Mucho se ha hablado del papel de las empresas de calificación de
riesgos en las crisis financieras. Pero no son los únicos agentes
activos que ayudan a crear la sinrazón económica que nos atenaza. Uno de
estos actores fundamentales lo constituyen las grandes empresas de
auditoría-consultoría. Otro de estos inventos liberales pensados en
teoría para autoregular los mercados, pero cuyo papel en la práctica es
mucho más discutible.
Las empresas de auditoría son en teoría un agente externo que trata
de validar la contabilidad de las grandes empresas, defendiendo los
intereses de los accionistas y la sociedad de las presuntas malas
prácticas de los gerentes y altos ejecutivos. En la práctica, su labor
es bastante rutinaria y su capacidad de detectar problemas serios está
limitada a detectar fallos garrafales y errores de bulto. El problema es
que muchas de las valoraciones de las empresas son contingentes,
requieren una enorme cantidad de información, de control in situ, algo
que suele estar fuera de la actividad corriente de los auditores. Es un
clásico problema de asimetría de la información: quien controla el día a
día de una empresa siempre tiene más conocimiento de lo real que quien
acude periódicamente a evaluar la contabilidad. Los problemas van sin
embargo más allá. Quien asigna el auditor a la empresa no es alguien
externo a la misma, sino la propia empresa. Si el contrato es suculento,
el auditor querrá conservar el cliente y no es difícil que antes de
hacer un informe muy negativo trate de negociar un apaño que permita la
continuidad de la relación. Y, lo que es aún peor, las grandes firmas de
auditoría se han convertido en auténticas máquinas de servicios de
apoyo a las empresas en forma de asesorías de todo tipo, incluida la
legal y fiscal. Así, no es ser muy malpensado esperar que lo que se
asesora para eludir impuestos o aumentar beneficios no va a ser puesto
en cuestión en la auditoría.
Todos estos problemas son bien conocidos de hace tiempo. Se pusieron
en evidencia en la crisis de 2001, cuando la quiebra de Enron. Quedó
claro en aquel momento que Arthur Andersen (la mayor auditora mundial
por entonces) había ayudado por pasiva (auditoria amable) y por activa
(consultoría) a levantar el castillo de humo que se escondía tras la
fachada de una gran empresa eléctrica. La crisis condujo al cierre de
ambas empresas, a una moderada regulación del modelo, pero no a su
puesta en cuestión. Muerta Arthur Andersen, otras empresas han pasado a
llenar su espacio con la misma estulticia que su difunta competidora.
Algo que se ha puesto en evidencia en toda la larga crisis financiera de
los últimos años, donde cientos de empresas parecían tener todo en
regla hasta que se demostraba lo contrario.
El papel nefasto de estas empresas no se limita sin embargo a su
incapacidad de hacer un buen análisis crítico de las cuentas de las
grandes empresas, o a su complicidad en diseñar modelos de gestión para
eludir obligaciones. Su enorme crecimiento y popularidad las han
convertido en verdaderos promotores de ideas tanto para la gestión
privada como para la pública. Y del asesoramiento de esas empresas nacen
muchas de las propuestas privatizadoras y de mercantilización de los
servicios públicos. Los políticos neoliberales usan esas “marcas”
globales como justificativo de sus propuestas de desmembrar el sector
público y como coraza para eludir un debate abierto.
La muestra más reciente de este uso la hemos tenido en Catalunya
cuando se ha descubierto que la Consellería de Sanitat tiene en su mesa
un informe elaborado por Price Waterhouse Coopers (la mayor empresa
mundial) donde se promueve la privatización del sistema público de
salud. Cuando se ha interpelado sobre el tema al Conseller Boi Ruiz,
éste ha asegurado que dicho informe no ha costado ni un centimo público,
que PWC lo ha elaborado gratis. Tan escandaloso resulta que las
palabras de Boi Ruiz sean falsas —se habría gastado dinero público para
promover sus ideas— como verdaderas. Pues en este segundo caso
indicarían que PWC está tratando de influir, por cuenta propia o ajena,
de forma velada, sobre las decisiones del Govern. Resulta evidente que
se trata de una clara actividad de lobby.
No creo que éste sea un caso particular. Si se rastrean la mayor
parte de procesos de privatización, es fácil encontrar el papel que
juegan en ellos estas verdaderas máquinas neoliberales que son los
grandes grupos de auditoría y consultoría. Por si alguién no se había
enterado de a qué nos conduce el modelo de gestión pirvada que promueve
PWC, esta misma semana hemos tenido una buena muestra, cuando se ha
anunciado que el Hospital de Sant Pau está planteando introducir un
sistema para “colar” en las listas de espera a quien se pague la
operación. Una muestra de “búsqueda de nuevas fuentes de financiación”
que constituye un modelo descarnado de discriminación social. Clasismo
en estado puro.
La defensa del sector público, de una economia regida por los
intereses de la mayoría dentro de un proceso de decisiones democráticas,
exige un cambio profundo en las instituciones. Entre otras cosas,
limitar y acotar el papel de un modelo de empresa que transita entre la
inutilidad, la conspiración y la propaganda. Un verdadero programa
reformista debe evaluar y atacar el conjunto de instituciones
neoliberales. Nos va la vida, la dignidad, el bienestar, la democracia.
Albert Recio Andreu
Mientras Tanto
No hay comentarios:
Publicar un comentario