No es razonable que no se considere más alternativa que el 'recortismo'
del sector público y que el cheque extendido a nuestros bancos no tenga
contrapartidas.
A finales de mayo de 2010, en un giro de política
económica sin precedentes, se aprobó el primero de los recientes planes
de austeridad. Aquello no fue por casualidad. De acuerdo con datos del
Banco de España, nuestra deuda privada alcanzó un máximo del 212% del
PIB en junio de ese año (de los que 125 puntos corrían a cargo de las
empresas y 87 correspondían a las familias). Si a esto añadimos los 58
puntos que representaba la deuda pública, se tiene que la deuda total de
los llamados “sectores residentes no financieros” de la economía
española equivalía al 270% del PIB.
Desde entonces y
hasta junio de este año, la deuda privada de la economía española se ha
reducido en 26 puntos de PIB. Sin embargo, teniendo en cuenta el
incremento experimentado por la deuda pública en el mismo periodo,
resulta que la deuda total de empresas, familias y administraciones
públicas ronda hoy el 279% del PIB. Es decir, que, tras tres años de
esfuerzos ímprobos, esta deuda representa (en relación a nuestra
capacidad de generar riqueza) nueve puntos más que cuando se aprobó el
primer plan de austeridad. El coste de los intereses de la deuda pública
en el contexto financiero internacional ha puesto su granito de arena,
pues ha pasado de representar el 1,5% del PIB en el inicio de la crisis
al 3,5% actual, aproximadamente.
Parece lógico
preguntarse por el papel del sector financiero en la formación de esta
deuda; al fin y al cabo, los bancos son la otra parte contratante de
empresas, familias y administraciones públicas. Podríamos alarmarnos al
leer que el total de pasivos del sector financiero español equivale
al 450% del PIB, pero esta cifra bruta incluye lo que unos bancos se
deben a otros; no es deuda neta del sector. Además puede decirse que lo
realmente importante no es la deuda que acumulan nuestros bancos, sino
la relación que ésta guarda con el total de sus activos financieros (en
eso consiste su razón de ser: el sector financiero es el instrumento con
el que acumulamos y reasignamos el capital). Por eso, una manera de
tomarle la temperatura a nuestros bancos consiste en observar la
evolución de sus “activos financieros netos”, o riqueza financiera, tal y
como se representa en la gráfica adjunta.
Se observa, a partir del año 2003, un incremento progresivo de la
posición deudora de nuestros bancos frente al resto del mundo y,
simultáneamente, un incremento de su posición acreedora frente a las
empresas residentes y las administraciones públicas. Hasta ese año los
bancos españoles empleaban el ahorro de las familias para financiar a
las empresas y a las administraciones públicas y, en menor medida,
invertir en el resto del mundo. Nada extraño, sino que las cosas
cambiaron. Los activos financieros netos de las familias frente a los
bancos pasaron de representar casi el 40% del PIB a inicios de los
años 2000 a tan sólo el 6% en vísperas de la crisis. ¿Fue el incremento
de la demanda de crédito por parte de familias y empresas lo que provocó
el endeudamiento de nuestros bancos frente al resto del mundo, o fue al
revés? En cualquier caso, el endeudamiento externo del sector
financiero alimentó la explosión del crédito y permitió el
sobreendeudamiento privado.
Evidentemente, si los
bancos actuaron de esta manera es porque algo ganaban con ello. El
promedio de los beneficios anuales del sector financiero español desde
el inicio del euro hasta el mencionado año 2003 equivalía al 1,5% del
PIB. En junio de 2007, justo antes del estallido de las “subprime” en
Estados Unidos, los mismos beneficios representaban ya el 3% del PIB
interanual.
Hoy, siempre de acuerdo con el Banco de
España, se reclama al sector de las instituciones financieras una deuda
exterior equivalente al 80% del PIB (al margen de otros 90 puntos que
familias, empresas y administraciones públicas deben al resto del
mundo). Resulta curioso que la deuda exterior total no se haya reducido
un ápice desde que se aprobó el primer plan de austeridad: 170% del PIB.
Mientras tanto, el incremento de créditos dudosos ha sido colosal,
pasando de 16.000 millones de euros en 2007 a 180.000 millones en la
actualidad. La consecuencia es que la cuenta de resultados de nuestros
bancos desde que comenzó la crisis arroja unas pérdidas netas superiores
a 40.000 millones de euros. En este contexto es difícil de imaginar que
el sector financiero pueda reabrir el grifo del crédito por sí mismo
(lo que se considera condición necesaria para la reactivación de la
economía), así que hemos extendido otra receta más de deuda pública.
El sector financiero español ha recibido hasta ahora más de 60.000
millones de euros en ayudas públicas directas, sin contar avales y otros
programas del Estado, por un importe superior a 35.000 millones que son
susceptibles de generar pérdidas (de hecho, casi el 20% de esta última
cantidad se había evaporado ya a finales de 2012…). Es mucho dinero. La
carga financiera de la deuda pública presupuestada para 2013, por poner
un ejemplo, es inferior a 40.000 millones de euros. Una cosa es que el
déficit público esté contribuyendo al desapalancamiento de las empresas
privadas a través de los estabilizadores automáticos y otra, muy
diferente, es un trasvase directo de deuda que enjuga sobradamente las
pérdidas del sector financiero desde el inicio de la crisis. Es el
contribuyente quien está hilvanando las costuras de la cohesión social y
facilitando en última instancia el desapalancamiento de la economía
española.
Tenemos, pues, una curiosa combinación de
políticas de austeridad con explosión de deuda pública cuyo balance, al
menos de momento, es el siguiente. El desapalancamiento de los sectores
no financieros no se ha reducido (la deuda del sector privado se ha
transformado en deuda pública, e incluso más). La deuda exterior tampoco
se ha reducido y el crédito interno sigue sin fluir, a pesar del trato
generoso del contribuyente hacia un sector financiero que ha retomado
números verdes desde que comenzó el año (el crédito para la financiación
de actividades productivas se ha reducido un 9% en la primera mitad
de 2013, y un 28% desde que alcanzó su máximo en marzo de 2009).
Además, por el lado de la demanda, el coste de las políticas de
austeridad en forma de paro, merma de poder adquisitivo y deterioro de
los servicios públicos está siendo enorme. Si, como afirma el FMI, “el
desafío político es cómo hacer que este proceso [de desapalancamiento]
sea menos costoso para el empleo y el crecimiento”, no parece que se
pueda hablar de éxito.
Es verdad que es imposible
resolver a coste cero un problema de sobreendeudamiento y que cualquier
política complementaria a la austeridad (fundamentalmente tres: las
quitas, la inflación y el crecimiento) ni es evidente ni está exenta de
controversia. Lo que no es razonable es que no se considere más
alternativa que el “recortismo” del sector público y que el cheque
extendido a nuestros bancos no tenga contrapartidas. Porque, aunque nos
duelan mucho la deuda pública y el mercado laboral, lo que realmente nos
pasa es que nos ha salido un tumor en el sistema financiero.
Daniel Fuentes Castro
El Diario.es
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