar de sus ciudadanos o una integración más solidaria entre las economía europeas, un modelo productivo entre su "clientela" que no permite a ésta serlo indefinidamente. Cuando se ha producido un impacto externo como la crisis financiera, se ha reducido la demanda en la periferia, ha debido aumentar el déficit público a costa del privado, que en mayor parte ha de destinarse a financiarlo, reduciéndose entonces los déficit que engordan el superávit alemán y disminuyendo la capacidad de pago de la deuda contraída. 

Alemania teme ahora haber financiado a unos clientes que al final puede resultar que no hagan frente a sus deudas y ese miedo le empuja a seguir por un camino terrible y claramente equivocado que es el que recuerda las reparaciones a las que ella misma tuvo que hacer frente durante tanto tiempo. 

La derecha política alemana y sus grupos de poder económico se empecinan en hacer creer, y en creerse ellos mismos, que la causa de ese peligro es el mal comportamiento de sus socios a cuyos gobiernos tilda de manirrotos (a pesar de que, como en España, hayan incurrido en menos incumplimientos fiscales que la propia Alemania) y a cuyos ciudadanos acusa de haber vivido por encima de sus posibilidades. Y esa creencia le lleva a imponer las nuevas "reparaciones" en forma de programas de austeridad (mal llamados de austeridad, como ya he escrito en varias ocasiones porque solo se centran en recortar los gastos vinculados al bienestar social para abrir la puerta a la provisión privada) que, como ocurrió hace poco menos de un siglo, provocaron un efecto perverso del que quizá todavía estamos pagando sus consecuencias. No podrá ser de otro modo porque imponer el empobrecimiento y la recesión a los demás pueblos no podrá evitar, como dijo Keynes entonces, que antes o después se produzca la venganza. En el mejor de los casos, en forma de desintegración europea que igualmente pagará la propia Alemania. Y en el peor, más vale ni siquiera pensarlo.

Juan Torres López (www.juantorreslopez.com), catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
Ganas de Escribir

jueves, 26 de enero de 2012

Crímenes económicos contra la humanidad

Según la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Desde la II Guerra Mundial nos hemos familiarizado con este concepto y con la idea de que, no importa cuál haya sido su magnitud, es posible y obligado investigar estos crímenes y hacer pagar a los culpables.

Situaciones como las que ha generado la crisis económica han hecho que se empiece a hablar de crímenes económicos contra la humanidad. El concepto no es nuevo. Ya en los años 1950 el economista neoclásico y premio Nobel Gary Becker introdujo su “teoría del crimen” a nivel microeconómico. La probabilidad de que un individuo cometa un crimen depende, para Becker, del riesgo que asume, del posible botín y del posible castigo. A nivel macroeconómico, el concepto se usó en los debates sobre las políticas de ajuste estructural promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial durante los ochenta y noventa, que acarrearon gravísimos costes sociales a la población de África, América Latina, Asia (durante la crisis asiática de 1997-98) y la Europa del Este. Muchos analistas señalaron a estos organismos, a las políticas que patrocinaron y a los economistas que las diseñaron como responsables, especialmente el FMI, que quedó muy desprestigiado tras la crisis asiática.

En la actualidad son los países occidentales los que sufren los costes sociales de la crisis financiera y de empleo, y de los planes de austeridad que supuestamente luchan contra ella. La pérdida de derechos fundamentales como el trabajo y la vivienda y el sufrimiento de millones de familias que ven en peligro su supervivencia son ejemplos de los costes aterradores de esta crisis. Los hogares que viven en la pobreza están creciendo de forma imparable. Pero ¿quiénes son los responsables? Los mercados, leemos y oímos cada día.

En un artículo publicado en Businessweek el 20 de marzo de 2009 con el título “Wall Street’s economic crimes against humanity”, Shoshana Zuboff, antigua profesora de la Harvard Business School, sostenía que el que los responsables de la crisis nieguen las consecuencias de sus acciones demuestra “la banalidad del mal” y el “narcisismo institucionalizado” en nuestras sociedades. Es una muestra de la falta de responsabilidad y de la “distancia emocional” con que han acumulado sumas millonarias quienes ahora niegan cualquier relación con el daño provocado. Culpar solo al sistema no es aceptable, argumentaba Zuboff, como no lo habría sido culpar de los crímenes nazis solo a las ideas, y no a quienes los cometieron.

Culpar a los mercados es efectivamente quedarse en la superficie del problema. Hay responsables, y son personas e instituciones concretas: son quienes defendieron la liberalización sin control de los mercados financieros; los ejecutivos y empresas que se beneficiaron de los excesos del mercado durante el boom financiero; quienes permitieron sus prácticas y quienes les permiten ahora salir indemnes y robustecidos, con más dinero público, a cambio de nada. Empresas como Lehman Brothers o Goldman Sachs, bancos que permitieron la proliferación de créditos basura, auditoras que supuestamente garantizaban las cuentas de las empresas, y gente como Alan Greenspan, jefe de la Reserva Federal norteamericana durante los Gobiernos de Bush y Clinton, opositor a ultranza a la regulación de los mercados financieros.

La Comisión del Congreso norteamericano sobre los orígenes de la crisis ha sido esclarecedora en este sentido. Creada por el presidente Obama en 2009 para investigar las acciones ilegales o criminales de la industria financiera, ha entrevistado a más de 700 expertos. Su informe, hecho público el pasado enero, concluye que la crisis se hubiera podido evitar. Señala fallos en los sistemas de regulación y supervisión financiera del Gobierno y de las empresas, en las prácticas contables y auditoras y en la transparencia en los negocios. La Comisión investigó el papel directo de algunos gigantes de Wall Street en el desastre financiero, por ejemplo en el mercado de subprimes, y el de las agencias encargadas del ranking de bonos. Es importante entender los distintos grados de responsabilidad de cada actor de este drama, pero no es admisible la sensación de impunidad sin “responsables”.

En cuanto a las víctimas de los crímenes económicos, en España un 20% de desempleo desde hace más de dos años significa un enorme coste económico y humano. Miles de familias sufren las consecuencias de haber creído que pagarían hipotecas con sueldos mileuristas: 90.000 ejecuciones hipotecarias en 2009 y 180.000 en 2010. En EE UU, la tasa de paro es la mitad de la española, pero supone unos 26 millones de parados, lo cual implica un tremendo aumento de la pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Según la Comisión sobre la Crisis Financiera, más de cuatro millones de familias han perdido sus casas, y cuatro millones y medio están en procesos de desahucio. Once billones de dólares de “riqueza familiar” han “desaparecido” al desvalorizarse sus patrimonios, incluyendo casas, pensiones y ahorros. Otra consecuencia de la crisis es su efecto sobre los precios de alimentos y otras materias primas básicas, sectores hacia los que los especuladores están desviando sus capitales. El resultado es la inflación de sus precios y el aumento aún mayor de la pobreza.

En algunos casos notorios de fraude como el de Madoff, el autor está en la cárcel y el proceso judicial contra él continúa porque sus víctimas tienen poder económico. Pero en general, quienes han provocado la crisis no solo han recogido unas ganancias fabulosas, sino que no temen castigo alguno. Nadie investiga sus responsabilidades ni sus decisiones. Los Gobiernos los protegen y el aparato judicial no los persigue.

Si tuviéramos nociones claras de qué es un crimen económico y si existieran mecanismos para investigarlos y perseguirlos se hubieran podido evitar muchos de los actuales problemas. No es una utopía. Islandia ofrece un ejemplo muy interesante. En vez de rescatar a los banqueros que arruinaron al país en 2008, la fiscalía abrió una investigación penal contra los responsables. En 2009 el Gobierno entero tuvo que dimitir y el pago de la deuda de la banca quedó bloqueado. Islandia no ha socializado las pérdidas como están haciendo muchos países, incluida España, sino que ha aceptado que los responsables fueran castigados y que sus bancos se hundieran.

De la misma forma que se crearon instituciones y procedimientos para perseguir los crímenes políticos contra la humanidad, es hora de hacer lo mismo con los económicos. Este es un buen momento, dada su existencia difícil de refutar. Es urgente que la noción de “crimen económico” se incorpore al discurso ciudadano y se entienda su importancia para construir la democracia económica y política. Como mínimo nos hará ver la necesidad de regular los mercados para que, como dice Polanyi, estén al servicio de la sociedad, y no viceversa.

Lourdes Benería es profesora de Economía en la Universidad de Cornell. Carmen Sarasúa es profesora de Historia Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Punts de vista.

miércoles, 25 de enero de 2012

AUDITORIA: una herramienta esencial para probar el origen y las causas de la actual crisis de “deuda” de los Estados Unidos y Europa

1. El origen y la esencia de la crisis actual
La reciente crisis en los Estados Unidos, así como algunos nuevos hallazgos sobre los actuales problemas económicos en países europeos, han revelado cómo la deuda pública ha sido utilizada en beneficio del sistema financiero bancario.

Ante todo, es necesario clarificar que la deuda pública no es mala en sí. En verdad, debería ser un importante medio de financiación de las políticas del Estado. Con base en eso, los gobiernos son autorizados a contraer deudas, obviamente bajo ciertos límites y condiciones. Los préstamos, por lo tanto, deberían proporcionar el acceso a fondos, los cuales, en asociación con aquellos obtenidos por los impuestos, sirven para que el gobierno cumpla su rol de satisfacción de necesidades básicas de los ciudadanos.

En estudios, auditorías e investigaciones, todavía, se ha determinado que, al revés, además de que la deuda pública no contribuye para avanzar en la implementación de políticas públicas, significativas cuantías registradas como deudas del Estado no corresponden a recursos recibidos por los países. Además de eso, la más relevante parte de las deudas soberanas está siendo utilizada para pagar intereses y amortizaciones de deudas anteriores cuya contrapartida original no es públicamente conocida.

El problema esencial, como podría ser fácilmente detectado, es que el endeudamiento público se ha convertido en una manera de desfalco de recursos públicos en grandes cantidades. Debido a la ausencia de transparencia en esos procesos y de un excesivo número de privilegios – tanto legales cuanto financieros y con diversas ramificaciones – ese esquema puede ser caracterizado como un ”Sistema de la Deuda”, que funciona en beneficio de un sub-sector de la sociedad, localizado en los mercados financieros.

El “Sistema de la Deuda” es un negocio altamente rentable que beneficia al sector financiero privado - grandes corporaciones lideradas por bancos y poderosas agencias de riesgo - una red compleja de agentes que detiene una serie de privilegios de orden legal, política, financiera y económica.

En los Estados Unidos ese sistema ha operado recientemente para rescatar la banca del inminente riesgo de quiebra. La dimensión del rescate fue presentada por el senador Bernie Sander |1|, el cual presentó los resultados de una auditoría realizada por la Agencia de Contabilidad Gubernamental |2|. Ese informe evidenció que el Federal Reserve Bank (FED - el Banco Central de los Estados Unidos) destinó alrededor de 16 trillones de dólares para el salvataje bancario, suma que fue directamente transferida a los bancos y grandes corporaciones bajo interés cerca de cero, entre diciembre 2007 y junio 2010.

La revelación de ese informe de auditoría gubernamental debe ser ciertamente uno de los más relevantes ejemplos del privilegio del sector financiero: la crisis de ese sector fue el primer paso hacia la actual crisis de la deuda “soberana”, no sólo en los Estados Unidos, sino en muchos países de Europa. La suma de recursos desembolsada por el FED para el salvataje bancario fue más grande que el saldo total de deuda pública en los Estados Unidos (actualmente estimados en US$ 14.5 billones) y de su Producto Interno Bruto (US$ 14.3 billones en 2010).

Es necesario persistir en la auditoría de esa operación, que podrá mostrar que lo que ha ocurrido es la conversión de grandes deudas privadas en deudas públicas. Los principales beneficiarios del dinero entregado por el FED, como consta en el informe, pueden ser vistos abajo:

Citigroup: $2.5 billones ($2,500,000,000,000)
Morgan Stanley: $2.04 billones ($2,040,000,000,000)
Merrill Lynch: $1.949 billón ($1,949,000,000,000)
Bank of America: $1.344 billón ($1,344,000,000,000)
Barclays PLC (United Kingdom): $868 mil millones ($868,000,000,000)
Bear Sterns: $853 mil millones ($853,000,000,000)
Goldman Sachs: $814 mil millones ($814,000,000,000)
Royal Bank of Scotland (UK): $541 mil millones ($541,000,000,000)
JP Morgan Chase: $391 mil millones ($391,000,000,000)
Deutsche Bank (Germany): $354 mil millones ($354,000,000,000)
UBS (Switzerland): $287 mil millones ($287,000,000,000)
Credit Suisse (Switzerland): $262 mil millones ($262,000,000,000)
Lehman Brothers: $183 mil millones ($183,000,000,000)
Bank of Scotland (United Kingdom): $181 mil millones ($181,000,000,000)
BNP Paribas (France): $175 mil millones ($175,000,000,000)

Esas cantidades demuestran el privilegio del sector financiero que, además de estos sustanciales préstamos del FED, también recibió otros montos considerables del Tesoro Nacional, sea directamente o por otros planes de salvataje que han consumido una gran parte de los impuestos recaudados de los contribuyentes. Mientras tanto, los mismos contribuyentes sufren con el crecimiento del desempleo, restricciones en programas de salud pública y recortes en otros sectores de beneficios sociales que en su conjunto redibujan la estructura social y empeoran las condiciones de vida de la sociedad, con desigualdades ahora más grandes de lo que ocurría hace algunas décadas. Esa paradoja explica la razón por la cual manifestaciones como “Occupy Wall Street” ganan fuerza.

La misma situación puede ser vista en Europa, cuyos países enfrentan serias crisis “de la deuda” y manifestaciones sociales de millones de ciudadanos en las calles. Es importante recordar que en 2008 no existía la denominada crisis de “endeudamiento”, pero sí la crisis de los grandes bancos. En aquel momento las autoridades decidieron salvar aquellas instituciones, a pesar de conocer los grandes riesgos que aquella alternativa representaba para sus presupuestos, y aún siendo conocido el “súper-endeudamiento” de todos los países, como muestra la noticia de Febrero 2009:



A pesar de saber del gran riesgo de ruina económica, bajo documentos secretos, una atmósfera de miedo y reuniones de emergencia, la Unión Europea llevó sus países a una serie de operaciones de salvataje bancario, para rescatar instituciones financieras. Como los países no tenían fundos para cumplir esa operación, grandes parcelas de títulos soberanos fueron emitidas.

Es importante resaltar que el fundamento para la decisión fue un “documento secreto de diecisiete páginas” que necesita ser revelado por una completa auditoría de ese proceso.

El origen de la crisis financiera está relacionado con la ausencia de regulación en este sector. Algunos controles existentes bajo la Securities and Exchange Commission - SEC |3| – que desde el 1929 era responsable por el control de “calidad y autenticidad” del comercio de bonos en los mercados – fueron revocados o simplemente incumplidos por las instituciones financieras.

La ausencia de regulación abrió espacio para la creación de una incontable cantidad de activos – como derivativos y otros tipos de productos financieros que pueden ser considerados como simples apuestas – con ningún valor o respaldo real. Los así llamados activos tóxicos cargaron con “basura” el marcado financiero.

La cantidad de esos activos tóxicos fue tan expresiva que algunas instituciones fueron especialmente designadas para recibirlos – los bad Banks - creados para aliviar la banca de parte de la “basura”, como ha divulgado Financial Times.



Crucialmente, las instituciones que emitieron eses activos tóxicos fueron las más destacadas del sector financiero, o sea, las que tenían la “credibilidad” suficiente para que sus activos fueran aceptados y comercializados en el mercado financiero. Sin embargo, pese el riesgo de quiebra, solamente algunas pocas de esas importantes instituciones llegaron a la bancarrota – LehmanBrothers, por ejemplo. Como se ha dicho anteriormente, muchas medidas fueron rápidamente tomadas para salvarlas y sacarlas de la bancarrota.

En cuanto a las naciones, tuvieron un destino diferente. Como ya era previsto, los planes de salvataje llevaron la zona del euro a una profunda crisis: una depresión económica en una escala que no era vista desde la Segunda Guerra Mundial.

A pesar de toda la información sobre la crisis europea en los medios de comunicación sobre el problema del endeudamiento público, muy poco se ha publicado sobre su origen, localizado sobre todo en la crisis bancaria, y no en los masivos gastos públicos, como se dice comúnmente.

Para una análisis más profundo, es también necesario comprender los mecanismos usados por el sistema financiero, la “creatividad” de los mercados financieros y productos, como los derivativos y otros activos sin rastro, que permiten a los inversores “lucrarse con los cambios en los precios de las reservas, índices, materias primas y otros activos existentes” |4|.

Los derivativos se han esparcido en los mercados financieros y fueron transferidos para fondos de pensión, fondos soberanos u otros tipos de inversiones alrededor del mundo. Como los precios no siguieron las expectativas, un gran volumen de seguros fueron activados, llevando a los bancos a una serie de crisis financieras. Es importante destacar que, en aquel tiempo, “la media de los seguros estaba nivelada en 27 por 1, i.e. habían prestado 27 veces su capital” |5|.

Muchas soluciones están siendo construidas para arreglar la situación, como los dichos bad banks. En Irlanda, la Agencia Nacional para Administración de Activos (NAMA) fue creada en 2009 como una tentativa de salvación del sistema financiero, nacionalizando deudas privadas a cambio de bonos públicos (sobre los cuales los bancos ejercen todo tipo de especulación). Estos procedimientos causan la “socialización” de las pérdidas bancarias, con graves efectos en las vidas de los ciudadanos pagadores de impuestos |6|.

A pesar de todas las consecuencias para las economías nacionales y los inmensos costes sociales de las medidas adoptadas por los gobiernos para rescatar al sector financiero, las mismas instituciones financieras no aceptan cualquier especie de restricción legal, de modo que su actividad continúa desregulada. A diferencia de otros activos, que están sujetos a muchas limitaciones jurídicas, los derivativos no tienen casi ningún control y ningún coste de transacción. Bancos y otras corporaciones aún pueden emitir imprudentemente nuevos activos y especular sobre ellos.

2. La usurpación de la deuda pública
Para ayudar a los bancos a sustituir parte de la grande burbuja de “activos tóxicos”, las naciones emitieron moneda (como los Estados Unidos, conforme revelado por la auditoria realizada por el Departamento de Contabilidad Gubernamental que probó que US$ 16 trillones fueron repasados a los bancos por el FED), o crearon deuda pública mediante la emisión de bonos soberanos, entre otros instrumentos.

Una parte significativa de los bonos soberanos de eses países no corresponden efectivamente a una deuda “pública” real, i.e. bonos emitidos para obtener recursos para el país, sino simplemente una usurpación, un uso equivocado del mecanismo de endeudamiento, para garantizar fondos para instituciones financieras.

Además, la desregulación del mercado financiero permite que bonos soberanos sean usados como si fueran tarjetas o fichas de apuestas jugadas en un casino. Uno de los principales privilegios del sector financiero es la libertad para moverse a donde quiera, especialmente a paraísos fiscales, bajo secreto bancario, y negociar bonos soberanos en mercados secundarios. Generalmente siquiera sin el conocimiento del país que ha emitido aquellos bonos en primer lugar. Eso, sin embargo, no es nuevo; ya ha representado una grande dificultad para Latinoamérica desde los años 1970, cuando los bancos internacionales solían vender partes de los contratos de endeudamiento en los mercados secundarios.

¿Por cuánto tiempo la sociedad llevará el fardo de las pérdidas derivadas de operaciones tan irresponsables e inmorales, que están sacando dinero de servicios esenciales como Salud, Educación, Asistencia Social etc., resultando en miles de pérdidas de empleo, mientras, al mismo tiempo, aseguran grandes lucros y ganancias para el sector financiero?

Además de eso, ¿puede el resultado de esas operaciones ser considerado como “deuda pública”? Los libros de economía explican que deuda pública es un instrumento que puede ser usado para financiar las necesidades de los Estados y complementar los fondos requeridos por los servicios públicos en beneficio de la sociedad. Los bonos emitidos para salvar las instituciones bancarias sin cualquier criterio no deberían ser considerados deuda “pública”, sino que deberían ser tratados como un préstamo separado a ser pagado por la misma banca, y no por toda la sociedad.

Las instituciones financieras que fueron salvadas después de la crisis de 2008 han comprado bonos del Tesoro con el dinero prestado por los gobiernos, transfirieron liquidez – por cuenta de las bajas tasas de interés cobradas por los estados – para sucursales especulativas (por hedgefunds, formas desreguladas de inversión) cuyo objetivo era ganar más dinero “invirtiendo” en la deuda pública mediante la emisión de más y más derivativos, los cuales cargan en sí todos los problemas ya mencionados.

A pesar de todo eso, los gobiernos continúan ayudando a las instituciones bancarias, ejecutando las reformas sociales demandadas por las políticas neoliberales. La percepción obvia es que los países están cambiando la democracia por lucros bancarios, como resultado de un sistema político en el cual la toma de decisiones no está basada en la deliberación pública, sino que toma parte en mesas de negociación entre “tecnócratas” que insisten en que no están haciendo política.

3. La necesidad de una auditoria – métodos, transparencia, monitorización ciudadana y el rol de las instituciones internacionales
El instrumento de endeudamiento “público” está siendo utilizado ahora en Europa como lo fue en Latinoamérica desde los años 1970. Las experiencias de auditoría de deudas – la auditoría oficial en Ecuador |7| y la iniciativa ciudadana en Brasil |8|– han demostrado que en los últimos 40 años los únicos beneficiarios de la deuda comercial externa fueron los grandes bancos internacionales. En lugar de funcionar como un instrumento de financiación del Estado, este tipo de deuda en bonos fue un mecanismo de transferencia de recursos hacia el sector financiero privado.

Las auditorías de la deuda también han demostrado que la crisis financiera en la que Latinoamérica entró en 1982 fue causada por los mismos bancos privados acreedores |9|, que unilateralmente levantaron las tasas de interés de 5 a 20.5% al año. Aquella crisis posibilitó que el FMI tuviera una oportunidad de interferir en nuestras economías con planes de ajuste fiscal – exactamente como ahora ocurre en Europa – que han costado por lo menos dos décadas de gran sacrificio social (las cuales llamamos décadas perdidas), de forma a garantizar lucros al sector financiero.

Es muy importante que los países europeos – los cuales no están bajo dictaduras militares como estábamos en los años 1980 en Latinoamérica – organicen comisiones de auditorías oficiales, como ha hecho Ecuador en 2007. También es esencial que la sociedad civil empiece auditorías ciudadanas - como nuestra organización en Brasil - para rescatar documentos, fomentar investigaciones populares, estudios, movilización social y elucidación sobre ese proceso de endeudamiento tan pronto como sea posible.

La auditoría de la deuda es una oportunidad de obtener documentos y evidencias de la real naturaleza de la llamada deuda “pública”. Los resultados de esa auditoría pueden estimular acciones concretas en todos los campos: popular, parlamentario, legal, entre otros en el campo político.

3.1 El caso de Grecia y las experiencias de las auditorías en Ecuador y Brasil
La usurpación de la deuda pública necesita ser desenmascarada. En Grecia, por ejemplo, la manipulación de la prima de riesgo por agencias de clasificación – las cuales bajan la clasificación de los papeles del país pocos días antes del vencimiento de algunas obligaciones – llevó al gobierno a aceptar acuerdos con el FMI y la Unión Europea. Eso posibilita analizar cómo funciona el mecanismo. Montada la estructura, instituciones financieras internacionales y grandes corporaciones pueden invadir el país, imponiendo sus intereses – los cuales incluyen el desmantelamiento de los derechos sociales, la protección de instituciones financieras y la venta del aparato estatal, sobre todo con la privatización de lucrativas empresas públicas.

Ese mecanismo de presión de la “Troika” (mercados, FMI y el Banco Central Europeo) contra los países – que a su vez tienen que negociar de manera aislada - demuestra una gran asimetría entre las partes, un claro indicio de ilegitimidad. El FMI es una agencia especializada de la ONU, como OIT o FAO, y de esa manera “debe actuar en colaboración con las agencias de la ONU y otras instituciones especializadas, para atingir los objetivos de la Carta de ONU y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos” |10|. No obstante, con el paso de los años, el FMI se ha alejado de esas metas iniciales y ahora evidentemente defiende el mercado financiero. Aún así todavía se espera que la ONU, a través de la UNCTAD, repudie este comportamiento del FMI.

Pero lo más crucial es el modo en que ocurre el proceso de venta del Estado. Los bonos públicos son utilizados para capitalizar negocios privados, llevando las economías nacionales aún más abajo. Debido a la desregulación del sector financiero, los bonos pueden ser vendidos en mercados secundarios, donde sea que ellos operen.

Es importante recordar que cuanto más bajo es el precio del bono en el mercado secundario, más alto será el rendimiento efectivo (yield), lo que funciona como un interesante atractivo para los especuladores. En Grecia, por ejemplo, se calculó que en mayo los bonos soberanos fueron vendidos en los mercados secundarios por 60% de su valor nominal, es decir, con un haircut de 40%. Aplicando una tasa de interés de 7%, la remuneración efectiva sería 11,67%, como explicado en la tabla abajo. El otro ejemplo es aún más grave y los dos de hecho ocurrieron recientemente.

Valor Nominal Precio de Mercado Tasa de Interés Interés Rendimiento Efectivo yield Cálculo
Ejemplo 1 €1.000 60% = €600 7% €70 11.67% 70x100 / 600 = 11.67%
Ejemplo 2 €1.000 €167 6.25% €62.50 37.43% 62.50x100/167= 37.43%    

Cuando un tenedor de bonos los vende con el llamado haircut, quien compra estos bonos obtiene un rendimiento efectivo (yield) mucho más grande, pues los intereses pagados por el país son siempre calculados sobre el valor nominal de emisión de los bonos. En la medida en que los precios de mercado bajan, el yield aumenta cada vez más, lo que representa un grande atractivo para la especulación. Así, cuando alguien sufrió un haircut por vender por debajo del valor nominal, quien compró tuvo un rendimiento extra debido al crecimiento del yield calculado sobre dichos bonos. Eso caracteriza una manipulación de mercado y un abuso contra Grecia.

Esta situación demuestra la urgencia de una auditoría que necesita ser integral, lo que significa que ella debe mirar no solo para los dados y la contabilidad de cada emisión de bono, sino que para todos los aspectos y circunstancias que involucran el país y lo llevan a una grave crisis de endeudamiento, por ejemplo:

- 1 ¿Cuánta deuda pública fue emitida para el salvaje bancario?
- 2 ¿Cuál es la responsabilidad del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea en los países en proceso de endeudamiento?
- 3 ¿Cuál es la responsabilidad de las agencias de clasificación de riesgo por devaluar los bonos soberanos de un país, causando la elevación de las tasas de interés?
- 4 ¿Cuál es la responsabilidad de FMI y de UE por forzar a algunos gobiernos a implementar reformas contra los intereses de sus pueblos y en beneficio de los bancos?
- 5 ¿Cuál es la responsabilidad de los bancos por:
- a Clavar más préstamos en los mercados?
- b Especular sobre los bonos soberanos, subiendo las tasas de interés continuamente, forzando la intervención de FMI?
- c Jugar con derivativos, “Credit Default Swaps” y otros activos tóxicos?
- 6 ¿Cuál es el origen de la deuda soberana registrada? ¿El país recibió toda la cantidad de dinero? ¿En que fue invertido el dinero? ¿Quiénes son los beneficiados con eses préstamos? ¿Con qué propósito?
- 7 ¿Qué deudas privadas fueron transformadas en deuda pública?¿Cuál es el impacto de esos débitos privados en el presupuesto de estado?

Cuando tengamos una visión clara sobre tales informaciones, podremos decir que parte de la deuda soberana es ilegal, sostenidos en muchos argumentos jurídicos, por ejemplo:
  • Co-responsabilidad de los acreedores e instituciones financieras internacionales;
  • Asimetría entre las partes;
  • Violación de principios generales: razonabilidad, rebus sic stantibus;
  • Derecho al desarrollo;
  • Derecho a la soberanía;
  • Violación de derechos humanos;
Otros estudios legales necesitan ser desarrollados, en el interior de los órdenes jurídicos nacionales, sobre la prohibición de la manipulación de mercado y del abuso, pues es evidente que algunos países – como Grecia – están pagando tasas de interés abusivas, como se ha demostrado en los ejemplos anteriores.

Todos los sistemas jurídicos incluyen el concepto de abuso de derecho. En general, las principales características que definen un acto abusivo están relacionados con actos que producen daños; cuando hay excesivo prejuicio a una parte; cuando hay evidencias de la intención de producir prejuicios u obtener excesivos beneficios; cuando el acto contradice a los derechos sociales y económicos o cuando el acto no es compatible con las máximas de razonabilidad en términos de intereses sociales, entre otros.

Durante la Auditoría de la Deuda de Ecuador, además de aplicarse la legislación del país, la Comisión de Auditoría (CAIC) también buscó principios del Derecho Internacional Público, pactos internacionales, como la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se descubrió que la mayoría de las negociaciones de la deuda ecuatoriana han violado eses tratados.

La CAIC también utilizó algunos Principios Generales de Derecho que podrían ser útiles para Grecia y otros países:
  • Enriquecimiento sin causa;
  • Contractus qui habenttractum succesivium et dependientium de futuro rebus sic stantibus, que determina que una obligación debe ser revisada y las partes no están vinculadas si las circunstancias han sido sustancialmente modificadas (tasas de interés, por ejemplo);
  • Usura, conocida como la práctica de precios excesivos, no razonables, o tasas de interés ilegales;
  • Prohibición de interés compuesto;
  • Vicios de manifestación de voluntad;
  • Buena fe (como se expresa en la Convención de las Naciones Unidas);
  • Equidad (prohibición del abuso);
  • Solidaridad y Cooperación;
  • Interés público.
Además de eso, la CAIC ha estudiado detalladamente las doctrinas de la deuda odiosa e ilegítima, que también puede ser aplicada a otros países. Por lo tanto, muchas materias necesitan tener estudios profundizados, como las que Eric Toussaint |11| , quien resumió da la siguiente manera:

La deuda griega alcanzó sus máximos cuando los líderes del país aceptaron las medidas de austeridad determinadas por el FMI y la Unión Europea, chispeando significantes luchas sociales todo el 2010. ¿Pero de dónde ha venido la deuda griega? En lo que respecta a la deuda contraída por el sector privado, el crecimiento ha sido reciente: comenzó con la integración de Grecia a la eurozona en 2001. Una segunda explosión fue provocada en 2007, cuando la ayuda financiera por el FED de los EEUU, los gobiernos europeos y el Banco Central europeo fue reciclada por los banqueros en Grecia y otros países como España y Portugal. En lo que respeta a la deuda pública, el crecimiento viene desde hace mucho tiempo. Además de la deuda originada por la dictadura de los coroneles, los préstamos desde los años 1990 sirvieron para completar el vacío creado en las financias públicas por una tasación más baja para las empresas y por los altos rendimientos. Además de eso, por décadas, muchos préstamos han financiado la compra de equipamientos militares, principalmente de Francia, Alemania y los Estados Unidos. Y no se puede olvidar la deuda colosal contraída por las autoridades públicas para la organización de los Juegos Olímpicos de 2004. La espiral de la deuda pública aún fue cargada por las fraudes de grandes transnacionales para que obtuvieran contratos, de lo que Siemens es un ejemplo. Por eso, la legitimidad y la legalidad de la deuda griega deberían estar sujetas a escrutinio rigoroso, siguiendo el ejemplo de la comisión ecuatoriana de 2007-2008. Deudas definidas como ilegítimas, odiosas o ilegales serían declaradas nulas, y Grecia podría recusar el repago y llevar a la justicia aquellos que hagan contraído esos débitos. Algunas señales motivadores desde Grecia indican que el desafío de la deuda se ha convertido en una cuestión central y la demanda por una comisión de auditoría está ganando terreno.

Cuando se empieza a investigar la deuda pública de un país, el primer paso es saber el origen de esa deuda. En la CAIC de Ecuador y también en las investigaciones parlamentarias en la CPI de la Deuda Pública de Brasil |12|, con un detallado análisis de documentos y dados, se pudo probar, por ejemplo la práctica de Anatocismo (interés compuesto). Fueron encontradas evidencias de transformación de interés en capital. Eso ocurrió durante el Plan Brady – lo mismo adoptado por varios países en Latinoamérica. El plan transformó las deudas anteriores en nuevos bonos soberanos. Las deudas anteriores tenían una parte de capital y una grande parte de interés, los cuales eran tan altos que los países no podrían pagar. Algunos de los nuevos bonos emitidos bajo el Plan Brady fueron una transformación inequívoca de intereses acumulados en capital y fueron llamados bonos-interés.

El Plan Brady fue diseñado en el inicio de los años 1990. En aquel tiempo, todos los tipos de medios de comunicación y mismo algunos académicos creían que había sido un buen paso, pues fue presentado como un plan que llevaría los países de vuelta desde la insolvencia hacia las operaciones de mercado. Comúnmente se decía que la transformación “daba” a nuestros países un descuento. De hecho, una categoría de los nuevos bonos emitidos bajo Plan Brady fue llamada “bono-descuento”. Solamente cuando fueron hechas la auditoría en Ecuador y las investigaciones en el parlamento brasileño se tuvo acceso a los contratos y se pudo ver que la realidad era bien diferente de la propaganda.

Esos documentos probaron que había un “sistema de la deuda” que operaba bajo la refinanciación de deudas anteriores; un mecanismo de creación de nueva deuda para pagar débitos anteriores, de modo que un nuevo débito fuera siempre mucho más grande que el anterior. También se hacían grandes pagos de capital, interés, comisiones, tasas, impuestos y todo tipo de costos extra. La auditoría también ha probado que las negociaciones fueron llevadas a cabo en el exterior y, en muchas ocasiones – como el Plan Brady –, el dinero registrado como deuda en los contratos y emisión de bonos nunca han llegado efectivamente a los países, dado que la transformación de los débitos anteriores en nuevos bonos fueron hechos por los acreedores, en el mercado de activos de Luxemburgo, sin registro en SEC (Securities and Exchange Commission in UnitedStates of America) a pesar de la ley y de la jurisdicción estadounidense. Las tasas de interés, costos y cláusulas de los contractos eran completamente ilegales y abusivas. Para empeorar, la auditoría ha probado una completa desinformación sobre el real significado del Plan Brady para otros países. Esto fue posible gracias a la obtención de los documentos de las negociaciones: contractos, actas y resúmenes de reuniones, comunicaciones, procedimientos contables y todos los registros de cada operación, así como las estadísticas y dados disponibles.

Ese es solamente uno de los ejemplos de cómo nosotros probamos el anatocismo y la ilegalidad del proceso. La conclusión principal a la que se llegó de los 30 años auditados en Ecuador y de los 39 años investigados en Brasil es que el “sistema de la deuda” ha beneficiado unicamente a los grandes bancos internacionales, y no ha servido como un mecanismo de financiación de nuestros países, como la teoría económica define la deuda pública. El instrumento del endeudamiento público ha sido usurpado por el “mercado”. Nuestro esfuerzo debe ser revelar la verdad, obteniendo los documentos y evidencias que pueden mostrar las muchas mentiras que se han dicho sobre la deuda pública de los diversos países. Nosotros no podemos continuar pagando deudas ilegales con nuestros empleos y nuestras vidas. Necesitamos estar preparados para organizar comisiones que lleven a cabo auditorías con urgencia, en todo lugar, para desenmascarar el “sistema de la deuda”.

4. Conclusión
La actual crisis ha revelado la usurpación del instrumento de la deuda pública, usada como un mecanismo de transferencia de recursos públicos para encubrir un problema del sistema financiero privado, por medio de operaciones cuestionables con derivativos sin lastro. Los costos sociales de la crisis están creciendo, especialmente en Grecia. La experiencia de auditoría en Ecuador mostró el valor de esta herramienta para desvelar la verdad sobre el proceso de endeudamiento, pudiendo ayudar a implementar resultados efectivos. La iniciativa de una auditoría ciudadana en Brasil también muestra la importancia de este trabajo para una mirada histórica del proceso de formación de la deuda, una amplia comprensión de los recientes desarrollos relacionados con la crisis de la deuda, manteniendo el problema de la deuda pública en la agenda de debates nacionales e internacionales. Es esencial hacer una auditoría completa en los países afectados por la reciente crisis, provocada por un problema localizado en los mercados financieros, de modo que se garantice un proceso de toma de decisiones en favor de la justicia y la dignidad de la sociedad como un todo.

Maria Lucia Fattorelli
CADTM

martes, 24 de enero de 2012

Capitalismo y derecho

Los derechos de las empresas transnacionales se protegen por un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones cuyas características con imperativas, coercitivas y ejecutivas.

Una de las características más destacables de los sistemas jurídicos internacionales en el actual modelo neoliberal reside en la debilidad, cuando no ausencia, de normas universales entendidas como vehículo de los valores de la comunidad internacional. El marco legal mundial del sistema capitalista está formado por un conjunto de normas que organizan todo tipo de actividades económicas en el plano global, sin discriminaciones aparentes y sin tratos preferenciales.

Sin embargo, las relaciones de fuerza, en su expresión más cruda, la guerra unilateral y las relaciones bilaterales asimétricas -es decir, desiguales- en el ámbito del comercio internacional y financiero, son la «norma» del sistema capitalista. La globalización económica diseña un marco jurídico, político y económico en el que las empresas transnacionales se desenvuelven sin contrapesos suficientes. El Derecho Internacional no tiene articulados sistemas jurídicos capaces de someter a las multinacionales a control.

El telón de fondo sobre el que actúan las empresas transnacionales es el capitalismo. Las ideas fuerza se sostienen sobre la vieja máxima de eliminar todo obstáculo que impida a las multinacionales ejercer su actividad con plena eficacia. El modelo neoliberal fue encabezado por los Estados imperiales y por las agencias financieras, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que impusieron, mediante el Consenso de Washington, la apertura de fronteras al comercio y a las transacciones financieras, las privatizaciones, el recorte del Estado de Bienestar y las desregulaciones. Recetas generalizadas en el marco de la actual crisis económica.

Junto a estas propuestas, la globalización neoliberal fue impulsando estructuras institucionales y privadas de carácter supranacional (UE, OMC, G8, G20, Tratados Regionales y Bilaterales de Comercio e Inversiones) que fueron estableciendo normas jurídicas más privadas que públicas, con sus propias lógicas de funcionamiento pero con efectos generales. Nada que ver con un gobierno universal o con una globalización jurídica, sino con la creación de un Derecho Corporativo al servicio de las clases dominantes.

La concepción monista del Derecho quiebra ante el nuevo modelo globalizador y un nuevo pluralismo jurídico global se va consolidando. El Derecho creado en torno al Estado se sustituye por una nueva Lex Mercatoria que refleja las relaciones de poder entre Estados, organizaciones financieras internacionales y empresas transnacionales.

El proceso de elaboración del Derecho Comercial Global, los sujetos supranacionales que crean sus distintos instrumentos y los contenidos jurídicos, representan los intereses de nuevas burocracias privadas del comercio mundial.

La estructura jurídica moderna y sus principios formales de generalidad, de abstracción, de jerarquía normativa y de igualdad ante la ley se sustituyen por normas privadas -supuestamente técnicas-, por prácticas contractuales y por actuaciones deslegalizadas e informales.

El proceso de elaboración de las normas necesita mecanismos de funcionamiento rápidos, dotados de adaptabilidad, con plazos de vigencia flexibles, con sistemas ágiles de modificación... es decir, procedimientos cuyo elemento central sea la celeridad, y por tanto, las técnicas complejas de los acuerdos comerciales y financieros sustituyen a los procedimientos legislativos transparentes, públicos y sometidos a control, al menos desde la perspectiva formal. La celeridad, junto a la confidencialidad, dota a las empresas transnacionales y al comercio internacional de seguridad jurídica en los resultados y arbitrariedad en su procedimiento. Por otra parte, los sistemas universales de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y sus jurisdicciones competentes son incapaces de neutralizar el poder del nuevo Derecho Corporativo Global. Sus contenidos se cuestionan por las clases dominantes y sus sanciones se deslizan hacia el plano de la mera recriminación moral. ¿Cómo se explica la inaplicabilidad del derecho a la alimentación -meramente declarativo- frente a la protección -plenamente eficaz- de los sistemas bancarios? ¿Por qué las sanciones del Comité de Libertad Sindical contra Colombia no se cumplen y los derechos de Repsol en el mismo país se tutelan sin fisuras de ningún tipo?

Los derechos de las empresas transnacionales se protegen por un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones cuyas características son imperativas, coercitivas y ejecutivas, mientras que sus obligaciones se remiten a ordenamientos nacionales sometidos a la lógica neoliberal y a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos manifiestamente frágil. La asimetría normativa es evidente y el Derecho Global se construye al servicio de las clases dominantes.

Juan Hernández Zubizarreta
Gara

Monstruosas sanguijuelas

Es muy difícil creer que los gobernantes y partidos políticos del mundo desarrollado no entiendan los mecanismos a través de los cuales los grandes financieros del mundo avanzan tragándose bancos menores, derribando países y avanzando, apropiándose hasta ahora de riquezas inimaginables, sin pudor ni escrúpulo ninguno, llevando al límite del hambre a millones de seres humanos que no tienen cómo defenderse.
 
A la vista de quien quiera verlo, como hemos dicho en este espacio, la economía financiera se ha engullido enteramente a la política-política, al grado de humillarla haciéndola lamer el piso. O bien, el segmento mayor de la política y de los estados es un cómplice vil del perverso desenfreno de banqueros, agencias calificadoras y especuladores. Está el mundo absolutamente a su merced, y todos quienes operan el poder constituido, no quieren sino salvar a los amos del dinero.

Las grandes empresas financieras conforman un oligopolio coludido que opera en la sombra y sin regulación. Fueron esos oligopolios los que, mediante los derivados denominados credit default swaps (CDS o swaps de incumplimiento crediticio) y otros derivados, provocaron la crisis financiera.

Los swaps de incumplimiento crediticio son los instrumentos más modernos, resultado de la más siniestra y perversa imaginación financiera. En su forma más simple es un contrato bilateral entre un comprador y un vendedor de protección. En este contrato el comprador se compromete a realizar una serie de pagos en el tiempo (primas) y el vendedor se compromete a cubrir parte o el total del crédito asegurado en caso de que éste no sea pagado. Es un seguro sobre el crédito; pero, a diferencia de un seguro común, no existe ningún bien tangible de por medio: sólo papeles. Los CDS se utilizan en el aseguramiento de grandes corporaciones, en el aseguramiento de paquetes de referencia crediticia (CDO) o en el aseguramiento de los bonos de deuda soberana, y aparecieron a la luz púbica tras el estallido de la crisis subprime. Dado el mercado al que está dirigido, su monto mínimo de operación es de 10 millones de dólares.

El oligopolio financiero se halla garantizado por la intermediación de las empresas calificadoras. La crisis de las subprime fueron el aviso de una tormenta inusitada, pero las prácticas a que dieron lugar continuaron aumentando la liquidez de origen crediticio a una velocidad vertiginosa, producto puramente de la especulación, y sin relación con el mundo productivo.

El PIB mundial en 2010 fue de 74 mil billones de dólares, pero las finanzas lo superan con cifras astronómicas: el mercado mundial de obligaciones vale 95 mil billones de dólares. Las bolsas de todo el mundo 50 mil billones, los derivados 466 mil billones. Es decir, los mercados financieros mueven una riqueza ocho veces mayor que la producida en términos reales: industria, agricultura, servicios.

En la comercialización de los CDS los roles de comprador y el vendedor son intercambiables. El vendedor de CDS (usualmente un banco) vende el CDS a un inversionista (los 10 millones de dólares mínimos). Pero el banco también puede tomar el rol de inversionista y asegurar la operación con otro banco. De esta forma se produce una clonación de aseguramientos donde no existe nada tangible. Y esta clonación puede ser infinita.

Warren Buffet ha llamado a estos instrumentos armas de destrucción financiera masiva.

Las características de los CDS permiten a los inversionistas asegurar el riesgo de sus operaciones. Pero también especular sobre la calidad crediticia de la entidad o del paquete de títulos. Es decir, se apuesta en una ventanilla comprando paquetes de inversiones, obligaciones de deuda colateralizada (CDO) o paquetes de deuda soberana, y por otra ventanilla se adquieren los CDS en caso de que la operación fracase (default). Así fue con las hipotecas subprime, cuando los grandes bancos, además de comprar los paquetes de valores con respaldo, u obligaciones de deuda colateralizada (CDO), los aseguraban con CDS. De esta forma ganaban por la vía normal (el pago de intereses) y también ganaban por la vía de impago (el cobro del CDS) cuando el negocio fracasaba.

No es extraño, de este modo, que aún en las sombras, se les señale como los instrumentos principales de la desaceleración económica: es el medio más eficaz para aumentar en billones sus ganancias. Pero lo más relevante es que los CDS se alejan de los conceptos tradicionales de cobertura de riesgo, al impulsar la precipitación del colapso. Además, producto de su carácter desregulado y su total falta de transparencia, se han mantenido en una caja negra imposible de cuantificar con precisión. Para muchos analistas, estos instrumentos son la génesis de los activos tóxicos y las mayores armas de destrucción masiva, dado que nadie –esto es lo que permanece como gran misterio–, se ha atrevido a controlar.

La economía mundial no tendrá una recuperación duradera sin desinflarla del inmenso tóxico globo de dinero fiduciario creado por la especulación sin freno. Deberán ser provocadas pérdidas igualmente inmensas para unas cuantas miles de sanguijuelas cuya codicia incomprensible ha provocado la pérdida de sus casas y ha enviado al desempleo y al hambre a millones de seres humanos.

José Blanco
La Jornada

Tipos con mucho interés

Ayer entré a Correos para enviar unas cartas y mientras esperaba turno me entretuve en leer la información que proporciona la oficina bancaria que se encuentra allí, Deutsche Bank, sobre los intereses de los préstamos y créditos que concede. Son estos, como puede verse en la imagen de abajo:

Créditos y préstamos a 3 meses: 7,19%
Créditos y préstamos a 1 año: 7,45%
Créditos y préstamos a 3 años: 8,24%
Préstamos hipotecario vivienda a tipo fijo: 6,43%
Préstamos hipotecario resto a tipo fijo: 6,96%
Préstamos hipotecario vivienda a interés variable: 2,07%
Préstamo personal al consumo: 9,38%
Descubierto en cuenta corriente con consumidores: 10,00%
Resto descubiertos: 30,60%
Excedidos en cuenta de crédito: 30,60%
Todos ellos, como dice la nota, sin incluir comisiones u otras cargas.

Naturalmente el banco olvida señalar que esos créditos y préstamos puede darlos con el dinero que el Banco Central Europeo le concede sin límite al 1% o incluso, si se trata de bancos privilegiados como el Santander o el propio Deutsche Bank, con el que le dio la Reserva Federal al 0,25% y en secreto, como ya comenté en otra ocasión  (16 billones de regalo a los bancos y empresas que provocaron la crisis y que más empleo destruyen).

No creo que pueda haber una muestra más clara y evidente de lo que está impidiendo de verdad que salgamos de la crisis.

¿Qué empresa puede sobrevivir con estos tipos y eso, en el hipotético caso de que le concedan los préstamos, porque antes que dárselos, los bancos prefieren utilizar el dinero que casi gratuitamente les da el banco central para especular o comprar deuda?

¿Cómo puede soportar una pequeña o mediana empresa un 30% de interés si se excede puntualmente en su línea de crédito?

¿Cómo se puede reactivar la economía con esos tipos de interés por las nubes cuando la financiación es imprescindible para que las empresas que crean empleo vuelvan a ponerse en funcionamiento?

Es posible que las grandes empresas que tienen liquidez propia suficiente no se vean muy afectadas por estos tipos porque no tienen tanta necesidad de recurrir a esta financiación pero es que esas empresas no son las crean empleo. Al revés, son las que lo destruyen. Las que lo crean son las pequeñas y medianas y estas tienen un problema principal que solo tiene un nombre: la voracidad y usura de la banca que ponen de relieve esos tipos de interés.

Pero ni siquiera a la vista de esos datos son capaces los gobiernos de tomar las riendas con dignidad y parar los pies a la banca.

Al revés, de la mano de la patronal insisten en el mismo diagnóstico equivocado y cínico de la crisis. Para ellos, no se trata de que con falta de crédito y con esos intereses las pequeñas y medianas empresas que crean el 90% del empleo no puedan funcionar y tengan que cerrar. No. ¡De ningún modo! En su opinión, según nos dicen a todos constantemente, lo que sucede es que las grandes empresas y los bancos aún no tienen todo lo que necesitan y que, por tanto, hay que seguir dándole todo tipo de ayudas, a costa de dejar sin aire ni agua al resto de la economía.

Por eso, en lugar de pararles los pies y garantizar ingresos, financiación y demanda suficiente a las empresas que crean empleo y a los hogares, lo que hacen es promover la concentración bancaria para que siendo menos tengan más facilidad para controlar el mercado y poder aumentar sus beneficios más cómodamente; reducir el coste de los despidos para que no tengan que gastarse mucho dinero en desprenderse del personal; acabar con la negociación colectiva para que no tengan que perder mucho tiempo discutiendo con sus empleados; privatizar los servicios públicos para que las grandes empresas participadas por los bancos y ellos mismos se queden con el mercado; bajarles los impuestos para que puedan recuperar el aliento ganando miles de millones y no tengan que tirar su dinero financiando los gastos de la gente que creen que solo quiere vivir de los demás; o ahorrar en gastos sociales porque a las rentas altas no les son necesarios los servicios universales que financian.

Estas medidas que antes aplicaba el gobierno de Rodríguez Zapatero y ahora el de Rajoy no permiten salir de la crisis. No hace falta ser un genio de la economía para darse cuenta de que no apuntan a los problemas reales que la están agudizando día a día, como advierten los tipos de interés vigentes que he mostrado. Solo son la forma de aprovechar la crisis para aumentar el beneficio, los privilegios y el poder de las grandes empresas y de los bancos, la expresión de la gran estafa que se está cometiendo contra la ciudadanía.

Juan Torres López
Ganas de Escribir

domingo, 22 de enero de 2012

Adiós al estado del bienestar

Uno de los mayores logros alcanzados por el capitalismo en el siglo XX fue el nacimiento, desarrollo y consolidación del Estado de bienestar. Ha sido en la Europa democrática de posguerra en donde se avanzó más en el desenvolvimiento de los derechos sociales. El Estado de bienestar fue una conquista de los trabajadores, pero también respondió, precisamente por ello, a un intento por parte de los poderes políticos y económicos del capitalismo en dar concesiones a la clase obrera con el fin de evitar el triunfo de posiciones más radicales y revolucionarias que se oponían a este sistema económico. El miedo que se generó tras la revolución rusa contribuyó a ello.

El Estado de bienestar puso de manifiesto que dentro del capitalismo fue posible combinar el crecimiento económico, el pleno empleo y una cohesión social. Su desarrollo fue desigual entre los diferentes países, y ha sido en los países escandinavos en donde se ha conseguido un mayor avance en los derechos sociales. Aun así, otros países europeos, fundamentalmente Francia, Alemania, los que integran el Benelux, y en su día Reino Unido, alcanzaron cotas de bienestar estimables. Entre los países del sur de Europa, Italia quedó rezagada, y no hubo tal Estado de bienestar en los que estaban dominados por dictaduras, como España, Grecia y Portugal.

El Estado de bienestar no acabó con muchos males que se derivan del funcionamiento del sistema capitalista, pero sí supuso un avance notable en distribución de renta, en la oportunidad que tuvieron las clases trabajadoras de acceder a bienes y servicios que habían tenido vedados en la historia anterior del capitalismo, lo que supuso mayores posibilidades de promoción económica y social para los trabajadores. La igualdad en derechos y oportunidades comenzó a hacerse una realidad, aunque siempre limitada por la naturaleza de desigualdad social y cultural que genera el capitalismo.

La crisis de los años setenta supuso un ataque, desde diversos frentes, al modelo capitalista regulado de posguerra, al keynesianismo, y al Estado de bienestar. La imposición como dominante del paradigma económico que defendía el predominio del mercado frente a cualquier tipo de intervención pública afectó a la posible pervivencia del Estado de bienestar.

El combate que llevó a cabo Thatcher contra el Estado de bienestar, y la clase obrera británica, en especial contra los mineros, y la influencia que sus ideas, así como las de Reagan, estaban ejerciendo en el mundo, hacía desde luego temer por la supervivencia del Estado de bienestar tal como se había conocido. Si a esto se le añade la aparición en el escenario económico mundial de los Nuevos Países Industriales (NPI) y su gran capacidad de penetración en los mercados de los países desarrollados, la idea que se defendía es que el Estado de bienestar era una rémora para que los países europeos pudieran competir con éxito en el mercado global. Así que, no solamente se consideró que la financiación del bienestar era muy costosa e inviable a medio y largo plazo, sino que encima le hacía perder posiciones a Europa en la economía mundial.
En este sentido, me resultó muy llamativa la alusión que hacía a ello, un autor como Mishra, especialista en el estudio del Estado de bienestar. Había escrito este autor un libro sobre “La crisis del Estado de bienestar”(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) que fue publicado a principios de los ochenta, y en el prólogo que hace a la traducción al castellano, a primeros de los años noventa, confesaba que cuando publicó el libro y ante lo que estaba sucediendo, lo que supuso es que el Estado de bienestar no resistiría ese ataque, pero que, sin embargo, se podía observar que si bien magullado y con heridas había resistido diez años después de plantear aquello. La razón de esta resistencia era clara: la ciudadanía europea en su gran mayoría defendía la existencia del Estado de bienestar.

La caída de muro de Berlín y un poco después del modelo soviético contribuyó a reforzar más las ideas favorables al fundamentalismo de mercado con lo que las críticas al estado de bienestar no hacían más que crecer. El declive del movimiento obrero tradicional y la decadencia de la socialdemocracia contribuyó a que se reforzaran las posturas contrarias a la intervención pública y se tratara por todos los medios de desprestigiar a un modelo de desarrollo, que se suponía que se encontraba obsoleto y producto de un pasado más que de un futuro que se nos anunciaba lleno de prosperidad si se seguían las directrices marcadas por la nueva ortodoxia económica. De todos modos, el estado de bienestar ha seguido resistiendo, incluso con enemigos dentro de casa, como es el caso de algunos socialistas que se han dejado llevar por el neoliberalismo económico.

En España, el Estado de bienestar se desarrolla con la llegada de la democracia, y sobre todo, en la década de los ochenta. Llegamos tarde como consecuencia de la larga dictadura. Desde entonces ha habido progresos indudables en la sanidad, educación, y en el conjunto de las prestaciones sociales. Sin embargo, como ha puesto de manifiesto en sus artículo y libros Vicenç Navarro, el Estado de bienestar español se encuentra subdesarrollado con relación a los países más avanzados de Europa. Los logros que un proceso histórico son indudables y más si se les compara de dónde se viene, no obstante, tienen sus puntos negros al no haber avanzado más en los derechos sociales de lo que se ha hecho, cuando, además, se podía haber llevado a cabo con un sistema fiscal más justo, equitativo, y más combativo contra el fraude.

Las políticas que se siguen en la Unión Europea son un peligro para el Estado de bienestar, pero en España, lo es aún más, pues con lo que se está haciendo las cosas no pueden ir si no a peor, como es que se está recortando en aquello que ha sido un progreso social. La ortodoxia contra el déficit que se sigue y sin políticas compensatorias para lograr el crecimiento económico y hacia los más afectados por la crisis hace temer lo peor. Tal vez haya que decir adiós al Estado de bienestar si no se corrigen las actuaciones de política económica. Lo malo de España es que ya estamos diciendo a muchas cosas adiós sin haber alcanzado las cotas delos países de Europa. Es como un caramelo que se nos quita sin haberlo saboreado del todo.

Lo que no ha conseguido la caída del muro de Berlín, el fundamentalismo de mercado, tantos factores mencionados, lo va a conseguir la crisis, pero sobre todo, los remedios propuestos para solucionarla. El Estado de bienestar no está ya solamente magullado, sino herido de muerte. No se debe olvidar lo que constata Mishra si ha resistido es porque cuenta con gran consenso entre la ciudadanía europea. Ahora, esa ciudadanía lucha de diferentes maneras para defender los derechos que quedan. Esta es nuestra esperanza.

Carlos Berzosa
Nueva Tribuna
http://www.nuevatribuna.es/opinion/carlos-berzosa/2012-01-19/adios-al-estado-de-bienestar/2012011923164600918.html