domingo, 21 de abril de 2013

La sostenibilidad de las pensiones

En ducha escocesa se han convertido las declaraciones de las autoridades comunitarias acerca de la situación de la economía española. Un día la califican de futura locomotora europea y otros la comparan con la de Eslovenia; la única constante es la exigencia de ahondar aún más en las reformas de siempre. En su informe sobre España la Comisión demanda una nueva modificación del mercado laboral (será la enésima) para abaratar aun más el despido y otra vuelta de tuerca para ajustar las pensiones. Al Gobierno le ha faltado tiempo para constituir una comisión de expertos -los expertos miran siempre hacia el mismo lado, por eso son expertos- para acometer la reforma del sistema público de pensiones de manera que, según dicen, se garantice su sostenibilidad (palabra mágica).

En materia de pensiones se ha llegado a una extraña unanimidad, fruto de la propaganda mediática y de la palabrería de los expertos. Se establece como hecho incontestable que de cara al futuro las variables demográficas hacen insostenible el sistema tal como ahora lo conocemos; y para fundamentarlo se facilitan ratios estimados entre activos y pasivos en los próximos años. Estas previsiones, que los partidarios de la reforma (léase de los recortes) vienen haciendo desde principios de los ochenta, han fallado siempre. Pero es que, además, y esto es lo sustancial, este planteamiento tan simple olvida un dato fundamental: la productividad.

La cuestión no radica en cuántos son los que producen sino cuánto es lo que se produce. Cien trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es diez veces superior, de tal modo que los que cuestionan la viabilidad de las pensiones públicas cometen un gran error al basar sus argumentos únicamente en la relación del número de trabajadores por pensionistas pues, aun cuando esta proporción se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor. Quizá lo ocurrido con la agricultura pueda servir de ejemplo. Hace cincuenta años el 30 % de la población activa española trabajaba en agricultura. Hoy, tan solo el 3 %, pero ese 3 % produce más que el 30 % anterior. En resumen, un número menor de trabajadores podrá mantener a un número mayor de pensionistas.

La evolución que es preciso considerar en el tiempo es la de la renta per cápita. Si la renta per cápita crece, no hay motivo, sea cual sea la pirámide de población, para afirmar que un grupo de ciudadanos (los pensionistas) no puedan seguir percibiendo los mismos ingresos en términos reales. Si la renta per cápita aumenta, las cuantías de las pensiones no solo deberían no reducirse sino que tendrían que incrementarse por encima del coste de la vida.

El problema de las pensiones hay que contemplarlo en términos de distribución y no de carencia de recursos. En los últimos treinta años la renta per cápita se ha duplicado y es de esperar que en el futuro presente una evolución similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que no hay recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que haya voluntad por parte de la sociedad, y especialmente de los políticos, de realizar una verdadera política redistributiva. Solo el hundimiento de la economía podría poner en peligro real el sistema de pensiones. Pero en tal caso no serían los jubilados los únicos que tendrían problemas.

La amenaza al sistema público de pensiones no se encuentra en la esperanza de vida o en la pirámide de la población, sino en el hecho de aplicar una política económica que conduzca a toda la economía a una recesión permanente. La sostenibilidad de las pensiones no es distinta de la sostenibilidad de la economía española, que hasta ahora parecía totalmente garantizada y que solo el empecinamiento de entrar y mantenernos en proyectos tan contradictorios e incoherentes como la Unión Monetaria puede poner en peligro.

Otro riesgo amenaza al sistema público de pensiones, como en general a todos los gastos de Seguridad Social: la evolución de los sistemas fiscales hacia estructuras más regresivas y con menor poder recaudatorio. La presión fiscal en España se ha reducido en los últimos cinco años en seis puntos porcentuales. El Pacto de Toledo, con su famosa separación de fuentes, ha dado lugar al equívoco de entender que la Seguridad Social es un sistema cerrado y autosuficiente separado del Estado. ¿Por qué la sanidad, el seguro de desempleo o las carreteras tienen que financiarse con impuestos mientras que las pensiones deben hacerlo solo mediante las cotizaciones sociales? Es el Estado con el conjunto de sus ingresos el que debe asegurar que todos los trabajadores en su vejez reciban una prestación digna. El obstáculo no estriba en la pirámide de población o en el incremento de la esperanza de vida, sino en el fraude y en las reformas fiscales que hacen más regresivos los sistemas tributarios y minan la capacidad recaudatoria de los impuestos.

Además el gasto en pensiones en España es bastante inferior al de los países de nuestro entorno. Según los últimos datos de Eurostat, en 2010 dedicamos a esta partida un 10,7 % del PIB, mientras que la media de la Eurozona se sitúa en un 13,4%; Francia, 14,4 %; Italia, 15,7 %; Alemania, 12,8 %; Austria, 14,9 %. Hasta Portugal dedica un porcentaje mayor: 14,2. Contemplando estas cifras, resultan carentes de sentido y desproporcionadas las peroratas sobre la futura debacle del sistema público de pensiones.

Aquellos que proyectan una visión catastrofista sobre las pensiones pronostican como confirmación de su inviabilidad que si no se acometen reformas, el gasto en pensiones alcanzaría en 2060 el 15% del PIB, cifra que estiman absolutamente inasumible. Sin embargo, en la actualidad existen ya muchos países cuyo gasto en pensiones está cercano a la cifra anterior sin que sus economías hayan experimentado ningún cataclismo, más bien al contrario, se encuentran en una situación bastante más sana que la nuestra.

Por otra parte, hay que acudir de nuevo al incremento de la productividad. En los últimos cincuenta años, esta ha crecido a una tasa media anual del 1,5%. Supongamos que en los próximos cincuenta el crecimiento es similar. Eso quiere decir que, en términos reales, el PIB crecerá en todo el período el 125%. Si en 2010 el PIB hubiese sido de 100 euros, el gasto en pensiones sería de 10 euros, y por lo tanto quedarían para todo el resto de finalidades 90 euros. En 2060, el PIB sería de 225 euros, el gasto en pensiones ascendería a 33,75 euros, y para el resto de aplicaciones podrían destinarse 191,25 euros; como se ve, mucho más que en los momentos presentes. Todo ello hablando en términos reales, es decir, en euros a precios constantes.

El comité de sabios lo tiene fácil. Puede adoptar como factor de sostenibilidad la renta per cápita. Es decir, que el gasto en pensiones públicas se incremente al mismo ritmo que lo hace la renta per cápita. Los pensionistas saldrían ganando y se llevarían una gran alegría.

Juan Fco. Martín Seco
República.com