domingo, 29 de septiembre de 2013

Aprendiendo de forma sencilla cómo los bancos crean y mueven el dinero (3 de 3)

Éste es el tercer y último post de una serie que trata la temática de la creación de dinero. En el primer post se analizó el dinero legal que crean los bancos centrales. En el segundo post fue el turno del dinero que crean los bancos privados. En este post veremos cuándo los bancos usan dinero legal y cuándo usan dinero bancario.

El dinero bancario (las promesas de pago) sólo sirve para realizar transacciones entre cuentas bancarias ubicadas en el mismo banco. Por ejemplo: yo tengo una cuenta en el banco A y quiero hacerle una transferencia de 100 euros a Felipe. Si Felipe tiene una cuenta en el mismo banco entonces lo único que ocurre es que mi cuenta disminuye en 100 euros, y la de Felipe aumenta en 100 euros. Son simples anotaciones bancarias que no requieren ningún uso de dinero legal. Números que suben y bajan, nada más. La promesa de pago que yo tenía en mi poder ha pasado a manos de Felipe. El banco A simplemente ha pasado de deberme a mí 100 euros (de dinero legal) a debérselos a Felipe. No ha tenido que utilizar dinero legal porque nadie le ha pedido que cumpla su promesa de pago. La promesa de pago sigue viva, aunque en otras manos.

Sin embargo, si la cuenta bancaria de Felipe no estuviese en mi banco sino en el banco B, la operación sería diferente. El banco B no quiere tener en su poder la promesa de pago del banco A, así que le obliga a cumplir su palabra y entregar dinero legal por valor de 100 euros. De esta forma, el banco A paga 100 euros de dinero legal al banco B. Mi cuenta se reduce en 100 euros y la de Felipe aumenta en 100 euros. El banco A ha perdido 100 euros de dinero legal, pero ya no me debe 100 euros a mí porque la promesa se ha extinguido. En cambio, el banco B ha visto aumentar su dinero legal en 100 euros, pero ahora automáticamente tiene reconocida una promesa de pago por valor de 100 euros a Felipe.

Como decíamos, el dinero bancario (las promesas de pago) sólo sirve para realizar transacciones entre cuentas bancarias ubicadas en el mismo banco. Para todo lo demás, el banco tendrá que utilizar dinero legal. Es decir, cuando un cliente quiera retirar su dinero o cuando un cliente quiera hacerle una transferencia bancaria (o cuando quiera pagar en una tienda con tarjeta de crédito) a un sujeto que tiene una cuenta en otro banco, será necesario utilizar dinero legal.

Con los ingresos y los gastos del sector público ocurre prácticamente lo mismo; la única diferencia es que el Estado tiene su cuenta bancaria directamente en el banco central. Cuando el banco A tiene que pagar impuestos por valor de 500 euros, lo que hace es utilizar dinero legal, porque el Estado no acepta el dinero bancario (las promesas de pago) del banco. Así las cosas, el dinero legal del banco A se verá reducido en 500 euros y la cuenta que mantiene el Estado en el banco central aumentará en 500 euros. Pero nada de promesas de pago, nada de dinero bancario; el Estado sólo acepta dinero legal.

Lo contrario ocurre cuando el Estado gasta dinero en vez de ingresarlo. Si yo soy funcionario y tengo mi cuenta bancaria en el banco A, cuando el Estado me pague mi sueldo lo que hará será pagarle al banco A con dinero legal. La cuenta que tiene el Estado en el banco central se reducirá, y mi cuenta bancaria aumentará por la misma cantidad. El banco A recibirá dinero legal, y automáticamente me reconocerá a mí una promesa de pago por esa cantidad.

Poco a poco vamos viendo que los bancos incrementan su dinero legal de varias formas, no sólo a través del dinero en efectivo que depositan los clientes como muchos piensan. El dinero legal de un banco puede aumentar también cuando otro banco efectúa una transacción bancaria a una de las cuentas de sus clientes, o cuando el gobierno les paga el sueldo a funcionarios que tienen su cuenta en ese banco, o cuando el banco pide dinero prestado al banco central, etc.

A lo largo de cada día se producen muchas transferencias de dinero legal entre bancos. Lo que ocurre es que el banco central no da la orden de transferir el dinero legal con cada transacción, sino que espera hasta el final del día para hacerlo de una vez. Es una forma de lograr que las transferencias sean más eficientes. De esta forma, si el banco A a lo largo del día ha sido obligado a cumplir algunas de sus promesas de pago y entregar 50.000 euros de dinero legal al banco B, y en el mismo día el banco B ha sido obligado a extinguir algunas de sus promesas de pago y entregar 40.000 euros de dinero legal al banco A, entonces el banco central dará la orden de transferir 10.000 euros de dinero legal desde el banco A al banco B. Por este motivo las transferencias entre dos bancos tardan 24 horas, y por eso las transferencias dentro del mismo banco son instantáneas (porque se transfiere dinero bancario, no dinero legal).

Por último (y ya aterrizamos en la aportación de algunos lectores en un artículo anterior) queda hacer una mención al proceso por el cual los bancos dan créditos a los agentes económicos. Cuando un banco otorga un crédito a un sujeto, lo que está haciendo es crear una promesa de pago; lo que está haciendo es crear dinero bancario. Si el banco me concede a mí un préstamo de 1.000 euros, mi cuenta bancaria aumentará en esa cantidad, y todo ese dinero será dinero bancario. Con esta acción, el banco se está comprometiendo a pagarme 1.000 euros de dinero legal cuando yo lo desee. Si yo quiero sacar esos 1.000 euros de mi cuenta para comprarme un portátil, el banco está en la obligación de entregarme 1.000 euros de dinero legal (en billetes y monedas). Pero si en vez de eso voy a la tienda y pago directamente con mi tarjeta de crédito, pueden ocurrir dos cosas. Si el vendedor del portátil tiene una cuenta en el banco que me ha dado el crédito, entonces la promesa de pago no se extinguirá. El dinero bancario simplemente pasará de mi cuenta a la cuenta del vendedor. La promesa de pago cambiará de manos. En cambio, si el vendedor del portátil tiene una cuenta en un banco diferente al que me ha dado el crédito, entonces la promesa de pago se extinguirá y mi banco pagará 1.000 euros de dinero legal al banco del vendedor.

Es decir, a los bancos no les sale gratis crear dinero bancario (conceder créditos), porque los individuos que reciben el crédito en algún momento empezarán a consumir y es probable que el banco tenga que utilizar dinero legal. Crear dinero bancario es comprometerse a entregar dinero legal cuando sea necesario, y eso supone un coste importante para el banco. Por todo ello, los bancos no “crean dinero de la nada” como algunas personas piensan. Lo que crean de la nada es dinero bancario, pero no dinero legal que es al fin y al cabo dinero en sentido estricto (y el único capaz de crear dinero legal es el banco central).

Ahora bien, es cierto que un banco puede crear dinero bancario sin necesidad de tener en ese mismo momento dinero legal que lo respalde, porque la legislación le concede dos días para conseguir la cantidad de dinero legal a la que obliga la ley (1% de todo el dinero, en la zona euro). Pero que primero creen dinero bancario y luego se preocupen de hacerse con el dinero legal necesario no quiere decir que los bancos puedan crear dinero sin coste alguno. Los bancos privados tienen un inmenso poder relacionado con el dinero y la deuda pero no es tan extraordinario como el que tiene un banco central.

Eduardo Garzón
Saque de Esquina

jueves, 26 de septiembre de 2013

¿ Puede el comercio ser libre y justo a la vez ?

¿Cuál es la diferencia entre el libre comercio y el Comercio Justo? Se nos suele decir constantemente que el libre comercio es bueno para todo el mundo, que contribuye al crecimiento económico y que crea empleo. Esto puede que fuese cierto en el siglo XVIII, pero hoy vivimos en un mundo completamente diferente y lo que entendemos por “libre comercio” se parece poco a lo que el término pretende insinuar.

Tras más de una década de negociaciones infructuosas en el marco dela Organización Mundial del Comercio (OMC), hoy ya nadie duda del fracaso dela Ronda de Doha. Y sin embargo, este fracaso no ha hecho más que estimular el impulso de una mayor liberalización comercial. A comienzos de 2013 unos 550 acuerdos comerciales bilaterales y regionales ya se habían firmado o estaban en proceso de negociación, sin contar los 350 en vigor desde años atrás.

Estos acuerdos suelen denominarse “OMC Plus” dado que van mucho más allá de la normativa dela OMC y se adaptan a las necesidades de las empresas transnacionales. Los países empobrecidos objeto de estos acuerdos, con capacidades de negociación infinitamente menores que las grandes potencias comerciales, no siempre son conscientes de lo que implica su firma. En ocasiones sus propios gobernantes encargados de las negociaciones están corrompidos por intereses privados ajenos a las demandas de la mayoría de la población, aceptando acuerdos perjudiciales para estas. Pero independientemente del motivo, la desesperación por atraer inversiones extranjeras lleva a estos gobiernos a renunciar a un buen número de derechos ante las empresas transnacionales.

Prácticamente todos los acuerdos bilaterales o multilaterales actualmente en vigor incluyen cláusulas que permiten a las empresas transnacionales exigir reparaciones a los gobiernos en caso de que estos aprobasen cualquier ley o normativa que pudiese limitar sus beneficios presentes o incluso los “esperados”. Tal y como contemplan estos acuerdos comerciales, si una empresa transnacional quiere demostrar que una medida gubernamental está perjudicando sus intereses privados, puede llevar a ese gobierno ante un tribunal especial de arbitraje, donde conocidos abogados especializados contratados por estas mismas empresas ganan sistemáticamente la mayoría de los litigios. Estas demandas conllevan el pago de reparaciones por parte de los gobiernos, que en ocasiones ascienden a miles de millones de dólares. Pagos que forman parte de un mismo sistema globalizado que responde a una misma lógica y consecuencia: la concentración de la riqueza cada vez en menos manos.

Estos acuerdos comerciales también obligan a los gobiernos a reducir e incluso eliminar sus aranceles, sometiendo así a sus propios productores locales a la presión de la competencia extranjera. Sus industrias aún incipientes no pueden hacer frente a las más avanzadas y sofisticadas empresas transnacionales. Sus agricultores simplemente terminan desistiendo y abandonando sus cultivos ante la imposibilidad de competir con importaciones masivas de alimentos baratos que les obligan a malvender sus productos locales.
En otras palabras, el “libre comercio”, especialmente entre los países enriquecidos y empobrecidos, no es otra cosa que la libertad del zorro en el gallinero: la implantación planetaria de feroces normas de negocios que, en la práctica, se asemeja a una manada de depredadores al acecho de sus presas.
Estas medidas draconianas y la creciente proliferación de acuerdos comerciales regionales durante los últimos años son razones adicionales que demuestran hasta qué punto el Comercio Justo es aún más importante y necesario hoy en día que cuando se originó hace varias décadas. El Comercio Justo es conocido principalmente por trabajar con pequeños productores procedentes de zonas tropicales. Pero hay muchas razones para ampliar su papel, lo cual no significa únicamente incluir nuevos productos procedentes de estas comunidades, sino también usar esta experiencia para apoyar a las y los agricultores empobrecidos más cercanos a nuestra realidad -en este caso, España-, favoreciendo sus cultivos y, ya de paso, contribuyendo a que las y los desempleados urbanos españoles superen la crisis sin dejar de comer alimentos sanos y nutritivos.

¿Por qué no plantearnos la cooperación entre grupos de artesanos y cooperativas industriales tanto del Norte como del Sur para buscar así nuevas oportunidades, ya sea para la exportación o para la creación de empleo a nivel local? Ya sea dentro o fuera de España, contribuir al acercamiento entre productores y consumidores sin pasar por el filtro de las empresas transnacionales es de por sí una meta valiosa. De hecho, cualquier estrategia que ayude a liberar a un país y a su gente de las garras de las empresas transnacionales y de los bancos es una buena estrategia. Y cualquier herramienta que ayude a construir economía social, tanto en el Norte como en el Sur, es una buena herramienta. Lejos de mitigarse, los asuntos y desafíos ligados al comercio van a seguir creciendo en importancia a medida que las empresas transnacionales sigan ampliando su alcance mundial y sigan evitando pagar impuestos por su actividad.

Los movimientos sociales que se oponen a que el llamado “1%” –o mejor dicho el 0,1%- más rico de la población mundial compre al por mayor el planeta lo conforman personas de diferentes países, de diferentes procedencias y con intereses diferentes, pero que tienen todas una cosa en común: un mismo adversario.
Y para derrotar a ese adversario en común se necesitan estrategias comunes y organizaciones comunes. Evidentemente, deseo que el movimiento por el Comercio Justo en España y en otros países continúe su espléndido trabajo en favor de las y los pequeños productores de cualquier lugar.
Pero más allá de eso, espero que el Comercio Justo sepa mirar más allá de sus fronteras y se encuentre con otros espacios en el creciente movimiento internacional que busca salidas alternativas a la actual crisis, combatiendo conjuntamente a este 1% y construyendo una economía social y solidaria más fuerte.

Susan George, presidenta del Transnational Institute y presidenta honorífica de ATTAC-Francia.

Este texto es el prólogo del informe “El Comercio Justo en España 2012. Alianzas en movimiento, editado por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

http://comerciojusto.org/puede-el-comercio-ser-libre-y-justo-a-la-vez-prologo-por-susan-george/

miércoles, 25 de septiembre de 2013

Estado de Bienestar Basura

Hemos pasado de rozar el Estado de Bienestar (EB) a tener un Estado de Bienestar Basura (EBB). El ciclo se cerrará cuando haya, simplemente, un Estado Basura (EB, también: pero olvidemos las siglas, para evitar equívocos y no darle ideas al Diablo).

Cuando estudiaba prefería los mensajes contundentes: el Estado cumple una doble función de acumulación y legitimación. Aunque también me gustaban las trilogías: el Estado contribuye a mejorar la estabilidad, la asignación de recursos y la redistribución de la renta. Pronto me di cuenta de que las cosas no son tan simples: el Estado ejerce la violencia legal (apropiándose de una parte de nuestros ingresos, privando de libertad a algunas personas, declarando la guerra…), pero lo hace por el bien de todos (mantener el orden, estimular la eficiencia, favorecer la equidad…).

El asunto se complicó cuando constaté que algunos Estados habían compaginado con éxito sus funciones de acumulación y legitimación. Curiosamente, eran los de mayor nivel de desarrollo, además de contar con más legitimidad democrática y ejercer una más amplia regulación sobre sus sistemas económicos y sociales. Por extrapolación, pensé que el tamaño del Estado sí importa. Al menos en términos de bienestar, puesto que en esos casos se había logrado un equilibrio satisfactorio entre eficiencia y equidad.

Luego me entró la inquietud empírica. Comprobé que no sólo en los países desarrollados el Estado es importante. Lo ha sido, y mucho, en los países de Europa, América Latina y Asia que han avanzado desde niveles bajos de desarrollo hasta convertirse en economías emergentes e incluso en potencias mundiales in pectore. Asimismo, comparé los niveles de desarrollo social, no sólo en los países capitalistas, y llegué de nuevo a la conclusión de que el tamaño del Estado sí que importa, cuando se busca favorecer el bienestar económico y social. Y al contrario: los países más pobres carecen, entre otros aspectos, de estructuras fiscales avanzadas.

Pero me choqué contra un muro cuando la crisis actual devaluó el nivel de exigencias y de satisfacciones. Entonces estalló la guerra contra el Estado. La guerra para reducir el tamaño del Estado, sus gastos y sus ingresos, sus políticas y sus acciones, y, de esa forma, aumentar el marco de actuación del sector privado de la economía. Aunque el pensamiento binario no se ajuste fácilmente a una realidad tan compleja, cualquiera lo entiende en términos estáticos: las privatizaciones contribuyen a mejorar las condiciones para la acumulación capitalista, aunque empeoren los niveles de legitimación social. Otra cuestión distinta es formular ese análisis en términos dinámicos, dado que las transferencias de renta entre los agentes económicos tienen efectos multiplicadores muy diversos, y ni el Estado, ni los poderes oligopólicos, ni el entorno internacional permanecen ajenos a esos efectos. Tampoco son neutrales los procesos de desregulación y liberalización que han fagocitado las políticas públicas y se han instalado en epicentro de la economía mundial, de la mano del neoliberalismo.

Por eso ahora, cuando nos dicen que el Estado de bienestar se ha convertido en insostenible, incluso en los países con más amplia tradición, como Holanda, se me caen los argumentos y se me levanta el ánimo de rebelión. Pienso que no es posible hacer las cosas tan mal: en algo nos están engañando y estafando, cuando los impuestos que pagamos no cumplen la función para la que están diseñados. Claro que se puede y se debe mejorar la recaudación fiscal y su uso, pero la sensación actual es que no basta con eso para mantener un nivel digno de políticas públicas. La fórmula que barajan las autoridades holandesas es bien conocida: recortes en las políticas sociales, apagón del Estado, degradación de la ciudadanía, y que la solidaridad o la caridad corran como hilos de agua por donde puedan.

Ante tal panorama, sacar a relucir el caso de España es tan necesario como poco alentador. Nuestro Estado de bienestar no llegó a nacer por completo. Veamos sintéticamente la situación en cada uno de sus ámbitos. Primero, se han logrado niveles muy satisfactorios en sanidad pública, pero la regresión neoliberal quiere apropiarse los beneficios actuales y futuros. Segundo, hemos alcanzado niveles de prestaciones por desempleo dignos, aunque la elevada tasa de paro muestra que ese paliativo es insuficiente. Tercero, ha habido progresos, aunque muy lentos, en educación y formación, pero el deterioro social actual nos hace volver de nuevo la vista al pasado. Cuarto, el sistema de pensiones ha funcionado adecuadamente, hasta que la gestión de esta crisis parece obligar a recortarlo también. Finalmente, el último pilar del bienestar fue un espejismo: la Ley de Dependencia ideada por los socialistas, que entre otros aspectos podría haber contribuido a crear puestos de trabajo, ha desaparecido del mapa.

Por eso insisto en explicar a mis amigos y a mis alumnos que esta Gran Recesión tiene causas muy profundas (véanse para su análisis los trabajos publicados y citados por econoNuestra), pero una de sus consecuencias está clara: “nos encaminamos hacia el Estado basura.”

La crisis puede entenderse como una guerra contra el Estado, porque ha primado con intensidad creciente la función de acumulación, en particular la protagonizada por el sector financiero. Por el contrario, la legitimidad ante los ciudadanos parece no ser prioritaria. ¿Por qué será? ¿Porque los ciudadanos sólo importan para votar y pagar impuestos? ¿Porque hay que definir un nuevo concepto de Estado (descentralizado e internacionalizado)? ¿Porque el futuro que nos espera es de mayores desigualdades y podemos acabar clasificados entre ciudadanos de primera categoría (muy pocos), de segunda (empobrecidos) y de tercera (inmigrantes)? ¿O porque hay que dar un puñetazo en la mesa, cuando antes mejor, para llenar entre todos de contenido el concepto de ciudadanía que tanto echamos de menos?

José Antonio Nieto
Profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid
EconoNuestra.
Público.es

martes, 24 de septiembre de 2013

El mejor sistema económico posible

Es sabido que Leibniz mantenía en su Teodicea una tesis muy sui géneris: Dios ha creado el mejor mundo de todos los posibles, todas las cosas tienen su justificación, su causa suficiente y todo mal posee su razón de ser al estar ordenado a conseguir un bien superior. Tal vez se encuentre aquí la explicación de que Franco tras el atentado del presidente Carrero Blanco pronunciase aquella frase aparentemente tan enigmática: “No hay mal que por bien no venga”.

Voltaire no participaba de una visión tan optimista y no dudó en ridiculizarla con una novela, “Cándido”. No solo el protagonista, cuyo nombre sirve de título a la obra, sino también el resto de sus personajes sufren toda clase de desgracias. No obstante, todas ellas no consiguen que el preceptor de Cándido, Pangloss (personificación de Leibniz), cambie un ápice su tesis de que vivimos en el mejor de los mundos posibles.

Hoy abundan también los pangloss que nos repiten por doquier que contamos con el mejor sistema económico posible; que la globalización maximiza las riquezas y el crecimiento económico y que la Unión Europea y Monetaria constituye la mejor opción para las economías europeas. Bien es verdad que esta visión idílica choca día a día con la realidad personal de cada uno, pero, ya se sabe, esos males particulares son simples elementos necesarios para el bien general.

Los cándidos del siglo XXI contemplan el fin de la estabilidad en el empleo y se ven obligados a olvidar la seguridad con que contaban sus padres de mantener el puesto de trabajo. La indemnización por despido desaparece y los empresarios pueden rescindir los contratos laborales sin apenas coste. La amenaza de acabar incrementando el ejército de reserva, es decir, la legión de los parados, está siempre presente y actúa como incentivo eficaz para que las jornadas aumenten y los salarios se reduzcan. Ya lo dijo aquel presidente de la patronal que ahora se encuentra en la cárcel: “Hay que trabajar más y cobrar menos”. Pero siempre habrá algún pangloss cerca que les diga que todo ello es necesario para que funcione el sistema, el mejor sistema económico posible; deben aceptar de buen grado tales medidas porque la flexibilidad en el mercado laboral es precisa para que la economía sea competitiva frente al exterior. Males necesarios para un bien superior.

A los cándidos actuales se les dice que cuando lleguen a la jubilación no podrán cobrar las mismas pensiones a las que tenían derecho sus padres; que estas no mantendrán ya el poder adquisitivo, que no se actualizarán anualmente por el índice de precios y que, si no quieren caer en la pobreza en su vejez, deben ir apartando una porción de su exiguo salario para prestársela a los bancos, que la manejarán a su antojo durante largo tiempo y se la devolverán a la hora de la jubilación en una cantidad devaluada por la inflación. Pero ello es un mal necesario para que el sistema funcione, las cotizaciones sociales se reduzcan y así seamos más competitivos. Como contrapartida, gozan del sistema económico más eficaz, la globalización.

Tampoco es viable ya la sanidad gratuita, los beneficiarios tendrán que ir poco a poco asumiendo parte del coste si no quieren que las prestaciones y los servicios públicos se deterioren. El presupuesto no da más de sí y los impuestos tienen un límite, ya que no se puede gravar ni a las empresas ni al capital para evitar, dicen, que las inversiones emigren a otras latitudes más permisivas fiscalmente. Esto que puede parecer un mal, afirman los pangloss de turno, tiene su razón suficiente, que no es otra que los mercados globalizados, que es el sistema económico óptimo.

Los cándidos de hoy comienzan a ser conscientes de que la democracia es una cosa del pasado, de que en países como España, Portugal, Grecia o Italia los parlamentos y los gobiernos son marionetas de otros poderes extranjeros, de Bruselas, Frankfurt o Berlín. Los ciudadanos eligen a quien no manda y a quienes mandan no se les puede elegir. Pero si los sistemas democráticos están trufados, si la democracia desaparece, hay que conformarse y asumirlo con buen talante, afirman los pangloss oficiales, ya que no hay efecto sin causa y todo está perfectamente ordenado hacia un bien superior: la pertenencia a Unión Europea y Monetaria que, sin duda, constituye opción óptima para los países europeos.

En el mejor sistema económico posible la desigualdad se hace cada vez mayor, los ricos son cada día más ricos y los pobres cada vez más pobres. Es más, el colectivo de los pobres aumenta cada día debido a la incorporación progresiva de las clases medias. Pero no debemos preocuparnos, ello es tan solo un ingrediente imprescindible para conseguir un bien superior, la eficacia de la economía.

El mejor sistema económico posible, el de la globalización, el del libre comercio, el de la libre circulación de capitales, es la causa suficiente de que se incremente la desigualdad, que los sistemas fiscales se hagan más regresivos, que desaparezca el Estado del bienestar, que se trabajen más horas y se cobre menos, que las condiciones laborales empeoren año a año, que exista un elevado porcentaje de paro, que se privatice la sanidad, la educación y hasta la justicia, que cada jubilado tenga que apañárselas como pueda, que los gobiernos entiendan que son los mercados los que mandan. ¿El mejor sistema económico posible? Será para los integrantes del decil superior en la distribución de la riqueza y de la renta. ¿Acaso el 90 % restante no debería preguntarse qué pasaría si adoptásemos un sistema económico menos perfecto y más ineficaz?¿por qué no mandar a la mierda el mejor sistema económico posible?

Juan Fco Martín Seco
República.com

lunes, 23 de septiembre de 2013

Cuando el libre comercio es mentira

¿Cómo suena que una multinacional tabaquera demande a dos estados soberanos porque la obligan a poner en las cajetillas que el tabaco es malo? ¿O que una petrolera demande a una república porque un tribunal de la misma la condenó a limpiar todo lo tóxico que vertió en la Amazonia durante años? Ha ocurrido. Las demandantes son Philips Morris y Chevron; los demandados, Uruguay y Ecuador.

¿Y qué pensar de un estado soberano al que no dejan establecer un control de capitales? Es Chile, que no puede controlar los capitales por prohibírselo el acuerdo comercial con Estados Unidos, que ha firmado acuerdos comerciales bilaterales con catorce países y actualmente negocia otros más con países del Pacífico. Con la Unión Europea negocia un Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversiones, el mayor acuerdo comercial de la historia. En aras del libre comercio, dicen. Pero, al igual que en la negociación del Pacífico, Estados Unidos ha impuesto el secreto de las negociaciones.

El tratado de libre comercio de Estados Unidos más conocido es el firmado con México. Teórica solución de problemas de México, como recuerda Vicenç Navarro, la realidad fue otra. Se destruyeron empleos en México y Estados Unidos y benefició de verdad a grandes empresas de ambos lados, en perjuicio de la clase trabajadora. Y así en todos los países que han firmado tratados.

Desde hace décadas, los países ricos ya no ocupan militarmente los mal llamados países en desarrollo para colonizarlos. La ocupación militar colonizadora se ha sustituido por tratados comerciales bilaterales. Mano de santo. Aunque quien más tratados haya firmado, Estados Unidos, a veces invada militarmente.

La razón de ser de los tratados, aunque lo maquillen o disfracen, es apoyar a las empresas en los países receptores frente a las actuaciones de sus gobiernos. Como explica Ivan Ayala, los tratados son sistemas jurídicos paralelos para que las multinacionales incumplan las leyes nacionales. E impongan sus condiciones a la política económica del país receptor. Los tratados dicen establecer mecanismos para resolver conflictos entre estados y empresas, pero el objetivo auténtico es crear entidades de arbitraje, lejos de cualquier control democrático, que tramiten las demandas de las empresas contra los estados, (falladas mayoritariamente a favor de las empresas).

Ahora, en Europa los lobbies de grandes empresas y corporaciones van a saco contra la llamada ‘politización de acuerdos comerciales’. Es decir, que los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo no puedan legislar nada que disminuya sus beneficios. Y, si legislan, que sea para otros. Lobbies que en Europa defienden intereses de IBM, Deutsche Bank, Vodafone, Telefónica…, por ejemplo, se oponen frontalmente a cualquier acuerdo comercial que incluya proteger derechos humanos y laborales. Y lo que busca hoy el tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea es que los beneficios de las grandes empresas prevalezcan sobre los derechos de la ciudadanía, la preservación integral del medio ambiente o la seguridad alimentaria. Por eso, el acuerdo comercial resultante propiciará montones de demandas de empresas contra estados, además de vaciar aún más a Europa de contenido democrático.

Por otra parte, Ivan Ayala ha escrito (citando un riguroso estudio de Thirlwall y Penelope Pacheco-López) que “no hay evidencia de que los tratados comerciales hayan mejorado la vida de los ciudadanos de los países firmantes”. Y sí de lo contrario, podríamos añadir. La liberalización comercial solo ha hecho crecer a los países ricos, China, India y alguno más, pero el resto ha ido a peor. De hecho aumentaron los pobres en todos esos países, excepto en China. Además, las comisiones internacionales de arbitraje no son fiables. Tienen también una puerta giratoria o batiente, porque sus presuntos “jueces” (que no lo son de verdad) han sido antes abogados de los lobbies empresariales que demandan a los estados. Y al revés.

Cabe preguntarse pues, como Vicenç Navarro, por qué aparece tan poco (o nada) en los medios informativos la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, a sabiendas de lo que nos jugamos, sabedores de que su aplicación tendrá un impacto muy negativo en los derechos, bienestar y calidad de vida de los ciudadanos.

En cualquier caso sabemos ya, como ha escrito Stiglitz, que las negociaciones para crear una zona de libre comercio entre Estados Unidos y Europa no pretenden tal cosa, sino un comercio dirigido al servicio de los intereses de la minoría que ha impuesto la política comercial de Occidente.

Xavier Caño Tamayo
Periodista y escritor
CCS (Centro de Colaboraciones Solidarias)

La fase actual



La larga fase de expansión capitalista que terminó en 2008 consistió esencialmente en la formación de un gran ejército industrial multinacional de mano de obra barata.

El capital se deslocalizó hacia lugares donde podía encontrarla. La oleada transformadora de la tercera revolución industrial, la de la informática, además, coadyuvó en su éxito. De este modo se restablecía la tasa de ganancia del capital, venida abajo en los años setenta.

La financiación de aquel movimiento de transformación y reubicación del capital, de creación de un nuevo ejército industrial fuera de las metrópolis centrales del capitalismo, se hizo a base del crédito, del endeudamiento. De los estados y de las empresas. Nunca hubo tanto crédito. El período se cerró en 2008 cuando el sistema financiero se desmoronó por causa de una de las crisis cíclicas del capitalismo, de sobreproducción. Nadie tenía con qué pagar el exceso de producción. Ni para pagar, claro es, los créditos.

Ante la crisis, el gran capital impuso a los gobiernos, ante todo, socializar la deuda de un sistema financiero en quiebra. Tanto en Europa como en Norteamérica, que con Japón fueron los principales centros amenazados, las arcas públicas fueron vaciadas para el salvamento del sistema financiero privado, aprovechándose también para malbaratar en el mercado bienes públicos. Todo ello no para que volviera a crearse el crédito —la confianza se había desvanecido— sino para que fueran los ciudadanos quienes pagaran la deuda financiera a los acreedores.

Eso indujo un endurecimiento de la parálisis económica. La crisis económica se convirtió en una crisis social de gran calado. Como siempre ocurre en las grandes crisis, el mundo cambió.

Finalmente se llegó a la fase actual: con el paro generalizado, amplísimo, se dispone ya de un amplísimo ejército industrial de reserva en los países centrales del capitalismo.

El hecho del paro y la amenaza de caer en él, a su vez, disciplina a la fuerza de trabajo, debilitada por los acontecimientos, en el momento en que se dirige contra ella, en los países centrales, la peor ofensiva que ha tenido que soportar desde la época del fascismo, el nazismo y los regímenes autoritarios.

Toda una panoplia de normas destructoras del derecho del trabajo anterior: de la estabilidad en el empleo, el abaratamiento del despido, la imposición de normas negociadoras trucadas, la reducción de los salarios, del sistema de pensiones, del salario indirecto en forma de educación y sanidad. Se ha echado abajo una gran parte de lo que los trabajadores habían conquistado dentro del sistema en una lucha más que secular; y se sigue echando abajo lo que queda de esas conquistas, jaleados los gobiernos por las patronales, a ritmos que tratan de evitar levantamientos sociales de calado: a velocidad de apisonadora, por decirlo así.

Pues en la fase actual la política económica neoliberal va encaminada a crear, dentro de las metrópolis del sistema, no sólo un ejército de reserva sino, además, un ejército industrial de mano de obra barata, esto es, lo mismo que antes de 2008 había buscado en el exterior.

Ése es el objetivo. Unas clases altas instaladas en el lujo, que podrán pagar la educación de sus hijos y parte de la sanidad privada, para ellas, financiada por la multitud. Y una multitud en precario, en algunas de cuyas zonas aparece ya el hambre, magmática, peleando por conseguir a cualquier precio un puesto de trabajo de miseria, con una cultura social deliberadamente degradada por los modelos de vida propuestos por la publicidad televisiva. El capital restablece su tasa de ganancia generando un mundo de barbarie, de democraticidad ilusoria, con regímenes políticos prostituidos al instrumentar esta abyección.

Estamos pues en la fase de la construcción en las metrópolis de un ejército industrial de mano de obra barata.

Y de afianzamiento de regímenes políticos pseudodemocráticos, neoautoritarios, para apoyar esta transformación.

La contraposición a esta lógica ha de ser esencialmente política, política de nuevo tipo, masiva, para crear instituciones controlables por los ciudadanos y manejadas por personas responsables ante ellos. La participación política de la multitud ha de desbordar los sistemas electorales formales. Los actuales regímenes, unos de una manera y otros de otra, preseleccionan a las personas compatibles con las políticas ultraliberales, y sólo esas personas, esos equipos de políticos —o esas empresas políticas— son las susceptibles de ser votadas por la ciudadanía. Los partidos políticos hasta hoy mayoritarios son los que materializan para las poblaciones las exigencias actuales del capital.

Si se lograra democratizar de verdad algún sistema político —esto es, si se consiguiera un auténtico cambio de régimen— quedaría sin embargo un gran problema por resolver: una eficaz contraposición del régimen democrático al soberano difuso, policéntrico, que planea por encima de los estados para imponer la política económica preferida por el poder del capital.

Juan Ramón Capella
Mientras Tanto


Juan-Ramón Capella



domingo, 22 de septiembre de 2013

Aprendiendo de forma sencilla cómo los bancos crean y mueven el dinero (2 de 3)

En el primer post de esta pequeña explicación de cómo los bancos crean y mueven el dinero explicamos qué es y quién se encarga de crear el dinero legal. En este segundo post nos detendremos en la naturaleza y características del dinero que crean los bancos.

El dinero bancario no es dinero en sentido estricto (el banco central no le reconoce validez). El dinero bancario son simplemente promesas realizadas por el banco que crea ese dinero. Son promesas de pago, y por eso se pueden utilizar para realizar transferencias (comprar cosas, efectuar pagos, realizar inversiones…). Vamos a explicarlo con más detenimiento utilizando un ejemplo.

Yo puedo escribir en un papel: “me comprometo a pagar 1.000 euros al poseedor de este papel” y ésta es la promesa que estoy materializando en un formato físico. Si yo quiero comprarle a Isabel un mueble que cuesta 1.000 euros, en vez de entregarle billetes o en vez de hacerle una transferencia bancaria, puedo entregarle mi promesa de pago (el papel). Esto sólo tendría sentido si Isabel se fiara de mi palabra y confiara en que en un futuro le pagaré esos 1.000 euros (pero esta vez con dinero legal, no con mi promesa). Si Isabel confía en mi palabra, yo habré comprado un mueble sin utilizar dinero legal respaldado por el banco central. El proceso podría continuar: Isabel podría comprarle a Simón un portátil entregándole la promesa de pago que yo hice (el papel). Si Simón confiara en mi palabra y aceptase el papel, se habría producido otra venta sin necesidad de utilizar dinero legal respaldado por el banco central. Esta sucesión de compras y ventas podría continuar indefinidamente, siempre que aquellos que utilizaran mi papel confiasen en mi palabra.

Es importante destacar que mi papel sirve como medio de pago porque yo me he comprometido a pagar 1.000 euros a aquel que tenga en su propiedad el papel y venga a reclamarme el dinero. Pero puede ocurrir que nunca vengan a reclamarme el dinero. Puesto que todo el mundo confía en mí y todo el mundo acepta mi papel en las transacciones, no hay necesidad de que se molesten en venir a mí para que le cambie el papel por los 1.000 euros. A efectos prácticos, mi papel se ha convertido en un billete de 1.000 euros. Pero sólo porque confían en mi palabra.

Si yo tuviese cierta dosis de picardía podría aprovecharme de esa confianza que depositan en mí y podría fabricar más promesas de pago en otros papelitos. De esta forma, podría comprar más cosas con mis nuevas promesas, y sin necesidad de tener suficiente dinero legal. Mientras la gente confíe en mi palabra, esos papelitos funcionarían exactamente como dinero legal, pero sin serlo. El problema aparecería cuando alguien dejara de confiar en mí y viniese a mi casa a cambiar su papelito por dinero. Si sólo viniese una persona y yo pudiese pagarle 1.000 euros (de dinero legal) no pasaría nada. Pero si la desconfianza se generalizase, muchos quisieran entregarme los papelitos a cambio de dinero, y yo no tuviese en mi poder suficiente dinero legal para satisfacer sus demandas, en ese momento se me habría acabado el chollo. Tendría que reconocer que no puedo pagar, la noticia se extendería y entonces ya nadie aceptaría mis papelitos como medio de pago.

Una consecuencia derivada del fin de mi ganga es que todo aquel que tuviera en sus manos un papelito tendría que soportar una pérdida. Recordemos que obtuvieron el papelito entregando algo de su propiedad por valor de 1.000 euros, pensando que el papelito valía esa cantidad. Una vez mi chiringuito es desmontado, la validez del papelito se desvanece (ya no vale nada), y su propietario tiene que reconocer inmediatamente que ha perdido 1.000 euros.

El lector habrá podido ya advertir la similitud de este ejemplo de los papelitos con el quehacer de los bancos privados. En efecto, aunque los bancos privados tienen dinero legal en su poder (como explicamos en el primer post), también crean promesas de pago –pero en vez de ser papelitos como en el ejemplo son números electrónicos en cuentas bancarias y también cheques–. Estas promesas no están respaldadas por el banco central, por lo que no es dinero legal. Pero en la práctica funcionan como tal porque los individuos de la sociedad confían en los bancos y creen que siempre que vayan a sacar dinero de su cuenta los bancos les van a entregar dinero legal. En consecuencia, a lo largo y ancho de la economía se utilizan estas promesas de pago (cheques y números electrónicos en cuentas bancarias) para realizar transacciones, a pesar de que no están respaldadas por dinero legal.

Por lo tanto, cada banco tiene por un lado dinero legal (en forma de dinero físico y en forma de anotaciones en la cuenta que tiene el banco en el banco central) y por otro lado tiene dinero bancario, que son promesas de pago. La proporción de los dos tipos de dinero sobre el total depende de la legislación vigente en cada territorio. En la zona euro actualmente es la siguiente: por cada 100 euros de dinero total que tenga el banco, debe tener como mínimo 1 euro de dinero legal. Los 99 euros restantes puede ser dinero bancario, es decir, promesas de pago no respaldadas por el banco central. Puede parecer una proporción exagerada, pero en realidad es más que suficiente: el 1% de todo el dinero que almacena cada banco es muchísimo dinero, y sobra para llevar a cabo las actividades rutinarias. Esto es así porque la mayor parte de las transacciones de los bancos son efectuadas con dinero bancario (promesas de pago) y no con dinero legal. Sin embargo, como ya se sabe, si por algún casual (por ejemplo, un pánico bancario) todos los clientes quisiesen retirar el dinero que han depositado en su banco, lo cierto es que no podrían hacerlo porque el banco no tiene tanto dinero legal como para satisfacer toda la demanda.

Pero cuando un banco tiene que hacerle una transferencia bancaria a otro banco o al gobierno, ¿con qué dinero le paga? ¿Con dinero legal o con sus promesas de pago (dinero bancario)? Esto es lo que veremos en el siguiente post.

Eduardo Garzón
Saque de Esquina

sábado, 21 de septiembre de 2013

Aprendiendo de forma sencilla cómo los bancos crean y mueven el dinero (1 de 3)

En un artículo anterior hablé de cómo los bancos privados pueden crear dinero bancario a partir del dinero legal que crean los bancos centrales. Puesto que fue un artículo meramente introductorio simplifiqué algunas cosas al mismo tiempo que me dejé determinados cabos sin atar (y varios lectores lo hicieron notar en los comentarios). Con la intención de resolver las dudas que se originaron voy a profundizar en el tema yendo incluso más allá de lo resaltado por los lectores de forma que pueda ser útil para todo aquel que esté interesado en el asunto de la creación de dinero. Como hay bastante contenido voy a dividirlo en tres posts: en el primero explicaré la creación de dinero legal por parte del banco central, en el segundo me detendré en la creación de dinero bancario por parte de los bancos, y en el tercero explicaré qué tipo de dinero es utilizado por los bancos en cada una de sus transacciones. Suele ser un tema engorroso pero trataré de hacerlo sencillo sin perder por ello ni una pizca de rigor. A los que se animen a zambullirse en esta interesante temática les adelanto que terminarán sabiendo y comprendiendo cosas que suelen desconocerse o malinterpretarse (incluso por reconocidos economistas).

Los bancos centrales crean dinero legal; son los únicos que tienen autoridad para originar de la nada aquello que tiene validez para realizar transacciones de todo tipo (comprar productos y servicios, hacer inversiones, realizar pagos pendientes, etc). Absolutamente nadie más puede crear dinero legal. Yo, por ejemplo, podría crear dinero inventándome un material y un diseño, pero nadie me lo aceptaría como medio de pago, al igual que ningún vendedor aceptaría billetes del juego “Monopoly” a cambio de entregar su producto. El dinero legal sirve porque todos los integrantes de una sociedad lo aceptamos como medio de pago. Sabemos que con ese dinero en nuestras manos podremos realizar transacciones porque el resto de personas confía en su validez. Y si confiamos en la validez de este dinero legal es porque como sociedad le hemos reconocido a una institución oficial (que se llama “banco central”) el poder de crear el dinero.

Este dinero legal es en última instancia dinero en efectivo (monedas y billetes), y yace en los bolsillos (o monederos, carteras, cofres…) de los individuos y también en las cajas fuertes de los bancos. Pero almacenar ingentes cantidades de monedas y billetes es muy costoso y molesto para los bancos, y también lo es transportarlo de un sitio a otro. Por ello, buena parte de este dinero legal no se conserva físicamente en las cajas fuertes de los bancos, sino que los bancos lo depositan en una cuenta del banco central correspondiente. De la misma forma que un individuo guarda parte de sus ahorros en una cuenta de su banco privado, un banco privado guarda parte de sus ahorros en una cuenta del banco central. El banco central es, por así decirlo, el banco de los bancos privados. Esto tiene importantes ventajas para los bancos privados (¡las mismas que tenemos los individuos que depositamos nuestro dinero en el banco!): se despreocupan de conseguir un espacio para almacenar los billetes y monedas, se despreocupan de instalar sistemas de vigilancia para que no sufran ningún robo, se despreocupan de transportar el dinero en furgones blindados cada vez que tengan que efectuar una transferencia bancaria de cualquier tipo, etc.

Imaginemos la mastodóntica cantidad de transferencias bancarias que se pueden producir entre todas las instituciones de crédito que existen. En vez de tener que transportar con cada operación el dinero físico de un sitio a otro, lo que se hace es anotar las cantidades transferidas (tecleando cifras) en las cuentas correspondientes del banco central. Si el banco A le transfiere 1.000 euros al banco B, no envía ningún furgón blindado con billetes para transportar el dinero, sino que en la cuenta que tiene el banco A en el banco central vemos que la cifra correspondiente disminuye en 1.000, mientras que la cuenta que tiene el banco B en el banco central aumenta en 1.000. Son simples anotaciones electrónicas; no hay ningún traslado de dinero físico. De hecho, ¡ni siquiera existe ese dinero físico al que representan los dígitos!

Pero no podemos olvidar que todas estas cifras electrónicas tienen validez: están respaldadas por el banco central. Visualmente son simples números que aumentan y disminuyen, pero en la práctica funcionan como medio de pago útil (con estos números se pueden comprar cosas, efectuar pagos, realizar inversiones…). Yo podría escribir en un papel el número “1.000”, pero no me serviría para nada porque nadie aceptaría mi papel como medio de pago. En cambio, si lo hace el banco central sí sirve, porque es la institución encargada de crear dinero. A mí nadie me ha otorgado ese poder. Al banco central sí.

Planteémoslo de una forma más gráfica para una mejor comprensión. Imaginemos el caso extremo en el que un banco privado tuviese que entregar todo su dinero legal a sus clientes en mano. Los billetes y monedas que tuviese en su caja fuerte los entregaría directamente. El resto del dinero, que no está allí físicamente sino que sólo existe como simples anotaciones digitales en la cuenta que mantiene el banco en el banco central, tendría que ser fabricado por el banco central. Pero lo haría, porque al ser dinero legal está respaldado por la institución. Es dinero válido, y si por cualquier circunstancia hubiese que manejarlo en forma de billetes y monedas el banco central se encargaría de poner en funcionamiento las máquinas de impresión.

Hasta ahora hemos hablado del dinero legal, que es el dinero en sentido estricto (al cual el banco central le reconoce validez). En el próximo post hablaremos del dinero bancario (el que crean los bancos).

Eduardo Garzón
Saque de Esquina