lunes, 25 de junio de 2012

La deriva especulativa

No podemos dejar de percibir que la crisis ha tomado un aspecto circular, en la medida en que a las decisiones en materia de déficit público tomadas por los gobiernos han seguido reacciones bursátiles y movimientos financieros de desconfianza. Esto se testa principalmente a través de las continúas caídas de la bolsa y el aumento de las primas de riesgo. Para atenuar la caída y el aumento se anuncian reuniones a todos los niveles, lo cual, produce una especie de expectativa que suaviza las condiciones que devienen de nuevo en pánico y tormenta una vez anunciadas las nuevas medidas surgidas de dichas reuniones, todas ellas, no está de más decirlo una vez más, encaminadas al expolio del dinero real de la gente y que ha convenido en llamarse recortes o rescates. 

Así, la crisis parece haber quedado anclada en el siguiente patrón: medidas gubernamentales (recortes, rescates bancarios)-pánico-medidas gubernamentales-pánico… Ahora bien, este aspecto circular no permanece siempre igual a sí mismo sino que más bien, a cada vuelta que le damos al patrón, es más que visible un desgaste; ya que el dinero que se quita de un sitio para ponerlo en otra parte no es infinito, desgaste que se ha traducido en un empobrecimiento de la población, principal afectada del desvío. 

El caso es que nos encontramos de nuevo en una fase de reformas por venir en un escenario casi total de agotamiento. Por utilizar un símil, estamos ante las últimas gotas de la naranja, exprimida hasta el punto de que ya se está extrayendo el jugo a la piel. En este caso la piel se trata, principalmente en Europa, del esqueleto del estado del bienestar, sus principios básicos: sanidad, salarios altos, jubilación y educación. Los sucesivos pánicos desatados después de paquetes reformistas se han demostrado en este sentido como una aceleración de la máquina de exprimir. Aceleración que por otra parte especula con el punto máximo de beneficio en forma de prima de riesgo y el dinero que aún resta por desviar. En este sentido, el pánico, lejos de ser una reacción ante la amenaza por la propia vida, es la campanada que abre las apuestas acerca de la capacidad de la máquina, el punto máximo de especulación sobre un territorio en amenaza de quiebra. 

Los gobiernos, durante estos ataques de pánico, solo se dedican a observar la evolución de las cifras y a preparar los anuncios de nuevas reformas, pasando por el altavoz de los medios de desinformación de masas. En esta intervención de los medios, el pánico pasa de ser el catalizador de la orgía especulativa a convertirse en reacción irracional ante el miedo por la propia vida, tanto colectiva como individual. O reformas o catástrofe total. Asimismo, al miedo a la catástrofe total se le agrega una falsa esperanza de que algún día, no muy lejano, la rueda del crédito volverá a circular y a irrigar el sistema para que brote la recuperación económica. En otras palabras, solo con las reformas es posible la recuperación. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que se quiere recuperar? ¿Es posible, por ejemplo, recuperar un sistema de pensiones y salarios altos después de la reformas? ¿Es posible recuperar la sanidad universal y casi gratuita después de privatizarla? ¿Es posible un trabajo seguro después de otorgar el poder a los patronos en la negociación colectiva? La recuperación, vista desde el punto mass mediático, es una recuperación en las cifras macroeconómicas y nada más. Lo importante es que aumente el PIB, baje el paro, baje el déficit, aumenten las exportaciones y por tanto los niveles de competitividad. Recuperación, por lo tanto, de unas cifras anteriores al desencadenamiento de la crisis y que se supone que hace bien a todos. No obstante, cabe recordar que ha habido un desgaste, un desvío.

La especulación incide sobre lo real desgastándolo mediante la conversión de recursos reales en beneficio. Allá donde no hay beneficio podríamos denominarlo el desierto de lo especulativo. Allí no hay nada con lo que se pueda comerciar. Allí lo especulativo y la fluctuación financiera no están. Pero más importante que no estar es que también puede que hayan dejado de estar, lo cual supone que han sacado el máximo beneficio y han advertido de que ya no pueden sacar más; entonces se van a otra parte, a un nuevo yacimiento, a un nuevo país emergente. Lo especulativo deja tras de sí territorios agotados, los desertiza. En este sentido los esfuerzos de los gobiernos con las reformas se encaminan a demostrar que aún se pueden sacar beneficios si no retiran la inversión. No se vayan todavía, aún hay más, lo cual supone una apuesta política por lo especulativo y con las reservas sociales de dinero como aval. 

No hay que perder de perspectiva el hecho de que cuando lo especulativo ha desertizado un territorio deja tras de sí una población. Una población a la que habían adulado, ofrecido, atosigado y a veces colmado mientras era rentable. Trabaja y consume, compra pisos, endéudate con tan solo enseñar tu nómina mensual. En otros territorios es mejor vender armas y desertizarlo con guerras. La población es considerada por lo especulativo como un factor más a tener en cuenta en el rédito esperado a corto, medio y largo plazo. Lo mismo ocurre con su muerte. Aunque la muerte suele dispararse cuando la población se encuentra, de golpe, en medio del desierto, ya sin el espejismo de la nómina y el crédito ilimitado. 

La desertización no se produce tan solo mediante la retirada. Puede haber una permanencia condicionada. Es evidente que la permanencia solo se produce si hay beneficios a esperar. Ahora bien, la obtención de beneficios pasa claramente por una devaluación de la población, de su trabajo, y de sus condiciones de vida. En este sentido el desierto sería la esclavitud, allá donde solo eres un cuerpo que ejecuta ordenes, veinte horas al día, siete días a la semana. Pero la permanencia condicionada depende de la connivencia de la clase política, la cual sanciona la esclavitud y la legitima, en nombre de un sacrificio nacional que finalmente nos devolverá a los buenos tiempos. Asimismo asegura por derecho el desvío del dinero invertido en la población hacia la esfera de lo especulativo, preferentemente en forma de deuda. 

La connivencia de la clase política con la esfera especulativa pone en evidencia que la gestión de la crisis mediante la circulación del patrón al que antes aludíamos, esta deviniendo en una economía sin política. Una economía sin política en tanto que la población no tiene peso decisorio y a cambio es determinada como un factor pasivo a la hora de calcular los beneficios posibles, tal y como puede serlo el clima, la plaga de langostas o el precio de la moneda. En este sentido nos estamos enfrentando a un dominio total de la economía especulativa basado en la amenaza de abandono y en el horizonte de esclavitud. 

Ahora bien, tanto la amenaza de abandono como el horizonte de esclavitud no resultarían efectivos sin el altavoz de los medios de comunicación de masas, en la medida en que el abandono es presentado como miedo a la gran catástrofe, mientras que el horizonte de la esclavitud es presentado como una apelación al sacrificio , con el cual, además de evitar el abandono se regresará tarde o temprano a los buenos tiempos. Así, aceptar el supuesto del miedo y el supuesto del sacrificio significa por tanto aceptar el dominio total del capital, la aceptación total de la plusvalía como única fuente de bien. En este sentido cabe decir que es bueno si es rentable, es malo si no lo es. Y es bueno a pesar de que la rentabilidad pasa por la financiación de guerras o por el desahucio de miles de familias. Supone aceptar la buena fortuna de un trabajo por horas tres días a la semana y dependiente de una llamada los días que quedan por ocupar, con letras e impuestos e iva´s e irpf´s con porcentajes que solo dejan para comer pasta y con suerte una lata de salsa, y no te pongas enfermo, porque la enfermedad solo es rentable si la puedes pagar y ya sabes cuál es el precio de la gripe. Así, la población, bajo la deriva hacia el dominio total de lo especulativo, se encuentra bajo la encrucijada del miedo y de la esclavitud. 

Pero, ¿no son el miedo y la esclavitud una catástrofe en sí mismos? 
 
Juan José Colomer Grau
Rebelión

sábado, 23 de junio de 2012

¿Qué programa de urgencia frente a la crisis?

De acuerdo con las exigencias del FMI, los gobiernos de los países europeos han tomado la decisión de imponer a sus pueblos políticas de estricta austeridad, con recortes en los gastos públicos: despidos en la función pública, congelación o incluso bajada de los salarios de los funcionarios, reducción del acceso a ciertos servicios públicos vitales y de la protección social, retroceso de la edad de jubilación.... El coste de las prestaciones de los servicios públicos aumenta (transporte, agua, salud, educación...). El recurso a subidas de impuestos indirectos particularmente injustos, sobre todo el IVA, aumenta. Las empresas públicas del sector competitivo son masivamente privatizadas. Las políticas de rigor puestas en pie son llevadas a un nivel jamás visto desde la Segunda Guerra Mundial. Los efectos de la crisis son así multiplicados por pretendidos remedios, que intentan sobre todo proteger los intereses de los poseedores de capitales. La austeridad agrava claramente la ralentización económica y ha desencadenado el efecto bola de nieve: dado el débil crecimiento, cuando existe, la deuda pública crece de forma mecánica. Como ha escrito Jean-Marie Harribey, el tríptico Austeridad salarial+Austeridad monetaria+Austeridad presupuestaria da su fórmula de triple A. 

Pero los pueblos soportan cada vez menos la injusticia de estas reformas marcadas por una regresión social de gran amplitud. En términos relativos, son los asalariados, los parados y los hogares más modestos los que más están obligados a contribuir para que los estados continúen engordando a los acreedores. Y entre las poblaciones más afectadas, las mujeres ocupan la primera fila, pues la organización actual de la economía y de la sociedad patriarcal hace recaer sobre ellas los efectos desastrosos de la precariedad, del trabajo parcial y subpagado [2] . Directamente concernidas por la degradación de los servicios públicos sociales, son las que más lo pagan. La lucha para imponer una lógica diferente es indisociable de la lucha por el respeto absoluto de los derechos de las mujeres. Esbozamos las grandes líneas de lo que planteamos para esta lógica diferente. 

La reducción del déficit público no es un objetivo en sí mismo. En ciertas circunstancias, el déficit puede ser utilizado para relanzar la actividad económica y realizar gastos a fin de mejorar las condiciones de vida de las víctimas de la crisis. Una vez relanzada la actividad económica, la reducción de los déficits públicos debe hacerse no reduciendo los gastos sociales públicos, sino mediante la subida de los ingresos fiscales, luchando contra el gran fraude fiscal y poniendo más impuestos al capital, las transacciones financieras, el patrimonio y las rentas de las familias ricas. Para reducir el déficit, hay también que reducir radicalmente los gastos provocados por la devolución de la deuda pública cuya parte ilegítima debe ser anulada. La compresión de los gastos debe también afectar al presupuesto militar así como a otros gastos socialmente inútiles y peligrosos para el medio ambiente. En cambio, es fundamental aumentar los gastos sociales, particularmente para paliar los efectos de la depresión económica. También hay que aumentar los gastos en las energías renovables y en ciertas infraestructuras como los transportes públicos, los establecimientos escolares, las instalaciones de salud pública. Una política de relanzamiento mediante la demanda pública y la demanda de la mayoría de las familias genera igualmente una mejor entrada de impuestos. Pero más allá, la crisis debe dar la posibilidad de romper con la lógica capitalista y de realizar un cambio radical de sociedad. La nueva lógica a construir deberá dar la espalda al productivismo, integrar la situación ecológica, erradicar las diferentes formas de opresión (racial, patriarcal...) y promover los bienes comunes. 

Para esto, hay que construir un amplio frente anticrisis, tanto a escala europea como localmente, a fin de reunir las energías para crear una correlación de fuerzas favorable a la puesta en práctica de soluciones radicales centradas en la justicia social y climática.

1.- Poner fin a los planes de austeridad, son injustos y profundizan la crisis
Poner fin a las medidas antisociales de austeridad constituye una prioridad absoluta. Mediante la movilización en la calle, en las plazas públicas, mediante la huelga, el rechazo de los impuestos y tasas impopulares, hay que forzar a los gobiernos a desobedecer a las autoridades europeas y a derogar los planes de austeridad.

2.- Anular la deuda pública ilegítima
La realización de una auditoría de la deuda pública efectuada bajo control ciudadano, combinada, en ciertos casos, con una suspensión unilateral y soberana del pago de la deuda pública permitirá llegar a una anulación/repudio de la parte ilegítima de la deuda pública y reducir fuertemente el resto de la deuda. 

En primer lugar, no se trata de apoyar las reducciones de deuda decididas por los acreedores, particularmente a causa de las severas contrapartidas que implican. El plan de reducción de una parte de la deuda griega puesto en práctica a partir de marzo de 2012 está ligado a la aplicación de una dosis suplementaria de medidas que pisotean los derechos económicos y sociales de la población griega y la soberanía del país [3] . Según un estudio realizado por la Troika, a pesar de la reducción de deuda concedida por los acreedores privados, ¡el endeudamiento público de Grecia alcanzará el 164% del PIB en 2013! [4] Hay pues que denunciar la operación de reducción de la deuda griega tal como ha sido realizada, y oponerla una alternativa: la anulación de deuda, es decir su repudio por el país deudor, es un acto soberano unilateral muy fuerte. 

¿Porqué el estado endeudado debe reducir radicalmente su deuda pública procediendo a la anulación de las deudas ilegítimas? Primero por razones de justicia social, pero también por razones económicas que todo el mundo puede comprender y asumir. Para salir de la crisis por arriba, no hay que contentarse con relanzar la actividad económica gracias a la demanda pública y a la de las familias. Pues de contentarse con una política de relanzamiento así, combinada con una reforma fiscal redistributiva, el suplemento de ingresos fiscales sería apropiado en gran medida por la devolución de la deuda pública. Las contribuciones que serían impuestas a las familias más ricas y a las grandes empresas privadas serían en gran medida compensadas por la renta que sacarían de las obligaciones estatales de las que son de lejos sus principales tenedores y beneficiarios (razón por la que no quieren oír hablar de una anulación de deuda). Hay pues, claramente, que anular una muy gran parte de la deuda pública. La amplitud de esta anulación dependerá del nivel de conciencia de la población víctima del sistema de la deuda (a este nivel, la auditoría ciudadana juega un papel crucial), de la evolución de la crisis económica y política y sobre todo de las relaciones de fuerza concretas que se construyen en la calle, en las plazas públicas y en los lugares de trabajo a través de las actuales movilizaciones y de las que vengan. En algunos países como Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia y Hungría, la cuestión de la anulación de la deuda es una cuestión de la mayor actualidad. Para Francia, Bélgica, está a punto de serlo. Y, pronto, el tema será un punto central del debate político en el resto de Europa. 

Para las naciones ya sometidas al chantaje de los especuladores, del FMI y de otros organismos como la Comisión Europea, conviene recurrir a una moratoria unilateral de la devolución de la deuda pública. Esta propuesta se está haciendo popular en los países más afectados por la crisis. Tal moratoria unilateral debe estar combinada a la realización de una auditoría ciudadana de los empréstitos públicos, que debe permitir aportar a la opinión pública las pruebas y los argumentos necesarios para el repudio de la parte de la deuda identificada como ilegítima. Como ha mostrado el CADTM en numerosas publicaciones, el derecho internacional y el derecho interno de los países ofrecen una base legal para tal acción soberana unilateral [5] .
La auditoría debe también permitir determinar las diferentes responsabilidades en el proceso de endeudamiento y exigir que los responsables tanto nacionales como internacionales rindan cuentas ante la justicia. En todos los casos, es legítimo que las instituciones privadas y los individuos de altas rentas que poseen títulos de esas deudas soporten el peso de la anulación de deudas soberanas ilegítimas pues tienen en gran medida la responsabilidad de la crisis, de la que además se han beneficiado. El hecho de que deban soportar esta carga no es más que una justa vuelta hacia más justicia social. Es pues importante levantar un catastro de los poseedores de títulos a fin de indemnizar de entre ellos a los ciudadanos y ciudadanas de rentas bajas o medias. 

Si la auditoría demuestra la existencia de delitos ligados al endeudamiento ilegítimo, sus autores deberán ser severamente condenados a pagar reparaciones y no deberán escapar a penas de cárcel en función de la gravedad de sus actos. Hay que demandar cuentas ante la justicia a las autoridades que hayan lanzado empréstitos ilegítimos. 

En lo que se refiere a las deudas que no están manchadas de ilegitimidad según la auditoría, convendrá imponer un esfuerzo a los acreedores en términos de reducción del stock y de las tasas de interés, así como un alargamiento del período de devolución. Aquí también, será útil realizar una discriminación positiva en favor de los pequeños poseedores de títulos de la deuda pública a quienes habrá que pagar normalmente. Por otra parte, a la parte del presupuesto del estado destinado a la devolución de la deuda deberá ponérsele un techo en función de la salud económica, de la capacidad de los poderes públicos para devolver y del carácter no reducible de los gastos sociales. Hay que inspirarse en lo que se hizo en el caso de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial: el acuerdo de Londres de 1953 que consistía particularmente en reducir un 62% el stock de la deuda alemana estipulaba que la relación entre servicio de la deuda y rentas de exportaciones no debía superar el 5%. [6] Se podría definir una ratio de este tipo: la suma asignada a la devolución de la deuda no puede exceder el 5% de los ingresos del estado. Hay también que adoptar un marco legal a fin de evitar la repetición de la crisis que comenzó en 2007-2008: prohibición de socializar deudas privadas, obligación de organizar una auditoría permanente de la política de endeudamiento público con participación ciudadana, imprescriptibilidad de los delitos ligados al endeudamiento ilegítimo, nulidad de las deudas ilegítimas, adopción de una regla de oro que consiste en decir que los gastos públicos que permiten garantizar los derechos humanos fundamentales no se pueden reducir y priman sobre los gastos relativos a la devolución de la deuda... Las pistas alternativas no faltan.

3.- Por una justa redistribución de la riqueza
Desde 1980, no han dejado de bajar los impuestos directos a las rentas más elevadas y a las grandes empresas. Centenares de miles de millones de euros de regalos fiscales han sido en lo esencial orientados hacia la especulación y la acumulación de riquezas por parte de los más ricos. 

Hay que combinar una reforma en profundidad de la fiscalidad con un objetivo de justicia social (reducir a la vez las rentas y el patrimonio de los más ricos para aumentar los de la mayoría de la población) con su armonización en el plano europeo a fin de impedir el dumping fiscal. [7] El objetivo es un aumento de los ingresos públicos, particularmente vía el impuesto progresivo sobre la renta de las personas físicas más ricas (la tasa marginal del impuesto sobre la renta puede ser llevada por entero hasta el 90%) [8] , el impuesto sobre el patrimonio a partir de un cierto montante y el impuesto sobre las sociedades. Este aumento de los ingresos debe ir parejo con una bajada rápida del precio de acceso a los bienes y servicios de primera necesidad (alimentos de base, agua, electricidad, calefacción, trasportes públicos, material escolar...), particularmente por una reducción fuerte y bien dirigida del IVA sobre esos bienes y servicios vitales. Se trata también de adoptar una política fiscal que favorezca la protección del medio ambiente poniendo impuestos de forma disuasiva a las industrias contaminantes. 

Varios países pueden asociarse para adoptar un impuesto sobre las transacciones financieras, particularmente en los mercados de cambios, a fin de aumentar los ingresos de los poderes públicos, de limitar la especulación y de favorecer la estabilidad de las tasas de cambio.

4.- Luchar contra los paraísos fiscales
Las diferentes cumbres del G20 han rechazado, a pesar de sus declaraciones de intención, atacar realmente a los paraísos judiciales y fiscales. Una medida sencilla a fin de luchar contra los paraísos fiscales (que hacen perder cada año a los países del Norte, pero también a los del Sur, recursos vitales para el desarrollo de las poblaciones) consiste para un Parlamento en prohibir a todas las personas físicas y a todas las empresas presentes en su territorio realizar cualquier tipo de transacción que pase por paraísos fiscales, bajo pena de una multa de un montante equivalente. Más allá, es preciso erradicar esos agujeros negros de las finanzas, de tráficos criminales, de corrupción y de delincuencia de cuello blanco. Las grandes potencias, que les avalan desde hace años, tienen todos los medios precisos para hacerlo. 

El gran fraude fiscal priva a la colectividad de medios considerables y juega contra el empleo. Medios públicos consecuentes deben ser asignados a los servicios de hacienda para luchar eficazmente y de forma prioritaria contra el fraude organizado por las grandes empresas y las familias más ricas. Los resultados deben ser hechos públicos y los culpables fuertemente sancionados.

5.- Meter en cintura a los mercados financieros
La especulación a escala mundial representa varias veces las riquezas producidas en el planeta. Los montajes sofisticados la hacen totalmente incontrolable. Los engranajes que suscita desestructuran la economía real. La opacidad sobre las transacciones financieras es la regla. Para tasar a los acreedores en la fuente, hay que identificarlos. La dictadura de los mercados financieros debe cesar. Conviene prohibir la especulación sobre los títulos de la deuda pública, sobre las monedas, sobre los alimentos. [9] Las ventas a descubierto [10]  y los Credit Default Swaps deben ser igualmente prohibidos. Hay que cerrar los mercados de productos derivados que son verdaderos agujeros negros que escapan a toda reglamentación y a toda vigilancia. 

El sector de las agencias de notación debe igualmente ser estrictamente reformado y encuadrado. Debe estar prohibido a las agencias de notación notar a los estados. Lejos de ser la herramienta de una estimación científica objetiva, esas agencias son estructuralmente parte interesada de la mundialización neoliberal y han desencadenado en numerosas ocasiones catástrofes sociales. En efecto, la degradación de la nota de un país puede implicar una subida de las tasas de interés que el estado debe pagar para lograr tomar prestado en los mercados financieros. Debido a esto, la situación económica del país concernido se deteriora. El comportamiento de rebaño de los especuladores multiplica las dificultades que pesarán aún con más fuerza sobre las poblaciones. La fuerte sumisión de las agencias de notación a los medios financieros hace de estas agencias un actor importante a nivel internacional, cuya responsabilidad en el desencadenamiento y la evolución de las crisis no está puesta a la luz de forma suficiente por los medios. La estabilidad económica de los países europeos ha sido colocada en sus manos, sin protección, sin medios de control serio por parte de los poderes públicos, por lo que hay que prohibirles continuar haciendo daño. 

A fin de prohibir otras maniobras de desestabilización de los estados, hay que restaurar un control estricto de los movimientos de capitales.

6.- Transferir bajo control ciudadano los bancos y los seguros al sector público
A causa de las decisiones que han tomado, la mayor parte de los bancos hacen frente a una situación de insolvencia y no a una crisis pasajera de liquidez. La decisión de los bancos centrales de concederles un acceso ilimitado al crédito sin imponerles un cambio de las reglas del juego agrava el problema. 

Hay que volver a lo fundamental. Los bancos deben ser considerados como servicios públicos, debido, precisamente, a su importancia y al efecto devastador que su mala gestión puede tener sobre la economía. El oficio de la banca es demasiado serio para ser confiado a banqueros privados. Como utiliza dinero público, goza de garantías por parte del estado y hace un servicio de base fundamental a la sociedad, la banca debe convertirse en un servicio público. 

Los estados deben encontrar su capacidad de control y de orientación de la actividad económica y financiera. Deben igualmente disponer de instrumentos para realizar inversiones y financiar los gastos públicos reduciendo al mínimo el recurso al empréstito ante instituciones privadas. Para esto, hay que expropiar sin indemnización a los bancos para socializarlos transfiriéndoles al sector público bajo control ciudadano. 

En ciertos casos, la expropiación de los bancos privados puede representar un coste para el estado debido a las deudas que han podido acumular y los productos tóxicos que han conservado. El coste en cuestión debe ser recuperado sobre el patrimonio general de los grandes accionistas. En efecto, las sociedades privadas que son accionistas de los bancos y que les han llevado hacia el abismo a la vez que hacían jugosos beneficios tienen una parte de su patrimonio en otros sectores de la economía. Hay pues que hacer una punción sobre el patrimonio general de los accionistas. Se trata de evitar al máximo socializar las pérdidas. El ejemplo irlandés es emblemático, la forma en que la nacionalización del Irish Allied Banks ha sido efectuada es inaceptable pues se ha hecho a costa de la población. 

La opción que defendemos implica la eliminación del sector bancario capitalista, tanto en el crédito y el ahorro (bancos de depósito) como en el terreno de la inversión (bancos de negocios o de inversión). En esta opción, no quedarían más que dos tipos de bancos: bancos públicos con un estatuto de servicio público (bajo control ciudadano) y bancos cooperativas de talla moderada. 

Incluso si su estado de salud está menos mediatizado, el sector de los seguros está también en el corazón de la crisis actual. Los grandes grupos de seguros han llevado a cabo operaciones tan arriesgadas como los bancos privados con los que numerosos de ellos están estrechamente ligados. Una gran parte de sus activos está constituida de títulos de la deuda soberana y de productos derivados. A la búsqueda del máximo de beneficio inmediato, han especulado peligrosamente con las primas pagadas por los asegurados, con el ahorro recogido bajo la forma de seguro de vida o de cotizaciones voluntarias con vistas a una jubilación complementaria. La expropiación de los seguros permitirá evitar una debacle en este sector y protegerá a ahorradores y asegurados. Esta expropiación de los seguros debe ir pareja con una consolidación del sistema de jubilaciones por reparto.

7.- Socializar las empresas privatizadas desde 1980
Una característica de estos treinta últimos años ha sido la privatización de numerosas empresas y servicios públicos. Desde los bancos del sector industrial pasando por correos, las telecomunicaciones, a la energía y los transportes, los gobiernos han entregado al sector privado sectores enteros de la economía, perdiendo de paso toda capacidad de regulación de la economía. Esos bienes públicos, salidos del trabajo colectivo, deben volver al dominio público. Se tratará de crear nuevas empresas públicas y adaptar los servicios públicos según las necesidades de la población, por ejemplo para responder a la problemática del cambio climático por la creación de un servicio público de aislamiento de las viviendas.

8.- Reducir radicalmente el tiempo de trabajo para garantizar el pleno empleo y adoptar una política de rentas para realizar la justicia social
Repartir de otra forma las riquezas es la mejor respuesta a la crisis. La parte destinada a los asalariados en las riquezas producidas ha bajado claramente desde hace varios decenios, mientras que los acreedores y las empresas han aumentado sus ganancias para consagrarlas a la especulación. Aumentando los salarios, no solo se permite a las poblaciones vivir dignamente, sino que se refuerzan también los medios que sirven para la financiación de la protección social y de los regímenes de jubilación. 

Disminuyendo el tiempo de trabajo sin reducción de salario y creando empleos, se mejora la calidad de vida de los trabajadores, se proporciona un empleo a quienes tienen necesidad de él. La reducción radical del tiempo de trabajo ofrece también la posibilidad de poner en práctica otro ritmo de vida, una manera diferente de vivir en sociedad alejándose del consumismo. El tiempo ganado a favor del tiempo libre debe permitir el aumento de la participación activa de las personas en la vida política, en el refuerzo de las solidaridades, en las actividades benévolas y la creación cultural. 

Hay igualmente que subir significativamente el montante del salario mínimo legal, de los salarios medios y de las asignaciones sociales. En cambio, hay que fijar un techo muy estricto para las remuneraciones de los dirigentes de las empresas, sean privadas o públicas, remuneraciones que alcanzan niveles absolutamente inaceptables. Se trata de prohibir los bonus, las stock-options, las jubilaciones “doradas” y demás ventajas injustificadas derogatorias. Conviene instaurar una renta máxima autorizada. Recomendamos un abanico máximo de 1 a 4 de las rentas (como recomendaba Platón hace ya 2400 años) con una globalización del conjunto de las rentas de una persona a fin de someterlas al impuesto. 

9. Empréstitos públicos favorables a la mejora de las condiciones de vida, a la promoción de los bienes comunes y que rompan con la lógica de la destrucción medioambiental. 

Un estado debe poder pedir prestado a fin de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, por ejemplo realizando trabajos de utilidad pública e invirtiendo en las energías renovables. Algunos de esos trabajos pueden ser financiados por el presupuesto corriente gracias a decisiones políticas afirmadas, pero empréstitos públicos pueden hacer posibles otros de mayor envergadura, por ejemplo para pasar del “todo automóvil” a un desarrollo masivo de los transportes colectivos, cerrar definitivamente las centrales nucleares y sustituirlas por energías renovables, crear o reabrir vías férreas de proximidad sobre todo el territorio comenzando por el territorio urbano y semi urbano, o también renovar, rehabilitar o construir edificios públicos y viviendas sociales reduciendo su consumo de energía y poniéndoles comodidades de calidad. 

Hay que definir con toda urgencia una política transparente de empréstito público. La propuesta que planteamos es la siguiente: 1. el destino del empréstito público debe garantizar una mejora de las condiciones de vida, rompiendo con la lógica de destrucción medioambiental; 2. el recurso al empréstito público debe contribuir a una voluntad redistributiva a fin de reducir las desigualdades. Es por lo que proponemos que las instituciones financieras, las grandes empresas privadas y las familias ricas sean obligadas por vía legal a comprar, por un montante proporcional a su patrimonio y a sus rentas, obligaciones del estado al 0% de interés y no indexadas con la inflación; el resto de la población podrá adquirir de forma voluntaria obligaciones públicas que garantizarán un rendimiento real positivo (por ejemplo, el 3%) superior a la inflación. Así si la inflación anual se eleva al 3%, la tasa de interés efectivamente pagado por el estado para el año correspondiente será del 6%. Una medida así de discriminación positiva (comparable a las adoptadas para luchar contra la opresión racial en los Estados Unidos, las castas en la India o las desigualdades hombre-mujer) permitirá avanzar hacia más justicia fiscal y hacia un reparto menos desigualitario de las riquezas.

10. Cuestionar el Euro
El debate sobre la salida del euro para una serie de países como Grecia es completamente necesario. Está claro que el euro es una camisa de fuerza para Grecia, Portugal y también para España. Si no le concedemos la misma atención que a las demás propuestas de alternativas, es porque el debate atraviesa y divide tanto a los movimientos sociales como a los partidos de izquierda. Nuestra preocupación central es reagrupar sobre el tema vital de la deuda dejando de lado temporalmente lo que nos divide.

11. Una Unión Europea diferente basada en la solidaridad
Numerosas disposiciones de los tratados que rigen la Unión Europea, la zona euro y el BCE deben ser derogadas. Por ejemplo, hay que suprimir los artículos 63 y 125 del Tratado de Lisboa que prohíben todo control de los movimientos de capitales y toda ayuda a un estado en dificultades. Hay también que abandonar el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento. El MEE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) debe ser eliminado. Además, hay que reemplazar los actuales tratados por unos nuevos en el marco de un verdadero proceso constituyente democrático a fin de llegar a un pacto de solidaridad de los pueblos para el empleo y el medio ambiente. 

Hay que revisar completamente la política monetaria así como el estatus y la práctica del BCE. La incapacidad del poder político para imponerle crear moneda es un hándicap muy pesado. Al crear este BCE por encima de los gobiernos y por tanto de los pueblos, la Unión Europea tomó una opción desastrosa, la de someter lo humano a las finanzas, en lugar de a la inversa. 

Cuando numerosos movimientos sociales denunciaban estatutos demasiado rígidos y profundamente inadaptados, el BCE ha sido obligado a cambiar planteamientos en el momento más fuerte de la crisis modificando con urgencia el papel que le fue concedido. Desgraciadamente, ha aceptado hacerlo por malas razones: no para que los intereses de los pueblos sean tenidos en cuenta, sino para que los de los acreedores sean preservados. Es claramente la prueba de que las cartas deben ser barajadas de nuevo: el BCE y los bancos centrales de los estados deben poder financiar directamente a estados preocupados por alcanzar objetivos sociales y medioambientales que integren perfectamente las necesidades fundamentales de las poblaciones. 

Hoy, actividades económicas muy diversas, como la inversión en la construcción de un establecimiento hospitalario o un proyecto puramente especulativo, son financiadas de forma similar. El poder político debe imponer costes muy diferentes a los unos y los otros: tasas bajas deben ser reservadas a las inversiones socialmente justas y ecológicamente sostenibles, tasas muy elevadas, incluso prohibitivas cuando la situación lo exija, para las operaciones de tipo especulativo, que es igualmente deseable prohibir pura y simplemente en ciertos terrenos. 

Una Europa construida sobre la solidaridad y la cooperación debe permitir dar la espalda a la competencia y a la competición, que tiran “hacia abajo”. La lógica neoliberal ha conducido a la crisis y revelado su fracaso. Ha empujado los indicadores sociales a la baja: menos protección social, menos empleos, menos servicios públicos. El puñado de quienes se han beneficiado de esta crisis lo ha hecho pisoteando los derechos de la mayoría de los demás. ¡Los culpables han ganado, las víctimas pagan! Esta lógica, que está detrás de todos los textos fundadores de la Unión Europea, debe ser desmontada. Una Europa diferente, centrada en la cooperación entre estados y la solidaridad entre los pueblos, debe convertirse en el objetivo prioritario. Para ello, las políticas presupuestarias y fiscales deben ser no uniformizadas, pues las economías europeas presentan fuertes disparidades, sino coordinadas para que al fin emerja una solución “hacia arriba”. Políticas globales a escala europea, que comprendan inversiones públicas masivas para la creación de empleos públicos en terrenos esenciales (servicios de proximidad con energías renovables, lucha contra el cambio climático, sectores sociales de base), deben imponerse. Una política diferente pasa por un proceso coordinado por los pueblos a fin de adoptar una Constitución para construir una Europa diferente. 

Esta Europa diferente democratizada debe trabajar para imponer principios no negociables: refuerzo de la justicia fiscal y social, decisiones dirigidas a la elevación del nivel y de la calidad de vida de sus habitantes, desarme y reducción radical de los gastos militares, opciones energéticas sostenibles sin recurso a lo nuclear, rechazo de los organismo genéticamente modificados (OGM). Debe también, resueltamente, poner fin a su política de fortaleza asediada hacia los candidatos a la inmigración, para convertirse en un socio equitativo y verdaderamente solidario de los pueblos del sur del planeta. El primer paso en este sentido debe consistir en anular la deuda del tercer mundo de forma incondicional. La anulación de la deuda es decididamente un denominador común a todas las luchas que es urgente llevar a cabo tanto en el Norte como en el Sur.

Traducido por Alberto Nadal

[1] Damien Millet (profesor de matemáticas y portavoz del CADTM France www.cadtm.org ) y Eric Toussaint (doctor en ciencias políticas, presidente del CADTM Belgique, miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia). Damien Millet y Eric Toussaint han dirigido el libro colectivo La deuda o la vida, publicado en Icaria-Antrazyt, que recibió el Premio del libro político en la Feria del Libro Político de Lieja en 2011. Último libro publicado: Damien Millet et Éric Toussaint, AAA, Audit, Annulation, Autre politique, Le Seuil, Paris, 2012.
[2] Christiane Marty, « Impact de la crise et de l’austérité sur les femmes : des raisons de s’indigner et se mobiliser », www.cadtm.org/Impact-de-la-crise-et-de-l
Ver tambien Damien Millet y Eric Toussaint han dirigido el libro colectivo La deuda o la vida, capitulos XXI y XXII
[6] Éric Toussaint, Banco Mundial, el golpe de Estado permanente, Viejo Topo, Barcelona, 2006, capitulo 4
[7] Pensemos en Irlanda que practica una tasa de solo el 12,5% sobre los beneficios de las sociedades. En Francia, la tasa real de imposición de las empresas del CAC 40 no es más que del 8%...
[8] Señalemos que esa tasa del 90% había sido impuesta a los ricos a partir de la presidencia de Franklin Roosevelt en los Estados Unidos en los años 1930.
[9] Éric Toussaint, La Cris is Global , Viejo Topo, Bercelona, capitulo 4 .
[10] Las ventas a descubierto permiten especular sobre la bajada de un título vendiendo a plazo ese título cuando ni siquiera se dispone de él. Las autoridades alemanas han prohibido las ventas a descubierto mientras que las autoridades francesas y las de otros países se han opuesto a esta medida. 

viernes, 22 de junio de 2012

La dictadura del FMI

Quién nos iba a decir que nuestra economía y nuestras vidas estarían dependerían de lo que dijesen los hombres del maletín, los cuervos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Cualquiera que haya pasado por el 700 de la 19 th Street de Washington sabe de la mediocridad técnica y de la mucha soberbia que los caracteriza. Desde 1971, año en el que desapareció el Sistema Monetario Internacional creado en Bretton Woods y en el que, por tanto, el FMI dejó de tener sentido, este se convirtió tan solo en un instrumento del capital y de los acreedores internacionales en su intento de que los deudores, en su mayoría países subdesarrollados, hiciesen frente a sus créditos aun cuando fuese a costa de sumir a las poblaciones en el sufrimiento y en la miseria.
 
A lo largo de todos estos años, el FMI ha funcionado como fuente de financiación de aquellos países en vías de desarrollo que tuvieran necesidad de divisas por dificultades en sus balanzas de pagos; ahora bien, esta ayuda no se percibía de manera gratuita, sino condicionada al precio de amoldar las políticas económicas nacionales a lo que se denominó el consenso de Washington. Las consecuencias resultaron a menudo desastrosas. Cortaban la posibilidad de desarrollo a medio plazo y disminuían el nivel de vida de la mayoría de la población, excepto el de los ricos, quienes veían incrementarse considerablemente las posibilidades de evadir capitales gracias a la liberalización de los controles cambiarios que el propio Fondo imponía. Se creaba así una especie de círculo vicioso, de modo que el dinero evadido volvía en forma de préstamo, y los intereses de los créditos y las nuevas evasiones que permitían las medidas liberalizadoras hacían necesaria la concesión de nuevos préstamos.

Los países en vías de desarrollo han ido tomando poco a poco conciencia de que las ayudas del FMI, lejos de solucionar sus problemas, los hundían más y más en el abismo y que sus préstamos únicamente servían para pagar a las entidades financieras internacionales. Al mismo tiempo, se generaban revueltas y protestas en las poblaciones, al someterlas a durísimos ajustes imposibles de soportar. Por otra parte, se fueron percatando de la verdad que se encierra en ese chascarrillo popular de que si uno debe un millón a un banco tiene un problema, pero si le debe 1.000 millones, el problema lo tiene el banco. Se dieron cuenta, en consecuencia, de que su problema era también el problema de los acreedores internacionales; de manera que decidieron negociar directamente con estos y despedir al FMI.

El FMI, por segunda vez, se encontró sin cometido. En este caso, sin clientes. Llegó un momento en que su único deudor era Turquía, así que se vio en la obligación de realizar un ajuste de plantilla. La institución que tantas regulaciones laborales había aconsejado, no tuvo más remedio que aplicarse su propia receta. Eso sí, de forma generosa, a base de bajas incentivadas y de manera voluntaria.

Lo irónico es que, poco después, estalla la crisis económica internacional y, contra todo pronóstico, el G-20 recurre al FMI, lo resucita y decide darle un papel protagonista en la lucha contra la crisis. La decisión era a todas luces ilógica ya que significaba poner al lobo a cuidar el rebaño. Las políticas que venía recomendando el Fondo eran en buena medida las causantes de la crisis y resultaba imposible que esta institución pueda diseñar políticas totalmente antitéticas que son las que realmente se precisan. Lo cierto es que, como el Ave Fénix, el FMI resurgió de sus cenizas.

Las dificultades en que se debate la Eurozona han venido a potenciar aún más el papel del FMI. Arrastrados por Alemania, los países europeos, en una actitud suicida, han asumido el dogmatismo antidéficit más cerril. Merkel presiona y consigue imponer ajustes durísimos a aquellos países que, a causa de la Unión Monetaria (UM), habíamos acumulado un fuerte endeudamiento exterior: Grecia, Portugal, España e Irlanda. El Gobierno alemán exigió, además, la entrada como cancerbero del FMI para asegurar que todos los países cumplieran las reglas de la ortodoxia. Se produce así una curiosa paradoja, mientras que los países del Tercer Mundo se libran de la tiranía del FMI, los países europeos se han puesto bajo su manto para secundar sus consignas depredadoras.

Y aquí tenemos a los hombres del maletín -enfundados en trajes caros, como afirma Krugman-, dispuestos a decirnos lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Por supuesto, siempre en la misma línea de austeridad, austeridad, eso sí, dirigida a las capas más desfavorecidas de la población. Por ello proponen subir los impuestos indirectos (IVA, Impuestos Especiales), pero ni una alusión a la imposición directa, a la tributación de las sociedades, al gravamen sobre el capital o al fraude fiscal. Recomiendan bajar el sueldo de los empleados públicos, retribuciones bastante míseras y muy alejadas de las que cobran los hombres del maletín, que en realidad no poseen otro mérito aparte del de haber sido recomendados por las oligarquías políticas y económicas de sus propios países.

Las misiones del FMI se han realizado siempre con bastante desconocimiento de los países visitados. En la práctica, sus informes se basan en un catecismo neoliberal y en las noticias tendenciosas que les proporcionan los grupos de poder a los que consultan. La mayoría de las veces se realizan al dictado de los intereses económicos locales y sus recomendaciones recogen las pretensiones de las fuerzas políticas y económicas. No deja de resultar curioso que las exigencias del Fondo en estos momentos coincidan con las peticiones que venían realizando dentro y fuera de España algunos medios y estamentos interesados. Ahora en Europa como antes en América Latina, sus informes constituyen coartadas para introducir en la sociedad aquellas medidas que los ciudadanos nunca aceptarían de otra manera. Esto es lo que nos ha traído la UM, la renuncia a la democracia y la dictadura de los hombres del maletín.

Juan Fco Martín Seco
Republica.com

jueves, 21 de junio de 2012

¿Activos tóxicos o economistas tóxicos?

Es que no para. La ha vuelto a decir. Otra vez la ha vuelto a decir. Una vez más ha dicho la misma estupidez y, como es habitual en él, cada vez que la dice la justifica o arropa aludiendo a su sensatez, a que es lo que dicta el "sentido común". ¿Cuántas veces le hemos oído decir que de lo que se trata a la hora de gestionar los asuntos económicos del Estado es comportarse igual que lo hace con las finanzas de su hogar una ama de casa sensata (y ¡mira que le gusta este calificativo!) como las que pueblan las aldeas de su Galicia natal. ¿Pero es que nadie le callará nunca la boca al señor Rajoy cuando se lanza a repetir una y otra vez "la gran estupidez"?.

Pero, ¿de qué estupidez se trata? Pues de de ésa que dice que no podemos gastar los que no tenemos. Es tan estúpida, es tan tonta que sólo un tonto radical puede enunciarla. Y no afirmo nada que nadie haya que no sepa pues desde que hay créditos y deudas, la inmensa mayoría de los ciudadanos y empresas en algún momento de sus vidas gastan lo que no tienen. Es de lo más normal y hasta natural. Lo hacen los estudiantes cuando piden un crédito para pagar sus estudios, lo hacen las parejas recién casadas que se meten en una hipoteca, lo hacen quienes acuden a una financiera para comprase un coche, lo hacen todos esos millones de personas que exprimen sus tarjetas de crédito, lo hacen día tras día las empresas a la hora de gestionar su liquidez. La inmensa mayoría de los agentes en cualquier economía, de vez en cuando y obviamente no todos a la vez, gastan los que no tienen. Y esto sí que es de sentido común, al igual que lo es el que - como cualquiera que sepa algo de Economía elemental sabe- a nivel agregado, en una economía tomada en su conjunto, y (por usar una formulación prestada del gran economista Michal Kalecki) sus ciudadanos, colectivamente, ganan o tienen lo que gastan, Los gastos de unos son los ingresos de otros. Esa es la lógica esencial de las economías de mercado, es la lógica basada en el juego de la deuda y el crédito que la que posibilita el crecimiento económico, es la lógica subyacente al flujo circular de la renta. Sí podemos gastar lo que aún no tenemos si nos lo prestan. Y, claro está, nos lo prestarán si demostramos que somos capaces de pagar las deudas en que incurrimos, es decir, si en vez de hacer todo lo posible para que nuestra economía se contraiga, hacemos todo lo posible para expandirla. Es de sentido común, ¿no?

Y, entonces, si Rajoy repite una y otra vez la gran estupidez, ésa que está amargando tanto la vida de sus conciudadanos, es que o bien es un estúpido sin paliativos, o bien es que alguien a quien respete debe haberle convencido de que no es una estupidez. Aunque no tengo mucha esperanza en que la primera de las opciones no sea la real, aquí por delicadeza (que ya se sabe que es aquello que lleva a equivocarse sistemáticamente en la vida) sostendré la segunda, si bien puede suceder como es lo más probable que ambas se den simultáneamente, o sea que la estupidez de Rajoy haya encontrado el más adecuado consejero. Pues es el caso que cada vez estoy más convencido que una de las causas de la sucesión de crisis que esta asolando EE.UU. y a Europa desde hace cuatro años no habría que ponerla en unos supuestos activos tóxicos, sino en un conjunto de economistas -ellos sí- auténticamente tóxicos, que influyen en las decisiones de los políticos con un peso como ningún consejero de ningún decisor político habría tenido en la Historia.

Me explicaré. A la hora de buscar la causa de algún fenómeno tendemos a olvidar las lecciones de Aristóteles y pretendemos encontrar LA CAUSA. La única, simple y explicativa causa que, como motor primario, desencadenaría una más o menos enmarañada red de conexiones secundarias que explicarían la complejidad de las crisis reales. Al proceder así nos equivocamos de medio a medio. Por decirlo de modo sencillo, para Aristóteles no había una causa única y simple a la hora de explicar un fenómeno de la realidad, como por ejemplo la existencia de una casa, de un inmueble. Aristóteles distinguía entre su causa material (el cemento y los ladrillos de que está hecha), su causa eficiente (el proceso de construirla), su causa formal(el diseño del arquitecto) y su causa final (la creación de un lugar donde vivir). Conocemos bien las causas material y eficiente de la presente depresión económica, sabemos bien el proceso que ha llevado a que una burbuja inmobiliaria en EE.UU. y en otros países se convirtiera en una crisis financiera y cómo ésta, en Europa, se ha transmutado en una crisis de la deuda soberana en los países del sur, crisis que se ha llevado por delante un montón de puestos de trabajo y un buen pedazo de los niveles de vida de las gentes del común en esos países. Debatímos sin cesar acerca de la causa final de todo este lío, y se habla y no para de los excesos de ahorro a nivel mundial, la desigualdad en la distribución de la renta, la propensión psicológica al despilfarro de los latinos y demás...y no voy a meterme aquí en ello. Pero hay una tendencia a olvidarnos de la causa formal de la presente crisis.

En efecto, si usamos de la analogía del cuerpo económico con el cuerpo físico, lo que quiero decir es que la crisis actual puede verse como una enfermedad del cuerpo económico de la sociedad. Sabemos de sus síntomas y de su evolución, especulamos acerca de su etiología, la cuestión de a qué se debe ese mal que afecta al paciente, pero nos olvidamos del papel de los médicos. O sea, del papel de los economistas que, cercanos a los centros de decisión, han aconsejado las políticas, es decir, los tratamientos a seguir por los aquejados pacientes. Poca duda puede haber que la causa formal de nuestra presente crisis, esta que día a día nos aflige, radica en los tratamientos que los sedicentes mejores y más expertos economistas han aconsejado instrumentar a los políticos. Que les han hecho caso ciegamente por la sencilla y curiosa razón de que, al haberse envuelto en el ropaje externo del lenguaje científico, esos economistas han logrado engañar a todo el mundo haciéndoles creer que la Economía es una ciencia como las demás, que hay una Ciencia Económica que es la que se imparte en la Academia de modo mayoritario y que, puesto que domina allí salvo por algunos heterodoxos partidarios de Economías Alternativas, es la única a la que recurrir en casos como el actual, aunque curiosamente esa misma Economía Dominante sea incapaz de explicar la causa final de la crisis en la medida que siempre supone que el sistema de mercado si se le deja solo se ajusta rápida e inexorablemente ante cualquier perturbación.

No, el hábito no hace al monje, como bien dice el refrán. La Economía no es una ciencia como la Física, la Química o la Medicina. Ahora que, si los economistas cercanos a los políticos pretenden que sí lo es para así aumentar su influencia, poder y remuneraciones, pues bien, no estaría mal que así sea. Pero en justa contrapartida habría que exigirles algo. Y es que si si a los médicos, arquitectos y otros profesionales que hacen pifias se les persigue judicialmente por sus negligencias, lo cual encontraría justificación en el hecho de que sus errores se deberían a su mala praxis en la medida que sus conocimientos son científicos, sería ya hora que los economistas que tanto se envanecen de serlo sean asimismo responsables de sus consejos, decisiones y prescripciones de política económica. ¿Es o no un poco vergonzoso que los economistas académicos que van de científicos despreciando cuanto ignoran tengan la patente para decir e influir en las decisiones sin arrostrar las consecuencias de las mismas?. Creo que su majestad la reina del Reino Unido, doña Isabel II, pensaba algo semejante cuando en una visita en noviembre de 2008 a la prestigiosísima London School of Economics preguntó don Luis Garicano, economista de FEDEA y a la sazón profesor allí, el que porqué nadie de entre reputadísimo elenco de los mejores académicos del mundo entero había previsto lo que estaba sucediendo, o sea, los primeros pasos de la crisis financiera. Creo que un sistema de castigos por los malos consejos económicos de los economistas disminuirían en mucho el riesgo moral que les hace tan proclives a enarbolar en nombre de la ciencia las banderas de la estupidez.

Es frecuente hablar de los activos "tóxicos" inmobiliarios al hablar de las causas eficientes y materiales de la crisis, pues su desvalorización ha puesto en jaque al sistema financiero lo que ha arrastrado al sector público y al resto del sector privado a las dificultades de financiación y al inevitable ajuste recesivo. Pero al usar de esa curiosa forma de calificar a los activos que los hace semejante a las infecciones nos olvidamos que esa "toxicidad" no es absoluta sino relativa, no es una característica en sí u objetiva de los inmuebles salvo en el caso de algunos ejemplos espectaculares y anecdóticos. El valor de los activos inmobiliarios hoy depende de sus rendimientos en el tiempo actualizados, o sea que depende de los tipos de interés futuros y del valor de mercado en el futuro del uso o rendimiento de esos activos, el cual depende de su demanda, que a su vez depende de la evolución demográfica y de las tasas de crecimiento económico y de las tendencias en la distribución personal de la renta. En consecuencia se tiene que la toxicidad actual de esos activos depende muy mucho de la política económica que se siga. Una política de austeridad fiscal que defiende también la redistribución de la renta en contra de los perceptores de salarios y que sostiene la imperiosa necesidad de un ajuste con evidentes repercusiones demográficas negativas para lograr recuperar los "equilibrios" fundamentales es, obviamente, una política que aumenta la toxicidad presente de los activos inmobiliarios. Dicho de otra manera, son los economistas que defienden ese tipo de políticas los que intoxican esos activos. Son, por decirlo en términos aristotélicos, la causa formal de la crisis. Y economistas tóxicos los hay a montones. Dominan los medios de comunicación y los medios académicos. Son los más respetados como "médicos" de la economía, si bien sus diagnósticos suelen ser tardíos e incorrectos y sus prescripciones terapéuticas adolecen de una curiosa inefectividad. Corren por Internet listados de "grandes" economistas españoles que no se percataron en lo más mínimo de la famosa burbuja inmobiliaria mientras estaba cebándose, y no es difícil hallar en las hemerotecas apasionadas y "científicas" defensas de la entrada en el euro de la economía española como solución de todos los problemas históricos de la economía española. Suelen estos economistas "tóxicos", una vez detectan una "enfermedad" económica, sea cual sea, acudir siempre a la misma receta y tratamiento: ajuste del sector público y reforma laboral. Uno no puede aquí sino recordar al esperpéntico coro de médicos, cirujanos y boticarios médico de El enfermo imaginario de Moliere que, fuera cual fuere la enfermedad que aquejaba a un paciente, recomendaba siempre el mismo tratamiento: Clysterium donare, postea seignere, ensuita purgare (primero un enema, luego sangrar y en seguida purgar)…y así hasta matar al paciente. El mismo mismito tratamiento que los más afamados médico-economistas recomiendan hoy a las pachuchas economías europeas, como la nuestra, sólo que en vez de sangrías, enemas y purgaciones, el tratamiento recibe el pomposo título de "consolidación fiscal expansiva". El coro de médicos-economistas promete a sus pacientes la misma recuperación que el coro de fantoches matasanos de Moliere. Y, de nuevo, los creyentes les creen aunque históricamente ninguna consolidación fiscal ha sido expansiva por sí sola y si la economía sobre la que se le aplicaba estaba ya en recesión.

Citaré un nombre propio para acabar. No por nada, sino porque guardo constatación de una de sus intervenciones públicas que no tiene el más mínimo desperdicio pues expresa en pocas palabras y con claridad meridiana el tratamiento terapéutico defendido mayoritariamente por los economistas para hacer frente a la crisis. Se trata de don David Taguas que fuera director de la privilegiada oficina de asesores económicos de Zapatero en la misma Moncloa, y siéndolo no parece que detectara o le preocupara lo que estaba sucediendo en el sector inmobiliario español. El mismo que tras abandonar su cargo acabó recalando (¡qué curioso! en la presidencia de Seopán, la asociación de empresas de la construcción). Pues bien, el señor Taguas en un artículo publicado en el diario El País (Economía) el día 16 de mayo de 2010 con el título "Ajuste fiscal, competitividad y desempleo", tras hacer una narrativa de las causas material y eficiente de la crisis ya entonces desatada en toda su crudeza, se planteaba la gran pregunta y con científica seguridad ofrecía la respuesta:

"¿Cómo abordar simultáneamente la solución de los problemas de desempleo, déficit público y competitividad sin dañar la recuperación económica recién iniciada? El plan de ajuste fiscal presentado recientemente por el Gobierno constituye el marco adecuado. Y ello por varias razones fundamentales. En primer lugar, el ajuste consiste mayoritariamente en una reducción del gasto no productivo, lo que eleva muy significativamente la probabilidad de éxito del mismo, como muestran la literatura y la evidencia sobre consolidaciones fiscales. Segundo, en contra de lo que alguna corriente de opinión sostiene, el ajuste fiscal impulsa la inversión, el empleo y la actividad por varios mecanismos: 1) la reducción de la incertidumbre respecto a la situación presupuestaria del Gobierno en el medio plazo, que disminuye el deseo de ahorro por precaución e impulsa, por ello, la demanda privada; 2) reduce la prima de riesgo de la economía y, por tanto, la impulsa la inversión privada; 3) por los denominados efectos no keynesianos de las consolidaciones fiscales que se generan por un cambio en las expectativas sobre los impuestos futuros que impulsan el consumo y la inversión presente; y 4) por el efecto demostración sobre los salarios privados, que debería presionar estos a la baja y reducir significativamente los incrementos salariales acordados y, con ello, impulsar el empleo y la actividad. Y tercero, porque el ajuste fiscal, cuyo componente principal es la reducción de los salarios públicos, junto con la subida del IVA, configuran una devaluación selectiva que permitirá recuperar competitividad a las empresas españolas"

Leído lo anterior quizás habría que dejar así las cosas sin dejarse llevar por esa tendencia excesiva a opinar que nos domina. Pero no puedo evitar hacer dos comentarios. Primero, la consistencia temporal del tratamiento prescrito para la economía española, pues resulta evidente que desde mayo de 2010 en que los economistas-videntes ya veían los famosos "brotes verdes" ("la recuperación recién iniciada" dice uno de ellos, el señor Taguas) que hoy se han transmutado en "rayos de esperanza" (¡la virgen! ¡qué extraño que los economistas se conviertan en (malos) poetas!), las sucesivas políticas que se han instrumentado sucesivamente y se prevé van a instrumentarse han sido calcos exactos de esa primera, lo que apunta a que "el equipo habitual" de médicos-economistas se mantiene al margen de cambios de gobierno. Segundo, qué menos que recalcar otra vez la más que absoluta contraproductividad de esa “terapia”. Me pregunto, como cualquiera lo haría, qué pensará el señor Taguas a la vista de la evolución de la actividad productiva, el empleo, la prima de riesgo y la inversión en estos últimos dos años. ¿Habrá cambiado algo su opinión acerca de esa "alguna corriente de opinión" que se enfrentaba a la suya? Me imagino que no. Que seguramente, como el resto de economistas que dominan la Academia seguirá sosteniendo lo mismo. Quizá la prueba del algodón de los economistas tóxicos sea la idea de que nunca se debe dejar que la realidad afee la armoniosa belleza del modelo macroeconómico neoclásico, de modo que si la realidad no sigue las predicciones del modelo, pues peor para la realidad. El modelo es perfecto, la realidad la imperfecta. Basta -para ellos- con unos pequeños arreglos de cirugía estética econométrica para construir una "pseudorealidad" que sea consistente con el modelo. Con eso consiguen lo que se quiere, o sea, que los "denominados efectos no keynesianos" de los ajustes fiscales que la realidad real no muestra, aparezcan como reales aunque sólo sea en el sueño (aunque algunos llaman a esa ensoñación "predicción") que la econometría ofrece hoy de la "realidad futura".

Y, finalmente, ¿qué conexión hay entre "la literatura y la evidencia sobre las consolidaciones fiscales" que defiende la llamada austeridad expansiva y que elaboran los más afamados economistas académicos y la estupidez del señor Rajoy? Pues que son la misma y sola cosa. Son, una vez más, formas de la vieja Ley de Say que Keynes y Kalecki tiraron por tierra hace más de setenta años. No sé si será verdad que los hombres en general tropiezan siempre en la misma piedra, pero lo que sí parece claro que los economistas sí lo hacen.

Fernando Esteve Mora
EconoNuestra

Impuestos y fraude fiscal

Este artículo cuestiona la tesis ampliamente aceptada en círculos financieros y económicos del país que el Estado español ha agotado las posibilidades de generar más recursos. El artículo señala información del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) que muestra que el Estado podría recoger 89.000 millones de euros si tuviera voluntad de hacerlo.

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) es una de las instituciones más valiosas que tiene este país. De una manera metódica y rigurosa proveen información de una gran importancia que documenta las enormes injusticias existentes en el sistema fiscal español que se han acentuado todavía más con las políticas públicas llevadas a cabo por los gobiernos Zapatero y Rajoy (más este último que el primero) en respuesta a la crisis. En un interesante artículo publicado en Tercera Información (02.05.12), Miguel Ángel Mayo, coordinador en Catalunya de tal sindicato, provee gran cantidad de datos sobre el fraude fiscal en España que, por desgracia no han aparecido en los medios de mayor difusión. Veámoslos.

El fraude fiscal representa una cifra, 89.000 millones de euros, muy elevada y que el Estado deja de ingresar año tras año. Es uno de los fraudes fiscales más elevados de la Unión Europea y también de la OCDE (el club de países más ricos del mundo). Por otra parte, España es el país que tiene menos inspectores de Hacienda en relación a la población tributaria. Hay un inspector por cada 1.680 contribuyentes, tres veces inferior a la media de los países de la OCDE y cinco veces inferior a Franca y Alemania.

El fraude es, pues, un problema grave. Ahora bien, otro dato de gran relevancia es que tal fraude fiscal se concentra en un sector muy pequeño de la población: las grandes fortunas y las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, fraude fiscal que se realiza a través de la banca, la institución más importante que lo canaliza hacia los paraísos fiscales, es decir, países donde prácticamente no se pagan impuestos. En realidad, el Fondo Monetario Internacional calcula que una cuarta parte (sí, leyó bien, una cuarta parte) de la riqueza del mundo está depositada en tales paraísos fiscales. Según la OCDE, 600.000 millones de dólares no se ingresan en las cuentas de los Estados de tal grupo de países (incluido España), resultado del depósito de los súper ricos y ricos de aquellos países en paraísos fiscales. España es uno de los países que tiene mayor número de agujeros fiscales que disminuyen los ingresos al Estado. En España uno de los instrumentos que más utiliza tales paraísos fiscales son las 3.113 sociedades de inversión de capital variable (conocidas como SICAV), que gestionan un patrimonio de 26.154 millones de euros.

De todos estos datos, resulta que los ricos y súper ricos apenas pagan impuestos en España. El sistema de tributación es profundamente injusto. El 44% de los ingresos al Estado procede de los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de los cuales el 83% de la recaudación se basa sobre las rentas del trabajo (es decir, la población que trabaja y está en nómina). Y un 32% de los ingresos al Estado procede de los impuestos sobre el Valor Añadido (conocido como IVA), que se basa en el consumo y es profundamente regresivo, lo cual quiere decir que las clases populares pagan mucho más que los ricos y los súper ricos. Es, pues, una enorme frivolidad el argumento de que España ha alcanzado su límite en cuanto a gastos, pues el país no da para más. Si en España la carga impositiva total fuera (como porcentaje del PIB) como en Suecia, el Estado español ingresaría 200.000 millones de euros (sí, lo ha leído bien, 200.000 millones) más de los que ingresa. Ahí está el quid de la cuestión: los que tendrían que pagar mucho más de lo que pagan no son el ciudadano normal y corriente, sino el 10% de la población –los ricos y los súper ricos- que tienen un enorme poder político y mediático en el país. Así de claro.

Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
vnavarro.org

martes, 19 de junio de 2012

El gran expolio de la crisis: la riqueza sigue concentrándose

Toda especulación mercantil que hago a expensas de la vida de mis semejantes no es tráfico, es bandidaje y fratricidio (…) ¿Por qué no deben las leyes detener la mano homicida del monopolista, del mismo modo que lo hacen con el asesino ordinario? (M. Robespierre)

Ante el constante y creciente número de bancos e instituciones financieras que fueron entrando en quiebra, el 25 de septiembre de 2008 el gobierno de Estados Unidos aprobó un plan general de rescate a la banca conocido como TARP (Troubled Asset Relief Programm). El plan se evaluaba en la enorme suma de 700.000 millones de dólares. [1] El TARP fue aprobado, la banca fue rescatada generosamente, y los mismos senadores que mayoritariamente votaron a favor, “se negaron a continuación a votar un plan para extender los beneficios del subsidio de paro de 800.000 norteamericanos sin trabajo”. [2]

La justificación del rescate financiero fue que se necesitaba restablecer el flujo crediticio (que con la crisis bancaria se había cortado abruptamente), paso imprescindible para lograr la recuperación económica. Como es sabido, los bancos no dieron entonces ni dan ahora crédito. Al contrario, restringieron severamente todas las líneas crediticias a empresas y particulares. Además, los bancos prestaron a los gobiernos grandes cantidades, aunque a costa de imponer sus condiciones que básicamente pueden resumirse así: recortar el gasto social, abaratar el despido y rebajar los salarios. Los banqueros son hoy más fuertes que antes de la gran crisis económica. El que fue inspector general del TARP hasta febrero de 2011, Neil M. Barofsky, escribió en el New York Times en fecha no muy lejana, el 29 de marzo de 2011, “Los grandes bancos son un 20% más grandes que antes de la crisis y controlan una parte de nuestra economía mayor que nunca. Asumen de forma razonable que el gobierno los rescatará de nuevo si fuera necesario.” [3] El economista Michael Hudson lo dejó dicho de forma contundente hace poco más de dos años: “para que pueda gobernar el capital financiero primero deben saquearse a fondo las economías.” [4] Y bien es verdad que los gobernantes se han esmerado en ello en los últimos tiempos. El empobrecimiento general de la población no rica es una constante en muchos lugares del mundo. Las economías están saqueadas y el capital financiero está gobernando.

Los capitales especulativos abandonaron provisionalmente los mercados financieros y centraron a continuación su atención en los productos alimenticios y en el petróleo. Para ellos la crisis era simplemente una coyuntura que aconsejaba un cambio de instrumento para seguir ganando dinero. [5] Hay especuladores que invierten para que suban los precios de determinados alimentos, aunque ello provoque la muerte por hambre o la subalimentación de decenas de millones de personas. Son negocios, no mala intención. [6] Susan George escribía muy recientemente: ”el acaparamiento de tierras está arrebatando decenas de millones de hectáreas a quienes tradicionalmente las han trabajado, poniéndolas a disposición de las multinacionales, con destino a la exportación. El agua es vista como un producto capitalista perfecto puesto que es indispensable, no puede ser sustituido y su mercado crece a medida que crece la población.” [7]

De ahí que no a todo el mundo le haya ido mal la crisis. Son muy informativas las cifras que ofrece el World Ultra Wealth Report 2011.[8] Este informe designa como Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI), es decir, individuos con altísimo valor neto, a los que tienen activos superiores a los 30 millones de dólares. Pero entre esos activos no se contabilizan la primera residencia, los bienes consumibles, los bienes coleccionables y los bienes de consumo duradero. Es decir, se trata de evaluar en estos informes lo que estos ricos tienen como efectivo y en activos fácil y rápidamente convertibles en líquido. Queda claro que se trata de personas con una riqueza real muy superior a los 30 millones de dólares. Los 30 millones de dólares que definen a un UHNWI son pues de bienes inmediatamente convertibles en efectivo. Según este informe, en el 2011, había en todo el mundo 185.795 UHNWI con una riqueza global (recuérdese la definición) de 25 billones (trillions en el inglés de EEUU) de dólares. De los 185.795 en todo el mundo, 57.860 estaban en Estados Unidos y 54.325 en Europa. En el año 2009, según el informe anual de Merrill-Lynch, [9] los UHNWI eran un grupo formado por 93.100 personas con una riqueza conjunta de 13,8 billones de dólares. En dos años pues se han multiplicado por dos tanto los afortunados UHNWI, como sus riquezas acumuladas. Cabe mencionar que 25 billones de dólares es una cantidad muy superior al PIB de la Unión Europea de los 27. Y esta inmensa fortuna solamente está concentrada por 185.795 personas, es decir, el 0,002% de toda la humanidad.

En el Reino de España, según el citado informe de World Ultra Wealth Report 2011, había en el año 2011, 1.875 UHNWI, es decir, un 0,004% de la población. En Europa solamente hay más UHNWI en Alemania, Reino Unido, Suiza, Francia e Italia. Debe recordarse que la participación de los salarios en el PIB ha sido menguante en el Reino de España desde el año 1981 (73%) al 2012 (57,3%). La Comisión Europea calcula que para 2013 la participación será del 56,3%. Con las contrareformas contra el estado de bienestar puestas en marcha desde mayo del 2010 por el gobierno del PSOE y continuadas con fervor por el gobierno del PP, la pérdida de los salarios en el peso del PIB será cada vez más acentuada. Los salarios reales ya cayeron desde 1994 al 2006, casi un 6%.

Por otra parte, y como ya es de conocimiento común, distintos indicadores sobre el empleo ofrecen un panorama desolador. La tasa de paro ha crecido del 8,3% en el 2006 al 22,8% en el 2011. Y sigue creciendo. La tasa de paro juvenil ha crecido del 17,8% en el 2006 al 48,6% en el 2011. Y sigue creciendo. El porcentaje de parados que llevan más de un año buscando empleo ha pasado en el mismo período del 25% al 50%. Y sigue creciendo. El porcentaje de hogares con todos los activos en paro, también se ha multiplicado por más de tres en este período: del 2,5% al 9,1%. Y sigue creciendo.

Nada más normal que la brecha entre los ricos y los pobres en los países de la OCDE sea en estos momentos la más grande en los últimos 30 años, según un reciente informe de esta organización.[10]

Notas:
[1] Para hacernos una idea rápida de esta cantidad: representa aproximadamente la mitad de todo el PIB del Reino de España del 2012.
[2] Josep Fontana, Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945, Pasado y Presente, Barcelona, 2011, p. 939.
[3] Neil M. Barofsky, “Where the Bailout Went Wrong”, The New York Times, 29-3-2011.
[4] Michael Hudson, “The People v. the Bankers”, Counterpunch.org, 11-5-2010 http://www.counterpunch.org/2010/05/11/the-people-v-the-bankers/ .
[5] Juan Hernández Vigueras, El casino que nos gobierna, Clave intelectual, Madrid, 2012.
[6] Se hace difícil no recordar el gran discurso de Robespierre ante la Convención el 2 de diciembre de 1792 que encabeza este artículo. “Toda especulación mercantil que hago a expensas de la vida de mis semejantes no es tráfico, es bandidaje y fratricidio (…) ¿Por qué no deben las leyes detener la mano homicida del monopolista, del mismo modo que lo hacen con el asesino ordinario?”, http://membres.multimania.fr/discours/subsistances.htm.
[7] Susan George, “Curbing the Corporations: Who? How? When?”, en VVAA Transnational Capital vs. People’s Resistance, junio 2012, http://www.alainet.org/publica/476-en.phtml
[9] Daniel Raventós, “Worldwide Concentration of Wealth”, Counterpunch.org, 29-5-2010, http://www.counterpunch.org/2010/10/29/worldwide-concentration-of-wealth/
[10] OCDE, “Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising”, 2001, http://www.oecd.org/document/51/0,3746,en_2649_33933_49147827_1_1_1_1,00.html.

Daniel Raventós es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de sinpermiso y presidente de la Red Renta Básica. Es miembro del comité científico de ATTAC. Su último libro, coeditado con David Casassas, es La renta básica en la era de las grandes desigualdades (Montesinos, 2011).

Por qué sube la prima de riesgo: cuatro teorías

Es la misma prima de riesgo que se calmaría cuando cambiásemos la Constitución; la misma que tenía nombre y apellidos y se llamaba Rodríguez Zapatero; la misma que bajaría en cuanto gobernase Rajoy, en cuanto se aprobase el plan de rescate a la banca, en cuanto pasasen las elecciones griegas… Es la misma prima de riesgo que continúa disparada, agotando todas las excusas y coartadas, asfixiando nuestro presupuesto público, hipotecando nuestro futuro. ¿Por qué sigue subiendo? ¿Por qué subió ayer cuando se suponía que debería de bajar? Cuatro teorías –todas basadas en las hipótesis de varios economistas informados con los que he charlado hoy– para explicar el porqué. Probablemente la respuesta correcta sea una mezcla de las cuatro en proporciones hoy difíciles de calcular.

1. La prima sube porque es un buen negocio. El mercado de la deuda soberana está hoy casi cerrado para España. Desde que las agencias de calificación nos quitaron los galones, los inversores más estables –fondos de pensiones y similares– ya no pueden entrar porque, por norma, solo pueden comprar valores etiquetados como seguros. Solo se están cubriendo las subastas de la deuda –hoy habrá otra– gracias a los propios bancos españoles y poco más. El rescate de la banca ha secado aún más la financiación privada. Apenas se mueve dinero en el mercado secundario y todos estos ingredientes forman el caldo de cultivo ideal para que los especuladores hagan un gran negocio hundiendo al bono español mientras el BCE se niega a actuar.

2. La prima sube porque no se conocen los detalles del rescate. “No se sabe de dónde va a salir el dinero, si va a ser del fondo temporal, o del fondo permanente de rescate, o qué efecto tendrá sobre la deuda pública española”, dijo ayer muy contundente el presidente del Banco Mundial. Robert Zoellick lo explica muy clarito: “Europa ha desaprovechado una bala”. “La ejecución de la iniciativa fue extremadamente pobre”. “Es alucinante que estemos hablando de poner 100.000 millones encima de la mesa y el mercado lo tome como algo negativo”. De todos los detalles por conocer, hay uno fundamental: si Alemania permitirá, (como pide Obama, Francia y el FMI), que el fondo de rescate preste directamente a los bancos sin pasar por los Estados y evitar así que España se hunda, arrastrada por una deuda privada que se convierte en deuda pública (como ya pasó con Irlanda). Hoy todo apunta a que Merkel por ahí no va a pasar. 

3. La prima sube porque el Gobierno no ha entregado prendas (y lo ha hecho fatal). El FMI y Bruselas piden a Rajoy que suba el IVA, que acelere la reforma de las pensiones, que rebaje los sueldos a los funcionarios y que reduzca las prestaciones por desempleo (entre otras cositas más). En lugar de eso Rajoy subió el IRPF (y al mismo tiempo lo bajó con la deducción por vivienda), enredó con el copago y recortó las becas y la inversión. “Está haciendo lo mismo que intentábamos nosotros”, explica una persona del equipo económico de Zapatero: “Recortar poco y que parezca que hace mucho, pero el mercado no se lo va a tragar”. Alemania tampoco se lo traga, no ve avances sustanciales en la lucha contra el déficit, no se fía de las cuentas públicas (y menos aún de las autonomías) y por eso no va a dar ni agua a España hasta que vea medidas drásticas. Por eso el BCE tampoco actúa: porque la prima de riesgo es la medida de presión con la que Merkel quiere disciplinar a sus socios del sur (incluso a riesgo de que la cuerda se pueda romper). 

4. La prima sube porque puede que España no vaya a pagar. Es una profecía autocumplida: cuanto más sube la prima, más probable es un default (un impago), porque los interese aumentan y hacen más insostenible la situación. A esta tesis se sumó ayer Wolfgang Münchau, uno de los columnistas más influyentes del Financial Times, a propósito de la encrucijada de la eurozona y el permanente veto alemán a todo lo que suene a unión bancaria o eurobonos: “¿Qué pasa si no hay un acuerdo? En ese caso, creo que Italia y España tendrían que dejar la zona euro” (…) “Si Italia y España abandonan el euro, es probable que también recurran a un default en su deuda. Tal acto probablemente provocaría el colapso del sistema financiero europeo, algo que en última instancia también repercutiría en Italia y España. Pero, irónicamente, una salida italiana o española del euro probablemente terminaría por dañar a Francia y Alemania más que a Italia o España”. Se supone que esto debería de ser una buena señal.

Ignacio Escolar
eldiario.es