La economista Bibiana Medialdea plantea alternativas a los rescates bancarios, planes de austeridad y pago de la deuda.
En plena crisis sistémica, se impone avanzar hacia una transformación
global (el objetivo último) pero sin olvidar las reformas inmediatas.
Pueden acometerse medidas urgentes (sobre el pago de la deuda, reversión
de las políticas de austeridad o alternativas al rescate bancario) de
manera que también se avance hacia un cambio estructural. Se trata de
resolver lo importante sin desatender lo urgente.
Es la opinión
de la profesora de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de
Madrid, Bibiana Medialdea, que ha participado en el Seminari Crític de
Ciències Socials organizado por ATTAC-PV y CEPS, con una conferencia
titulada “¿Qué alternativas económicas?”. Además de activista social (ha
participado en la Comisión de Economía del 15-M), Bibiana Medialdea es
miembro del colectivo Novecento y del Consejo Científico de
ATTAC-España.
No hay que esperar. Pueden plantearse ya
alternativas concretas que permitan caminar en la senda del cambio
estructural. Por ejemplo, en relación con el rescate del sistema
financiero. “Hay una percepción generalizada de que lo ocurrido con la
banca –su rescate- es injusto, pero se añade que , un mal
menor que habíamos de asumir”, comenta Bibiana Medialdea. Es una
explicación que funciona “porque parcialmente es verdad”, añade la
docente. “Nos han colocado en una situación de chantaje; y es así porque
se le ha dado a la banca tanto poder que tiene la capacidad de conducir
la economía al desastre”. Sin embargo, nada se dice de lo ocurrido con
anterioridad a la crisis: la responsabilidad del sistema financiero
(bancos y cajas) en la burbuja inmobiliaria y crediticia, y en todos los
procesos especulativos. Asimismo, se obvian “los beneficios
escandalosos de la banca privada en los años del crecimiento económico,
mucho mayores que los del sector financiero de otros países y que los de
empresas de otros ámbitos productivos”, explica la economista.
Para
sortear la crisis se ha recurrido, como tantas otras veces, a la
“socialización de las pérdidas”. Porque las entidades financieras no han
pechado con el riesgo asumido durante la época del “boom” inmobiliario,
ni han hecho frente a las pérdidas con los beneficios anteriormente
acumulados (según un estudio citado por la economista, los beneficios de
la banca privada entre 1996 y 2010 se elevaron a 170.000 millones de
euros). Al contrario. Se ha abierto la espita de las ayudas con fondos
públicos. El cálculo de las ayudas al sistema financiero oscila entre
140.000 y 180.000 millones de euros, a los que deben agregarse otros
300.000 millones de euros en préstamos del BCE (dinero público a tipos
de interés subvencionado), que los bancos han utilizado, en buena
medida, para adquirir deuda pública a tasas de interés más elevadas.
Además, según la activista, “la banca española aún acumula muchos
activos tóxicos; la sangría de recursos no ha terminado”.
Pero la
experiencia internacional demuestra que existen otros modos de
gestionar la crisis financiera, aun considerando que se trata de otros
contextos y sin ver espejismos de modelos ideales. Alternativas que
permiten avanzar. Bibiana Medialdea cita lo ocurrido en 1992 en Suecia
(el caso más parecido al español, al suceder también una burbuja
inmobiliaria) e Islandia (2008), donde se produjeron reestructuraciones
del sistema financiero que, pese a incluir también un desembolso de
recursos públicos, hicieron descargar buena parte de la factura de la
crisis en inversores privados y acreedores. Ello supuso un alivio para
los contribuyentes. También se asumió, en los ejemplos suecos e
islandés, la quiebra de entidades financieras y el enjuiciamiento de
gestores, así como el control público de entidades a las que el estado
prestó capitales. Lo menos que podemos exigir, resume Bibiana Medialdea,
es que “el rescate nos cueste lo menos posible y la garantía de que
este escenario no volverá a producirse”.
La economista cita otro
ejemplo, más lejano, de alternativa a la gestión de la actual crisis
financiera: el “banco bueno” de Roosevelt en la época de la “gran
depresión” norteamericana. En un contexto, salvando las diferencias,
similar al actual, de crisis financiera, insolvencia de las familias, y
una burbuja inmobiliaria previa, Roosevelt nacionalizó bancos en quiebra
pero también adquirió hipotecas a las entidades financieras a precios
más bajos de los nominales, les obligó a asumir quitas parciales y, en
definitiva, encaró con una mirada progresista las consecuencias del
festín inmobiliario. Promovió que las hipotecas fueran asequibles para
las familias y se evitaron desahucios, pero introduciendo también
ciertas cautelas (que se tratara de viviendas de primera residencia o
tomando en consideración criterios de renta).
En las políticas
de austeridad y recorte, que se “venden” como inapelables, también caben
alternativas, según la economista, Alternativas para enfrentarse a
problemas inmediatos con la vista puesta en transformaciones de mayor
calado. Mientras que el “establishment” propone –por ejemplo, con la
reforma del sistema público de pensiones- caminar hacia un incremento de
la vida laboral, Bibiana Medialdea plantea recorrer la senda contraria:
el reparto del empleo y del trabajo reproductivo. Para ello, la
activista subraya que la única vía es “generar empleo público”. Pero,
matiza, “no sirve cualquier tipo de crecimiento; debería centrarse en
áreas estratégicas y servicios públicos esenciales, como medio ambiente,
sector de la dependencia o educación infantil”. La previsible jeremiada
de la ortodoxia neoliberal frente a esta medida no se hará esperar: “no
hay dinero”. ¿Cómo, por tanto, movilizar los recursos públicos
necesarios?
En primer lugar, señala la activista, mediante la
creación de una banca pública, “pero no de cualquier tipo; ha de
suministrar crédito con criterios de utilidad social y perspectiva
ambiental, sin que importe la rentabilidad financiera a corto plazo”.
Además, podrían movilizarse recursos por la vía fiscal. Bibiana
Medialdea recuerda que el fraude fiscal es “un robo cotidiano por parte
de los grupos sociales privilegiados, que los gobiernos –sean del PP o
del PSOE- nunca han tenido la voluntad política de acotar”. El Sindicato
de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifró en 2011 el fraude
fiscal en 70.000 millones de euros, mientras que el grueso de los
recortes ejecutados en 2012 (sanidad, educación y servicios sociales)
rondaron los 40.000 millones de euros. Pero esta desproporcionada
elusión de las obligaciones con el fisco presenta otra característica.
Se halla fuertemente concentrada. Según los datos de FUNCAS, el 79% del
fraude fiscal corresponde a grandes empresas y prominentes fortunas. “Al
tratarse de bolsas grandes y concentradas, no son necesarios tantos
recursos para combatir el fraude a gran escala; lo que falta es voluntad
política”, concluye Bibiana Medialdea.
En síntesis, lo menos que
puede decirse del sistema fiscal español es que resulta “muy
regresivo”, añade la docente. Y lo describe del siguiente modo. Los
grupos con niveles de renta muy bajos quedan exentos del pago del IRPF
(no se considera aquí el pago de impuestos indirectos como el IVA, de
carácter muy regresivo). Sobre una base imponible de 18.000 euros
anuales, se abona en concepto de impuesto sobre la renta en torno al
30%. Pero el Impuesto de Sociedades (por los beneficios obtenidos) es
oficialmente del 30% para las grandes empresas, que, con las oportunas
deducciones, puede quedarse en el 10%. Un inversor acaudalado que
coloque su dinero en una SICAV sólo tributa el 1%. Y aquella persona que
logra evadir su dinero a Suiza, todavía una cantidad menor. De este
modo, finalmente se tocan los dos extremos: el “mínimo exento” por su
bajo nivel de renta y quien lleva su dinero a un paraíso fiscal. Según
Bibiana Medialdea, “nuestro sistema fiscal sigue, en la práctica, el
método de Robin Hood pero al revés”.
Por último, podrían
movilizarse recursos para generar empleo si se decidiera cuestionar el
actual esquema de pago de la deuda. A finales de 2012, la deuda del
conjunto de la economía española (pública y privada) representaba el
425% del PIB (la deuda hipotecaria de las familias sólo supone algo más
del 20% del conjunto de la deuda española). Pero lo más significativo es
que antes de la crisis, el balance de ingresos y gastos en las cuentas
nacionales se mostraba bastante equilibrado (incluso con superávit
presupuestarios). “Es la crisis lo que hace que se dispare la deuda”,
subraya Bibiana Medialdea. ¿Alternativas? “Hay grupos que trabajan por
las Auditorías de la Deuda en diferentes países, y que concluyen que
parte de la deuda pública, aunque legal, no es legítima; siguiendo los
ejemplos, entre otros muchos, de Argentina y Ecuador, podrían declararse
impagos unilaterales y establecer una renegociación de la deuda en
términos equitativos”, responde la economista. Y añade que, a su juicio,
“las quitas parciales de deuda, aunque se satanicen, acabarán por
adoptarse”.
Otra cuestión es que podrían establecerse prioridades
a la hora de abonar la deuda que finalmente se reconozca. “Porque la
deuda se basa en un contrato privado que no puede estar por encima de
cualquier principio; es el estado el que, en función de su soberanía,
debería establecer sus prioridades en cada momento; así pues, ¿Por qué
atender antes a los acreedores privados que a las necesidades colectivas
más básicas”, se pregunta la docente y activista. Puede que, en el
escenario actual, todas las alternativas planteadas se vean lejanas,
“pero son perfectamente factibles desde el punto de vista técnico; el
problema es acumular la fuerza social necesaria”.
Pero no sólo
con esto sería suficiente. “También deberían coordinarse las luchas a
escala europea”, sostiene Bibiana Medialdea. Y vaticina que si algún
país de la UE empieza a desarrollar algunas de las alternativas citadas,
“habría seguramente un ; y es esto lo que más temen las elites;
éste es el miedo que tenía Alemania ante el referéndum planteado por
Papandreu o ante una presumible victoria de Syriza; más allá de la deuda
griega con la banca alemana, que realmente no les supone un gran
problema”, concluye. Bien por la movilización, bien por la
implementación de políticas alternativas: la esperanza del “efecto
dominó”.
Enric Llopis
Rebelión
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