miércoles, 30 de octubre de 2013

FMI / BM: Aboguemos por su remplazo I y II

I)
En mi entrega anterior hice referencia al ensayo de Kenneth Rogoff America’s endless budget battle, en el que augura al dólar la misma suerte que vivió en su momento la libra esterlina al declinar Reino Unido como imperio dominante: “Lo mismo, por supuesto, ocurrirá en última instancia con el dólar, especialmente a medida que los mercados de capitales asiáticos crezcan y se profundicen. Incluso si el dólar mantiene su reinado por mucho tiempo, no siempre será un monarca tan poderoso…” Por cierto que una tesis central de Rogoff, en ese trabajo, es que en realidad la batalla no era por el techo de la deuda sino por el tamaño del Estado. El Estado no es la solución, sino el problema, coincidían Reagan y Thatcher.
 
Insisto en que será necesario un nuevo acuerdo internacional para diseñar una nueva arquitectura del sistema financiero en algún momento. El dólar deberá salir como moneda de reserva internacional y ninguna moneda nacional –como quería Keynes– deberá remplazarla, sino un medio de pago expresamente mundial. “El privilegio de emitir la moneda de reserva mundial –escribe Rogoff– confiere enormes ventajas a EU. No sólo reduce las tasas de interés que paga el gobierno de EU, también las que pagan todos los habitantes de este país. La mayoría de los cálculos muestran que para EU esto implica un beneficio de más de 100 mil millones de dólares por año.”

Junto con la inhumación del dólar, deben serlo las nefastas instituciones fundadas en Bretton Woods: el FMI y el Banco Mundial (BM).

Éric Toussaint es un autor que después de una larga investigación hizo su tesis doctoral en ciencias políticas, que presentó en 2004, en las universidades de Lieja y de París VIII: Enjeux politiques de l’action de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International envers le tiers-monde (Cuestiones políticas de la acción del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en el tercer mundo). Después se ha dedicado a perseguir lo que él llama los crímenes del FMI y el BM, y a publicar sus hallazgos uno tras otro. Toussaint es uno de tantos que abogan con vehemencia por su remplazo.

Los maniobreros internacionales del sistema financiero operaron una profunda desconexión del sistema financiero internacional respecto a la economía real, infligiendo a ésta daños terriblemente severos, y se dedicaron a producir dinero con dinero (hipotecas subprime, titulaciones de las mismas, nuevos esquemas Ponzi y mucho más), generando un burbuja como globo planetario repleto de la peste dineraria; dieron vida así a ese cadáver que no sirve a la economía productiva, ni a los hombres y mujeres de carne y hueso; millones han sido víctimas de los horrores infernales que los banqueros han inventado.

En 2014 el BM y el FMI cumplirán 70 años, y este octubre, una vez más, estos decrépitos gemelos consumaron, como todos los años, su rutina acostumbrada, de la que el Financial Times juzgó que no había ninguna posibilidad de que produjeran avances en ninguno de los problemas económicos más urgentes del mundo. Es interesante ver a los grandes nombres de las finanzas globales en conjunto, ironizó el Financial. Pero el verdadero cambio ocurre en los meses de negociaciones que conducen a estas reuniones, durante las tenaces discusiones que tienen los servidores públicos en su ir y venir entre las capitales durante meses; eso para recomendar las medidas que permitan continuar expoliando al mundo productivo y a la sociedad mundial. Dice Toussaint: desde su creación en 1944, el BM y el FMI han respaldado activamente a todas las dictaduras y todos los regímenes corruptos aliados de Estados Unidos.

Han pisoteado la soberanía de los estados violando en forma flagrante el derecho de los pueblos de disponer de sí mismos, sobre todo debido a las condicionalidades que imponen. Estas condicionalidades empobrecen a la población, incrementan las desigualdades, libran al país a las trasnacionales y hacen modificar las legislaciones de los estados (reformas profundas del código de trabajo, de los códigos mineros, forestales, eliminación de los convenios colectivos, etcétera) favoreciendo a los acreedores e inversionistas extranjeros.

Pese a los desvíos masivos de dinero, tanto el BM como el FMI mantuvieron, e incluso aumentaron, el monto prestado a los regímenes corruptos y dictatoriales aliados a las potencias occidentales (como el emblemático caso del Congo-Zaire de Mobuto, después del informe Blumenthal de 1982).

Financiaron la dictadura de Habyarimana en Ruanda hasta el año 1992, lo que le permitió a este dictador quintuplicar los efectivos de su ejército. Las reformas económicas que impusieron en 1990 desestabilizaron el país y exacerbaron sus siniestros conflictos. El régimen de Habyarimana había estado preparando un genocidio desde los años 80, que finalmente fue perpetrado a partir del 6 de abril de 1994, causando cerca de un millón de muertos entre los tutsis y los hutus moderados. En seguida, el BM y el FMI exigieron a las nuevas autoridades ruandesas el pago de la deuda contraída por el régimen genocida.

Apoyaron otros regímenes dictatoriales del campo contrario –como el de Rumania desde 1973 hasta 1982, y el de China a partir de 1980– para debilitar a la Unión Soviética antes de su implosión en 1991.

Les participaré en mis próximas entregas la mayor parte de la lista de sus intervenciones en el tercer mundo.


II)
Mi colaboración anterior terminaba con apenas el enunciado de lo que Éric Toussaint ha llamado crímenes de las instituciones de Bretton Woods que han acompañado a la corrompida moneda de reserva que emite el imperio. Daba algunas razones de orden económico por las que debemos en el mundo entero abogar por el remplazo del Banco Mundial (BM) y el FMI.
 
Pero inicié también la enumeración de algunas de las acciones criminales del BM y el FMI en el tercer mundo, producto de la investigación de Toussaint.

No hay duda: la más abominable cara del imperio y sus aliados son las matanzas que han llevado a cabo sus ejércitos, o las que han obligado a realizar a sus subordinados del tercer mundo. Pero detrás de esta horrenda cara que aparece al frente, están detrás el BM y FMI, colaborando con la parte ominosa que les corresponde.

En materia de medio ambiente, el BM prosigue el desarrollo de una política productivista desastrosa para los pueblos y nefasta para la naturaleza. Sin embargo, consiguió que se le atribuyera la gestión del mercado de los permisos de contaminación. 

El BM financia proyectos que violan flagrantemente los derechos humanos. Entre los proyectos directamente apoyados por el Banco Mundial, se puede poner como emblemático el proyecto de transmigración en Indonesia (1970-1980) que tenía componentes que pueden considerarse crímenes contra la humanidad (destrucción del medio natural de poblaciones indígenas, desplazamiento forzoso de poblaciones). Recientemente, el Banco Mundial financió íntegramente la mal llamada operación de salidas voluntarias en la República Democrática del Congo, un plan de despidos que violó los derechos de 10 mil 665 empleados de Gécamines, empresa minera pública situada en la provincia de Katanga. Estos ex empleados esperan todavía el pago de sus salarios atrasados y las indemnizaciones previstas por el derecho congoleño.

El Banco Mundial y el FMI favorecieron el surgimiento de factores que provocaron la crisis de la deuda que estalló en 1982. En resumen: a) el BM y el FMI empujaron a los países a endeudarse en unas condiciones que llevaban al sobrendeudamiento; b) presionaron, incluso forzaron, a los países a levantar los controles sobre los movimientos de capitales y sobre el cambio, acentuando la volatilidad de los capitales y facilitando de esa forma su fuga; alentaron a los países a abandonar la industrialización por sustitución de importaciones en provecho de un modelo basado en la promoción de las exportaciones.

Disimularon los peligros que ellos mismos habían detectado: sobrendeudamiento, crisis de pagos, transferencias netas negativas…

Desde el estallido de la crisis en 1982, el Banco Mundial y el FMI favorecieron sistemáticamente a los acreedores y debilitaron a los deudores.

El Banco Mundial y el FMI recomendaron, incluso impusieron, políticas que hicieron recaer el pago de la crisis de la deuda sobre los pueblos, privilegiando al mismo tiempo a los más poderosos.

Estas mismas instituciones prosiguieron con la generalización de un modelo económico que aumenta sistemáticamente las desigualdades entre los países, y en el interior de los mismos.

En los años 90, el BM y el FMI, con la complicidad de los gobernantes, extendieron sus políticas de ajuste estructural a la mayoría de los países de Latinoamérica, África, Asia, y Europa central y oriental (comprendida Rusia).

En este último país, las privatizaciones masivas fueron concretadas en detrimento del bien común y enriquecieron de manera colosal a un puñado de oligarcas. Reforzaron las grandes empresas privadas y debilitaron tanto a los poderes públicos como a los pequeños productores. Agravaron la explotación de los trabajadores y aumentaron su precariedad. Lo mismo hicieron con los pequeños productores.

Su retórica sobre la lucha por la reducción de la pobreza no termina de encubrir una política específica que reproduce y refuerza las propias causas de la pobreza.

La liberalización de los flujos de capitales que sistemáticamente estas instituciones han privilegiado ha fomentado la evasión fiscal, la fuga de capitales y la corrupción.

La liberalización de los intercambios comerciales reforzó a los fuertes y aisló a los débiles. La mayor parte de pequeños y medianos productores de los países en desarrollo no pueden resistir a la competencia de las grandes empresas, ya sean del norte o del sur.

El BM y el FMI actúan junto a la Organización Mundial del Comercio, la Comisión Europea y los gobiernos cómplices para imponer una agenda radicalmente opuesta a la satisfacción de los derechos humanos fundamentales.

Desde que la crisis golpea a la Unión Europea, el FMI está en primera línea para imponer a las poblaciones de Grecia, Portugal, Irlanda, Chipre… unas políticas que ya fueron impuestas a las poblaciones de los países en desarrollo, a las de Europa central y oriental en los años 90.

El BM y el FMI, que pregonan la buena gobernanza en todos sus informes, abrigan en su seno comportamientos sumamente dudosos.

Estas dos instituciones mantienen a la mayor parte de los países en la marginalidad, a pesar de que esos países constituyen la mayoría de sus miembros, y privilegian a un puñado de gobiernos de los países ricos. La gestión de la crisis iniciada en 2007, no ha dejado duda sobre su forma de actuar.

En resumen, el BM y el FMI representan unos instrumentos despóticos en manos de una oligarquía internacional (unas pocas grandes potencias y sus sociedades trasnacionales) que refuerza un capitalismo internacional, destructor de la humanidad y de la naturaleza.

José Blanco
La Jornada


No estamos obligados a pagar deudas ilegítimas

Los ajustes estructurales que se vienen aplicando desde 2010 en nuestro país violan los derechos humanos. No lo denuncian solo los movimientos y organizaciones sociales. Lo ratifica el Centro por los Derechos Económicos Sociales y Culturales en su informe de 2012 para Naciones Unidas: “La crisis económica y las respuestas del gobierno han puesto en peligro la capacidad de una gran parte de la población para ejercer sus derechos, especialmente el derecho al trabajo y a unas condiciones laborales decentes, el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a una vivienda asequible”. Lo corrobora también el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks: En España, la austeridad tiene impacto negativo en los derechos humanos”.
 
Los recortes en sanidad, educación, dependencia, vivienda, atención a las víctimas de la violencia machista y otros derechos sociales se producen con la excusa del déficit y en el marco de un proceso de creciente deuda pública. El pago de los intereses previstos para 2014 es de 36.590 millones de euros, el 11% del presupuesto, la segunda partida después de las pensiones. De 2008 a 2012 llevamos gastados 113.156 millones de euros tan solo en intereses. Al mismo tiempo, los recortes en política sociales superan los 120.000 millones, si contamos desde 2010 a 2013. La otra cara de la moneda es el incremento de la pobreza y las desigualdades. La población en riesgo de pobreza ha aumentado del 19,6% en 2007 al 21,1% en 2011 (cinco millones de personas).

La reforma de la Constitución pactada por el PP y PSOE en agosto de 2011 entra en plena contradicción cuando contrastamos el nuevo artículo 135.3 (que garantiza que el pago de la deuda y sus intereses gozarán de “prioridad absoluta”) con los artículos de su Título Primero (De los derechos y deberes fundamentales), en el que se recogen el derecho a la educación, a la salud, a una vivienda y, en definitiva, a una vida digna, entre muchos otros. El artículo 135.3 también establece que la deuda no podrá “ser objeto de enmienda o modificación”.

Se blinda así el pago de la deuda presentando los recortes en políticas sociales como un mal necesario para “tranquilizar” a los mercados y a la comunidad internacional (léase, la Troika) y “cumplir” con la constitución. Y de esta forma se perpetúa la violación de los derechos humanos, incumpliendo con la obligatoriedad de todo Estado de protegerlos y garantizarlos. La deuda se vuelve entonces ilegítima y da incluso argumentos jurídicos para no pagarla si hubiese voluntad política para hacerlo.

Esta situación no es exclusiva del Estado español. El relator especial de Naciones Unidas sobre la deuda externa y los derechos humanos afirmó en su informe de mayo de 2013 que las condiciones de los  rescates  de la Troika a Grecia estaban violando los derechos humanos. Y el Consejo de Derechos Humanos adoptaba hace poco más de un año una “resolución” en la que afirmaba que “la deuda de los países en desarrollo ha mermado su capacidad para crear las condiciones que se requieren para el ejercicio de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales”.

La conclusión es clara. Cinco años después del estallido de la crisis financiera, el Gobierno español –junto al G20, la UE o el FMI- sigue promoviendo políticas neoliberales injustas que ponen en peligro la garantía de los derechos humanos. Para encontrar soluciones a la deuda que garanticen la justicia social necesitamos un cambio de sistema. Respuestas a la crisis que pongan en el centro el rescate a las personas y no a los bancos y a la industria financiera. Una regulación estricta del sector financiero con pleno control democrático, de manera que esté al servicio de la sociedad. Mecanismos que nos sirvan aquí y al resto de pueblos del mundo que siguen viviendo bajo el yugo de deudas ilegítimas que perpetúan diferentes formas de violencia y miseria para la mayoría de la población mundial. Mecanismos que pasen por no pagar las deudas ilegítimas. 

Iolanda Fresnillo y Tom Kucharz , miembros de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ¡No Debemos! ¡No Pagamos! 
El País

martes, 29 de octubre de 2013

Un diagrama para que no te engañen con las cifras del paro

Los datos arrojados por la Encuesta de Población Activa revelan que el paro ha disminuido el tercer trimestre de 2013 (julio, agosto y septiembre). Cuando leemos o escuchamos una comunicación así, instantáneamente pensamos que es una buena noticia. Pero lo cierto es que el paro puede descender por muchos motivos, y ello no siempre responde a causas de las que podamos alegrarnos. Para comprender fácilmente las formas por las que el paro puede descender (o aumentar) y así poder saber si hay motivos de alegría o no, presentamos un diagrama sencillo que nos permite abordar la problemática de una forma rápida y sencilla.

Con el siguiente recuadro azul se representa toda la población residente en el territorio español.

diagrama1

Ahora vamos a diferenciar la población que está en edad de trabajar con la que no está en edad de trabajar (menores de 16 años y mayores de 64 años).

diagrama2

A continuación, dentro de la población que está en edad de trabajar hay que distinguir entre aquellos que están inactivos (estudiantes, trabajadores del hogar, prejubilados e incapacitados) de aquellos que están activos.
diagrama3

Por último, dividimos la población activa entre ocupados y desempleados.

diagrama4

Pues bien, ya tenemos bien ubicado el segmento de población que nos interesa: los parados (franja naranja). Este colectivo puede disminuir, pero en ese caso las personas que dejan de estar paradas abandonan la franja naranja de nuestro diagrama para pasar a otro espacio. Nos encontramos con 4 posibilidades:
  1. Si se trasladan al recuadro rojo (población ocupada) entonces es que se están creando puestos de trabajo, porque un parado deja de estarlo porque comienza a trabajar.
  2. Si se trasladan al recuadro rosa (población inactiva) entonces no se están creando puestos de trabajo. El antiguo parado puede haber decidido iniciar unos estudios, puede haber tenido un accidente que le ha dejado incapacitado para trabajar, puede haber decidido dedicarse a las labores del hogar, o puede haberse prejubilado. Y a pesar de que no se crean nuevos puestos de trabajo, el paro (y la tasa de paro) disminuye.
  3. Si se trasladan al recuadro azul de la derecha (es decir, si se jubilan) tampoco se crean nuevos puestos de trabajo, pero el número de parados disminuye.
  4. La última posibilidad es que las personas que abandonen el recuadro naranja lo hagan porque fallezcan o porque se muden a otro país –ya sea para estudiar o para trabajar– y por lo tanto desaparecen del diagrama. En este caso el número de desempleados disminuye, aunque obviamente esto no supone creación de puestos de trabajo en España.
Como se puede comprobar, la única posibilidad que puede considerarse verdaderamente positiva es la primera: cuando un parado deja de estarlo porque comienza a trabajar. Las otras tres posibilidades reducen el número de desempleados pero sin que por ello se estén creando nuevos puestos de trabajo.

Vamos a ver qué ha pasado en este tercer trimestre de 2013 (julio, agosto y septiembre) atendiendo al diagrama: la franja naranja (la población desempleada) se ha reducido en 72.800 personas, de las cuales 39.500 pasaron a la franja roja (y por lo tanto pasaron a trabajar) y 33.300 abandonaron el diagrama, pasaron a la franja rosa o terminaron en la franja azul de la derecha (en otras palabras: fallecieron, se mudaron a otro país, se jubilaron, se prejubilaron, iniciaron nuevos estudios, se dedicaron a las labores del hogar o sufrieron alguna incapacidad para trabajar).

Estos datos no parecen malos si se olvida que estamos hablando de los tres meses del año que mejores resultados ofrecen en términos de empleo en todo el año, debido a las vacaciones de verano. De hecho, todo el empleo creado (todo lo que aumenta la franja roja) ha sido en el sector servicios y de carácter temporal, lo que demuestra que es debido al periodo vacacional.

Si ampliamos el horizonte y pasamos a considerar los nueve primeros meses de este año (y por lo tanto combinamos periodos buenos con periodos malos) los datos no dejan lugar a dudas: la situación es muy negativa. Desde enero a septiembre la franja naranja (desocupados) se ha reducido en 61.000 personas. Esto, que podría parecer un dato positivo, es un fenómeno nefasto cuando se comprueba que el desplazamiento no ha sido en absoluto hacia la franja roja (ocupados), sino en su totalidad hacia las otras tres posibilidades (fuera del diagrama, franja rosa, y franja azul de la derecha). Pero por si esto fuera poco, resulta que durante el mismo lapso de tiempo, la franja roja también ha disminuido en 134.000 personas. Y, obviamente, el movimiento no ha sido hacia la franja naranja, sino hacia fuera del diagrama, hacia la zona rosa, o a la azul de la derecha.

Realizar este tipo de lecturas en realidad no es nada difícil. Lo que ocurre es que en los medios de comunicación convencionales se suelen presentar todos los datos en bruto, sin acompañarlos de lecturas que traten de articular todos los elementos para de esta forma facilitar la comprensión de la realidad. No hay duda de que hay intereses en que no quede muy claro si el paro se ha reducido por la creación de puestos de trabajo o por cualquier otro motivo. Por todo ello, siempre es recomendable plantarse delante de todos esos datos con este diagrama en la mano. De esta forma, al menos, le estaremos poniendo más difícil a los comunicadores correspondientes su intento por confundirnos y desorientarnos.

Eduardo Garzón
La Marea

domingo, 27 de octubre de 2013

Radiografía de un tumor financiero

No es razonable que no se considere más alternativa que el 'recortismo' del sector público y que el cheque extendido a nuestros bancos no tenga contrapartidas.

A finales de mayo de 2010, en un giro de política económica sin precedentes, se aprobó el primero de los recientes planes de austeridad. Aquello no fue por casualidad. De acuerdo con datos del Banco de España, nuestra deuda privada alcanzó un máximo del 212% del PIB en junio de ese año (de los que 125 puntos corrían a cargo de las empresas y 87 correspondían a las familias). Si a esto añadimos los 58 puntos que representaba la deuda pública, se tiene que la deuda total de los llamados “sectores residentes no financieros” de la economía española equivalía al 270% del PIB.

Desde entonces y hasta junio de este año, la deuda privada de la economía española se ha reducido en 26 puntos de PIB. Sin embargo, teniendo en cuenta el incremento experimentado por la deuda pública en el mismo periodo, resulta que la deuda total de empresas, familias y administraciones públicas ronda hoy el 279% del PIB. Es decir, que, tras tres años de esfuerzos ímprobos, esta deuda representa (en relación a nuestra capacidad de generar riqueza) nueve puntos más que cuando se aprobó el primer plan de austeridad. El coste de los intereses de la deuda pública en el contexto financiero internacional ha puesto su granito de arena, pues ha pasado de representar el 1,5% del PIB en el inicio de la crisis al 3,5% actual, aproximadamente.

Parece lógico preguntarse por el papel del sector financiero en la formación de esta deuda; al fin y al cabo, los bancos son la otra parte contratante de empresas, familias y administraciones públicas. Podríamos alarmarnos al leer que el total de pasivos del sector financiero español equivale al 450% del PIB, pero esta cifra bruta incluye lo que unos bancos se deben a otros; no es deuda neta del sector. Además puede decirse que lo realmente importante no es la deuda que acumulan nuestros bancos, sino la relación que ésta guarda con el total de sus activos financieros (en eso consiste su razón de ser: el sector financiero es el instrumento con el que acumulamos y reasignamos el capital). Por eso, una manera de tomarle la temperatura a nuestros bancos consiste en observar la evolución de sus “activos financieros netos”, o riqueza financiera, tal y como se representa en la gráfica adjunta.

Se observa, a partir del año 2003, un incremento progresivo de la posición deudora de nuestros bancos frente al resto del mundo y, simultáneamente, un incremento de su posición acreedora frente a las empresas residentes y las administraciones públicas. Hasta ese año los bancos españoles empleaban el ahorro de las familias para financiar a las empresas y a las administraciones públicas y, en menor medida, invertir en el resto del mundo. Nada extraño, sino que las cosas cambiaron. Los activos financieros netos de las familias frente a los bancos pasaron de representar casi el 40% del PIB a inicios de los años 2000 a tan sólo el 6% en vísperas de la crisis. ¿Fue el incremento de la demanda de crédito por parte de familias y empresas lo que provocó el endeudamiento de nuestros bancos frente al resto del mundo, o fue al revés? En cualquier caso, el endeudamiento externo del sector financiero alimentó la explosión del crédito y permitió el sobreendeudamiento privado.

Evidentemente, si los bancos actuaron de esta manera es porque algo ganaban con ello. El promedio de los beneficios anuales del sector financiero español desde el inicio del euro hasta el mencionado año 2003 equivalía al 1,5% del PIB. En junio de 2007, justo antes del estallido de las “subprime” en Estados Unidos, los mismos beneficios representaban ya el 3% del PIB interanual.

Hoy, siempre de acuerdo con el Banco de España, se reclama al sector de las instituciones financieras una deuda exterior equivalente al 80% del PIB (al margen de otros 90 puntos que familias, empresas y administraciones públicas deben al resto del mundo). Resulta curioso que la deuda exterior total no se haya reducido un ápice desde que se aprobó el primer plan de austeridad: 170% del PIB.

Mientras tanto, el incremento de créditos dudosos ha sido colosal, pasando de 16.000 millones de euros en 2007 a 180.000 millones en la actualidad. La consecuencia es que la cuenta de resultados de nuestros bancos desde que comenzó la crisis arroja unas pérdidas netas superiores a 40.000 millones de euros. En este contexto es difícil de imaginar que el sector financiero pueda reabrir el grifo del crédito por sí mismo (lo que se considera condición necesaria para la reactivación de la economía), así que hemos extendido otra receta más de deuda pública.

El sector financiero español ha recibido hasta ahora más de 60.000 millones de euros en ayudas públicas directas, sin contar avales y otros programas del Estado, por un importe superior a 35.000 millones que son susceptibles de generar pérdidas (de hecho, casi el 20% de esta última cantidad se había evaporado ya a finales de 2012…). Es mucho dinero. La carga financiera de la deuda pública presupuestada para 2013, por poner un ejemplo, es inferior a 40.000 millones de euros. Una cosa es que el déficit público esté contribuyendo al desapalancamiento de las empresas privadas a través de los estabilizadores automáticos y otra, muy diferente, es un trasvase directo de deuda que enjuga sobradamente las pérdidas del sector financiero desde el inicio de la crisis. Es el contribuyente quien está hilvanando las costuras de la cohesión social y facilitando en última instancia el desapalancamiento de la economía española.

Tenemos, pues, una curiosa combinación de políticas de austeridad con explosión de deuda pública cuyo balance, al menos de momento, es el siguiente. El desapalancamiento de los sectores no financieros no se ha reducido (la deuda del sector privado se ha transformado en deuda pública, e incluso más). La deuda exterior tampoco se ha reducido y el crédito interno sigue sin fluir, a pesar del trato generoso del contribuyente hacia un sector financiero que ha retomado números verdes desde que comenzó el año (el crédito para la financiación de actividades productivas se ha reducido un 9% en la primera mitad de 2013, y un 28% desde que alcanzó su máximo en marzo de 2009). 

Además, por el lado de la demanda, el coste de las políticas de austeridad en forma de paro, merma de poder adquisitivo y deterioro de los servicios públicos está siendo enorme. Si, como afirma el FMI, “el desafío político es cómo hacer que este proceso [de desapalancamiento] sea menos costoso para el empleo y el crecimiento”, no parece que se pueda hablar de éxito.

Es verdad que es imposible resolver a coste cero un problema de sobreendeudamiento y que cualquier política complementaria a la austeridad (fundamentalmente tres: las quitas, la inflación y el crecimiento) ni es evidente ni está exenta de controversia. Lo que no es razonable es que no se considere más alternativa que el “recortismo” del sector público y que el cheque extendido a nuestros bancos no tenga contrapartidas. Porque, aunque nos duelan mucho la deuda pública y el mercado laboral, lo que realmente nos pasa es que nos ha salido un tumor en el sistema financiero.

Daniel Fuentes Castro
El Diario.es 

domingo, 20 de octubre de 2013

Los espejismos de la deuda

Este es un artículo del reciente Premio Nobel Robert Shiller, publicado en Project Syndicate en julio de 2011.

A los economistas les gusta hablar de umbrales que, cuando son atravesados, indican dificultades. Por lo general hay una cierta verdad en lo que dicen. Pero a menudo, el público reacciona en forma exagerada ante esos comentarios.

Consideremos, por ejemplo, la relación entre deuda y PIB, tan comentada en las noticias estadounidenses y europeas actuales. A veces se dice, casi sin pausar para respirar, que la deuda de Grecia equivale al 153% de su PIB anual, y que es insolvente. Combinemos esas afirmaciones con las recientes imágenes televisivas de los disturbios callejeros griegos. ¿Qué les parece?

Aquí en los EE. UU., puede percibirse como una imagen de nuestro futuro, a medida que la deuda pública se acerca peligrosamente al 100% del PIB anual y continúa en ascenso. Pero tal vez esta imagen está excesivamente impresa en nuestra imaginación. ¿Es posible que la gente crea que un país se torna insolvente cuando su deuda supera el 100% del PIB?

Claramente, eso sería una tontería. Después de todo, la deuda (que se mide en unidades monetarias) y el PIB (que se mide en unidades monetarias por unidad de tiempo) dan como resultado una razón en unidades de tiempo puro. No hay nada de especial en usar un año para esa unidad. Un año es el tiempo que le lleva la tierra orbitar al sol, lo que, excepto en el caso de industrias estacionales como la agricultura, no tiene ningún significado económico particular.

Deberíamos recordar esto de nuestras clases de ciencia en la escuela secundaria: siempre se debe prestar atención a las unidades de medida. Si erramos con las unidades, estaremos completamente perdidos.

Si los economistas no anualizaran habitualmente los datos trimestrales del PIB y multiplicaran el PIB trimestral por cuatro, la proporción entre la deuda y el PIB griego sería cuatro veces la actual. Y si habitualmente tomaran el PIB por década, multiplicando los números trimestrales por 40 en vez de por 4, el peso de la deuda griega sería del 15%. Desde el punto de vista de la capacidad de pago griega, esas unidades serían más relevantes, ya que Grecia no tiene que pagar el total de su deuda en un año (a menos que la crisis convierta en imposible la tarea de refinanciar la deuda actual).

Ya que estamos, parte de la deuda nacional griega está en manos de griegos. Como tal, el peso de la deuda subdeclara seriamente las deudas de los griegos entre sí (en gran medida en forma de obligaciones familiares). En cualquier momento de la historia, la razón entre deuda y PIB anual (incluidas las deudas informales) excedería, por mucho, el 100%.

La mayor parte de la gente nunca piensa en esto cuando reacciona frente a la razón entre deuda y PIB de los titulares. ¿Es posible que verdaderamente sea tan estúpida como para confundirse por esas relaciones? Desde mi experiencia personal, puedo decir que sí, porque incluso yo, un economista profesional, me descubrí alguna vez cometiendo exactamente el mismo error.

Los economistas que adhieren a los modelos de expectativas racionales nunca lo admitirán, pero mucho de lo que sucede en los mercados es consecuencia de la estupidez pura, o, más precisamente, del desinterés, la desinformación sobre los conceptos básicos, y una atención desmedida sobre las historias que circulan en el momento.

Lo que verdaderamente está sucediendo en Grecia es el funcionamiento de un mecanismo de retroalimentación social. Algo llevó a que los inversores temieran que el riesgo de una eventual cesación de pagos de la deuda griega hubiese aumentado ligeramente. La menor demanda de la deuda griega causó que su precio decayese, lo que implicó que su rendimiento, en términos de las tasas de interés del mercado, aumentó. Las mayores tasas de interés hicieron que para Grecia fuese más costoso refinanciar su deuda, y eso creó una crisis fiscal que ha obligado al gobierno a imponer severas medidas de austeridad, que derivaron en disturbios públicos y un colapso económico que ha alimentado incluso un mayor escepticismo sobre la capacidad de Grecia para pagar su deuda.

Esta retroalimentación no tiene nada que ver con que la relación entre deuda y PBI anual haya sobrepasado un cierto umbral, a menos que quienes contribuyen a esta retroalimentación crean en esa relación. Sin duda, la razón es un factor que nos ayuda evaluar los riesgos de retroalimentación negativa, ya que el gobierno debe refinanciar antes la deuda de corto plazo y, si la crisis impulsa las tasas de interés al alza, las autoridades tarde o temprano enfrentarán intensas presiones en favor de la austeridad fiscal. Pero la relación no es la causa de la retroalimentación.

Una ponencia escrita el año pasado por Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, titulada “Growth in a Time of Debt” (Crecimiento en tiempos de deuda), ha sido ampliamente citada por su análisis de 44 países a lo largo de 200 años, que detectó que cuando la deuda gubernamental excede el 90% del PIB, los países experimentan un crecimiento más lento y pierden aproximadamente un punto porcentual en la tasa anual.

Uno puede pensar equivocadamente que, como el 90% está tremendamente cerca del 100%, a los países que se meten en ese tipo de situaciones comienzan a sucederles cosas terribles. Pero si se lee cuidadosamente su trabajo, resulta claro que Reinhart y Rogoff eligieron el valor 90% casi arbitrariamente. Decidieron, sin explicación, dividir las relaciones entre deuda y PBI en las siguientes categorías: menos del 30%, 30-60%, 60-90% y más del 90%. Y resulta que esas tasas de crecimiento disminuyen en todas esas categorías a medida que aumenta la relación entre deuda y PIB, solo que un poco más en la última.

También existe la cuestión de la causalidad inversa. Las relaciones entre deuda y PIB suelen aumentar en los países con problemas económicos. Si esta es parte de la razón por la cual las relaciones entre deuda y PIB corresponden a un crecimiento económico menor, hay menos motivos para creer que los países deberían evitar una razón más elevada, ya que la teoría keynesiana implica que la austeridad fiscal jugaría en contra, y no a favor, del desempeño económico.

El problema fundamental que enfrenta actualmente la mayor parte del mundo es que los inversores reaccionan exageradamente a las razones entre deuda y PIB porque temen que se cruce algún umbral mágico, y exigen programas de austeridad fiscal demasiado pronto. Piden a los gobiernos que disminuyan su gasto mientras sus economías aún son vulnerables. Los hogares se asustan, así que también disminuyen sus gastos, y las empresas son disuadidas de financiar sus gastos de capital a través del crédito. La lección es simple: Tenemos que preocuparnos menos por las razones y umbrales de deuda, y más por nuestra incapacidad para ver estos indicadores como los constructos artificiales –y a menudo irrelevantes– que son. 

Robert Shiller
Fuente: Jaque al neoliberalismo


ste es un artículo del reciente Premio Nobel Robert Shiller, publicado en Project Syndicate en julio de 2011.

A los economistas les gusta hablar de umbrales que, cuando son atravesados, indican dificultades. Por lo general hay una cierta verdad en lo que dicen. Pero a menudo, el público reacciona en forma exagerada ante esos comentarios.

Consideremos, por ejemplo, la relación entre deuda y PIB, tan comentada en las noticias estadounidenses y europeas actuales. A veces se dice, casi sin pausar para respirar, que la deuda de Grecia equivale al 153% de su PIB anual, y que es insolvente. Combinemos esas afirmaciones con las recientes imágenes televisivas de los disturbios callejeros griegos. ¿Qué les parece?

Aquí en los EE. UU., puede percibirse como una imagen de nuestro futuro, a medida que la deuda pública se acerca peligrosamente al 100% del PIB anual y continúa en ascenso. Pero tal vez esta imagen está excesivamente impresa en nuestra imaginación. ¿Es posible que la gente crea que un país se torna insolvente cuando su deuda supera el 100% del PIB?

Claramente, eso sería una tontería. Después de todo, la deuda (que se mide en unidades monetarias) y el PIB (que se mide en unidades monetarias por unidad de tiempo) dan como resultado una razón en unidades de tiempo puro. No hay nada de especial en usar un año para esa unidad. Un año es el tiempo que le lleva la tierra orbitar al sol, lo que, excepto en el caso de industrias estacionales como la agricultura, no tiene ningún significado económico particular.

Deberíamos recordar esto de nuestras clases de ciencia en la escuela secundaria: siempre se debe prestar atención a las unidades de medida. Si erramos con las unidades, estaremos completamente perdidos.

Si los economistas no anualizaran habitualmente los datos trimestrales del PIB y multiplicaran el PIB trimestral por cuatro, la proporción entre la deuda y el PIB griego sería cuatro veces la actual. Y si habitualmente tomaran el PIB por década, multiplicando los números trimestrales por 40 en vez de por 4, el peso de la deuda griega sería del 15%. Desde el punto de vista de la capacidad de pago griega, esas unidades serían más relevantes, ya que Grecia no tiene que pagar el total de su deuda en un año (a menos que la crisis convierta en imposible la tarea de refinanciar la deuda actual).

Ya que estamos, parte de la deuda nacional griega está en manos de griegos. Como tal, el peso de la deuda subdeclara seriamente las deudas de los griegos entre sí (en gran medida en forma de obligaciones familiares). En cualquier momento de la historia, la razón entre deuda y PIB anual (incluidas las deudas informales) excedería, por mucho, el 100%.

La mayor parte de la gente nunca piensa en esto cuando reacciona frente a la razón entre deuda y PIB de los titulares. ¿Es posible que verdaderamente sea tan estúpida como para confundirse por esas relaciones? Desde mi experiencia personal, puedo decir que sí, porque incluso yo, un economista profesional, me descubrí alguna vez cometiendo exactamente el mismo error.

Los economistas que adhieren a los modelos de expectativas racionales nunca lo admitirán, pero mucho de lo que sucede en los mercados es consecuencia de la estupidez pura, o, más precisamente, del desinterés, la desinformación sobre los conceptos básicos, y una atención desmedida sobre las historias que circulan en el momento.

Lo que verdaderamente está sucediendo en Grecia es el funcionamiento de un mecanismo de retroalimentación social. Algo llevó a que los inversores temieran que el riesgo de una eventual cesación de pagos de la deuda griega hubiese aumentado ligeramente. La menor demanda de la deuda griega causó que su precio decayese, lo que implicó que su rendimiento, en términos de las tasas de interés del mercado, aumentó. Las mayores tasas de interés hicieron que para Grecia fuese más costoso refinanciar su deuda, y eso creó una crisis fiscal que ha obligado al gobierno a imponer severas medidas de austeridad, que derivaron en disturbios públicos y un colapso económico que ha alimentado incluso un mayor escepticismo sobre la capacidad de Grecia para pagar su deuda.

Esta retroalimentación no tiene nada que ver con que la relación entre deuda y PBI anual haya sobrepasado un cierto umbral, a menos que quienes contribuyen a esta retroalimentación crean en esa relación. Sin duda, la razón es un factor que nos ayuda evaluar los riesgos de retroalimentación negativa, ya que el gobierno debe refinanciar antes la deuda de corto plazo y, si la crisis impulsa las tasas de interés al alza, las autoridades tarde o temprano enfrentarán intensas presiones en favor de la austeridad fiscal. Pero la relación no es la causa de la retroalimentación.

Una ponencia escrita el año pasado por Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, titulada “Growth in a Time of Debt” (Crecimiento en tiempos de deuda), ha sido ampliamente citada por su análisis de 44 países a lo largo de 200 años, que detectó que cuando la deuda gubernamental excede el 90% del PIB, los países experimentan un crecimiento más lento y pierden aproximadamente un punto porcentual en la tasa anual.

Uno puede pensar equivocadamente que, como el 90% está tremendamente cerca del 100%, a los países que se meten en ese tipo de situaciones comienzan a sucederles cosas terribles. Pero si se lee cuidadosamente su trabajo, resulta claro que Reinhart y Rogoff eligieron el valor 90% casi arbitrariamente. Decidieron, sin explicación, dividir las relaciones entre deuda y PBI en las siguientes categorías: menos del 30%, 30-60%, 60-90% y más del 90%. Y resulta que esas tasas de crecimiento disminuyen en todas esas categorías a medida que aumenta la relación entre deuda y PIB, solo que un poco más en la última.

También existe la cuestión de la causalidad inversa. Las relaciones entre deuda y PIB suelen aumentar en los países con problemas económicos. Si esta es parte de la razón por la cual las relaciones entre deuda y PIB corresponden a un crecimiento económico menor, hay menos motivos para creer que los países deberían evitar una razón más elevada, ya que la teoría keynesiana implica que la austeridad fiscal jugaría en contra, y no a favor, del desempeño económico.

El problema fundamental que enfrenta actualmente la mayor parte del mundo es que los inversores reaccionan exageradamente a las razones entre deuda y PIB porque temen que se cruce algún umbral mágico, y exigen programas de austeridad fiscal demasiado pronto. Piden a los gobiernos que disminuyan su gasto mientras sus economías aún son vulnerables. Los hogares se asustan, así que también disminuyen sus gastos, y las empresas son disuadidas de financiar sus gastos de capital a través del crédito. La lección es simple: Tenemos que preocuparnos menos por las razones y umbrales de deuda, y más por nuestra incapacidad para ver estos indicadores como los constructos artificiales –y a menudo irrelevantes– que son. - See more at: http://mamvas.blogspot.com.es/2013/10/robert-shiller-los-espejismos-de-la.html#sthash.3AUcjTOY.dpuf

viernes, 18 de octubre de 2013

Así funcionan los refugios fiscales de las grandes corporaciones

Las grandes corporaciones globales planifican su estrategia fiscal aprovechando todos los rincones del planetas, desde países de la Unión Europea con un tratamiento fiscal privilegiado para determinadas figuras (como los préstamos en los Países Bajos, el tratamiento de los royalties en Chipre o la fiscalidad empresarial en Irlanda) hasta los conocidos como paraísos fiscales. Así funcionan los refugios fiscales de las grandes empresas:
 
1. Definición
Un paraíso fiscal es, según la definición más concisa ofrecida por la OCDE, un instrumento de competencia fiscal perjudicial.

Es más concreta y más precisa la definición que ofrecen los profesionales de la Hacienda Pública Española: son territorios de baja o nula tributación que, mediante normas específicas internas, garantizan la opacidad de las transacciones, con la ausencia absoluta de registros, formalidades y controles.

2. Origen
Los expertos sitúan el inicio del proceso de aparición de los paraísos fiscales en los años sesenta, si bien no fue hasta los años ochenta cuando se consolidaron como destino relevante del flujo internacional de capitales.

3. ¿Cuántos hay?
Es un asunto controvertido. Para el organismo internacional de referencia en esta materia, la OCDE, los paraísos fiscales ya no existen.

En 2009, en plena "refundación del capitalismo", la OCDE lanzó una ofensiva para acabar con el régimen de opacidad de estos establecimientos y les ofreció la posibilidad de abandonar su lista negra si acreditaban la firma de una docena de acuerdos de intercambio de información con otros países OCDE.

El incentivo surtió efecto y un puñado de meses después la lista internacional de paraísos fiscales se vació. Pero había truco.

"Mónaco, por ejemplo, firmó un acuerdo con Francia y luego con una decena de territorios de baja tributación, y así salió de la lista", señala José María Peláez, de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado. Otros muchos hicieron lo mismo

España tiene una lista propia, más estricta. Se creó en 1991 con 48 países y, hoy, 36 continúan en ella. Han salido Andorra, Antillas Holandesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Jamaica, Malta, Trinidad y Tobago, Panamá, San Marino y Singapur, pero otros como Chipre, Liechtenstein o Macao continúan en ella.

Para salir no basta con firmar un acuerdo con el Gobierno, sino que hay que acreditar el cumplimiento efectivo de las condiciones establecidas en el mismo. Y es que la simple firma según el formato establecido por la OCDE no garantiza que ese intercambio vaya a ser fluído.

Según Peláez, dichos acuerdos sólo obligan a los territorios a ofrecer información cuando se trate de peticiones individualizadas y justificadas por la existencia de indicios de la comisión de un delito.

Es un avance respecto a no tener ningún tipo de acceso a la información, pero no permite, por ejemplo, rastrear las cuentas bancarias de nacionales en dichos establecimientos como sí ocurre en el ámbito UE.

4. ¿Dónde están?
Por todo el mundo. Se suele relacionar los paraísos fiscales con éxoticos destinos offshore en el Pacífico, como Fiji o Islas Salomón, o con minúsculas islas británicas que sería díficil situar en un mapa como, Jersey, Guernesey o la Isla de Man.

La reciente crisis de Chipre vino a demostrar que incluso dentro de la UE se pueden encontrar este tipo de territorios. Ahí están Luxemburgo o Malta y los dañinos regímenes fiscales privilegiados que ofrecen en determinadas circunstancias Irlanda, Bélgica o Suiza.

De hecho, hay varios paraísos fiscales por cada continente. Es una realidad global.

5. Relevancia económica
A finales del siglo XX, el Comité de Expertos de París estimó que la mitad del comercio mundial pasaba ya por paraísos fiscales; a inicios del siglo XXI el valor de los activos depositivos en este tipo de territorio superaba los 11 billones de euros.

Según un informe de la ONG Intermon Oxfam, esta cifra se ha elevado ya a 24 billones de euros, lo que significa que los paraísos fiscales ocultan una tercera parte del PIB mundial. Dice también que una lucha decidida contra estos territorios liberaría más de 90.000 millones de euros para, por ejemplo, combatir la pobreza en el mundo.

Según otra ONG, Tax Justice Network, entre 2005 y 2010, la élite económica mundial ocultó en estos territorios de baja tributación entre 15 y 20 billones de euros.

En España, según el Observatorio de Responsabilidad Corporativa, el 86% de las 35 mayores compañías españolas, las que cotizan en el Ibex, las que se identifican con la Marca España, tienen algún tipo de filial en paraísos fiscales.

6. ¿Qué ventajas ofrecen?
A las empresas, un cauce para reducir su factura fiscal, por tanto, su cuenta de gastos, y, como consecuencia de ello, para mejorar su competitividad.

El instrumento favorito de esta planificación corporativa es la sociedad holding, que permite eludir cualquier imposición cuando los dividendos generados se reinvierten en el extranjero y diferirla hasta que sea transferida al país de origen cuando su destino es alimentar las cuentas de la matriz.

Este tipo de sociedades ofrece a las empresas, por tanto, una vía alternativa de financiación, que ha hecho que muchas multinacionales hayan consolidado el hábito de establecer en territorios de baja tributación sus filiales de servicios.

7. Tipología
No todos los paraísos fiscales son iguales. Entre ellos hay competencia y como en cualquier ámbito donde hay competencia se favorece la especialización.

Podemos encontrarnos con territorios especializados en fiscalidad empresarial como Jersey, Panamá o Liberia; y otros más volcados en la gestión de grandes fortunas particulares, como Mónaco, Andorra o Montserrat.

También hay modelos mixtos, entre los que el destino más significativo es Islas Caymán.

Un reciente informe del Instituto de Estudios Fiscales subrayaba que esta especialización había diluído la vinculación de los paraísos fiscales a un territorio determinado, generando nuevas tipologías.

Por ejemplo, los oasis fiscales, entendidos como zonas privilegiadas desde el punto de vista fiscal dentro de países de tributación estándar; los paraísos bancarios (Luxemburgo o Suiza); o los regímenes fiscales privilegiados para tipos de negocios o grupos de personas.

Según los inspectores de Hacienda, mientras no se ataque esa competencia fiscal y no se unifique el tratamiento tributaria de las empresas en Europa las escapatorias fiscales de que disfrutan las grandes corporaciones serán imposibles de sellar.

Bruno Pérez
Lainformación.com

martes, 15 de octubre de 2013

Las asimetrías comerciales entre regiones no tienen por qué ser nefastas

Pensemos en cualquier región del planeta y tengamos en cuenta que interactúa en términos económicos con el resto de regiones. Las empresas, las administraciones públicas y las familias residentes en esta zona compran productos y servicios que provienen del extranjero, y venden productos y servicios al extranjero. Cuando estos agentes económicos venden fuera, entra dinero en la región. Cuando compran fuera, sale dinero de la región. Si durante un periodo de referencia entra más dinero del que sale (o lo que es lo mismo, si se vende fuera más de lo que se compra fuera) aumentará la cantidad de dinero que hay en ese territorio. Si durante un periodo de referencia sale más dinero del que entra (si se vende fuera menos de lo que se compra fuera) disminuirá la cantidad de dinero existente en esa región.

Si entra más dinero del que sale, genial; no hay nada más que hablar: la región se está enriqueciendo. Además, podrá hacerlo indefinidamente mientras se mantenga ese ritmo porque no existe ningún límite a esa capacidad de aumentar el dinero total. Siempre hay sitio para más dinero.

Pero si sale más dinero del que entra tenemos un problema: los agentes económicos que residen en esa región tienen que hacerse con dinero como sea para poder cumplir con los pagos al exterior. Para ello hay, en general, tres opciones: en primer lugar, pueden recurrir a los ahorros, teniendo como consecuencia que la región se empobrezca, pues la cantidad total de dinero existente en la misma disminuiría. Como es obvio, la región no podría empobrecerse indefinidamente, porque si continuase ese ritmo llegaría un momento en el que a la región ya no le quedase más dinero que entregar al exterior (llegaría un momento en el que los ahorros se acabarían). En segundo lugar, los agentes económicos de la región pueden pedir dinero prestado a agentes que residan fuera del territorio, y con ese dinero materializar los pagos comprometidos. En tercer lugar, pueden recibir dinero desde el exterior sin contraprestación directa (sin la obligación de devolverlo), en forma de subvenciones públicas, inversiones empresariales, transferencias fiscales, remesas, etc.

En la práctica todas las regiones que tienen que satisfacer pagos con el exterior suelen experimentar una combinación de las tres opciones comentadas. Sin embargo, siempre hay una de ellas que destaca. En el caso del estado español (que durante los últimos años había estado vendiendo al extranjero menos de lo que compraba fuera) la opción sobresaliente fue la segunda: recurrir al endeudamiento. Los agentes económicos españoles pidieron muchos préstamos y éstos fueron facilitados por agentes alemanes y franceses, fundamentalmente. En cambio, en regiones como Andalucía (que lleva décadas vendiendo al extranjero menos de lo que compra fuera) ha prevalecido la tercera opción, especialmente vía transferencias fiscales. Pero este caso no es exclusivo de la región andaluza, sino que se da en todas las regiones que, teniendo que pagar al exterior, forman parte de una estructura regional relativamente solidaria. Es el caso de Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias… pero también de California, Pennsylvania, Illinois, Hamburgo, Hessen, Marsella, Sicilia, etc…

Es decir, en los estados a los que pertenecen estas regiones (como el español, estadounidense, alemán, francés…) existen mecanismos fiscales que compensan los desequilibrios comerciales (que son los que obligan a los territorios a pagar más al exterior de lo que ingresan). Y no sólo se trata de solidaridad, sino de eficiencia económica. Para que el ciclo comercial sea sostenible y no se detenga, es necesaria la existencia de este tipo de mecanismos.

Lo que ocurre es que cuando abandonamos el ámbito nacional estas herramientas fiscales disminuyen o incluso desaparecen, empujando a las regiones con déficit comercial a la segunda opción comentada: endeudarse. Y esto es precisamente lo que le ocurrió a países como España, Portugal o Grecia, por –teniendo que pagar al exterior más de lo que ingresan– pertenecer a una administración territorial (la Unión Europea) carente de este tipo de mecanismos compensatorios.

En definitiva, las asimetrías comerciales que existen en la Unión Europea no tendrían por qué haber desembocado en una crisis de endeudamiento, como desgraciadamente ha ocurrido. Si el diseño institucional comunitario hubiese sido más precavido, coherente y solidario, y hubiese permitido fórmulas de contrapeso, hoy día los problemas económicos de la zona euro no serían tan graves.

Artículo publicado en Andalucesdiario.es el 14 de octubre de 2013

Eduardo Garzón
Saque de Esquina 

miércoles, 9 de octubre de 2013

La crisis económica es también una crisis ecológica

Hace poco un compañero sindicalista me retaba, con cariño, a explicar cómo se relacionan crisis económica y crisis ecológica. Recojo el guante y aprovecho para transmitir un mensaje clave. Una salida duradera a la crisis económica pasa necesariamente por luchar al mismo tiempo contra la crisis ecológica. Y será más factible tener éxito en esta tarea si los sindicatos interiorizasen más esta realidad e hicieran de la ecología un eje central de su teoría y práctica.

De hecho, crisis económica, social y ecológica son tres facetas de una misma crisis. Son interdependientes y se retroalimentan entre ellas. No es sorprendente puesto que nuestro modelo de organización social y económica depende de los recursos naturales disponibles y, a su vez, la salud de nuestros ecosistemas (y por tanto de nuestro futuro) dependen de este modelo socio-económico. Por un lado, la globalización y las economías llamadas modernas están totalmente basadas en la energía y materias primas baratas, abundantes y de buena calidad. Por ejemplo, el transporte o el sistema agroalimentario dependen de los combustibles fósiles en general y del petróleo en particular. Por otro lado, los impactos sobre el medio ambiente del sistema económico son hoy patentes. El cambio climático, de origen humano, es una amenaza para las generaciones futuras y nuestra economía: en caso de seguir los escenarios de Business as usual, los costes del cambio climático podrían ser superiores al 20% del PIB europeo en los años venideros.

Para ilustrar este análisis, tomemos el ejemplo de la crisis del 2008. Es evidente que la falta de control y regulación de los mercados, la avaricia del 1% o la desconexión entre finanzas y economía productiva, son elementos esenciales que explican parte de la crisis. Pero no lo explican todo. Como hemos apuntado, nuestra máquina socio-económica tiene un problema de drogadicción con el oro negro. Por desgracia para ella, desde 1999 los precios del petróleo no han parado de aumentar principalmente por los efectos acumulados del techo del petróleo (es decir escasez de oferta), la creciente demanda en constante aumento (principalmente en los países emergentes como China o la India) y la especulación (que se aprovecha de la tensión entre demanda y oferta). Lógicamente, cuando ya no tiene acceso a buen precio a su dosis diaria, la máquina se pone gravemente enferma. Y más aún si de por sí no está en buen estado de salud (al haber por ejemplo comido demasiados “activos tóxicos”).

En la actual crisis, tras un aumento continuo desde 1998, el barril de petróleo superó por primera vez los 100 dólares a finales de 2007 y alcanzó su máximo en julio del 2008 con 147 dólares. Como se analizaba antes de la crisis incluso desde la FED (el banco central estadounidense), ese aumento récord de los precios del crudo fue una de las principales fuentes de inflación. Además de suponer un alza de los precios de los alimentos con consecuencias dramáticas para los países del Sur, la inflación supuso una brutal pérdida de poder adquisitivo para las clases medias y bajas y un aumento de las tasas de interés (y de las hipotecas). Al mismo tiempo, un mayor precio del petróleo significó también un mayor precio de la energía y de la gasolina. En un país como Estados Unidos donde el coche es imprescindible para ir a trabajar y por tanto generar un salario que a su vez permita pagar la casa, mucha gente —a quién se le había otorgado hipotecas basuras sin ningún tipo de control— se vio económicamente ahogada entre la “pared hipoteca” y la “espada gasolina”. Por tanto, el economista Jeremy Rifkin o el sindicalista Manuel Garí en un reciente artículo en eldiario.es tienen razón en afirmar que la actual crisis económica tiene, como uno de sus principales detonantes, el precio de la energía. Junto con otros factores sistémicos (dominio de la economía financiera, connivencias entre mercados y alta política, agencias de calificación de riesgos al servicio de la banca, etc.), formó parte de un cóctel explosivo que desembocó en la mayor recesión desde 1930.

Pero es que incluso si atendiésemos a los factores sistémicos no ecológicos (que sí o sí tenemos que erradicar), la máquina seguiría enferma porque, en el fondo, tiene un problema de metabolismo. Vicenç Navarro afirma por ejemplo que “si los salarios fueran más altos, si la carga impositiva fuera más progresiva, si los recursos públicos fueran más extensos y si el capital estuviera en manos más públicas (de tipo cooperativo) en lugar de privadas con afán de lucro, tales crisis social y ecológica (y económica y financiera) no existirían” (Público, 07-03-2013). Sin embargo, eso no es suficiente. Incluso si redistribuyéramos de forma equitativa las rentas entre capital y trabajo, y todos los medios de producción estuviesen en manos de los trabajadores, la humanidad seguiría necesitando las 1’5 planetas que consume hoy en día (y no hace falta recordar que “no tenemos planeta B”). Al fin y al cabo, nuestro sistema socio-económico heredado de la revolución industrial es como un aparato digestivo a gran escala con problemas de sobrepeso estructurales. Ingiere recursos naturales por encima de las reservas de la nevera Tierra, los transforma en “bienes y servicios” que (además de ser mal repartidos) no son buenos para la salud de sus glóbulos rojos, y produce demasiados residuos no asimilables por su entorno.

Además este cuerpo tiene una enfermedad añadida: no sabe parar de crecer. Y para alimentar este crecimiento infinito, calculado por el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), necesita absorber muchas proteínas abundantes y baratas (la energía) y quemarlas sin restricción hacia la atmósfera (el 75% de las emisiones de CO2 desde la época preindustrial resultan de la quema de los combustibles fósiles). Eso ocurre en las economías productivistas en general y en España en particular donde, como demuestra Jesús Ramos, “el crecimiento real de la economía española ha ido de la mano de un crecimiento en la misma proporción del consumo de energía”. Dicho de manera simplificada, el PIB es una función de la energía disponible. Cuando no hay suficiente petróleo, que representa el 40% de la energía final en el mundo, no hay “suficiente energía” y no hay “suficiente PIB”. Es lo que hemos verificado desde 1973: no consumimos menos petróleo por culpa de la(s) crisis sino que estamos en recesión (entre otros motivos) por tener menos petróleo. Y la recesión se hace hoy aún más fuerte en los países con mayor dependencia energética en Europa que, casualidad, son Grecia, Portugal, España e Irlanda…

Sin embargo, sanar el enfermo es posible. Primero, se debe hacer un diagnóstico correcto basado en entender que 1) cualquier economía es indisociable de la realidad física que la sostiene 2) como demuestra Tim Jackson en su libro Prosperidad sin crecimiento, no es posible desacoplar de forma convincente el PIB del consumo de energía y de las emisiones de CO2. De hecho, por mucho que disminuyan la intensidad energética y el CO2 emitido por unidad producida, las mejoras tecnológicas se encuentran sistemáticamente anuladas por la multiplicación del número de unidades vendidas y consumidas en términos absolutos (es el llamado “efecto rebote”). Por tanto, el paciente necesita urgentemente deshacerse de su “drogadicción al crecimiento” y adoptar un nuevo estilo de vida saludable. Como cualquier ser humano que una vez llegada su edad adulta sigue madurando sin crecer de tamaño, debe reconocer que su bienestar ya no depende del crecimiento del PIB. Debe también solucionar sus problemas de sobrepeso desde una doble perspectiva de justicia social y ambiental: reducir su huella ecológica hasta que sea compatible con la capacidad del planeta a la vez que redistribuye de forma democrática las riquezas económicas, sociales y naturales.

En este camino hacia la sociedad del vivir bien, los sindicatos (y los intelectuales de izquierdas) son fundamentales. Tras su nacimiento al calor de la revolución industrial, se pueden reinventar a la luz de los límites ecológicos del Planeta. Pueden hacer suya esta nueva realidad social y ecológica, y llevarla a los centros de trabajo. La transición ecológica de la economía puede convertirse pues en el eje de una visión y lucha compartida entre los movimientos obrero y ecologista (y ¡muchos más!). Ya que la crisis económica tiene raíces ambientales, solo habrá economía próspera, paz y justicia social si remediamos también a la crisis ecológica.

Florent Marcellesi
Coautor de “Adiós al crecimiento. Vivir bien en un mundo solidario y sostenible”
Público.es 

¿A cuánto asciende la factura de la crisis?



Tras la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008, el sistema financiero se vio envuelto en un caos sistémico. Y las culpas a la Reserva Federal por no haber apuntalado a ese banco de 151 años de historia, que había sobrevivido a la guerra civil, la Gran Depresión y a dos guerras mundiales no se hicieron esperar. Por eso la Fed reaccionó de inmediato cuando la aseguradora AIG se vio en problemas y al día siguiente de dejar caer a Lehman inyectaba a AIG 85.000 millones de dólares. Los bancos centrales de Europa, Reino Unido y Japón se sumaban a la acciones de la Fed y en conjunto apuntalaban al sistema financiero con 224.000 millones de euros.

La fuerza virulenta de la crisis obligó a la Reserva Federal a crear el Programa de Alivio de Activos en Problemas conocido como TARP (Troubled Asset Relief Program) que significó un gasto de 700.000 millones de dólares que el Congreso inicialmente rechazó pero que tras la intervención de Hank Paulson, aprobó en segunda instancia con 70.000 millones de dólares adicionales. ¿Qué dijo Hank Paulson para persuadir al Congreso de la necesidad si o si de los 700.000 millones de dólares?. Debió ser algo suficientemente convincente para que el Senado diera el visto bueno. Las palabras con las que Hank Paulson chantajeó al Congreso fueron (“Esto será mucho peor que la Depresión de los años 30, cuando el desempleo llegó al 25 por ciento”). Tras esas palabras los congresistas aprobaron de inmediato el rescate con el dinero público. Aquí un seguimiento a los destinos de ese dinero por New York Times.
Actuando en secreto y a espaldas de la gente

Sin embargo, esos 700.000 millones de dólares son sólo una pequeña parte de una cantidad de dinero mucho mayor que se ha invertido en apuntalar el sistema financiero de Estados Unidos. Y la mayor parte de ese dinero de los contribuyentes no ha tenido ningún escrutinio público ni ha sido discutido en el Congreso. Como señalábamos un año antes de este informa, La Reserva Federal ha actuado en el más absoluto secreto y a espaldas de la gente para rescatar a un sistema financiero fraudulento y corrupto. De acuerdo a una auditoria encargada por el Senador Bernie Sanders y realizada por la Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas (Government Accountability Office), se publicó este informe, en julio de 2011, que indica que Estados Unidos proporcionó más de 16 billones de dólares en préstamos secretos para rescatar a bancos y empresas de Estados Unidos y de Europa de la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión. En su página web, Bern Sandres señaló:

    Como resultado de esta auditoría, ahora sabemos que la Reserva Federal proporcionó más de 16 billones de dólares en asistencia financiera total a algunas de las mayores instituciones financieras y corporaciones en los Estados Unidos y en todo el mundo…Este es un claro caso de socialismo para los ricos y de resistente individualismo para todos los demás.”. Se socializan las pérdidas pero las ganancias siempre son de carácter privado.

La auditoría de los programas de préstamos de emergencia de la Reserva Federal apenas se informaron por los medios tradicionales. Pese a ser la primera auditoria en la historia de la Fed desde sus inicios en 1913. Los resultados verifican que más de 16 billones de dólares (el actual PIB de Estados Unidos o el total de la deuda pública de ese país) se asignaron a corporaciones y bancos internacionales durante los meses álgidos de la crisis financiera de 2008. Tras este auténtico escándalo que la prensa ignoró por completo seguramente al no saber lo que representan 16 billones de dólares, Sanders declaró el 21 de julio:

    “Ninguna agencia del gobierno de Estados Unidos debe permitir que se rescate a un banco o sociedad extranjera sin la aprobación directa del Congreso y el presidente”

Aunque el Informe GAO no cuestiona las acciones de la Fed, sirve como un claro testimonio del nivel de catástrofe en que estaba el sistema financiero hace cinco años. Demuestra también la total impunidad con que actúa la Fed a espaldas del gobierno de su propio país para defender los intereses de la banca, que no son otros que sus dueños. De esta forma, mientras se hace hincapié en la deuda pública o el excesivo gasto en salud y educación, circulan fabulosas cantidades de dinero a espaldas de todo el mundo. 

Haciendo el trabajo de Dios

Entre otras cosas la auditoría estableció que la Reserva Federal “carece de un sistema suficientemente exhaustivo para tratar casos de conflictos de interés, a pesar de que existen serios riesgos de abusos en este sentido”. De hecho, la Reserva Federal también hizo el trabajo de Dios y ejecutó acciones a favor de empleados y contratistas privados a fin de que pudieran mantener sus inversiones en las mismas corporaciones e instituciones financieras que recibían préstamos de emergencia. Por ejemplo, el CEO de JP Morgan cumplía funciones en el Directorio de la Reserva Federal de Nueva York mientras su banco recibía más de 390.000 millones de dólares en ayuda financiera por parte de la Reserva Federal. Además, JP Morgan Chase actuaba como uno de los bancos de compensación para los programas de préstamos de emergencia de la Fed.

Otro hallazgo perturbador de la GAO es el que indica que el 19 de Septiembre del 2008 el señor William Dudley, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, recibió una dispensa para permitirle conservar sus inversiones en AIG (American International Group, un líder mundial en el campo de los seguros) y GE (General Electric) mientras estas compañías recibían fondos de rescate.. Una razón por la cual la FED no obligó a Dudley a vender sus acciones, según la auditoría, fue porque tal acción podría haber creado la apariencia de un conflicto de intereses.

La investigación también reveló que la Fed tercerizaba a contratistas privados como JP Morgan, Morgan Stanley y Wells Fargo la mayoría de sus programas de préstamos de emergencia. Estas mismas firmas también recibían billones de dólares de la Fed por préstamos concedidos a tasas de interés cercanas al cero.

El detalle de los principales beneficiarios de estos préstamos, concedidos entre el 1º de Diciembre de 2007 y el 21 de Julio de 2010, es el siguiente:

    Citigroup: $2.5 billones ($2,500,000,000,000)

    Morgan Stanley: $2.04 billones ($2,040,000,000,000)

    Merrill Lynch: $1.949 billones ($1,949,000,000,000)

    Bank of America: $1.344 billones ($1,344,000,000,000)

    Barclays PLC (United Kingdom): $868 mil millones ($868,000,000,000)

    Bear Sterns: $853 mil millones ($853,000,000,000)

    Goldman Sachs: $814 mil millones ($814,000,000,000)

    Royal Bank of Scotland (UK): $541 mil millones ($541,000,000,000)

    JP Morgan Chase: $391 mil millones ($391,000,000,000)

    Deutsche Bank (Germany): $354 mil millones ($354,000,000,000)

    UBS (Switzerland): $287 mil millones ($287,000,000,000)

    Credit Suisse (Switzerland): $262 mil millones ($262,000,000,000)

    Lehman Brothers: $183 mil millones ($183,000,000,000)

    Bank of Scotland (United Kingdom): $181 mil millones ($181,000,000,000)

    BNP Paribas (France): $175 mil millones ($175,000,000,000)

    Wells Fargo & Co. $159 mil millones ($159,000,000,000)

    Dexia SA (Belgium) ) $159 mil millones ($159,000,000,000)

    Wachovia Corporation $142 mil millones ($142,000,000,000)

    Dresdner Bank AG (Germany) $135 mil millones ($135,000,000,000)

    Societe Generale SA (France) $124 mil millones ($124,000,000,000)


Todos los demás $2,6 billones ($ 2,639,000,000,000)
Total $16.115 billones ($ 16.115.000.000.000) 

Marco Antonio Moreno
El Blog Salmón