miércoles, 5 de marzo de 2014

Mitos y realidades de la “marca España”: Nacionalismo económico y multinacionales

El discurso económico para convencer a la población interna es que el bienestar de un país depende fundamentalmente de su posición competitiva en la esfera internacional. Y esta posición se refleja en los buenos resultados de las empresas locales: si ganan cuota de mercado a escala planetaria se generarán rentas y empleos para el país que mejorarán las condiciones de vida de todo el mundo. La ventaja de esta explicación es su sencillez y capacidad de atracción, y por ello se utiliza como principal instrumento de legitimación de todas las medidas que impactan negativamente en las condiciones de vida de la gente (reformas laborales, recortes fiscales, etc.), así como para presentar a las grandes empresas como adalides de este proceso. En cierta medida la visión de la competitividad económica entre territorios es una nueva versión de la vieja rivalidad militar: todos unidos contra el enemigo común (o frente al invasor). Y como siempre, los mayores sacrificios se exigen a la tropa de a pié.

A este planteamiento pueden hacerse dos objeciones básicas. Una que vale igual para la guerra militar y la económica y otra más específica para la segunda. La primera es una vieja objeción de la izquierda internacionalista y el pacifismo: la impugnación de las bases de la rivalidad y la búsqueda de un modelo diferente de relaciones basado en la cooperación. El otro es específico de la realidad económica. Al tomar a los territorios como contornos definidos, lo que la apelación a la competitividad internacional está sugiriendo es que las economías nacionales están organizadas por medio de empresas locales que producen para el mercado interior o la exportación, que pagan sus rentas e impuestos en el propio país y que por tanto sus buenos resultados se transfieren directamente en renta y bienestar local. Quizás en el pasado existió alguna economía de este tipo (y es cierto que el nivel de riqueza de los grandes países capitalistas se explica en parte por su capacidad de captar rentas de su actuación internacional), pero esto no resulta tan claro en el contexto de una economía donde las grandes empresas adoptan una organización global y son capaces de localizar sus diversas actividades en cualquier lugar del planeta.

Tomar en consideración esta cuestión ayuda a entender alguna de las perplejidades y problemas que experimenta la economía española. El argumento del “fin de la crisis” que esgrime el gobierno se basa tanto en el ligero aumento de la producción (una ligera inflexión en un contexto de estancamiento), como en los buenos resultados de las grandes empresas españolas y la evolución de la bolsa. Pero cuando se analiza qué empresas son las relevantes en este proceso, por ejemplo las que se incluyen en el Ibex 35, fácilmente se percibe que una parte creciente de sus beneficios no dependen de lo que ocurra en territorio español, sino que sus rentas proceden de su actividad internacional. Algo que resulta evidente en el caso de los dos grandes bancos (Santander y BBVA), de las grandes empresas de ingeniería y construcción (que ante el hundimiento de las inversiones públicas han optado por desplazar su actividad a cualquier lugar del planeta), de Telefónica, de Iberdrola, etc. Estas empresas llevan muchos años empeñadas en desarrollarse como empresas globales y en situarse en países que ofrezcan buenas oportunidades de negocio. El hundimiento de la economía española no ha hecho sino acelerar esta evolución, especialmente en el caso de las constructoras. Su actividad exterior reporta beneficios, pero no parece que tengan un retorno muy grande en términos de empleo. En buena parte porque la mayor parte de grandes empresas españolas no produce bienes exportables sino que realiza actividades en los países donde se asienta. Y hay que contar además que aquellas que sí están relacionadas con la producción de bienes materiales han tendido a externalizar gran parte de la producción hacia terceros países (como es el caso de Inditex). Tampoco generan una gran actividad investigadora debido a sus propias características técnicas (sólo nueve empresas españolas figuran entre las mil primeras inversoras mundiales en i+d según el ranking que elabora la consultora Booz & Co).

La aportación real de rentas al país por estas empresas es aún menos clara . Su capital está también muy internacionalizado y en manos de fondos de inversión extranjeros, que son quienes cobran sus dividendos. La enorme cantidad de filiales en paraísos fiscales de las grandes empresas españolas hace pensar en que parte de sus rentas se derivan hacia esos sumideros: según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, las empresas del Ibex contaban con 437 filiales en paraísos fiscales en 2011 y su número había aumentado en 164 desde 2009 (en el podio de filiales offshore el oro era para el Santander (72), la plata para ACS (71) y el bronce ex aequo para BBVA y Repsol (43). Y es de sobras conocido el tratamiento fiscal que les lleva a contribuir de forma ridícula al Impuesto de Sociedades: en 2012 las empresas del Ibex 35 cotizaron sólo un 18-20% de sus beneficios (frente a un 25% de la media), pero algunas de ellas, como la mayoría de bancos, ACS, FCC e Iberdrola, lo hicieron por debajo del 10%. Hasta el tercer trimestre de 2013, la contribución de estas empresas ha bajado un 8%, a pesar de que los beneficios están al alza. El secreto está en el complejo entramado del Impuesto que permite que grandes empresas con buenos asesores fiscales obtengan muchas vías de descuento y consigan dejar sin tasar gran parte de sus beneficios.

Hay que advertir además que el crecimiento de estas empresas se ha producido en base al crédito, lo que llegó a generar un importante endeudamiento que en algún momento constituía un agravamiento de la posición de riesgo-país (pues aunque estas empresas sean dudosamente nacionales su deuda se computa como una deuda nacional, ya que, como ha ocurrido con la banca, cuando no pueden devolver sus créditos el sistema financiero obliga al estado a asumir la deuda). Hace sólo un año, la deuda de las empresas no financieras del Ibex 35 (27 empresas) era del 27% del PIB. En el último año se ha reducido considerablemente (al 18,3%) porque estas empresas han procedido a vender numerosas filiales (y se han beneficiado de una situación que les ha permitido el acceso a una financiación más fácil). Pero cualquier problema financiero que experimentan acaba gravitando sobre el presupuesto público. Tal y como hemos podido presenciar en el affaire de Sacyr en las obras del Canal de Panamá (aunque se dijo que la visita de la Ministra Pastor a Panamá era solo para mediar, todo apunta a que dentro de la solución final la empresa pública Cesce acabará por convertir un contrato de seguro en un aval bancario de 200 millones de euros para garantizar que Sacyr y sus socios obtengan un nuevo crédito de la financiera Zurich).

El que Iberdrola presente sus resultados en Londres y lance una velada amenaza de deslocalización si finalmente la reforma energética no respeta “sus intereses” no debería sorprender a nadie. Los intereses de las grandes multinacionales son mucho más cosmopolitas que los de los ciudadanos de los países donde se ubican sus sedes. Al fin y al cabo la vida de la gente corriente está limitada por las condiciones laborales y las prestaciones públicas del lugar donde vive, mientras que los grandes accionistas son indiferentes a la procedencia geográfica de sus rentas (y a las condiciones sociales que las hacen posibles). No es un caso insólito sino normal en un mundo en el que se han impuesto las reglas de juego del gran capital. Forma parte de la misma lógica que ha conducido a Fiat a trasladar su sede social a Holanda (un paraíso fiscal para los grandes conglomerados) o que coloca la sede de Amadeus (una de las grandes empresas del Ibex, que gestiona el sistema de reservas de muchas compañías aéreas) en Luxemburgo. No está claro que el coste de que alguna de estas empresas se marche del país vaya a ser muy grande, si realmente con ello se lleva su deuda.

En un país como el nuestro, el discurso de la competencia nacional, de la “marca local”, es sólo para consumo interno. Para seguir exigiéndonos sacrificios en salarios, condiciones de trabajo, impuestos, recortes. Y hacernos creer que estos obedecen a un proyecto colectivo en el que todos vamos a ganar. La rivalidad internacional siempre ha generado más desastres que bienestar (a lo sumo ha generado juegos de suma cero en los que los perdedores se exponen a graves desastres). En el contexto de la economía globalizada es una verdadera tomadura de pelo. Especialmente en un país donde el núcleo de las grandes empresas está constituido por entidades que no generan ni una importante cantidad de empleos aceptables ni promueven la investigación.

En este contexto, nuestras respuestas políticas deberían impugnar el modelo y orientarse en dos direcciones complementarias: a nivel local, potenciar solo aquellas actividades que generan claros retornos para la colectividad (por ejemplo condicionando ayudas a contrapartidas claras y controlables); en el plano internacional, trabajar intensamente en imponer regulaciones que limiten los derechos del capital y avancen en la promoción de modelos económicos cooperativos a escala planetaria. Mientras seamos súbditos del nacionalismo económico, estaremos inevitablemente encadenados al poder del capital y a la posición que ocupe nuestra economía local en la jerarquía del sistema económico mundial.

Alberto Recio Andreu
Mientras Tanto


Albert Recio Andreu