jueves, 14 de febrero de 2013

De untar para especular a las redes de blanqueo

El tema de la corrupción es una de estas cuestiones sobre las que uno vuelve cada cierto tiempo. Llevo muchos años siguiendo los distintos casos de delincuencia pija, la que hace la gente bien, la que es propia de los capitalistas (o al menos de algunos de ellos). Toda la historia del capitalismo está llena de sucesos donde se ha utilizado la fuerza, el engaño como un método de enriquecimiento rápido. La misma idea de “acumulación primitiva de capital” con el que Marx culmina el tomo I de El capital nos indica que la acumulación primitiva de capital ocurrió en gran parte mediante el uso de la coerción política. Un proceso al que hemos podido asistir como espectadores durante la fase de desguace de las viejas economías burocráticas del antiguo bloque soviético. No es de extrañar que en el período neoliberal, caracterizado por liberar de regulaciones a la acumulación capitalista y favorecer el enriquecimiento personal sin trabas, hayan proliferado las experiencias de corrupción y la delincuencia económica. En cierta medida gran parte del modelo neoliberal se ha basado en el uso del poder político y los límites de la legalidad para enriquecer a unos pocos, lo que David Harvey ha llamado “acumulación por desposesión”. Y no es por tanto casual que los casos de corrupción hayan salpicado no sólo a redes mafiosas y especuladores noveles sino también a grandes grupos empresariales que han ido apareciendo en la sección de sucesos de la prensa económica por masivas conductas irregulares (Siemens, Parmalat, UBS...).

Mafias del narcotráfico y la prostitución aparte, durante los últimos años en España la mayoría de escándalos han estado asociados a dos elementos estructurales de nuestro modelo económico: la especulación urbanística y las contratas públicas. El saqueo organizado de los bienes públicos utilizando el apoyo de los políticos locales o estatales. Un verdadero cáncer que provoca no sólo costes sociales indudables sino que genera el desánimo respecto a la acción política.

Los últimos sucesos nos conducen a otra figura delictiva, las redes de blanqueo de capitales como forma de evasión de impuestos en múltiples lugares. En unos casos redes que utilizan el país para blanquear operaciones externas, en otros, redes de reciclaje de capital local. Quizás siempre hayan existido y sean las necesidades de recursos de la Hacienda Pública lo que ha provocado una búsqueda más estricta. O que el temor a una mayor regulación bancaria las haya hecho florecer. En todo caso, la caída de la red de Gao Ping y de la red rusa de Lloret, y el debate generado alrededor de la amnistía fiscal, sirven para mostrar la estrecha ligazón que existe entre evasión monetaria y corrupción. O quizás indican que hay distintas fases del proceso corruptor, una para expoliar el país y otra para poner las rentas ganadas fuera de control.

Puede que la corrupción esté en eso tan etéreo que es “la condición humana”, pero parece estar fuera de duda que la única posibilidad de ponerla bajo control es con buenas regulaciones. Tanto preventivas, con participación democrática transparente en temas como la planificación urbanística o la provisión de servicios públicos, como punitivas. Es éste un campo donde hay mucho que regular. Y hay —incluso en muchos movimientos sociales— más tentación a denunciar a los “chorizos” que a fijar normas que limiten la acción. Y, sobre todo, hay también un vacío bastante claro a la hora de propugnar medidas de control sobre las intervenciones privadas que están en el origen de la mayor parte de procesos de corrupción. Situar el delito de cuello blanco como uno de los que deben ser más duramente castigados constituye una de las tareas básicas para erosionar la suicida hegemonía neoliberal.

Albert Recio Andreu
Mientras Tanto